Carta a Marta Evelyn Batres: Espero que nunca nos topemos con terroristas

Estimada diputada:
Desde que ingresaste a la Asamblea estás haciendo un excelente trabajo en el tema del agua, primero denunciando los abusos de la ANDA de Marco Fortín (el hombre que Funes puso al cargo de ANDA y a quien por razones inexplicables Sánchez Cerén mantuvo hasta que ya no era sostenible); luego en la articulación de la Ley de Agua, que el FMLN siempre exigió y nunca hizo. Mi opinión sobre esta ley y el absurdo debate de privatización se puede leer en mi columna en la presente edición de El Diario de Hoy.

Hasta ahí vas muy bien, diputada. Pero cometés un error muy grave tildando de ‘terroristas’ a los estudiantes que el jueves atacaron a la Asamblea para protestar contra la supuesta privatización del agua. Hablaste de “actos terroristas que se han dado dentro de la Asamblea, donde se trató de entrar a la fuerza.”

Te voy a explicar por qué es grave. Ya por una decisión irresponsable de la Sala de lo Constitucional tenemos en el país, de la noche a la mañana, 60 mil terroristas. Cuando un grupo de la sociedad se declara terrorista, la consecuencia es que el Estado comienza a enfrentarlos como terroristas. Los resultados los tenemos a la vista: la militarización de la seguridad pública y enfrentamientos diseñados para aniquilar. Así se enfrenta a terroristas.

Encima de esto, ¿queremos más terroristas, por ejemplo los miles de estudiantes u otros jóvenes frustrados e indignados que logren engañar, radicalizar y movilizar el FMLN, en su intento de oxigenarse, o Bukele, en su intento de perfilarse como el verdadero redentor ‘del pueblo’? ¿En serio, Tita? ¿Y queremos enfrentarlos como se enfrenta a terroristas, o sea con represión inclemente? Yo digo que no. El país no lo aguantará.

Los que atacaron la Asamblea no son terroristas. Como Norman Quijano dijo correctamente, son vándalos engañados por políticos irresponsables. Ser brutos e incapaces de argumentar sin violencia torpe no los convierte en terroristas. Ojalá que nunca veamos en este país ningún ataque terrorista a la Asamblea Legislativa u otros blancos nacionales. A terroristas no los hubieran podido repeler unos vigilantes con sus spray de gas pimienta. Terroristas generan terror, y para hacerlo llegan con bombas o fusiles automáticos. Estos llegaron con piedras y palos, y lo que generaron fue lástima.

Además, si en nuestro país hay suficientes jóvenes que se dejan arrastrar a luchas callejeras y vandalismo por políticos que declaran cruzadas, algo hemos hecho mal, tanto los líderes políticos como los de opinión. No hemos sido capaces de introducir suficiente racionalidad en el debate – por ejemplo en el tema del agua. Vos estás haciendo un buen trabajo para llenar este vacío, no lo pongás en riesgo contestando a posiciones irracionales con otras pasiones exageradas – por ejemplo hablando de terroristas, cuando lo que tenés en frente son turbas que ya casi estaban en extinción en la UES – y que ahora tratan de recuperar su control político-ideológico sobre el alma mater valiéndose de la cruzada contra la privatización.

Les pido calma a ustedes, los diputados, y a los que en redes hacen arenga contra un terrorismo que no existe. Si los del FMLN y Nuevas ideas quieren enfrentarse a fantasmas, como la supuesta privatización del agua, no les hagan el favor de pelear contra otros fantasmas, como el terrorismo.


Sigan trabajando las leyes y reformas que sean necesarias. Tomen en cuenta las críticas, y aguanten los ataques de los imbéciles.

Saludos,


Posdata: Cuando mandé esta carta, no había visto esta publicación en facebook de Carolina Ramírez, vicepresidenta de campaña de ARENA, basado en
un comunicado de prensa de la Asamblea Legislativa. Al haberla visto, no
hubiera recononocido de ‘correctas’ las declaraciones de
Norman Quijano, y la carta la hubiera mandado a él.



Lea también:
Excorcismo contra fantasmas

(MAS! / El Diario de Hoy)


Exorcismo contra un fantasma. Columna Transversal

¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

Mientras los obispos de Nicaragua están poniendo el pecho para proteger a los manifestantes contra los escuadrones de la muerte de Ortega, la Conferencia Episcopal de El Salvador publica un comunicado titulado “No permitamos que los pobres mueran de sed”. ¿En serio quieren arrastrar a la Iglesia a la campaña electoral, a la par del FMLN y Nuevas Ideas? Porque la campaña contra la privatización del agua es demagogia electoral, ya que nadie en este país está promoviendo tal privatización.

Se está configurando una alianza para una cruzada nada santa: el FMLN, que necesita una bandera popular para sacarse de la crisis luego de la derrota electoral de marzo 2018 y el destape de la corrupción de su primer presidente Mauricio Funes; la UES, que marchó a la Asamblea, con su rector a la cabeza y los grupos de choque armando relajos; Bukele, quien inmediatamente trató de ponerse a la cabeza: “Estoy seguro de que en un tema como el del agua, podemos hacer a un lado nuestras diferencias partidarias y hacer un frente común contra ARENA y la ANEP”.

Con esto queda claro el carácter de esta alianza: “Todos contra ARENA”. Y por supuesto, no quiso faltar el exilado en Nicaragua: “ARENA ordena reprimir y disuelve manifestaciones como la organizada este día para oponerse a la privatización del agua”.

En serio, ¿en esta alianza quiere incorporarse la Iglesia Católica? No es nada sorprendente que el FMLN, Nuevas Ideas y algunos de sus patrocinadores intelectuales en la UCA quieran convertir un debate sobre cómo administrar los recursos hídricos del país en conflictos que más bien parecen a cruzadas religiosas. La sola frase “privatización” es suficiente para abandonar toda racionalidad, crear pasiones, explotar miedos y resentimientos sociales, y satanizar un proyecto de ley —incluso cuando explícitamente declara el agua un bien público que nunca puede ser privatizado.

Parece ser suficiente que el FMLN y Nuevas Ideas inicien una cruzada contra el diablo llamado sector privado para que la Iglesia Católica se deje arrastrar a este terreno demagógico. Ante esta situación, lo que hace falta es inyectar racionalidad al debate. Nos quieren hacer creer que aquí se trata de una batalla entre quienes quieren defender el carácter público del recurso agua y quienes lo quieren convertir en mercancía. Pero analizando fríamente lo que están discutiendo en la Asamblea, queda claro que esta batalla no existe. Más bien existe un debate sobre qué significa “recurso público”. Los que gritan “privatización” quieren definir que “público” significa estatal, o incluso gubernamental —y los otros definen “público” como propiedad de la sociedad.

De ahí se desprenden dos conceptos de cómo constituir el ente público que va a administrar, regular, desarrollar y proteger el recurso público agua. Unos exigen que la Autoridad Hídrica sea estatal y en manos del gobierno; otros exigen que sea autónoma, con participación tanto del Estado (ejecutivo y municipios), como del sector privado. Este último, la presencia del sector privado en una entidad autónoma reguladora del agua, ya es sacrilegio para la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, para el FMLN, para la UCA y la UES, para Nuevas Ideas… y para los obispos católicos. Les huele a azufre privatizador y requiere exorcismo.

Parece que nadie de los que promueven la cruzada contra la privatización del agua ha tenido seguimiento a los debates, propuestas, enmiendas y primeros consensos en la Asamblea. No se dieron cuenta, o más bien no quieren reconocer que nadie, en ningún momento, ha propuesto privatización, y que tampoco está en discusión entregar la regulación y administración a ANEP. El mecanismo propuesto para asegurar el carácter autónomo y público de la entidad reguladora es que el gobierno nombre directivos, pero que no sean ni ministros, ni dirigentes partidarios, ni funcionarios de elección popular; y que ANEP nombre directivos, pero que no pueden ser dirigentes de las gremiales empresariales ni personas vinculadas a empresas que tengan interés comercial o industrial en el agua. Ambos, el Estado y el sector privado, tendrán que nombrar personas idóneas por su capacidad técnica y administrativa. Ni el gobierno de turno, ni mucho menos una gremial empresarial tendrá control de la Autoridad Hídrica.

Entonces, ¿cuál privatización? ¿Cuál necesidad de armar cruzadas? ¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados (como en cualquier otra entidad autónoma: Seguro Social, Superintendencias, CEPA, CEL) directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

Vea también:
Carta: Espero que nunca nos topemos con terroristas

(El Diario de Hoy)


Carta a los amigos y enemigos de Vanda Pignato: Ni elevarla a heroína ni victimizarla

Tienen razón de cuestionar la orden de detención de Vanda Pignato. Ni siquiera la fiscalía la había solicitado, tomando en cuenta su estado de salud. Las bartolinas y los penales de El Salvador están repletos de personas bajo detención provisional esperando sus juicios, y muchas de ellas padecen de serios problemas de salud, que se agudizan por las pésimas condiciones de su detención. Este hecho no es razón para pedir a gritos que también la señora Pignato se pudra. Es una razón imperativa de exigir que en este país se revise la mala práctica de tomar la detención provisional como regla – y las medidas alternativas como excepción y privilegio.

La detención provisional no es un instrumento de castigo. No lo puede ser, porque la Constitución garantiza la presunción de inocencia de las personas mientras no estén vencidos en juicio. La detención provisional solo tiene dos propósitos: garantizar que el acusado no se fugue; y evitar que manipule u obstruya las investigaciones. Ambos propósitos se pueden cumplir con medidas alternativas a la encarcelación, y solo en casos excepcionales se justifica que un procesado pase detenido los meses (o a veces años) que esté esperando su juicio.

Pero en El Salvador es al revés, y esto es el problema de fondo. Hay miles de casos comparables al caso de Vanda Pignato. Estos miles, igual que la ex primera dama, tienen el derecho a no sufrir castigo antes de ser condenados, y por supuesto el derecho a salud y acceso a los tratamientos adecuados.

Si Vanda Pignato es culpable o no de los delitos que la fiscalía le imputa se determinará en el juicio. Mientras no esté condenada es razonable concederle libertad condicional o arresto domiciliario, igual que en muchos casos de los cuales nadie habla.

Nuestro comportamiento frente a estos casos tiene que ser independiente de nuestras simpatías políticas o personales con los afectados. Yo no tengo simpatía de ninguna clase con Vanda Pignato, para mi ha sido símbolo de la misma arrogancia y bolencia de poder de Mauricio Funes – pero menos aun tengo simpatía con los gritos que piden que se pudra.

Igualmente me chocan los que ahora se solidarizan con ella. Ya dije: tienen razón en exigir que se le trate dignamente y no con castigo anticipado. Pero no comprendo la hipocresía de los líderes del Frente que quieren convertir a Vanda Pignato en heroína encima del bien y del mal – y en víctima de tramas de venganza y persecución. La señora fue parte integral y no circunstancial del círculo de poder y derroche de su marido. Su prepotencia afectó incluso a muchos de los funcionarios públicos que ahora derraman lágrimas de cocodrilo por ella. Fue un error político del FMLN haberla mantenido en su segundo gobierno, así que fue error no haberse desmarcado a tiempo de Funes.

El hecho que hoy Vanda Pignato esté enfrentando investigaciones penales no se debe a tramas de venganza de la derecha, sino a su propio comportamiento. Tiene el deber de enfrentarlas – y el derecho de enfrentarlas en condiciones dignas, aunque estas condiciones dignas se están negando sistemáticamente a miles de acusados anónimos.


El caso de Vanda Pignato no es para crear una heroína y víctima, ni para derramar sobre ella solidaridad hipócrita. Es para revisar en serio nuestro sistema penal y las inhumanas condiciones de detención que convierten la detención provisional en un castigo inconstitucional.

Saludos,

(MAS! / El Diario de Hoy)


Ojalá la última carta sobre el ‘caso Daniel’: ¡Ojo al Cristo, colegas!

Estimados colegas:
Parece mentira que todavía tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. El bicho comprobó que la primera acusación contra él -de drogas- fue trampa de dos policías, y ellos tuvieron que enfrentar juicio por manipular pruebas.

Mañana termina el segundo juicio contra Daniel, esta vez por extorsión. En esta vista pública, ante los ojos del juez, se cayeron todas las pruebas de la fiscalía – pero esto extrañamente casi no se reflejó en los medios. Siguieron copiando los relatos de la fiscalía.

Colegas, si no pusieron atención al desfile de los testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa, que abrieron grandes hoyos en la narrativa acusadora, vayan mañana al cierre de la vista pública, y pongan atención a los alegatos finales. Se darán cuenta que el caso ya se cayó bajo el peso de mentiras de policías testigos, negligencias de la fiscalía, y testimonios de los mismos peritos que llamaron los fiscales.

• El álbum fotográfico que presentó la fiscalía, con fotos que supuestamente demuestran la participación de Daniel en la extorsión, resulta inválido como prueba, porque carece de los sellos y firmas que certifican la autenticidad de fotos y fechas. El mismo fotógrafo de la PNC dijo al juez que no puede certificar nada. Ni siquiera que tomó las fotos.

• El video de la supuesta recepción de dinero por parte de Daniel no aporta nada. El mismo perito de la fiscalía dijo que no logra distinguir ni personas específicas, ni el objeto que supuestamente fue entregado – según la FGR el dinero recibido por Daniel.

• Dos habitantes de Altavista testificaron que a la hora que según PNC y FGR Daniel estaba recibiendo el dinero en Plaza Mundo, estuvieron con él en el Complejo Deportivo de esta colonia, y que vistió un suéter blanco.

• El sujeto en el video viste suéter negro, y en la foto que hizo la PNC en su posterior detención, luego de supuestamente seguirle desde Plaza Mundo a la Cima de Altavista, Daniel viste un suéter blanco.

• Lo más extraño: La misma víctima testificó que nunca recibió ninguna comunicación de demanda de dinero. Le habían mandado un celular, al cual supuestamente le iban a llamar para negociar, pero nunca recibió esta llamada.

• La única conversación con los extorsionistas se generó cuando el agente encubierto de la PNC los llamó desde el celular que habían mandado a la víctima. ¿Cómo pudo el agente saber a qué número llamar, si ni la víctima ni él habían recibido una sola llamada de los extorsionistas?

• Según la PNC decomisaron a Daniel un celular (él lo niega) al momento de su captura, poco después de la supuesta entrega en Plaza Mundo. La defensa pidió los datos de las llamadas recibidas y salientes de este celular, y su ubicación geográfica. La FGR consiguió estos datos, pero resulta que el celular estaba inactivo durante todo el día en cuestión, el 4 de enero 2016. Pero en el video que según la FGR demuestra la recepción del dinero, se ve al sujeto que ellos dicen que es Daniel (aunque el perito dice que no lo puede certificar) hablando varias veces por celular. ¿Será que el video no es de este mismo día, o que el sujeto que habla por celular no es Daniel, ya que el celular que dicen haber decomisado a él no tuvo llamadas, ni salientes ni entrantes el día 4 de enero?

¿Cómo pueden los fiscales sostener su acusación, luego de que estas pruebas se les cayeron? La única explicación es que no solo los policías, sino también los fiscales actuaron con malicia y venganza contra Daniel, luego de que en el primer caso los hizo ver tan mal. Como siempre he dicho, el caso Daniel en realidad es un ‘caso PNC’, y lamentablemente también un ‘caso FGR’.


Espero que sea la última vez que tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. Y en la vista pública final, ojo al Cristo, colegas…

Saludos,

Lea también los antecedentes:


Algo anda mal en Altavista


Carta al director general de la PNC:
Está en sus manos corregir una injusticia


Carta a la fiscalía general: Del ‘caso Daniel’ al ‘caso FGR’


Carta a Daniel, el sospechoso de todo

(MAS! / El Diario de Hoy)