Carta a los empresarios salvadoreños: Lo que está en juego

Estimados amigos:
El 28 de abril tendrán que elegir al nuevo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Es mucho más que un simple relevo en un cargo importante, es una decisión sobre el rumbo de la gremial. Y en la situación en que se encuentra el país, esta decisión puede influir en el rumbo del país.

La cúpula de la gremial empresarial de los últimos años ha sido compuesta por una troica: Jorge Daboub, Luis Cardenal, y Javier Simán. En estos tres hombres ha descansado la difícil tarea de hacer contrapeso a dos gobiernos del FMLN. Este contrapeso activo ha puesto límite a las tentaciones y los intentos concretos del FMLN de cambiar el equilibrio entre la libre empresa y la función regulatoria, a veces confiscatoria de Estado. Es más, ante la debilidad tanto de la oposición política como de la sociedad civil, ANEP ha jugado un papel decisivo de hacer contrapeso a las tentaciones del FMLN de alterar el sistema republicano de división de poderes y de independencia de los órganos del Estado.

El autoritarismo de un partido gobernante sólo puede avanzar hasta donde la sociedad civil y los sectores productivos se lo permiten. El hecho de que el FMLN, a pesar de sus planes estratégicos (recontra confirmados en su último Congreso), en 7 años no ha podido esencialmente cambiar el carácter del Estado ni erigir una “hegemonía nueva”, es debido a la fortaleza, la unidad y la visión con la cual el sector privado ha asumido su rol de contrapeso. Dudo que otros factores decisivos, como la Sala de lo Constitucional y la oposición política, hubieran podido ejercer su rol correctivo sin esta firmeza de los gremios empresariales.

La empresa privada no se ha dejado dividir, como lamentablemente pasó en otros países como Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Y tampoco se ha dejado encajonar en un rol simple de oposición. De manera muy inteligente, la cúpula de ANEP ha jugado su papel, mientras otros líderes de la empresa privada han trabajado, en mecanismos de concertación con el gobierno y con Estados Unidos para favorecer el crecimiento económico. Esta política de doble carril a veces ha dado la impresión de fricciones dentro de la empresa privada, pero nunca ha generado divisiones.

Es de importancia vital para el país que estas políticas de contrapeso y concertación de la empresa privada tengan continuidad. Por esto parece lógico que, al terminar el mandato de Jorge Daboub, la conducción de ANEP la asuma un miembro de la troica que exitosamente ha implementado las estrategias de la empresa privada en los últimos años.

En este sentido, hace sentido apoyar la candidatura de Luis Cardenal. En este momento crucial, alterar la estrategia del sector privado, como plantea Carlos Guerrero, constituye riesgos incalculables.

Personalmente tengo muchas diferencias con Luis Cardenal en cuanto a posiciones que él comparte con su esposa, su suegra y amplios sectores de la sociedad en cuanto a temas como el aborto, la concepción cerrada de matrimonio y familia, y otros relacionados con derechos sociales. Igual hemos tenido fuertes debates sobre cómo combatir la violencia.

Pero estas diferencias nada tienen que ver con su papel como dirigente gremial y con la batalla por el fortalecimiento de nuestro orden republicano contra tentaciones populistas y autoritarias. No me gustaría ver a Luis Cardenal como ministro de Educación, pero estoy convencido que como presidente de ANEP logrará dar continuidad y fuerza al rol de esta gremial de contrapeso contra el intento del FMLN de construir un Estado confiscador y populista.

Creo que personas como Javier Simán, quien sigue conduciendo la Asociación de Industriales ASI; Javier Steiner, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio; y Luis Cardenal como presidente de ANEP, sabrán guardar la unidad del sector privado en la defensa de las libertades civiles y económicas.

Espero que ustedes, los dirigentes de las diferentes gremiales miembros de ANEP, sepan lo que está en juego. Saludos,
e2b99-firma-paolo 

(Mas!/El Diario de Hoy) 

Columna transversal: ¿Cuántas "emergencias" hacen un estado fallido?

Ya tenemos emergencia declarada de seguridad, carcelaria y de agua. What’s next? ¿Qué es lo siguiente? ¿Emergencia de inundaciones, porque en los suburbios el suelo ya no puede absorber las aguas lluvias? ¿Emergencia de educación y de salud, porque no les pagan sus escalafones y bonos a profesores, médicos y enfermeras? ¿Emergencia de huelga de policías? ¿Emergencia de Zika? ¿Emergencia de falta de medicamentos (en el Rosales ya se da, aunque el gobierno no lo declara)? ¿Emergencia de tráfico en el área metropolitana? ¿Emergencia del café? ¿Emergencia de pensiones? ¿Emergencia de altos costos de la energía que no permite crecimiento económico? ¿Emergencia aeroportuaria?


En un país vulnerable siempre habrá emergencias. Porque siempre hay problemas impredecibles, como destares naturales. Pero la mayoría de las emergencias que enfrentamos -y que el gobierno no sabe atender- surgen de problemas previsibles y prevenibles. Nadie critica al gobierno cuando se ve obligado a declarar estado de emergencia para atender un terremoto o tormentas. Por lo contrario: Todos nos sumamos al esfuerzo de superar este tipo de crisis.

Pero la emergencia carcelaria, aunque fue declarada hasta ahora, tiene décadas de existir. Muchos han advertido que se volverá insostenible. Un país no puede tener una política de seguridad que principalmente descansa en arrestar diariamente a docenas de personas sin invertir en nuevas cárceles. Por esto tenemos un sistema carcelario apto para 10 mil internos, pero metimos a más de 30 mil y nos sobran unos 4 mil que están en bartolinas de la policía - y a ellos el Estado ni siquiera puede garantizar la comida diaria y un lugar para dormir acostado. Ni hablar de asistencia de salud o de justicia pronta.

La emergencia del agua no es debida a un desastre natural que nos agarró de sorpresa. Es la suma de todas las negligencias y corrupciones de décadas.

La emergencia de medicamentos para administrar quimioterapia a los pacientes con leucemia no es resultado de que de repente nos hayan salido más pacientes, sino refleja la incapacidad del Ministerio de Salud de no programar algo perfectamente calculable. Saben cuántos pacientes hay, saben qué medicamentos necesitan a qué frecuencia – y no logran administrarlos…

La emergencia del café sí tiene que ver con una causa natural, la plaga de la roya, pero tampoco era imprevisible. Otros países han renovado a tiempo sus cultivos de café logrando un parque menos vulnerable a la roya. En El Salvador no hemos tenido políticas para asegurar la sostenibilidad de las fincas de café – y el precio de esta negligencia no solo pagarán los caficultores y sus trabajadores, sino todo el país con el impacto ecológico de la crisis del café.


La crisis de las pensiones, con la medicina que quiere administrar el gobierno, se convertirá en emergencia, con toda seguridad. Si regresamos al sistema de reparto, donde el Estado tiene que asumir la totalidad de las pensiones, programamos una emergencia que tendrían que atender los siguientes gobiernos. Y será no sólo una crisis de pensiones, sino una profunda crisis fiscal del Estado.

La crisis de energía es previsible para los próximos años, porque ya tenemos el tercer gobierno que no ha invertido en fuentes de energía sostenibles. No se ha terminado ninguna presa hidroeléctrica, y los dos proyectos diseñados (Chaparral y la ampliación de la 5 de noviembre) son tan infestados de mala planificación y de corrupción que al final tendrán costos que en vez de bajar el precio de la energía lo dispararán. Al mismo tiempo hemos sacado del país al socio internacional que tenía la capacidad de ampliar nuestra capacidad de generación geotérmica…

Nuestro aeropuerto internacional, hace 30 años el más moderno de Centroamérica, ahora ya es obsoleto y al punto de perder las clasificaciones internacionales de seguridad.

¿Cuántas “emergencias” hacen un estado fallido? 
(El Diario de Hoy) 


Carta al fiscal general: ¿Una ley Mijango?

Estimado lic. Douglas Meléndez:
Leo en La Prensa Gráfica la siguiente frase, basada en declaraciones suyas: “La comisión legislativa de seguridad discutirá, en los próximos días, una propuesta de reforma penal para establecer penas de prisión para quienes hagan tratos, o lleguen a acuerdos, con pandilleros para conseguir beneficios, según dijo ayer el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.”

No sé si usted se expresó de esta manera poco precisa (lo que en asuntos legales siempre es un problema peligroso), o si el periodista no le captó bien la idea. Por ello, le voy a hacer un par de preguntas que usted debería aclarar antes de llevar esta iniciativa al seno de la Asamblea.
Dice: “Para conseguir beneficios…” ¿Beneficios de quién, señor fiscal? Si está hablando de beneficios de las pandillas, la iniciativa suya tendrá sentido. Por supuesto hay que castigar a quienes negocian con ellos armas, drogas, lavado de dinero, aunque no estoy seguro si para esto necesitamos nuevas leyes. Asumo que esto está cubierto en el código penal.

¿O estamos hablando de beneficios propios, es decir propios de los que negocian con pandillas? Bueno, tengan cuidado, porque lamentablemente todos los días empresas y ciudadanos se ven obligados a negociar con pandilleros sobre el monto y las modalidades de la renta que les imponen. La empresa que llega a un acuerdo sobre la renta, genera un beneficio propio: puede seguir distribuyendo sus productos en los barrios. Ya también genera un beneficio para la pandilla que reciben la renta. ¿Realmente queremos penalizar estas negociaciones? Hace poco un vocero del gobierno ya hizo declaraciones en esta dirección…

¿Y cómo encajan en esta iniciativa de ley las negociaciones que generan un beneficio para terceros, digamos para los habitantes de un territorio o para cierto sector del comercio? ¿Un alcalde que habla con las pandillas de su municipio para conseguir que los comedores y otros negocios de una zona de turismo popular sean seguros y libres de extorsión, será perseguido bajo esta nueva legislación, aunque el beneficio es para cientos de familias y el público en general? ¿Un profesor de una escuela rural o un pastor que logra convencer a los pandilleros que dejen en paz a la escuela, con todo y alumnos y maestros, ustedes lo quieren convertir en delincuente? ¿O quieren que dejen de ofrecer sus buenos oficios, por miedo de persecución penal?

¿El que asume la difícil y a veces peligrosa misión de mediar entre pandilleros de diferentes clicas para que dejen de masacrarse entre ellos, afectando a la vez a todos que viven en los respectivos territorios – lo quiere criminalizar? ¿Quieren que ya nadie se atreva a ejercer el coraje civil para meterse donde todos están paralizados por miedo, unos de los pandilleros, otros de las autoridades que podrían interpretar su intervención como asociación ilícita?

En otra parte de sus declaraciones, usted lamenta que la ley actual no le permite acusar a los mediadores de la tregua del 2012-2013. Quizás sería buena que usted se tomara un par de horas para hablar con quienes hemos estado en este esfuerzo de reducir los homicidios (con mucho éxito) y las extorsiones (con menos éxito). Si tiene voluntad de escuchar, se dará cuenta que “la mediación” fue la suma de miles de intervenciones de cientos de personas que trataron de cortar las cadenas de venganza, de aliviar la situación de comunidades enteras, de quitarle las amenazas a muchos empresarios, escuelas, familias…

Releyendo la sentencia de la Sala de agosto 2015, la famosa sobre el terrorismo, me encuentro con esta frase:
“No resulta admisible desde las bases del Estado Constitucional de Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena art. 27 Cn.; o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal.

De esta jurisprudencia saco dos conclusiones: 1) De esto pueden derivarse implicaciones penales para aquellos funcionarios del Estado y del sistema judicial que tienen la facultad de otorgar este tipo de beneficios penitenciarios y o de suspender la aplicación de la legislación penal. Los ciudadanos no tenemos esta facultad y por tanto no podemos caer en esta ilegalidad. 2) Se habla claramente de “beneficios” fuera del marco de la ley. Beneficios que están dentro de la ley no constituyen ilegalidades, y por tanto pueden ser sujeto a diálogo e incluso negociación. Por ejemplo: acceso a programas de reinserción escolar o laboral.

Espero que usted, como garante del estado de Derecho, tome en cuenta todas estas consideraciones, antes de que los políticos, en su afán de mostrar mano dura, aprueben una ley especial insostenible para echar preso a Raúl Mijango.

Saludos,
e2b99-firma-paolo 

(mas!/El Diario de Hoy)