La semana pasada el Congreso peruano derogó los decretos legislativos que habían provocado una revuelta indígena de grandes proporciones en la Amazonía: bloqueo de carreteras, toma de empresas, paralizaciones y acciones armadas en las que perecieron 24 policías (degollados, alanceados y quemados) y 10 civiles (abaleados) y unas 150 personas resultaron heridas, según cifras verificadas por la Defensoría del Pueblo. La víspera, desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Alan García Pérez, promotor de aquellos decretos, había hecho su autocrítica, lamentando no haberlos consultado previamente con las comunidades indígenas y explicando que este repliegue del Gobierno se hacía en aras de la paz y para poner fin al derramamiento de sangre.
De este modo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), a la que están afiliadas unas 1.300 comunidades nativas, y su dirigente Alberto Pizango (ahora asilado en Nicaragua), que lideraron el movimiento rebelde, obtienen un triunfo indiscutible. Aunque, para guardar las formas, la abolición de los decretos ha venido acompañada de una vaga propuesta de instalar una mesa de negociaciones para, en adelante, armonizar ideas entre autoridades y nativos, todos sabemos que ni éste ni probablemente futuros Gobiernos osarán en el Perú volver a intentar meter la mano en la Amazonía para alentar la inversión privada y el desarrollo económico de esta región, la más pobre y despoblada del Perú, que representa unos dos tercios de la geografía nacional. Una cosa está, pues, totalmente garantizada: los 332.000 nativos amazónicos, que, según el censo de 2007, distribuidos en unos 15 grupos etno-linguísticos, hablan cerca de 70 dialectos, seguirán siendo en los años venideros los ciudadanos más desamparados y explotados del Perú, los que reciben la peor educación, tienen menos oportunidades de trabajo y las peores expectativas de salud y de vida de todo el país. Si esto no es una victoria pírrica, ¿qué es?
A pesar de su lenguaje algo difuso, los satanizados decretos estaban en el fondo bastante bien orientados. Perseguían una necesidad imperiosa: atraer inversión privada y tecnología de punta hacia una región que tiene grandes reservas de gas, petróleo y muchos minerales y podría ser una fuente de prosperidad y modernización para ese país pobre que es el Perú, empezando, claro está, por quienes más ayuda necesitan: las comunidades nativas de la Amazonía. Es falso de toda falsedad, para cualquiera que eche una simple ojeada a los decretos en cuestión, que en ellos se pretendiera desconocer el derecho de propiedad de los nativos a sus tierras ancestrales. Al revés: su propósito, explícito e implícito, era demarcar estas circunscripciones a fin de que su legalización fuera efectiva y no, como hasta ahora, una mera abstracción contradicha a diario por las invasiones múltiples de que esas tierras son víctimas por parte de los narcotraficantes, la deforestación salvaje que va convirtiendo sus selvas en desierto, la minería ilegal y la enloquecida contaminación de ríos y lagos que está aniquilando la fauna y la flora amazónicas.
Es verdad que el Gobierno, antes de enviar al Parlamento estos decretos, debió llevar a cabo una campaña intensa de información y diálogos con las comunidades nativas. No es seguro que hubiera sido más eficaz que los demagogos y extremistas que, desde hace tiempo, con el apoyo desembozado de Evo Morales y Hugo Chávez, vienen intoxicando a toda la región amazónica con una prédica revolucionaria cuyos soportes básicos son el anti capitalismo, el nacionalismo y el racismo. Es decir, el rechazo de la empresa privada y de la inversión extranjera -salvo, claro está, si ella es venezolana, cubana o iraní- a la vez que el reconocimiento de "naciones indígenas" que tendrían el derecho exclusivo a las tierras amazónicas. Pero, intentando aquel diálogo, al menos se habrían evitado los muertos y heridos, y los grandes daños materiales que esto ha causado al Perú. Y el Gobierno se hubiera ahorrado una derrota política que los enemigos de la democracia -una minoría de resentidos y nostálgicos de Stalin, Mao Tse Tung y Sendero Luminoso- van a interpretar ahora como un incentivo para nuevas acciones violentas que acaben con el dinámico ritmo de crecimiento que tiene el país, lo arruinen y de este modo lo acerquen más a la órbita chavista de la revolución bolivariana y al "modelo" cubano.
Conozco bien la Amazonía peruana, donde he estado muchas veces y donde suceden tres de mis novelas, y he visto de cerca las terribles condiciones de vida de sus comunidades nativas. Desde el siglo XIX, cuando el apogeo del caucho, los indígenas de la selva han sido maltratados de manera inicua, expulsados de sus tierras por mercaderes esclavistas, diezmados en las caucherías, y, más tarde, brutalizados por aventureros sin escrúpulos que buscaban oro y otros metales, por los narcos, por los guerrilleros y por las fuerzas del orden, y siempre olvidados por los Gobiernos de la República, ninguno de los cuales se preocupó jamás de la suerte de esta minoría que representaba muy poco desde el punto de vista electoral. Por eso, entre todas las regiones del Perú, ninguna como la Amazonía requiere con más urgencia que la anarquía y la "ley de la selva" que allí imperan sean reemplazadas por un orden legal justo y estable que garantice a las comunidades nativas sus derechos y les abra las oportunidades de mejora y progreso que sólo el desarrollo económico -es decir, la multiplicación de empresas privadas e inversiones nacionales y extranjeras- y la legalidad democrática pueden conseguir. En las regiones del Perú donde ello ha ocurrido, como en Lima y en toda la región del litoral y en muchos lugares de la sierra norteña, el progreso en estos últimos años ha sido espectacular, ha reducido los niveles de pobreza, generado altísimas tasas de empleo y, gracias al canon minero, dotado a las provincias de unas rentas que jamás tuvieron en el pasado. A esto acaban de renunciar de manera suicida las comunidades amazónicas que siguieron las consignas retrógradas de Alberto Pizango.
No sólo él debe estar frotándose las manos ahora, en su exilio nicaragüense. También Fidel Castro y el gran triunfador de esta operación que es, por supuesto, el comandante Hugo Chávez. El Perú es una de las dos espinas que tiene clavadas en la garganta el caudillo venezolano. La otra, Colombia. Para sus sueños megalómanos de convertirse en el nuevo Bolívar, en América del Sur tiene ya secuestrada a Bolivia, semi secuestrado a Ecuador, neutralizada a Argentina que, de todas maneras, en la olla podrida en que han convertido a ese antiguo gran país los esposos Kirchner, podría seguir descomponiéndose hasta caer atada de pies y manos en sus brazos. Brasil es demasiado grande y lejano para poder tragárselo, pero el astuto Lula, que tiene su propio proyecto -a años luz del de Chávez- nunca le hará sombra, ni se le enfrentará, mientras pueda sacar provecho de los petro dólares venezolanos que el hombre fuerte de Caracas derrocha a discreción. Chile ya despegó, ya casi no es un país del tercer mundo, de manera que a lo más que podría aspirar Chávez es a ayudar a desestabilizarlo. Perú y Colombia, en cambio, son dos objetivos que todavía podrían caer en sus redes. Por eso, el caudillo venezolano ayuda a las FARC colombianas y a las bandas ultra revolucionarias (mezcla de narcos y terroristas) que operan en la región peruana del Apurímac y del Ene, y patrocina generosamente a las fuerzas políticas de extrema izquierda que en ambos países tratan por todos los medios, legales o ilegales, de atascar el modelo -democracia política y economía de mercado- que, en los últimos años, a Colombia, y sobre todo al Perú, ha traído un progreso sin precedentes.
(El País, Madrid)
