Resumen
La Plataforma de Durban y el Acuerdo de Cancún
adoptaron a REDD-plus como una opción de mitigación del cambio climático
concebida para compensar las emisiones de los países desarrollados mediante
la reducción de las emisiones del sector forestal de los países en
desarrollo, a pesar que dicho mecanismo adolece de serios problemas
inherentes que lo vuelven inefectivo para la mitigación del cambio climático,
como son las fugas, falta de adicionalidad, compleja mensurabilidad y
temporalidad. El Salvador ha incursionado en el tema de REDD-plus mediante la
incorporación del país al mecanismo del Fondo Cooperativo para el Carbono
Forestal (FCPF) del Banco Mundial (BM), el cual se encamina a la compra-venta
de bonos de carbono directamente en los mercados de carbono o a través de
fondos de intermediación, como el Fondo de Carbono Forestal, para la
compensación de las emisiones de los países desarrollados. Dicho enfoque
busca la mercantilización de la naturaleza mediante la comercialización del
carbono almacenado en los ecosistemas y territorios de los cuales dependen
las comunidades indígenas, rurales y campesinas para su sobrevivencia. La
adopción de REDD-plus en El Salvador se estaría realizando desvinculada del
marco estratégico de políticas de cambio climático, y sin el sustento en el
mejor conocimiento técnico-científico y metodológico ni legitimación social
para garantizar su viabilidad política e implementación efectiva. La carencia
de dicho marco y de un entorno de política de medio ambiente apropiado para
el abordaje del cambio climático en el país, ha conducido hacia la ejecución
de acciones improvisadas, dispersas, y desvinculadas de los mandatos legales
y compromisos derivados de los tratados internacionales en materia de cambio
climático; tal como lo evidencia la preparación inconsulta por parte del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de la propuesta
(R-PP) al FCPF para una eventual estrategia de REDD-plus, sin un análisis
previo sobre las eventuales implicaciones e impactos sociales, económicos,
políticos y ambientales, tanto en el ámbito local como nacional y mundial. La
propuesta posee serios errores conceptuales y falencias técnico-científicas
que son insuperables aún bajo los laxos criterios del FCPF y que se resumen
en cuatro problemas sustantivos: el enfoque de “Mitigación basada en
Adaptación”, que no considera al cambio climático y carece del fundamento
científico-metodológico para enfrentar apropiadamente la adaptación; las
debilidades y vacíos del marco estratégico nacional de cambio climático del
país; la vinculación directa con mecanismos de comercio internacional para la
compensación de las emisiones de los países desarrollados, y las falencias en
el establecimiento de un sistema de información para el seguimiento y
notificación sobre el abordaje y observancia de las siete salvaguardas de
REDD-plus. Lo anterior explica el por qué la propuesta de REDD-plus del país
generaría mayor vulnerabilidad, impactos y desadaptación ante el cambio
climático y representaría una grave amenaza para la gobernanza ambiental del país.
El irrespeto de las salvaguardas adoptadas en el proceso multilateral y el
debilitamiento de los esfuerzos mundiales para la mitigación efectiva del
cambio climático, que se derivarían de la eventual implementación de la
propuesta de Estrategia Nacional de REDD-plus en el país, tal como ha sido
formulada por el MARN; legitiman su rechazo y la exigencia de adoptar el
marco estratégico nacional para el abordaje integral y efectivo del cambio
climático.
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Introducción
El cambio climático mundial,
generado por las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya
está causando efectos e impactos considerables en los diferentes ecosistemas de
la tierra y sociedades humanas, particularmente en las regiones y países con
más alta vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, como los pequeños estados
insulares, África, el sudeste asiático y América Latina. Desafortunadamente los
compromisos adquiridos por los países desarrollados ante la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), de adoptar una meta
cuantificada, agregada a nivel mundial y ambiciosa de reducción de dichas
emisiones, no han sido cumplidos sino transformados en promesas, y se han
impuesto compromisos de reducción de emisiones a los países en desarrollo. Los
compromisos en materia de financiamiento y creación de capacidades se han
vuelto ofrecimientos difusos, y la transferencia tecnológica ha sido
reiteradamente remitida a los mercados.
La Plataforma de Durban
adoptada a finales de 2011,
retoma el Acuerdo de Cancún
bajo el cual se adoptaron opciones para la mitigación del cambio climático, que
durante muchos años habían sido seriamente cuestionadas y rechazadas por su
inefectividad para la mitigación y por las serias amenazas socioeconómicas y
ambientales asociadas. Tal es el caso de la energía nuclear, los
biocombustibles, la captura y almacenaje de carbono en formaciones geológicas y
los esquemas de REDD-plus. Estos últimos han sido concebidos para compensar las
emisiones de los países desarrollados, mediante la reducción de las emisiones
por deforestación y degradación de bosques tropicales en los países en
desarrollo, lo que incluye la gestión sostenible de los bosques y el incremento
y conservación de reservas forestales de carbono. Además, con la Plataforma de
Durban se acordó la negociación de un nuevo acuerdo en 2015 bajo la CMNUCC,
cuya entrada en vigencia sería en 2020, dejando en la nebulosa al Protocolo de
Kioto, el cual fue prorrogado post-2012 sin metas, ni plazo ni duración, y generando
además incertidumbre y desaceleración en los mercados de carbono. La reciente
caída del 75% del precio del carbono inviabilizó el Fondo de Carbono de €150
millones, el cual iba a activarse post-2012 por la Corporación Financiera
Internacional (IFC),
viéndose ésta forzada a anunciar su liquidación.
Los promotores de REDD-plus
han privilegiado el financiamiento de dichos esquemas de compensación ya sea
mediante la participación directa en los mercados vía la compra-venta de
certificados de carbono, o a través de fondos de intermediación como el Fondo Cooperativo
para el Carbono Forestal (FCPF)
del Banco Mundial (BM) y ONU-REDD,
los cuales fueron concebidos para facilitar y ampliar las operaciones
comerciales y adjudicación de certificados de compensación de carbono a favor
de los países desarrollados, a fin de que éstos puedan continuar incrementando
sus emisiones. Desde 2007 el FCPF fue lanzado oficialmente por el BM como el
principal mecanismo para la promoción de REDD-plus, con el objetivo explícito
de impulsar mercados para el carbono forestal.
El contexto de las negociaciones
multilaterales y el estado
actual de REDD-plus después de Río+20
Los esquemas de compensación
de emisiones mediante pagos por evitar la deforestación y degradación forestal
y por otras actividades como la gestión sostenible de los bosques y el
incremento y conservación de reservas forestales de carbono, han tenido un
amplio rechazo desde los albores de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, debido a
cuatro problemas científico-metodológicos fundamentales que los vuelven
inefectivos para la mitigación del cambio climático: el desplazamiento de
emisiones, la falta de adicionalidad, la temporalidad o falta de permanencia, y las dificultades de
mensurabilidad. Lo anterior, amén de los impactos locales de tipo
sociopolítico, cultural, económico y ambiental y de la falta de un entorno y de
capacidades nacionales en los países en desarrollo para la adopción de las
mejores prácticas que garanticen la observancia de los criterios científicos y salvaguardas
para prevenir los impactos mundiales y locales negativos. Para abordar los
problemas señalados, desde hace siete años se activó un proceso oficial bajo el
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) de la
CMNUCC, a fin de generar recomendaciones metodológicas que permitieran
eventualmente superar dichos problemas, los cuales todavía persisten por ser
inherentes al concepto mismo de REDD-plus, a tal grado que el SBSTA continuaría
su trabajo en curso por lo menos hasta finales de 2013 y muy probablemente hasta
2015.
Los países desarrollados han
expresado su preferencia por los esquemas de compensación de REDD-plus para el
cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones a negociarse eventualmente
en 2015. Para tal efecto, han impulsado mecanismos que incentiven a los países
en desarrollo a apoyar dichas opciones, tal es el caso del FCPF y ONU-REDD,
mediante el desembolso de recursos financieros encaminados, en una primera
fase, a apoyar la planeación y desarrollo de estrategias nacionales de
REDD-plus, lo que incluye, entre otros, el desarrollo de capacidades institucionales
para la elaboración de inventarios de carbono forestal, diseño e implementación
de sistemas de monitoreo, notificación y verificación (MRV) y el establecimiento
de niveles de referencia de emisiones.
En una segunda fase se incluyen reformas normativas e inversiones demostrativas,
y la tercera incluye los pagos de carbono con base en rendimientos bajo
distintas modalidades (ej: contratos directos de compra-venta de carbono o a
través de fondos de intermediación) para la compensación de las emisiones de
los países desarrollados. Al mismo tiempo, dichos mecanismos han funcionado
como plataformas de posicionamiento político, induciendo a los países en
desarrollo para que a cambio del otorgamiento de recursos financieros para las
fases iniciales, ejerzan presión dentro del proceso multilateral para que los
criterios laxos y flexibles propuestos por el FCPF para REDD-plus, sean
adoptados. Tal es el caso de las siete salvaguardas para el diseño e implementación
de las estrategias de REDD-plus, las cuales fueron adoptadas en Cancún, pero no
son exigidas a los gobiernos por el FCPF; y el enfoque nacional para dichas
estrategias, de carácter obligatorio en virtud del Acuerdo de Cancún, el cual
tuvo que ser finalmente adoptado por el FCPF después de un rechazo sistemático.
La mayoría de gobiernos
centroamericanos miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se han
integrado al FCPF y han presentado propuestas (R-PP)
para que les otorguen recursos financieros para el diseño de sus estrategias
nacionales de REDD-plus. Dichas acciones han sido prematuras, ya que los esquemas
de REDD-plus han estado en negociación en vinculación directa con otros temas
de una agenda de carácter integral, que articula de manera coherente todos los
temas relativos a la mitigación y adaptación ante el cambio climático. A pesar
de las diferencias de matiz, dentro del proceso multilateral de negociaciones, los
gobiernos del SICA convergen en la esencia de REDD-plus y avalaron su inclusión
en el Acuerdo de Cancún. Más allá de las declaraciones políticas de principios,
todos los gobiernos centroamericanos se han plegado a los enfoques, criterios y
metodologías del FCPF, muy a pesar de los compromisos adquiridos en Cancún y
Durban; y han optado por el enfoque utilitario del cambio climático bajo diferentes
ropajes para encubrir la mercantilización de la naturaleza, ya que están negociando
el carbono, las tierras y territorios nacionales e indígenas, a cambio de
ofrecimientos de recursos precarios e inciertos vía los mercados de carbono y
fondos de intermediación de carbono forestal, como el FCPF y el Fondo de
Carbono recién liquidado por la IFC.
En Cancún los gobiernos adoptaron
la obligación para todos los países en desarrollo de elaborar e implementar
Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas a los contextos nacionales
(NAMAs), las cuales incluyen, entre otros, al sector “Uso de la Tierra Cambio
de Uso de la Tierra y Silvicultura” (UTCUTS), dentro del cual se deberán contabilizar
y notificar las actividades que el mecanismo de REDD-plus considera elegibles,
y por ende, deberán someterse a un proceso de Consulta y Evaluación
Internacional, ser notificadas como parte de las NAMAs en un Registro
Internacional y contabilizarse en los Inventarios Nacionales de GEI para someterse
a un sistema independiente internacional de MRV bianual, a fin de movilizar
recursos externos para su implementación.
Sin embargo, los gobiernos promotores y los patrocinadores de REDD-plus continúan
presionando sin fundamento en el seno de las negociaciones multilaterales para
eximir a REDD-plus del sistema de vigilancia internacional aplicable para
cualquier acción de mitigación. Muy a pesar de la corriente de gobiernos y
agencias que promueve la laxitud y flexibilidad máxima para las actividades de
REDD-plus, en Cancún se estableció que dichas actividades deberán implementarse
en el marco de estrategias nacionales de REDD-plus, dotadas de sistemas
nacionales robustos para la vigilancia forestal, mediante un sistema de MRV, que
sustenten la rendición de cuentas pública sobre la observancia de las siete
salvaguardas obligatorias, de las cuales una busca asegurar la consistencia con
los acuerdos internacionales, otra vela por una gobernanza forestal nacional
efectiva y transparente en el marco del estado de derecho y soberanía nacional,
otra se refiere a la prevención de las fugas y otra a la permanencia, y tres abogan
por el respeto de los derechos indígenas en virtud del derecho internacional,
abordando la biodiversidad y los bosques naturales.
Actualmente el mecanismo de REDD-plus
sufre un estancamiento en vías de debilitamiento en el seno del proceso
multilateral de la CMNUCC, tanto en los aspectos metodológicos como en el
financiamiento para su implementación. Lo último, ha sido exacerbado por la
caída de precios del carbono y la reducción del volumen de operaciones en los
mercados de carbono, debido a la ausencia de metas de reducción de emisiones
ambiciosas. En el caso de la baja de los precios de los permisos de emisión en
el mercado de carbono europeo durante el primer semestre de 2012, ésta se ha
debido a la sobreoferta de dichos permisos causada por la desaceleración
económica.
La Conferencia de Río+20
constituía la oportunidad esperada por los promotores y seguidores de los
esquemas de REDD-plus para acelerar su implementación, a tal punto que el director
ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó
un informe previo a Río+20 que posicionaba a REDD-plus como un catalizador de
la economía verde,
mientras la secretaria ejecutiva de la CMNUCC expresó que REDD-plus era el espíritu
del plan mundial de negocios de carbono para el planeta.
Sin embargo, en la sección relativa al cambio climático del documento final
oficial adoptado en la Conferencia de Río+20,
el tema de REDD-plus no fue incluido, la obligatoriedad de las NAMAs fue
visibilizada, al igual que el financiamiento vía el Fondo Verde del Clima (FVC);
y la negociación pendiente de los compromisos diferenciados, tanto en materia
de reducción de emisiones como de financiamiento, fue remitida al ámbito del proceso
multilateral de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto, salvaguardando dichos
procesos y frenando el empuje pretendido hacia procesos bilaterales o plurilaterales
para su abordaje.
Las experiencias tempranas de
REDD-plus que se han estado implementando en múltiples niveles en las
diferentes regiones del planeta, mediante proyectos piloto, programas
nacionales y subnacionales en el marco de acuerdos bilaterales y plurilaterales,
tales como el FCPF y ONU-REDD, ya han causado muchos impactos negativos,
facilitando las operaciones madereras en bosques primarios y los desplazamientos
de poblaciones locales y pueblos indígenas a nombre de la conservación y del
incremento de plantaciones forestales. Dichas iniciativas están generando un
creciente descontento en diferentes actores y organizaciones sociales, debido a
la prevalencia de procesos de consulta poco transparentes y amañados; así como al
irrespeto del derecho indígena internacional y a la no observancia de las siete
salvaguardas adoptadas para la implementación de REDD-plus.
Marco normativo nacional e
internacional para el abordaje de
REDD-plus en El salvador
Con la adopción de la Plataforma de Durban y los Acuerdos de Cancún, el
gobierno de El Salvador ha asumido el compromiso de elaborar e implementar
NAMAs y Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático (PAN), bajo los
criterios, mecanismos y procedimientos metodológicos emanados de la CMNUCC a
través del SBSTA y del Grupo de Trabajo Especial para la Cooperación a Largo
Plazo (AWG-LCA). El cumplimiento efectivo de dichos compromisos, requiere de un
marco de políticas nacionales robusto en materia de cambio climático y de los
respectivos instrumentos para su ejecución (estrategias, políticas, planes,
programas y proyectos), sustentados en el mejor conocimiento científico-técnico
y metodológico disponible y legitimados socialmente para garantizar su viabilidad
política e implementación efectiva. Sólo bajo un marco de políticas de cambio
climático bien definido y dotado de un marco estratégico y de los instrumentos
efectivos para su ejecución, como es la Estrategia y el Plan Nacional de Cambio
Climático, que incorpore NAMAs y el PAN, podría la sociedad salvadoreña evaluar
apropiadamente la pertinencia de adoptar esquemas de REDD-plus como una medida
de mitigación del cambio climático.
A pesar que el gobierno de El Salvador ha declarado que el tema de
cambio climático tiene una incidencia fundamental en el impulso económico del
país, ya que éste se ve minado por los impactos adversos del cambio climático
sobre los asentamientos humanos, agricultura, zonas costeras y marinas,
infraestructura social y económica y diversos ecosistemas naturales; hasta la
fecha no se cuenta con un Plan Nacional de Cambio Climático, sustentado en una
Estrategia Nacional, que oriente y defina las medidas más apropiadas y
efectivas para la mitigación y adaptación ante el cambio climático ya observado
y futuro, y asegure la subordinación sinérgica de la mitigación a la adaptación
para evitar mayores vulnerabilidades y desadaptación climática.
El Estado Salvadoreño deberá elaborar el Plan Nacional de Cambio
Climático en virtud de los compromisos adoptados ante la CMNUCC, el Acuerdo de Cancún
y la Plataforma de Durban, sobre la base de los principios y criterios
establecidos y negociados para tal efecto. Asimismo, la Ley del Medio Ambiente
(LMA) estipula que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) la elaboración y coordinación de los Planes Nacionales para el
Cambio Climático para facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales
ratificados por El Salvador. A pesar
que en 2007 se obtuvieron los recursos financieros
para el desarrollo de los procesos de consulta, planeación y coordinación
interinstitucional e intersectorial y para la elaboración de los estudios y
propuestas de medidas que permitirían la formulación del Plan Nacional de
Cambio Climático, después de cinco años el MARN no ha cumplido con dicho
mandato legal. Al respecto, el titular actual
del MARN ha declarado públicamente
que el Plan Nacional de Cambio Climático sería articulado paulatinamente mediante
procesos institucionales endógenos, que vayan abordando el cambio climático sin
plazos y bajo el ritmo y enfoque metodológico de su conveniencia; eludiendo de
esta manera el cumplimiento de los compromisos internacionales y de los mandatos legales que emanan del
estado de derecho.
La nueva Política Nacional de
Medio Ambiente (PMA) recién
elaborada por el MARN y aprobada por el Concejo de Ministros,
no incorpora el mandato legal ni los compromisos internacionales de contar con
un Plan Nacional de Cambio Climático que integre las NAMAs de manera sinérgica
y subordinada al PAN, y articule dichos instrumentos mediante la investigación,
desarrollo y transferencia tecnológica, fortalecimiento de capacidades, educación,
concienciación, participación social y financiamiento. La PMA no plantea de
manera taxativa las evidencias de las manifestaciones del cambio climático en
El Salvador, y atribuye la amenaza climática y sus impactos a la variabilidad
del clima.
Es de hacer notar que la PMA incluye un esbozo de los componentes y
acciones que contendría el PAN, el cual no ha sido enmarcado ni vinculado a los
mandatos legales nacionales e internacionales, ni a los criterios y
orientaciones científico-técnicas y metodológicas adoptadas oficialmente por el
Estado Salvadoreño y emanadas del Programa de Trabajo de Nairobi sobre
Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación, del Programa de Trabajo en Adaptación, que
junto al Marco de Adaptación y al Comité de Adaptación fueron adoptados en
Cancún, y del Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del Panel Intergubernamental
de Expertos en Cambio Climático (IPCC) acogido por los gobiernos bajo el
proceso multilateral de la CMNUCC en 2007[22].
La PMA no define los objetivos estratégicos hacia los cuales se orienta el PAN,
ni el marco conceptual y criterios científico-técnicos que sustentan a sus
componentes, los cuales han sido identificados sin contar con las evaluaciones
sobre las manifestaciones e impactos actuales y futuros del cambio climático en
los diferentes sistemas humanos y naturales de El Salvador. La falta de
sustentación del PAN no asegura la coherencia y consistencia requeridas entre
dichos componentes y los objetivos estratégicos de una Estrategia y Plan
Nacional de Cambio Climático, los cuales se tendrían que haber definido
previamente y sustentarse en el mejor conocimiento científico disponible emanado
del proceso multilateral. Dichos componentes son una miscelánea de aspectos
desarticulados referidos a diferentes categorías y niveles de planificación, tales
como instrumentos de ejecución de política, componentes, temas y sectores. El
carácter preliminar del PAN no justifica la ausencia de sustentación
científico-técnica ni la no adopción de las mejores prácticas de planificación,
tal como han sido acordadas en el proceso multilateral de la CMNUCC; lo cual constituye una falencia grave para el país, ya
que la observancia de las orientaciones conceptuales y metodológicas adoptadas
oficialmente para la adaptación, son indispensables para asegurar la adaptación
apropiada y la elegibilidad del país en la gestión de recursos financieros y
técnicos para la adaptación ante cambio climático.
Debe resaltarse que en la PMA se plantea al Programa de Restauración de
Ecosistemas y Paisajes (PREP) del MARN como un instrumento clave para la
concepción e implementación del PAN; y se omite hacer referencia y visibilizar
que el PREP ya había sido planteado prematuramente por el MARN como un instrumento
central para la eventual implementación de la propuesta de Estrategia Nacional
de REDD-plus. La focalización de esfuerzos y recursos institucionales que el
MARN ha puesto en los esquemas de REDD-plus, reflejan la prioridad que se ha
dado a instrumentos de política de jerarquía muy inferior versus la necesidad
urgente de elaboración de la Estrategia Nacional de Medio Ambiente (ENMA) y su
plan de acción, la Estrategia y Plan Nacional de Cambio Climático, el PAN y las
NAMAs. El MARN se ha focalizado en la gestión de la Estrategia Nacional de
REDD-plus, que no es más que un instrumento de nivel subsectorial para la
reducción de emisiones de GEI y que debería abordarse en el marco de las NAMAs;
en detrimento de los instrumentos de política que definen el marco estratégico
nacional ante el cambio climático. Al respecto, los ejemplos más emblemáticos
son la expansión de la producción de biocombustibles y los esquemas de
REDD-plus, los cuales podrían generar mayores vulnerabilidades y desadaptación
al implementarse fuera del marco del PAN y las NAMAs.
La carencia de un
entorno de política de medio ambiente apropiado para el abordaje del cambio
climático en el país, aunada a la falta de un marco estratégico específico de
cambio climático, han posibilitado que el MARN adopte posiciones políticas y
ejecute acciones improvisadas, dispersas, aisladas, sin legitimidad social y
desvinculadas de los mandatos legales y compromisos derivados de los tratados
internacionales en materia de cambio climático. Tal como lo evidencia la
incorporación inconsulta del país por parte del MARN al mecanismo de REDD-plus
del FCPF, sin un previo análisis a profundidad sobre las eventuales
implicaciones e impactos sociales, económicos, políticos y ambientales, tanto
en el ámbito local como nacional y mundial.
En la PMA, el MARN plantea que se necesitan
movilizar recursos financieros para la ejecución del PAN, sin hacer alusión a
los recursos financieros de donación ya existentes en el Fondo de Adaptación,
el GEF
y el Fondo Especial de Cambio Climático (FECC), ni a los recursos ofrecidos en el
Acuerdo de Cancún bajo el FVC; y se plantea de manera visibilizada la premisa
de “evitar los préstamos”. Lo anterior contrasta con la ratificación por parte
de la Asamblea Legislativa, durante el primer semestre de 2012, del préstamo BID
“Programa Integral de Sostenibilidad Fiscal y Adaptación al Cambio Climático
para El Salvador” por US $200 millones[24];
y con la no utilización por parte del MARN de los recursos financieros de
donación asignados y disponibles para El Salvador en el GEF[25],
los cuales han sido congelados, inmovilizados o facilitados a agencias de
implementación de
manera significativa a partir de 2009, a pesar de las necesidades financieras
reales para el diseño y ejecución del PAN. Al mismo tiempo, el MARN ha
desaprovechado la modalidad de “acceso directo” para la obtención de los
recursos del Fondo de Adaptación, reduciendo la disponibilidad financiera del
Estado con el pago de comisiones de al menos 10% del monto otorgado, tal es el
caso del proyecto aprobado por US $5.4 millones a una agencia de implementación.
Incursión de REDD-plus en El Salvador: caos
institucional y desaciertos de política
El MARN ha incursionado en el tema de REDD-plus adoptando
una política de doble carril, mediante un perfil bajo hacia el ámbito nacional,
y al mismo tiempo un perfil alto hacia lo interno de dicha institución, esto
último con una tendencia ascendente a partir de junio de 2011. Dentro de la
agenda institucional, el tema de REDD-plus ha ido tomando un papel central, a
tal punto que se han desviado y focalizado cada vez más los esfuerzos humanos y
recursos técnicos y financieros institucionales para avanzar en la
incorporación acelerada del país al mecanismo de REDD-plus vía el FCPF del BM. La
lógica detrás de ese manejo dual se explica por el descontento y rechazo que el
tema REDD-plus ha tenido desde su aparición en 2005 en el proceso multilateral
y a todo lo largo de las negociaciones multilaterales, particularmente por los
pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques, pero también por
parte de grupos de expertos, centros de investigación y de organizaciones y
redes sociales, académicas y ambientalistas, gobiernos y entidades
confesionales. El MARN presentó en abril de este año la propuesta de R-PP ante
el FCPF de manera sorpresiva, inconsulta y con alta secreticidad, a fin de
evitar cualquier oposición u obstáculo al proceso, y fue gracias a la
publicación de dicho R-PP en el portal del FCPF que la gestión y la
propuesta fueron conocidas públicamente.
Al mismo tiempo, con el afán de encubrir la
verdadera naturaleza de REDD-plus y de matizar y diluir una eventual oposición
a la propuesta R-PP una vez ésta fuese conocida, el MARN ha estado readecuando
el marco programático, organigrama, puestos funcionales, prioridades,
compromisos institucionales, metodologías de trabajo y reasignando recursos humanos
y financieros dentro de dicha institución. Tal es el caso, entre otros, del
PREP
y de la PMA referidos en la sección previa. El R-PP plantea: “…el abordaje se
concibe como la mitigación basada en la adaptación, y se incorpora como eje
central en la formulación de un Programa Nacional de Restauración de
Ecosistemas y Paisajes (PREP), entendido como PREP-REDD-plus”. La “mitigación
basada en la adaptación” (MbA) no es más que un ropaje concebido en el MARN, para matizar al
mecanismo de REDD-plus y volverlo amigable ante la opinión pública, y al mismo
tiempo, justificar la focalización restringida a un subsector generador de
emisiones de GEI, descontextuado y desvinculado de uno de los compromisos de estado
de incorporar las actividades elegibles bajo REDD-plus como parte del sector
UTCUTS dentro de las NAMAs, las cuales deberán subordinarse sinérgicamente al
PAN, como parte integrante de una Estrategia y Plan Nacional de Cambio
Climático. Por consiguiente, el MARN no está implementado las mejores prácticas
para la planificación del marco de política en materia de cambio climático, y
más bien está generando desorden y caos institucional, lo cual redundaría en
serias inconsistencias e incongruencias entre los instrumentos y medidas de
política, en detrimento de la gobernanza forestal y ambiental, de la adaptación
al cambio climático y de la sustentabilidad de la economía y sociedad
salvadoreñas y su territorio.
En esa misma
línea de acción, a partir de 2010 el MARN ha estado incidiendo en otras
entidades gubernamentales para reenfocar y enrumbar sus planes, programas y
recursos hacia REDD-plus; tal es el caso del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y
Desarrollo Urbano (MOP), el Fondo de la Iniciativa para las Américas de El
Salvador (FIAES) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
Lo anterior, con el fin de dotar de manera expedita a la propuesta de REDD-plus
de los marcos institucionales e instrumentos de ejecución a la medida, que justifiquen
y maticen las actividades de REDD-plus planteadas en el R-PP presentado al FCPF.
La Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del
Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola 2012,
retoma el planteamiento del R-PP y expresa “…El Salvador ha formulado su
abordaje de adaptación al cambio climático internacionalmente, conocido como la
mitigación basada en la adaptación, y se promueve a partir de la propuesta del
Programa de Restauración de Ecosistemas Productivos (PREP), impulsado por el
MARN.” El MOP intervendría integrando criterios técnicos y buscando soluciones de
infraestructura verde para la mitigación y la adaptación.
En cuanto al FIAES, a inicios de 2012 convocó
a entidades no gubernamentales para que presenten proyectos orientados a la
restauración de ecosistemas de humedales del país, en el marco del Plan de
Mejoramiento de Humedales del MARN, que es uno de los componentes del PREP. Al
respecto, el R-PP plantea: “…A fin de
garantizar un manejo adecuado de los humedales de importancia internacional, el
MARN se encuentra implementando el Plan Integral para el Mejoramiento de los
Humedales con el que se beneficiará a 479,800 habitantes. El Plan incluye el
manejo de las zonas de influencia y cuencas asociadas que permitirán
actividades elegibles en la Estrategia Nacional REDD-plus”. Respecto a la CCAD, ésta elaboró
en 2010 la Estrategia Regional de Cambio Climático, la cual además de
incorporar la promoción de biocombustibles, incorpora actividades de REDD-plus
en sus seis áreas programáticas estratégicas.
En los despliegues institucionales e
interinstitucionales realizados por el MARN con miras a la focalización del
tema REDD-plus, éste se ha manejado con perfil bajo, siendo ejemplos notorios
de esto, el diseño y proceso de gestión de la propuesta R-PP ante el FCPF y la
no mención deliberada del tema REDD-plus en la PMA. Sin embargo, los esfuerzos
humanos e institucionales y los recursos financieros y materiales invertidos en
esa dinámica han sido considerables, y se han desviado de las prioridades
nacionales derivadas de los compromisos internacionales en virtud de la CMNUCC
y de los mandatos legales de la LMA. El Estado Salvadoreño, a través del MARN,
tiene la obligación de desarrollar el marco estratégico y operativo nacional para
enfrentar el cambio climático de manera apropiada, lo que significa elaborar una
Estrategia Nacional que sustente al Plan Nacional de Cambio Climático, el cual
deberá a su vez incorporar el PAN y las NAMAs de manera coherente y consistente
con los objetivos superiores de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
Dichos objetivos buscarían por una parte, que la adaptación sea posible para la
población salvadoreña, los sectores socioeconómicos y diversos ecosistemas del
territorio nacional; y por otra, que la incidencia política internacional sea
efectiva para la mitigación real del cambio climático de tal forma que la
adaptación aún pueda ser viable.
En lo que respecta específicamente a la propuesta
de REDD-plus, en abril y junio de 2012, el MARN presentó dos versiones consecutivas
del R-PP ante el FCPF, considerándose la última, el borrador que contiene la
versión oficial. El análisis crítico
que sustentó el rechazo a ambas versiones del R-PP por parte de varias
organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales, demuestra las graves
deficiencias conceptuales, técnico-metodológicas y de legitimación social del referido
R-PP. Sobre esa base, las organizaciones sociales exigieron al MARN el retiro
del R-PP del FCPF y a éste, su rechazo previo a la 12ava Reunión del
Comité de Participantes
(PC-12), en la cual el MARN pretendía presentar la versión de junio del R-PP
buscando su eventual aprobación.
Aunque el fondo de las críticas y reparos de las organizaciones sociales fueron
desestimados y sus demandas ignoradas por el FCPF y el MARN, el titular de este
último se vio obligado a retroceder en sus intenciones iniciales y replanteó
oficialmente
que el estatus del R-PP era de “borrador de fase inicial” y bajo esa calidad
fue expuesto y discutido en la franja de “presentaciones informales” del PC-12.
Las evaluaciones de los R-PP realizadas por el
FCPF a través del Panel de Asesoramiento Técnico (TAP) y del PC, se efectúan
considerando los cinco componentes que constituyen la estructura del formato
oficial del R-PP: (1) organización y consulta, (2) desarrollo de la Estrategia Nacional
de REDD-plus, (3) desarrollo de los niveles de emisiones de referencia, (4)
sistema de MRV de REDD-plus, y (5) calendario y presupuesto. En el caso del
R-PP presentado por el MARN, el PC-12 aprobó parcialmente la versión de junio
del R-PP sobre la base de la evaluación del TAP, calificando solamente al
componente (5) con el estatus de “estándar logrado” y al resto, con “estándares
parcialmente logrados”. De acuerdo a los criterios del FCPF, el R-PP del MARN tendría
que lograr los estándares requeridos para cada uno de los componentes, sobre la
base de las recomendaciones del CP-12 y del TAP. Para tal efecto el MARN ya
tiene una hoja de ruta para la próxima evaluación del TAP y el logro de una eventual
aprobación por parte del PC-13 en octubre de este año.
Promoción de REDD-plus en El Salvador:
instrumento de política impuesto e inefectivo
El análisis crítico realizado al R-PP está
desarrollado a profundidad en el documento técnico publicado en varios portales
y divulgado ampliamente. Los graves errores conceptuales y falencias
científico-técnicas y metodológicas señaladas en dicho análisis, no fueron retomados
por el MARN y mucho menos superados en la segunda versión del R-PP de junio.
Las evaluaciones del TAP y del CP-12 han ignorado dicho análisis, ya que sus
criterios de evaluación son sumamente laxos y permisivos, en línea con los
criterios y prácticas del FCPF y del BM en el tema de REDD-plus. Lo anterior,
con el fin de poner en marcha a nivel internacional un mecanismo de REDD-plus
de corte mercantilista, sin consideración alguna por la búsqueda de la integridad
ambiental planteada por la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, ni por los impactos
negativos de tipo sociocultural, ambiental, económico y político en los territorios
de los países en desarrollo, especialmente en las comunidades indígenas,
campesinas y dependientes de los recursos forestales.
A pesar que el análisis crítico de las organizaciones
sociales sustenta de manera irrebatible el rechazo y la demanda de retiro del
R-PP del FCPF, el ciclo del proyecto sigue avanzando hacia su eventual
aprobación; a pesar de sus serias falencias, algunas de las cuales han
incumplido los criterios básicos del mismo BM, como es la consulta y
consentimiento libre, previo e informado de los actores directa e
indirectamente afectados por REDD-plus, especialmente pueblos indígenas y
comunidades rurales y dependientes de los bosques; ya que el R-PP fue concebido
y elaborado inconsultamente, prejuzgando el criterio de los diferentes actores
nacionales sobre la pertinencia y conveniencia de desarrollar una Estrategia Nacional
de REDD-plus en El Salvador. Lo anterior es un precedente grave que no debería ser
permitido por el FCPF, sin embargo, en un contexto internacional cada vez más
adverso a los mercados del carbono forestal, lo que interesa al BM es continuar
aglutinando al grupo de gobiernos integrantes del FCPF, para ejercer presión
internacional a fin de mantener activo el mecanismo de REDD-plus hasta 2015 y lograr
su eventual entrada en vigencia a partir de 2020.
Más allá del proceso formal del FCPC, bajo el cual
el R-PP estaría siguiendo la ruta trazada dentro de las pautas flexibles y
permisivas del BM, aún en detrimento de las obligaciones derivadas de la
CMNUCC, el Acuerdo de Cancún y la Plataforma de Durban; la propuesta de
REDD-plus del MARN representa una grave amenaza para la gobernabilidad
ambiental del país, ya que muchas de sus falencias serían insuperables, lo cual
generaría caos institucional en todos los ámbitos del sector público y privado,
y desaciertos de política, debido al abordaje y tratamiento equivocado del
problema del cambio climático por parte de los actuales titulares del MARN. El
R-PP presenta cuatro problemas sustantivos que no son superables bajo las
directrices y criterios laxos del FCPF, lo cual mantiene vigente la necesidad
de rechazar dicha propuesta y de retirarla del mecanismo FCPF: (1) el enfoque
de la MbA, (2) las debilidades y vacíos del marco estratégico nacional de
cambio climático, (3) la vinculación directa con mecanismos de compensación de
las emisiones de GEI de los países desarrollados, y (4) el establecimiento de un sistema de
información para el seguimiento y notificación sobre el abordaje y observancia
de las siete salvaguardas de REDD-plus.
El enfoque de la MbA del R-PP se desvincula del
cambio climático al hacer un abordaje erróneo de éste, ya que se focaliza
exclusivamente en la variabilidad climática y desconoce el marco conceptual consensuado
por la comunidad científica internacional, el cual se sustenta en el mejor
conocimiento en materia de la ciencia del cambio climático y de la adaptación, generado
en el marco del proceso multilateral, como es el caso del IPCC, los Programas
de Trabajo sobre Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación, y el Marco de Políticas
para la Adaptación.
En el enfoque MbA se omite la necesidad
de desarrollar los escenarios de cambio climático que caracterizan de manera
espacial y temporal el cambio climático actual y futuro, y que constituyen la
sustentación de las evaluaciones de vulnerabilidad e impactos, y de las
estrategias, planes y medidas de adaptación ante el cambio climático y su
variabilidad asociada. Las falencias señaladas permiten plantear que el enfoque
de la MbA es incongruente e inconsistente, ya que además de no contribuir a los
objetivos de adaptación ante el cambio climático, dejaría por fuera las
actividades de adaptación que no contribuyan a la mitigación, mientras los
objetivos de mitigación, en función de los cuales fueron fundamentalmente concebidas
las actividades de REDD-plus, se verían menguados pues las actividades con alto
potencial de mitigación que no contribuyan a la adaptación no serían priorizadas
y podrían ser descartadas.
La propuesta de Estrategia Nacional de REDD-plus, tal
cual ha sido concebida bajo el enfoque de la MbA, no se sustenta en escenarios
de cambio climático ni en evaluaciones de impactos del cambio climático, a
pesar de que los ecosistemas forestales y actividades de UTCUTS elegibles bajo
REDD-plus serán impactados negativamente por el cambio climático, debido al
aumento de plagas, enfermedades, incendios, marchitez y degradación debido a un
ciclo del carbono más acelerado y las manifestaciones del cambio climático y la
variabilidad asociada, y podrían dejar de actuar como sumideros y convertirse
en emisores netos de carbono. Por ende, la estrategia de REDD-plus no se
sustenta en una proyección futura integral del estado de los ecosistemas
forestales, con lo cual se estará sobreestimando el potencial de carbono
forestal y subestimando los riesgos de incumplimiento de los contratos de
compra-venta de carbono forestal, y por ende, invisibilizando u ocultando las
consecuencias negativas y perversas sobre los actores directa o indirectamente involucrados
o afectados por dichas actividades.
Las debilidades y vacíos del marco estratégico
nacional de cambio climático, señalados en la sección anterior, particularmente
en lo que respecta a la PMA, vuelven todavía más difícil la contribución a la
adaptación ante el cambio climático de una eventual Estrategia Nacional de
REDD-plus bajo el enfoque MbA, ya que el PAN propuesto en la PMA carece de
marco conceptual y de objetivos estratégicos que sustenten los componentes
priorizados, los cuales además de ser meros aspectos o tópicos generales no
surgieron de escenarios de cambio climático, socio-económicos y ambientales, ni
de evaluaciones de impactos actuales y futuros del cambio climático en El
Salvador. La repentina y coincidente aprobación oficial de la PMA la noche del
30 de mayo, con la presentación apresurada el 31 de mayo de la versión de junio
del R-PP por parte del MARN, podría explicar pero no justificar la
improvisación que caracteriza a la PMA, y específicamente a la propuesta
preliminar de PAN. Lo anterior, con miras a superar algunos de los
señalamientos de las organizaciones sociales y del TAP, en menoscabo de la
calidad de la PMA y de las implicaciones posteriores en la efectividad del
marco normativo y la gobernanza ambiental del país. La inexistencia de la
Estrategia y Plan Nacional de Cambio Climático que incluya al PAN y a las
NAMAs, las
medidas de adaptación que REDD-plus propiciaría bajo el enfoque de la MbA,
quedarían subordinadas a la mitigación; con la posibilidad de que se implementen
medidas que aumenten la vulnerabilidad de los territorios, como son los biocombustibles,
las plantaciones forestales, los cultivos exóticos y transgénicos, los grandes
embalses hidroeléctricos, las mega estructuras, la caña de azúcar y la minería
metálica referidas respectivamente como “infraestructura verde”, “zafra verde”
y “minería verde”, muy a tono con el eslogan de “economía verde”, cuyo empuje y
credibilidad han sufrido un revés irreversible desde la Conferencia Río+20.
La vinculación directa con mecanismos de
compensación de las emisiones de GEI de los países desarrollados es la razón de ser del mecanismo REDD-plus, lo cual es
invisibilizado en el R-PP, discursos y eventos públicos del MARN. El presupuesto
ya aprobado a la propuesta R-PP por el FCPF se limita al desarrollo de los
componentes referidos, enfocados en crear las condiciones nacionales para la
posterior implementación de una eventual Estrategia Nacional de REDD-plus; y no
incluye otros rubros relativos al establecimiento e implementación de una buena
gobernanza ambiental en aplicación a los mandatos legales y compromisos
internacionales para el logro de la sustentabilidad ambiental de la sociedad. Tampoco
se explican en el R-PP las modalidades de financiamiento para REDD-plus para la
fase posterior de implementación, ocultando deliberadamente el papel central que
jugarían los mercados de carbono y en menor medida el Fondo del Carbono
Forestal
(FCF) del FCPF, bajo el cual los actores beneficiarios (todavía no ha sido
identificado si serían entidades de gobierno, alcaldías, ONG, comunidades
rurales e indígenas o instituciones financieras) estarían
recibiendo compensaciones monetarias por la venta de las reducciones de
emisiones de GEI derivadas de las actividades de REDD-plus, ya sea mediante
transacciones directas en los mercados de carbono o vía fondos de
intermediación como el FCPF, siempre y cuando demuestren que han cumplido con
los compromisos contractuales. Debe recordarse que dichos contratos se
suscribirán bajo la tutela de los tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos
de asociación (AdA) suscritos por el país, en los cuales existen estipulaciones
que remiten a arbitrajes internacionales para hacer valer las sanciones por
incumplimiento, lo que incluye medidas administrativas y penales (ej: multas,
descuentos y la pérdida de tierras y territorios) contra los propietarios públicos
o privados de los sumideros de carbono, ya sean entidades públicas, ONG, comunidades
indígenas o rurales, cooperativas, agricultores, cañeros o cafetaleros.
El establecimiento de un sistema nacional de información
de salvaguardas (SIS) deberá ser un subsistema del sistema de MRV nacional, para dar seguimiento
y notificar sobre el abordaje y observancia de las siete salvaguardas de
REDD-plus, lo que deberá incluir información sobre las barreras para su
cumplimiento y sobre las medidas a tomar para superarlas. Dichas notificaciones
deberán ser transparentes, consistentes, exhaustivas, efectivas y accesibles
para los actores involucrados o afectados, de acuerdo a las orientaciones emanadas del SBSTA
y con la periodicidad a acordarse en el proceso multilateral. Sobre esa base,
el SIS deberá notificar sobre: (a) las medidas a tomar por el gobierno salvadoreño
para asegurar la consistencia entre una eventual Estrategia Nacional de REDD-plus y los
acuerdos internacionales, lo cual no se está respetando desde su concepción, ya
que el R-PP y la PMA desconocen dichos acuerdos; (b) la implementación de una
buena gobernanza forestal y ambiental a nivel nacional, en el marco de una función
pública transparente y de políticas efectivas dentro del respeto al estado de
derecho y soberanía nacional, así como del combate a la corrupción y la violencia,
lo cual no se está persiguiendo con el debilitamiento del marco legal, el
desorden de políticas y el caos institucional desencadenado por el MARN; (c) las
fugas y la temporalidad de las actividades de REDD-plus son atributos
inherentes a dichas actividades, y por ende, no existen medidas para superarlas
y sus efectos contribuirían a un planeta con niveles de carbono más altos,
aumentando el ritmo y magnitud del cambio climático y sus impactos y no
resolverían los problemas de la deforestación y la degradación forestal; y (d)
el respeto a los derechos derivados del derecho indígena internacional obliga a
la observancia del principio del consentimiento libre, previo e informado,
lo cual no es exigido por el FCPF y está siendo irrespetado por el MARN, ya que
la pertinencia de una eventual Estrategia de REDD-plus para El Salvador no fue
consultada previamente a la incorporación y gestión de recursos ante el FCPF
sobre la base del análisis de toda la información relacionada con la gama de
amenazas asociadas a REDD-plus, como es el despojo a las comunidades indígenas
y rurales de sus medios de sobrevivencia, ya que están íntimamente vinculados a
los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos. Es de hacer notar, que el
Estado Salvadoreño no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
que es el instrumento internacional de derechos humanos más relevante para los
derechos de los indígenas.
Mensajes clave
§ El gobierno y sociedad
salvadoreña deben analizar a profundidad y tomar conciencia, sobre la base de
toda la información disponible y a la luz de los mandatos legales y compromisos
internacionales, que la adopción de una eventual Estrategia Nacional de
REDD-plus en el país no es conveniente ni pertinente, especialmente bajo la
propuesta R-PP presentada por el MARN al FCPF del BM; y considerando las graves
amenazas locales y mundiales atribuidas a los esquemas de REDD-plus y el
entorno adverso actual y en perspectiva de los mercados de carbono forestal.
§ La necesidad de recursos
financieros para el abordaje de la adaptación al cambio climático y la gestión
ambiental, no constituye una justificación sustentada ni aceptable para empujar
la participación del país en mecanismos de REDD-plus, como ha sido el caso con
la integración al FCPF del BM; ya que el país ha tenido y continúa teniendo
recursos de donación asignados, disponibles o por movilizar para su gestión o
acceso directo, en diversos mecanismos establecidos en el proceso multilateral
de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, los cuales no han sido gestionados ni
ejecutados adecuada y oportunamente por el MARN.
§ La propuesta R-PP
presentada ante el FCPF por el MARN carece de sustentación científico-técnica y
metodológica, así como del fundamento ético-político y legitimidad social para
garantizar que una eventual Estrategia Nacional de REDD-plus en el país no
genere mayores vulnerabilidades, impactos y desadaptación ante el cambio
climático, ni para asegurar que las actividades de REDD-plus respeten las siete
salvaguardas adoptadas en Cancún y que no generen los impactos previsibles que
debilitarían los esfuerzos mundiales para la mitigación efectiva del cambio
climático, la cual debe ser real, adicional, permanente y mensurable.
§ La laxitud y permisividad
de los criterios aplicados por el FCPF indicarían que la propuesta R-PP podría
eventualmente ser aprobada, a sabiendas de los serios problemas conceptuales,
falencias e implicaciones señalados en el análisis crítico referido y en las
secciones previas. A pesar de lo infundamentado e inconsistente del contenido
del R-PP, el estatus actual de éste refleja que a criterio del FCPF muchos de
los problemas ya han sido superados, sin importar que solamente se hayan
incorporado de manera forzada y superficial referencias y declaraciones de
buenas intenciones sobre lo que se podría mejorar; o que se haya violentado el
marco normativo ambiental esbozando una PMA que constituye un debilitamiento de
la LMA vigente, ya que restringe y flexibiliza la naturaleza y alcance de la
gestión ambiental.
§ El Estado Salvadoreño es
signatario de tratados sobre derechos humanos, convenciones multilaterales
ambientales y tratados sobre derecho indígena internacional, y al mismo tiempo,
es signatario de TLC y AdA, cuya aplicación ha generado serias inconsistencias entre
los diferentes instrumentos de política vigentes en el país. De prevalecer los
instrumentos de política que podrían generar mayores vulnerabilidades y
desadaptación de la sociedad y territorio, los impactos del cambio climático
podrían conducir al colapso de la economía y ecosistemas del país. La promoción
de megaproyectos de “inversiones verdes” como “zafra verde”, “biocombustibles”,
“REDD-plus”, “algodón transgénico” e “infraestructura verde” de tipo logístico,
agroindustrial o turístico, estarían generando mayores vulnerabilidades e
impactos en las comunidades indígenas y rurales, que ya están siendo afectadas o
amenazadas con desalojos de las tierras y territorios en donde han habitado y
trabajado, así como despojo de sus bienes y medios de sobrevivencia, lo cual
está agravando su precaria condición económica y aumentando su marginación
social.
§ Los diferentes actores
sociales relacionados o afectados directa o indirectamente con la implementación
de las actividades de REDD-plus en el país, tales como: pueblos indígenas y
comunidades dependientes de los bosques, centros de investigación, gremios,
organizaciones y redes sociales, académicas y ambientalistas, entidades
confesionales y empresarios; tenemos la obligación profesional y el compromiso
ético de vigilar, analizar e incidir de manera oportuna sobre la función
pública; y de exigir el libre acceso a la información pública y la rendición de
cuentas sobre la gestión, resultados e impactos de las políticas ambientales y
de cambio climático promovidas por el MARN ante el Consejo de Ministros, y
sobre la pertinencia de los instrumentos adoptados para su aplicación, tal es
el caso de las “inversiones verdes” que profundizarían la insostenibilidad socioambiental
y económica de la sociedad salvadoreña.
Proyecto “Promoviendo el
desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático en el Área
Metropolitana de San Salvador”, AFB/PPRC. 3/6, diciembre de 2010, solicitado
por la sede del PNUD en El Salvador ante el Fondo de Adaptación del Protocolo
de Kioto
