Carta sobre el Chaparral: La primera prueba para el gobierno. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 17 agosto 2019

La del Chaparral es la primera crisis que enfrenta el gobierno Bukele. Obviamente, el estado desastroso de este megaproyecto es culpa de los gobiernos anteriores y sus decisiones en el ámbito de la política energética. La historia del Chaparral es una mezcla de políticas erróneas, incapacidad de gestión y corrupción. El factor corrupción ya está siendo investigado por la fiscalía – y tiene que ver con la última vez que la construcción de la presa se paralizó, y cómo el gobierno de Funes manejó esta crisis: pagando 30 millones de dólares extra a la empresa constructora que había abandonado el proyecto. El porcentaje acostumbrado de 'comisión' sobre esta ‘indemnización’ terminó en cuentas panameñas relacionadas a Mauricio Funes... y al fin en el Spa de su amante.

Hoy, seis años más tarde, nuevamente el proyecto Chaparral está paralizado, por una disputa entre la CEL y la empresa rusa que instala las turbinas. El presidente Bukele dijo en Twitter: “Creo que es mejor detenerlo.”

En un caso tan delicado, donde cualquier decisión que se tome nos costará cientos de millones de dólares, es totalmente inapropiado e irresponsable que el presidente de la República emita lo que él ‘cree’. 700 millones de dólares (esta es la cifra que el mismo presidente manejó en twitter sobre el costo que está alcanzando el proyecto Chaparral) no son asunto de creencias, sino que requieren información sólida y análisis de las diferentes opciones de solución y sus respectivos costos y beneficios.

Aunque este gobierno no ha creado el problema, sí es su deber enfrentarlo y construir la mejor salida. La actual parálisis del proyecto ya es responsabilidad exclusiva de la nueva administración de CEL. El problema es que el gobierno Bukele no ha instalado en la CEL un equipo gerencial capaz de responder a este tipo de problemas y crisis. 

Este es el primer caso donde al gobierno se le pasa factura su negativa de usar los 4 meses entre su elección y su toma de poder para una transición ordenada. El presidente, antes de resultar electo, hubiera tenido que tener a la mano un concepto de política energética, un diagnóstico de las debilidades y riesgos en la CEL, incluyendo del proyecto Chaparral – y un equipo profesional que iba a asumir la conducción del sector energético a partir del 1 de junio, luego de un proceso exhausto de traspaso de información y estudio de opciones concretas.

Nada de esto pasó. No hubo proceso de transición entre la administración saliente de CEL y la nueva. Luego de asumir el poder, el presidente nombró en las instituciones y empresas estatales del sector energético a personas sin conocimiento, sin planes, sin capacidad. El primer presidente de CEL nombrado por Bukele, William Granadino, tiró la toalla a las seis semanas. El mismo presidente admitió que Granadino no se sintió capacitado para el cargo. Lo sustituyó en julio Daniel Álvarez, el recién nombrado director ejecutivo de CEL, que todavía estaba tratando de ubicarse en su nuevo trabajo. En todos estos meses perdidos, nadie atendió las señales que ya anunciaban la crisis con el proveedor ruso que reclamaba decisiones por parte de CEL sobre pagos, plazos, pólizas de seguro para los equipos multimillonarios, etc. Pasaron plazos fatales y nadie hacía nada, porque nadie entendía la problemática...

Estos ya son irresponsabilidades del nuevo gobierno. Uno aspira a gobernar para resolver los problemas que el gobierno anterior no pudo resolver. Uno llega a Casa Presidencial (o a la presidencia de la CEL) conociendo de antemano los problemas y armado de las soluciones. 

Siendo las cosas así, ¿en base de cuáles datos, informaciones, proyecciones y análisis el presidente de la República va a tomar la decisión de suspender o concluir la construcción del Chaparral? Es obvio que ninguna de las dos opciones nos vendrá barata. Suspender un proyecto, en el cual el Estado ya invirtió más de 400 millones, fácilmente costará sumas adicionales iguales o más altas que terminar su construcción, porque las empresas contratadas nos van a demandar en costosos procesos de arbitraje.  

Parece que el gobierno tiene la tentación de suspender el proyecto y echar la culpa al FMLN. Como campaña política para destruir al adversario le puede funcionar, ¿pero funcionaría como política del Estado? No. 

Y no vengan a echar la culpa a los pobladores de la zona del Chaparral, quienes están cerrando el paso de camiones al sitio de construcción, reclamando los beneficios sociales y comunales que gobiernos anteriores les prometieron en el contexto del proyecto de la presa hidroeléctrica. Esto no es ninguna razón para suspender el proyecto. Lo pueden resolver negociando con las comunidades. Lo que están reclamando son las mismas cosas que el gobierno Bukele está ofreciendo en todas partes del país: carreteras, escuelas, casas comunales, canchas... Y si no, igual lo pueden resolver con la policía abriendo los accesos bloqueados. 

El proyecto Chaparral no está paralizado por las manifestaciones de unos campesinos, sino por la incapacidad del gobierno a analizar el problema y tomar decisiones.

Saludos,

Carta a los generadores de opinión: No se dejen manipular tan fácil. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 15 agosto 2019

Un tuit del presidente – y el tema de todos los talk shows y tertulias es la CICIES. Tan fácil nos dejamos manipular. Tan fácil permitimos al gobierno cambiar de tema: alejar la atención del asunto de las declaraciones de patrimonio que 56 de los 64 funcionarios principales del gobierno (incluyendo presidente y vicepresidente) no han presentado a la Sección Probidad, como por ley están obligados - y en vez de esto ponernos a hablar de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), que prometió instalar Bukele en los primeros 100 días de su mandato.

El tema es absurdo por dos razones. Primero, no es un gobierno que puede 'instalar' en un país una Comisión Internacional. No es asunto de conseguir e instalar, sino de construir. Segundo, es imposible hacerlo en 100 días.

Un gobierno o un presidente puede ser la instancia que propone un organismo de este tipo, pero para hacerlo realidad se necesita llegar a acuerdos con los otros órganos del Estado, sobro todo Asamblea y Fiscalía. Y para que una CICIES pueda tener un mandato incuestionable y realmente encarar a los poderes que tendrá que investigar, necesita anclarse en un amplio acuerdo nacional: partidos, gremios de empresarios y trabajadores, iglesias, universidades, organizaciones civiles y de profesionales. Este consenso hay que construirlo, no se puede delegar al vicepresidente que lo saque del sombrero. Igual de complicado será construir el acuerdo con la comunidad internacional que tiene que financiar, legitimar y conducir el organismo. Y los organismos internacionales no apoyan proyectos del gobierno, solo proyectos del país entero.

Faltando sólo 3 semanas para que acaben los primeros 100 días del gobierno Bukele, escuchamos al fiscal general Raul Melara decir que a su institución nadie la ha consultado cobre ninguna CICIES. Hay que saborear esto y entender lo que significa: sea lo que sea lo que ha hecho el gobierno (en especial Félix Ulloa) en sus primeros 3 meses, no han dado ni siquiera los primeros pasos necesarios para instalar una CICIES. El primer paso, por lógica y por Constitución, tiene que ser ponerse de acuerdo con el fiscal general. Sin la fiscalía no se puede comenzar a hacer el diseño de una CICIES, ni del convenio que le de vida legal. Sin la fiscalía no habrá una CICIES que quepa en nuestro orden constitucional. Punto.

Esto hay que decirlo así de claro, porque nos quieren dar paja. Quienes anuncian una CICIES, pero sin dar los pasos necesarios para construir los acuerdos nacionales e internacionales para crearla, obviamente tienen otras intenciones. No les importa realmente la labor independiente y profesional de una Comisión que ayude a investigar y perseguir la corrupción. Su interés es otro: proponer un mecanismo inaceptable, y luego explotar el hecho que los otros órganos del estado (Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, Asamblea Legislativa) no lo avalan así no más, sin pasar por una seria negociación sobre el concepto de la CICIES, para nuevamente movilizar el descontento popular contra la institucionalidad del país y la oposición que supuestamente no dejan al gobierno combatir la corrupción.

La CICIES, para Bukele, es el joker en su jugada populista. Lo saca de la manga cuando lo necesita. No le hagamos caso. No aceptemos el juego. 

Saludos,

Por un Presupuesto enfocado en resultados. De Carmen Aída Lazo

Carmen Aída Lazo, decana de Economía de la ESESN,
ex candidata a la vicepresidencia

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 14 agosto 2019 

Decía el economista Milton Friedman que uno de los mayores errores consiste en juzgar las políticas y programas de los gobiernos por sus intenciones, en lugar de hacerlo por sus resultados.

En las últimas décadas —y con el afán de ganar mayor legitimidad ante la población—, los gobiernos de muchos países han ido adoptando políticas públicas diseñadas con un enfoque que prioriza el logro de resultados. Es lo que se ha venido a conocer como “políticas basadas en evidencia”. Se trata de un enfoque principalmente promovido por organismos internacionales y agencias de cooperación que busca definir con claridad y precisión los objetivos y metas de las políticas estatales, así como llevar a cabo una cuidadosa medición de los resultados obtenidos. La idea central es que, aplicando un método riguroso y analítico, se lograrán ir construyendo políticas públicas que brinden mejores bienes y servicios a la población. Se afirma que, al recurrir más a evidencia, a datos, despojamos —al menos parcialmente— a los programas gubernamentales de una discusión excesivamente subjetiva y muchas veces ideologizada, ayudando así a construir políticas más robustas.

De esta manera, un gobierno que tiene una visión clara de las necesidades más apremiantes de la población se dará a la tarea de diseñar programas en los que exista una conexión causal clara entre las prioridades, los objetivos que pretende alcanzar y las intervenciones estatales. Al recurrir a un enfoque que privilegia la evidencia, en lugar de preguntar ¿cuánto fue el presupuesto que se destinó a X o Y intervención?, el énfasis de las preguntas se formula en términos de resultados: ¿cuáles son las intervenciones o programas más efectivos para reducir la deserción escolar? ¿Cuál es el impacto —en términos de dinamización de la economía— de la construcción de una nueva calle en una determinada zona? ¿Qué tan efectiva fue una campaña de salud? ¿Qué tan eficaz es un determinado programa de formación en mejorar las oportunidades laborales de los beneficiarios?

En definitiva, esta orientación hace más transparente y eficaz la gestión gubernamental, y de ahí el llamado a que busquemos impulsar su adopción progresiva en nuestro país. El Salvador tiene aún mucho camino por recorrer para contar con programas y políticas eficaces que transformen positivamente la vida de los salvadoreños. Necesitamos que la decisión de eliminar, mantener o modificar un programa gubernamental sea tomada a partir de una valoración objetiva de su impacto, en lugar de depender exclusivamente de la opinión y percepciones de los funcionarios a cargo de su implementación. A manera de ejemplo, el programa más popular de los últimos años ha sido la entrega de paquetes escolares. Sin embargo, el programa se implementó sin una estrategia para medir su impacto.

Dada la ausencia de metas concretas y medición de resultados en muchos programas gubernamentales, el Presupuesto de la República se constituye en la herramienta que refleja la expresión de las prioridades de políticas públicas del país. El presupuesto asignado a una política o programa —y su nivel de ejecución— usualmente es utilizado como indicador de la relevancia que tiene para el gobierno en turno.

Y es por eso que resulta importante que los ciudadanos nos familiaricemos con algunos aspectos básicos del Presupuesto, pues su análisis y discusión no debiese estar reservado únicamente a los economistas y/o expertos en dicha temática. Es por esa razón que resulta fundamental comprender la distribución de recursos plasmada en el mismo. Entonces, ¿qué nos es recomendable saber sobre el Presupuesto? A continuación, algunos elementos:

1. Responsabilidad. La elaboración del Presupuesto corresponde al poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. Este lo presenta para aprobación de la Asamblea Legislativa en septiembre de cada año. Si el Presupuesto no implica endeudamiento para el país, basta para su aprobación con la mayoría simple (43 votos); caso contrario, requiere mayoría calificada (56 votos). Es importante señalar que los diputados no pueden incrementar el monto del Presupuesto enviado por Hacienda.

2. Transparencia. La Encuesta de Presupuesto Abierto de la International Budget Partnership (IBP) coloca a El Salvador entre los países que brinda información presupuestaria limitada. De hecho, El Salvador se ubicó en 2017 en la última posición entre los países de Centroamérica en términos de la participación pública en el proceso presupuestario. Esto significa que aún hay mucho por hacer para que el país avance en la transparencia de las finanzas públicas . Un paso pendiente y trascendental en esta línea sería la eliminación de la partida de gastos reservados (mejor conocida como partida secreta), pues ningún gasto público debe quedar al margen de los mecanismos de fiscalización.

3. Magnitud. El gráfico muestra la evolución de los gastos e ingresos del Estado en los últimos años. En la última década los ingresos aumentaron, pasando de 4,000 millones en 2008 a poco más de $6,000 millones en 2018, mientras que los gastos han aumentado en cerca de $2,150 millones —un 50%— en el mismo período. Dado que los gastos han superado a los ingresos, el país ha mantenido déficits fiscales, que se traduce en mayores niveles de endeudamiento. De hecho, el tamaño de la deuda pública total pasó de $9,700 millones en 2008 a casi $19,000 millones en 2018, equivalente al 72% del PIB del 2018. (Ver gráfica adjunta).

Fuente: Banco Central de Reserva Las variables se expresan en dólares corrientes. Los datos de 2018 son preliminares.

 4. Composición del gasto. De cada dólar de gasto público, aproximadamente 42 centavos se destinan al pago de salarios de empleados públicos, 17.5 centavos a bienes y servicios, 15 centavos al pago de intereses. Solamente 11.5 centavos se destinan a inversión. El gasto que más ha aumentado en la última década es el costo de la planilla, el cual ha crecido en cerca de $1,000 millones, superando los $2,600 millones en 2018. Hoy en día, El Salvador es uno de los países de América Latina donde los salarios representan el mayor porcentaje del Presupuesto.

5. Calidad del gasto. Es posible y necesario mejorar sustancialmente la calidad del gasto del Estado. El Informe del BID titulado “Mejor gasto para mejores vidas” plantea que hay que ir más allá de la discusión estándar entre aumentar impuestos o recortar el gasto, y sugiere que los países de América Latina se enfoquen en “gastar mejor cambiando de un gasto despilfarrador e ineficiente a un gasto eficiente que contribuya al crecimiento sin agudizar la desigualdad” . Estimaciones presentadas por los autores en dicho informe ubican a El Salvador como el segundo país con mayores ineficiencias técnicas (es decir con mayores niveles de despilfarro gubernamental), solo superado por Argentina. La estimación para el caso de nuestro país alcanza el 6.5% del PIB, mientras que en Argentina llega al 7.2 y el promedio de América Latina se estima en 4.4%.

Visto todo lo anterior, es necesario que el Gobierno tome la decisión de migrar hacia un “Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados” que permita una mejor articulación del Presupuesto con los objetivos del Estado. De esta manera, en lugar de medir el éxito de un programa por cuánto se gastó en él, se mediría por lo que efectivamente se logró en términos de provisión de bienes y servicios.

Sin embargo, y pese a que El Salvador ha recibido en los últimos años apoyo de la cooperación internacional para pasar a un presupuesto por resultados, el Ministerio de Hacienda ha postergado su puesta en marcha, minando con ello la posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público.

En septiembre la nueva administración enviará el Presupuesto 2020 a la Asamblea Legislativa y entonces tendremos más elementos para valorar sus prioridades y conocer si deciden adoptar medidas que lo doten de mayor transparencia y eficacia. Dejaremos para otro artículo la tarea de analizar la estructura tributaria.

1 Algunas recomendaciones específicas que plantea la IBP pueden encontrarse en: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/el-salvador-open-budget-survey-2017-summary-english.pdf

2 Al respecto ver “Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos” (BID, 2018).

Carta a monseñor Fabio Colindres: Tu pecado. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 13 agosto 2019

Estimado Fabio:
De repente, el malo de la semana sos vos. Y te caen los odios y resentimientos, que tanta gente tiene guardados.
Unos periodistas mal intencionados sacaron unas notas que exhiben los montos de la pensión que vas a recibir del IPSFA al cumplir tus 30 años en la Fuerza Armada. No es que esto no sea un tema que el periodismo no puede tocar. Pero las notas que salieron no son informativas, no explican el papel de un obispo castrense; no explican que en casi todos los países occidentales existen convenios entre la Iglesia y el Estado que regulan el trabajo de los capellanes y obispos castrenses, incluyendo sus rangos militares y sus respectivos salarios y pensiones. Los periodistas, sabiendo que el tema de las pensiones es un tema sensible en una sociedad con tanta desigualdad e injusticia social, sólo publican los montos de salario, indemnización y pensión mensual que te tocan al pensionarte con rango equivalente a general.

Un amigo, periodista y editor caracterizó estas notas como “character assessination”. Tiene razón, porque no aportan la información completa que sería necesaria para evitar que se provoque resentimientos y otras reacciones que nacen de información incompleta. Para colmo, al final de las diferentes notas se mencionó que monseñor Fabio Colindres fue mediador de “la tregua” y colaborador del general David Munguía P. ¿A qué invita esto, si no a que se entienda que esta pensión tan alta (más de $3,000 al mes) es una compensación por su rol de mediador?
Bueno, por lo menos conocemos tu pecado: tu rol en “la tregua”.

Resultado: los lectores se imaginan que el monto de la pensión tuya es resultado de un acuerdo político y no del cálculo técnico del IPSFA, tomando en cuenta tu tiempo de servicio, tu rango y otros factores que la ley define.
Entiendo que hay sólo una forma correcta de calcular una pensión y que no es sujeta de decisiones arbitrarias o de favores. Lo que en este caso correspondería al periodista es averiguar si el cálculo está conforme a la ley. Si lo es, ya no hay nada que agregar: esto es lo que por ley toca pagar. Si no lo es, el periodista sí tendría una noticia y todo el derecho de difundirla y exigir explicaciones. Otro tema que el periodista podría haber escogido es si es justo y sostenible un sistema de pensiones con diferencias tan marcadas en lo que los pensionados reciben. Pero esta ya no sería una historia sobre Fabio Colindres, quien ciertamente no es responsable del estado de nuestro sistema de pensiones…

Igual falló el Gobierno. Viendo el alboroto en redes sociales, donde todo el mundo, indistintamente de colores políticos, comenzó a cuestionar la honorabilidad tuya, la Secretaría de Prensa de la Presidencia se vio obligada a difundir un comunicado. ¿Qué sería lo que le toca a un gobierno en este caso? Mandar a revisar técnicamente el cálculo de la pensión cuestionada y, dependiendo del resultado, o modificarlo o confirmarlo públicamente.

¿Qué hizo nuestro Gobierno? Dijo que no tiene nada que ver, que tal cálculo se hizo en abril, bajo el gobierno anterior… Mensaje entendido, secretario de prensa “Brozo” Sanabria: el anterior gobierno fue corrupto; por tanto, que cada uno se imagine el chanchullo que el exministro de Defensa hizo con la pensión de Fabio Colindres, su co-conspirador en “la tregua”. Y cada uno en Twitter se imaginaba…

Así no se vale jugar cobardemente con el prestigio de un hombre que tan bien ha servido a la Fuerza Armada y al país. Hay que exigir que el ministro de Defensa explique cómo se calculó la pensión de monseñor Fabio Colindres y que se acaben las insinuaciones…

Tuve la suerte de trabajar a la par tuya durante todo el proceso mal llamado “la tregua”. En situaciones tan delicadas y exigentes uno conoce bien a los hombres. He expresado en varias columnas y cartas mi respeto por ti como religioso, como hombre y como luchador por la paz y la justicia. Recibirás la pensión que te toca por ley y seguirás trabajando, como Obispo de San Miguel, para tu gente. 

Así que no te dejés impresionar por los resentimientos y las manipulaciones. 

Saludos,

México necesita una Guardia Nacional realmente civil. De Catalina Pérez Correa

El nuevo cuerpo de seguridad no fue concebido como un organismo militar, aunque en la práctica lo sea. Continuar así puede poner en riesgo el legado de López Obrador.

Una mujer guatemalteca le pide a un miembro de la Guardia Nacional de México que la deje cruzar a Estados Unidos en Ciudad Juárez.CreditCreditFoto: José Luis González/Reuters

Publicado en THE NEW YORK TIMES/español, 8 agosto 2019 

OAXACA DE JUÁREZ, México — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho de la Guardia Nacional uno de los bastiones de su plan de seguridad para enfrentar los índices históricos de violencia en México. Sin embargo, en el acto en el que se inauguró oficialmente, el 30 de junio de este año, quedó claro que este nuevo cuerpo de seguridad será, ante todo, militar. 

Flanqueado por el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de la Marina, López Obrador recorrió en un vehículo Campo Marte. Atrás, en un segundo plano, viajaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien, conforme a la ley, tiene el mando de la Guardia. El auto avanza ante filas de soldados que han cambiado su uniforme verde olivo por uno blanco con camuflaje gris. Nada en la imagen dice civil.

A pesar de que la nueva institución se estableció en la constitución mexicana explícitamente como un organismo policiaco y civil, en los hechos es militar. El armamento, el personal, el entrenamiento y los mandos de la Guardia son castrenses. Al construir un nuevo cuerpo militar para actuar en materia de seguridad pública, López Obrador está optando por la continuidad de las fracasadas políticas de seguridad pública de los dos gobiernos anteriores. Con ello, AMLO no solo pone en juego la credibilidad y legado de su gobierno, sino también los derechos humanos de los mexicanos y de todas las personas que transiten por este país.

La falta de capacitación de los miembros del ejército en seguridad ciudadana y la impunidad que históricamente ha existido para las fuerzas armadas mexicanas hacen que su presencia entre la población civil signifique un riesgo que el gobierno de López Obrador no debe permitir.

Es simbólico que el mismo día en que se inauguró la Guardia, pero cinco años antes, sucedió uno de los peores abusos documentados por parte de militares mexicanos. El 30 de junio de 2014, miembros del ejército mataron a veintidós civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Inicialmente, el procurador de la entidad afirmó que se trató de un enfrentamiento con criminales. Sin embargo, testimonios dados a conocer después afirmaban que se había tratado de ejecuciones de civiles por parte de militares. En su investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que, además se había alterado la escena del crimen —al mover los cuerpos y las armas para que pareciera un enfrentamiento— y se había torturado a las sobrevivientes. A la fecha, ningún militar ha sido sancionado por el homicidio. Este caso permite advertir los peligros que conlleva el despliegue militar, especialmente cuando no existen controles fuertes o mecanismos de supervisión serios.

Pero la Guardia militar no solo representa un enorme riesgo para la población, también insiste en la continuidad de una política que durante doce años ha resultado ser un fracaso. El alza en el índice de homicidios en el país, que este año ha vuelto a romper récord —junio y febrero de 2019 se convirtieron en los meses más violentos en dos décadas— son prueba de que la militarización no funciona. El incremento de violencia está directamente ligado al despliegue militar y a los enfrentamientos que resultan de este. Como señala Benjamin Lessing, experto en conflictos criminales de la Universidad de Chicago, la respuesta militar contra el crimen organizado provoca una escalada de violencia de los grupos delincuenciales y una carrera armamentista imposible de ganar para los gobiernos. La idea de querer solucionar todo tipo de problemas de inseguridad con instituciones federales —en lugar de construir policías y fiscalías locales— tampoco funciona. En su conjunto, la estrategia de desplegar una Guardia Nacional militar es una mala política pública que lejos de mejorar la seguridad implica mayores riesgos para todos.

Las nuevas leyes que regulan la Guardia generan aún más preocupación, ya que dan a los militares más facultades de lo que hizo la controversial Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia hace menos de un año. Entre las 44 facultades explícitas del nuevo cuerpo está la de prevenir delitos, detener a personas, atender víctimas, intervenir comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real (aun sin que exista denuncia de por medio). Sus elementos pueden custodiar centros penitenciarios, utilizar armas —incluso letales— contra quienes participen en manifestaciones, detener a migrantes y asegurar bienes. Todas estas facultades se ejercerán sin controles serios y sin rendición de cuentas de instituciones civiles o del poder legislativo.

Dados los riesgos que esto representa para las libertades y seguridad de las personas, la CNDH presentó recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Pero mientras estos casos se resuelven, la Guardia ya está operando en buena parte del país. Las primeras imágenes que circularon son desalentadoras: militares con la insignia de la Guardia detuvierona familias migrantes, catearon a pasajeros de autobuses y hasta a usuarios del metro de Ciudad de México.

Existen inquietudes legítimas sobre la capacidad de los elementos que integran la Guardia de llevar a cabo tareas de seguridad pública entre la población. La supuesta capacitación para reconvertir a soldados en policías —pero que solo algunos han recibido— dura apenas siete semanas. En este tiempo un soldado entrenado para hacer la guerra debe, supuestamente, quedar preparado para realizar todo tipo de funciones con el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Sin embargo, solo pasaron unos días de sus primeras actividades para que se denunciara el intento de ingreso ilegal a un albergue de migrantes.

La reforma constitucional aprobada para dar vida a la Guardia dio un periodo de cinco años para que el presidente pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” mientras se desarrollan la estructura y capacidades de esta nueva institución. Es decir, la autorización constitucional para usar cuerpos castrenses en seguridad pública es una herramienta complementaria y paralela a la Guardia Nacional, no una autorización para militarizar el nuevo cuerpo policiaco. No es un permiso para hacer de la Guardia un organismo militar, sino una medida para dar tiempo a la construcción de la Guardia como la policía profesional que México requiere.

Si López Obrador quiere que su gobierno represente un cambio, debe apoyar a los municipios y estados en la construcción o reforma de sus cuerpos policiacos a fin de profesionalizarlos. Debe, además, hacer de la Guardia Nacional la policía profesional, civil y con mecanismos de rendición de cuentas fuertes que tanto necesita México.

Catalina Pérez Correa es profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Otra vez las pensiones. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, ex presidenta del Centro
de Estudios Jurídicos CEJ

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 agosto 2019

La pensión concedida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a monseñor Fabio Colindres ha causado malestar en un sector de la población. Tres mil dólares mensuales, en un país en el que las pensiones del resto de trabajadores son de hambre, deben hacernos analizar otra vez la sostenibilidad de este tipo de pensiones financiadas con fondos públicos, así como las reformas al sistema del resto de trabajadores.

En un reporte realizado por la revista “Séptimo Sentido” se describe a las pensiones del IPSFA con un calificativo preocupante: insostenibles. Dichas pensiones son financiadas con fuertes inyecciones estatales que, desde el año 2016, resultan insuficientes, pues los montos solicitados difieren con los asignados en el Presupuesto General de la Nación. Además, son desiguales: las cantidades van desde los $100 a los $3,500, dependiendo del rango. No se puede seguir evadiendo el análisis de sostenibilidad de IPSFA.

Ahora que tenemos la atención e indignación de los funcionarios por el monto de la pensión del capellán militar, también es hora de que se ponga sobre la mesa una discusión seria sobre el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). No podemos seguir bajo la sombra de placebos temporales y de reformas insuficientes en las que siempre salimos perdiendo nosotros, los trabajadores. La última reforma se realizó en el año 2017; en marzo de 2019 ya se discutía la necesidad de volver a realizar otra serie de modificaciones al sistema.

La reforma realizada en el año 2017 a la Ley del SAP, como lo señalé en una columna de esa época, fue para lo único que nos alcanzó en medio de partidos políticos poco dispuestos a sentarse a dialogar y resolver los problemas del país. En ella se incluyó cambios sustanciales al sistema, pero no tocó nada sobre aspectos trascendentales que habrían dado sostenibilidad y seguridad a largo plazo al mismo.

En el 2017 no se abordó la ampliación del número de personas que cotizan a las AFP ni dijo nada sobre el aumento en la edad de jubilación de los trabajadores. En El Salvador solo el 25 % de la población económicamente activa cotiza al sistema de pensiones, a pesar de las grandes responsabilidades que recaen sobre una parte de sus aportes.
Pasan los años y seguimos evadiendo el tema de los años de cotización. La población está viviendo más tiempo y probablemente lo ahorrado no nos alcance para cubrir la totalidad de años de vejez. En la ley se mantiene el requisito de edad de jubilación de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, a pesar de que muchos funcionarios y expertos en la materia están conscientes de que es necesario aumentar esa brecha de acuerdo a la esperanza de vida que ronda en promedio los 72 años.

Ya no podemos seguir conformándonos con retazos de reforma. La última realizada fue técnicamente mediocre ya que no abordó los aspectos fundamentales del problema; su principal logro fue aliviar la carga fiscal del gobierno, una cuestión que no pertenece propiamente al tema de pensiones. Además, nos quedaron debiendo la garantía técnica que nos asegurara que en un par de años lo hecho no se viene abajo.

Ojalá esta nueva puesta en escena del tema de las pensiones sirva para analizar una alternativa que vuelvan sostenibles y dignas –para todos– las pensiones en El Salvador. Aunque los puntos trascendentales que deben abordarse para reformar el sistema de pensiones son impopulares, es algo que debe hacerse. Además, hay que insistir que los ahorros de los trabajadores deben respetarse y no intentar meterle mano como hicieron los gobiernos anteriores.

El Ejecutivo y el Legislativo deben tomar la batuta en plantear soluciones sostenibles y no alargar una discusión realista sobre el tema. Ya no podemos, año con año, estar planteándonos reformas legales al sistema de pensiones.

Activistas a la fuerza. De Cristina López

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 agosto 2019 

El pasado jueves, la agencia estadounidense de inmigración y fronteras (mejor conocida como ICE) ejecutó una redada en el estado de Missouri. La hicieron en plena jornada laboral, en una planta empacadora de comida, porque sin duda el lugar donde se puede encontrar más inmigrantes de una vez es en el lugar de trabajo, haciendo lo que muchos vinieron a hacer a los Estados Unidos por no tener opciones en los países que dejaron atrás: trabajando, no envueltos en operativos criminales o abusando de los sistemas de asistencia, sino contribuyendo activamente a la economía del país en el que muchos han ahora establecido familias, costumbres, hogares. La redada tuvo un recaudo de cientos de inmigrantes detenidos por no tener documentos: alrededor de seiscientos. Las autoridades justificaron los operativos sorpresa en que consistían en una excelente medida para castigar a los empleadores que contratan personal indocumentado y que así ponían sobre aviso a plantas de producción con similares prácticas.

Mientras tanto, en una escuela de la zona, varios niños se quedaron preguntando por qué no venía nadie a recogerlos. Las verdaderas víctimas de las redadas masivas no son los empleadores a los que Trump pretende enseñar una lección: son los miles de niños que viven con la angustia de que a sus padres se los pueden llevar en cualquier momento. Son los niños que se despiden sin saber si su adiós fue el último. Los que crecen temiéndole a las autoridades y aprenden, por lo tanto, a evitar llamar a la policía o a cualquier ambulancia incluso en casos de emergencia o criminalidad porque cualquier paso en falso puede resultar en la disrupción de su familia.

Muchos de estos niños han relatado sus historias en cámara para distintos noticieros. En sus plegarias a las autoridades para que les devuelvan a sus padres, explican también que ninguno de ellos son criminales, que trabajan para que nada les falte, y que aman a este país. Niños de 6 ó 7 años, que no tendrían por qué entender de políticas públicas ni de partidos políticos, forzados a convertirse en activistas de la noche a la mañana para preservar la unidad de sus familias, sin poder tomarse el tiempo para procesar el evento traumático del que acaban de ser víctimas.

Las protestas y críticas obligaron a las autoridades a revertir el curso y en el caso de Missouri, a poner en libertad a alrededor de 300 detenidos por “razones humanitarias”, puesto que de alguna manera había que solucionar la crisis auto-infligida de tener gimnasios escolares abarrotados de niños sin nadie que pudiera ir a buscarlos para llevarlos a su casa. Sin embargo, haber revertido el curso a medias en nada soluciona el verdadero problema: un sistema migratorio complejísimo, carísimo de navegar y diseñado a todas luces para desincentivar la inmigración autorizada.

Y razones para reformar el sistema sobran: muchos de estos niños son ciudadanos estadounidenses y es a estos a los que su gobierno les debe, por pura justicia, una acción que pueda compensar por el trauma al que los continúan sometiendo en nombre de su propia seguridad.

@crislopezg