Ricardo Hausmann es un economista venezolano, exministro de Finanzas, luego director en el BID (Banco Internacional de Desarrollo) y actualmente profesor en la Kennedy School of Government de Harvard. Vea abajo el original en inglés, publicado en Project Syndicate.
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21 de enero de 2026, RICARDO HAUSMANN / Project Syndicate
Al afirmar su control sobre las principales fuentes de ingresos de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump ha reemplazado la retórica moral de sus predecesores con una versión del siglo XXI del gobierno indirecto de la era colonial. El resultado es un país que conserva los símbolos del autogobierno, pero funciona como un protectorado estadounidense
DAVOS – Los comentaristas han presentado en gran medida la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro como un intento orquestado por Estados Unidos de " cambio de régimen ", o como un esfuerzo por preservar el orden político existente en el país, sin Maduro . Pero estas interpretaciones pasan por alto el acontecimiento más trascendental: el surgimiento de una nueva forma de imperialismo, más discreta.
En lugar de instalar un gobernador colonial estadounidense en el Palacio de Miraflores, este sistema opera mediante medios más sutiles que, en cierto modo, resultan más cínicamente efectivos. Venezuela aún cuenta con ministerios, servicios de seguridad, tribunales y símbolos ceremoniales como la banda presidencial. Sin embargo, su sustento económico —la capacidad de vender petróleo y acceder a sus ganancias— ha quedado bajo el control de Estados Unidos. Como declaró el presidente Donald Trump a la prensa : «Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas en su país que nos permitan reconstruirlo ».
A diferencia de las sanciones tradicionales, que buscan influencia mediante castigos externos, este mecanismo funciona como una sindicatura informal. El gobierno estadounidense comercializa el petróleo venezolano, deposita los ingresos en cuentas que controla y utiliza el acceso a estos fondos para disciplinar a las autoridades locales.
El precedente histórico más cercano no es la reconstrucción de posguerra de Europa y Japón, sino el gobierno indirecto de la época colonial . Bajo este sistema, un gobierno local se mantiene para administrar la vida cotidiana, mantener el orden y gestionar la disidencia, mientras que el poder imperial conserva los atributos esenciales de la soberanía, incluyendo el comercio, la política exterior y el control sobre las principales fuentes de ingresos estatales.
Contrariamente a las expectativas de muchos observadores externos, la gran mayoría de los venezolanos acogió con agrado el aparente fin de su soberanía, según una encuesta reciente de The Economist. Esa respuesta es menos una aprobación del imperialismo estadounidense que una devastadora condena del chavismo. Durante años, muchos venezolanos creyeron que la soberanía ya se había perdido, efectivamente externalizada a potencias como Rusia y Cuba mediante la dependencia de servicios de inteligencia extranjeros y enmarañadas relaciones financieras opacas.
La incursión del 3 de enero para capturar a Maduro y a su esposa solo reforzó esa percepción. Posteriormente, Cuba informó que 32 miembros de sus fuerzas armadas y de sus servicios de inteligencia murieron durante la operación estadounidense, un indicador contundente de cuán profundamente el personal cubano estaba incrustado en el aparato de seguridad de Venezuela.
Los venezolanos deben, por tanto, enfrentarse a una amarga ironía. Durante mucho tiempo percibido como un Estado cliente, su país está siendo ahora redefinido como un protectorado estadounidense mediante el control de sus exportaciones y de sus ingresos petroleros, más que a través de una anexión formal o una invasión terrestre.
Es aquí donde los relatos, a menudo desestimados como mera retórica, se vuelven estratégicamente imprescindibles. Los imperios siempre han dependido de las narrativas no solo para legitimar la coerción ante audiencias internas e internacionales, sino también para moldear expectativas de manera que el poder resulte predecible y aplicable.
Los imperios europeos del siglo XIX comprendieron bien esto, y a menudo envolvían la dominación imperial en relatos edificantes de deber moral y progreso civilizatorio. Francia hablaba de su “misión civilizadora” (mission civilisatrice), mientras que la ideología imperial británica encontró su expresión más infame en la exhortación de Rudyard Kipling a “asumir la carga del hombre blanco”. En 1884, el estadista francés Jules Ferry articuló la lógica imperialista con una franqueza llamativa, al escribir que “las razas superiores tienen un derecho porque tienen un deber” de “civilizar a las razas inferiores”.
En contraste, la América de la posguerra promovió una narrativa diferente. El presidente Harry Truman enfatizó el apoyo a los “pueblos libres” que resistían la “subyugación intentada”, mientras que John F. Kennedy prometió “pagar cualquier precio” y “soportar cualquier carga” para “asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad”, vinculando explícitamente el poder estadounidense a un propósito compartido más que al saqueo imperial.
Esa autoimagen quedó posteriormente grabada en piedra en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington, que declara que “los estadounidenses vinieron a liberar, no a conquistar, a restaurar la libertad y a poner fin a la tiranía”. En una declaración de despedida poco antes de su muerte, el senador John McCain recurrió a la misma tradición, describiendo a Estados Unidos como “una nación de ideales, no de sangre y suelo”, que estaba en su momento de mayor fortaleza cuando ayudaba a “liberar a más personas de la tiranía y la pobreza que nunca antes en la historia”.
Lejos de ser meros adornos retóricos, estas narrativas ayudaron a moldear la política exterior estadounidense de la posguerra, haciendo más creíbles los compromisos de Estados Unidos y fortaleciendo alianzas basadas en valores compartidos. De manera crucial, también elevaron el costo reputacional de la depredación.
La narrativa emergente de Trump rompe de forma tajante con esa tradición. Mientras que las formas anteriores de imperialismo se apoyaban en justificaciones morales, él prescinde de tales coartadas y reduce el ejercicio del poder a una partida en un balance contable. El propio Trump hizo explícito ese giro en una entrevista reciente con The New York Times, descartando por completo el derecho internacional. Cuando se le preguntó qué, en todo caso, limitaba sus acciones, respondió: “Mi propia moral. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. También habló de reconstruir Venezuela “de una manera muy rentable”, añadiendo: “Vamos a usar el petróleo, y vamos a tomar el petróleo”.
Las implicaciones para Venezuela y para el orden internacional son profundas. Las narrativas basadas en reglas vinculan el poder a las instituciones, generando y sosteniendo la confianza. Las narrativas personalistas, en cambio, atan el poder al temperamento, volviéndolo impredecible y, en última instancia, poco fiable.
Si Estados Unidos quiere que los venezolanos —y el mundo— consideren su intervención como temporal y legítima, debe imponer límites estructurales claros: una ruta creíble y con plazos definidos hacia elecciones; una gestión transparente y auditada de manera independiente de los ingresos petroleros; y un compromiso firme con los derechos humanos, incluida la liberación de los presos políticos. Por encima de todo, Estados Unidos debe reconocer que su poder no se justifica por sí solo.
En ausencia de esos límites, Venezuela no pasará de la dictadura a la democracia. En su lugar, simplemente cambiará una forma de tutela por otra.
Trump’s Imperialism Without Alibis
Jan 21, 2026, RICARDO HAUSMANN / Project Syndicate
By asserting control over Venezuela’s primary sources of revenue, US President Donald Trump has replaced the moral rhetoric of his predecessors with a 21st-century version of colonial-era indirect rule. The result is a country that retains the symbols of self-government but functions as an American protectorate.
DAVOS – Commentators have largely framed the capture of Venezuelan President Nicolás Maduro as a US-orchestrated attempt at “regime change,” or as an effort to preserve the country’s existing political order, minus Maduro. But these interpretations overlook the more consequential development: the emergence of a new, more discreet form of imperialism.
Rather than installing an American colonial governor in Miraflores Palace, this system operates through subtler means that are, in some ways, more cynically effective. Venezuela still has ministries, security services, courts, and ceremonial symbols like the presidential sash. Yet its economic lifeline – the ability to sell oil and access the proceeds – has been placed under the United States’ control. As President Donald Trump told reporters, “We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country.”
Unlike traditional sanctions, which seek leverage through external punishment, this arrangement functions like an informal receivership. The US government markets Venezuelan oil, deposits the revenues into accounts it controls, and uses access to these funds to discipline local authorities.
The nearest historical precedent is not the postwar reconstruction of Europe and Japan but colonial-era indirect rule. Under such a system, a local government remains in place to administer daily life, maintain order, and manage dissent, while the imperial power retains the core attributes of sovereignty, including trade, foreign policy, and control over the principal sources of state revenue.
Contrary to many outside observers’ expectations, the vast majority of Venezuelans welcomed the apparent end of their sovereignty, according to a recent Economist poll. That response is less an endorsement of American imperialism than a devastating indictment of Chavismo. For years, many Venezuelans believed sovereignty had already been lost, effectively outsourced to powers like Russia and Cuba through dependence on foreign intelligence services and opaque financial entanglements.
The January 3 raid to capture Maduro and his wife only reinforced that perception. Cuba later reported that 32 members of its armed forces and intelligence services were killed during the US operation, a striking indicator of how deeply Cuban personnel had been embedded within Venezuela’s security apparatus.
Venezuelans must thus confront a bitter irony. Long perceived as a client state, their country is now being recast as an American protectorate through control of its oil exports and revenues rather than through formal annexation or a ground invasion.
This is where narratives, often dismissed as mere rhetoric, become strategically imperative. Empires have always relied on stories not only to legitimize coercion before domestic and international audiences but also to shape expectations in ways that make power predictable and enforceable.
European empires in the 19th century understood this well, often cloaking imperial domination in uplifting narratives of moral duty and civilizational progress. France spoke of its “civilizing mission” (mission civilisatrice), while British imperial ideology found its most notorious expression in Rudyard Kipling’s exhortation to “take up the White Man’s burden.” In 1884, French statesman Jules Ferry articulated the imperialist logic with striking bluntness, writing that “the superior races have a right because they have a duty” to “civilize the inferior races.”
By contrast, postwar America advanced a different narrative. President Harry Truman emphasized support for “free peoples” resisting “attempted subjugation,” while John F. Kennedy pledgedto “pay any price” and “bear any burden” to “assure the survival and the success of liberty,” explicitly linking US power to shared purpose rather than imperial plunder.
That self-image was later inscribed in stone at the World War II Memorial in Washington, which declares that “Americans came to liberate, not to conquer, to restore freedom and to end tyranny.” In a farewell statement shortly before his death, Senator John McCain drew on the same tradition, describing America as “a nation of ideals, not blood and soil” that was at its strongest when it helped “liberate more people from tyranny and poverty than ever before in history.”
Far from being mere rhetorical flourishes, these narratives helped shape America’s postwar foreign policy, making US commitments more credible and strengthening alliances built on shared values. Crucially, they also raised the reputational cost of predation.
Trump’s emerging narrative breaks sharply with that tradition. Whereas earlier forms of imperialism relied on moral justification, he dispenses with such alibis, reducing the exercise of power to an entry on a balance sheet. Trump himself made that shift explicit in a recent New York Times interview, brushing aside international law altogether. Asked what, if anything, constrained his actions, he replied, “My own morality. My own mind. It’s the only thing that can stop me.” He also spoke of rebuilding Venezuela “in a very profitable way,” adding, “We’re going to be using oil, and we’re going to be taking oil.”
The implications for Venezuela and the international order are profound. Rules-based narratives bind power to institutions, generating and sustaining trust. Personalist narratives, on the other hand, tie power to temperament, making it unpredictable and ultimately unreliable.
If the US wants Venezuelans – and the world – to regard its intervention as temporary and legitimate, it must impose clear structural constraints: a credible, time-bound path to elections; transparent, independently audited management of oil revenues; and a firm commitment to human rights, including the release of political prisoners. Above all, the US must recognize that its power is not self-justifying.
Absent those constraints, Venezuela will not be moving from dictatorship to democracy. Instead, it will simply be trading one form of tutelage for another.
