Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia

Si hubiera podido grabar solo una parte de esta vista pública, hubiera escogido las “últimas palabras” de los acusados. Más que los discursos de los fiscales, más que los 23 testimonios, más que los alegatos de los defensores, estas palabras mostraron lo que está al centro de este juicio: un drama humano de gente trabajadora, con compromiso social y con la justicia, que encuentran sus vidas destruidas, no por sus acciones, sino por el afán de la Fiscalía de ganar un juicio político y mediático contra “la tregua”.

Nunca han hablado los acusados, todos hablaron sobre ellos: los fiscales, sus abogados, los testigos, incluso un pandillero convertido en testigo criteriado. Ellos, como no existían, ni tampoco sus vidas, familias y carreras truncadas. Al fin hablaron.

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El policía: Soy de la segunda promoción de oficiales de la PNC, con un record limpio. Me metí en este proceso por órdenes, con una misión clara: contribuir a que la reducción de homicidios causada por la tregua se sostuviera y garantizar que en todo este proceso no se viole ninguna ley. Expuse mi vida, porque durante 18 meses tuve contacto diario con pandillas, dentro y fuera de los penales, que nunca supieron que era oficial de inteligencia. Hoy la Fiscalía me acusa de asociación ilícita, por el hecho de relacionarme con pandilleros. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

La sicóloga:
La fiscalía me acusa de falsedad ideológica de las evaluaciones que nos tocó hacer de los reos de Zacatecoluca. Las hicimos con apego a la ley. Tuvimos años de conocer los antecedentes de todos los reos. Me agarraron presa, cuando mi esposo estaba en cuidados intensivos, y mis hijas quedaron solas. Tuve que internarme en el psiquiátrico, porque encontré mi vida y mi familia destruidas. Solo hicimos lo que la ley, nuestro compromiso social y nuestros conocimientos profesionales nos dictan. Los fiscales y los peritos que nos acusan ni siquiera conocen cómo funciona un Penal de Máxima Seguridad, nunca han entrado, nunca han hablado con sus internos, pero nos acusan. (La FGR pidió 6 años de cárcel para ella.)

El director de penal:
Es increíble cómo trabaja la fiscalía. Me hicieron un interrogatorio peor que como en el Ejército tratamos a guerrilleros capturados. Me destruyeron 32 años de servicio, soy de los fundadores del penal de Izalco, he capacitado a cientos de custodios. Y ahora estos fiscales me mandan a un “Nalo” (el pandillero criteriado) para acusarme. Lo conozco, estuvo preso en el penal que dirigí, sé que clase de hombre es. He visto cómo actúa, cómo miente, cómo conspira. Y la Fiscalía le da permiso de acusarme. Lo que no les voy a perdonar, señores fiscales, es que tocaron a mi familia. Me dan lástima. Yo solo le pido justicia, señor juez. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

Raúl Mijango no pudo hablar, porque por orden del juez fue internado de emergencia al Hospital de Especialidades del Seguro Social. Conociéndolo, hubiera dicho algo así: Toda mi vida he luchado contra la injusticia, así que esto aquí no me sorprende.

La vista pública terminó. La justicia está en manos del juez.

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Posdata: Es una experiencia nueva para cualquier periodista convertirse en noticia y que de repente todas las cámaras te apunten a vos. Esto me pasó el jueves, cuando estaba sentado escuchando al testigo criteriado y de repente comienza a hablar de mí, acusándome de haber entregado 100 mil dólares a las pandillas. Lo que es falso. Y le doy la razón a los acusados arriba citados: esta Fiscalía es capaz de cualquier abuso.


DECLARACIÓN PÚBLICA DE PAOLO LUERS

En la vista pública del “caso tregua”, hoy la FGR presentó como testigo a Carlos Eduardo Burgos Nuila alias “Nalo”, ex líder de la pandilla Barrio 18-Revolucionarios. Este testigo recibió de la fiscalía “criterio de oportunidad” y aceptó “colaborar” con la fiscalía, a cambio de que le fueron sobreseídos las acusaciones por asesinato y que tampoco fuera imputado por delitos que él mismo confesó. En su mismo testimonio ante el juez confirmó que antes de su captura en el 2016 fue el encargado de su pandilla para coordinar todas sus actividades de extorsión, venta de drogas y compra de armas de guerra. Confesó que coordinó la extorsión a una reconocida empresa de alimentos, y nunca fue imputado por este delito.
Entre otras cosas que testificó, “Nalo” me acusó de haber entregado en enero del 2014 la suma de 100 mil dólares a los representantes de las tres pandillas, con el fin de que en la segunda ronda de las elecciones presidenciales apoyaran a ARENA.
Esto es falso. Es una fabricación que la Fiscalía ha hecho extorsionando a un delincuente para que haga testimonio falso a cambio de impunidad.
La verdad es que me reuní con los representantes de las tres pandillas, a pocos días de la primera ronda de las elecciones presidenciales, con el fin de convencerlos que no negocien pactos electorales con ningún partido, y que cesen su intervención en el proceso electoral. Esto es de conocimiento público, porque yo mismo hice público.
Los mismos pandilleros, entre ellos “Nalo”, me habían informado que antes de la primera ronda electoral habían tenido reuniones con Benito Lara y con Arístides Valencia, y que a través de ellos el FMLN les solicitaba apoya electoral a cambio de que el próximo gobierno iba a revivir el proceso de pacificación. También me informaron que luego de la primera ronda habían tenido una reunión con Salvador Ruano y Ernesto Muyshondt, quienes les pedían que cesaran su intervención en las elecciones a favor del FMLN. Si en estas reuniones con el FMLN y con ARENA se habló de entrega de dinero, no me consta. Nunca me hablaron de esto.
A raíz de esta información decidí hablar con la dirigencia de ARENA y pedirles que se abstuvieran de buscar cualquier tipo de pacto electoral con las pandillas, y que no siguieran reuniéndose con ellas. Me lo prometieron, y les informé que iba a reunirme con los voceros de las tres pandillas para hacerles el mismo planteamiento: que no hagan pactos electorales con nadie; que dejaran que la gente en sus comunidades ejercieran libremente su voto; y que no comprometieran la credibilidad del proceso de pacificación con pactos oscuros con partidos. Tampoco en esta reunión con ARENA se habló de dinero.
Este fue precisamente mi planteamiento en la reunión que se celebró pocos días después con seis pandilleros, dos de cada pandilla. No se habló de dinero, mucho menos hubo entrega de dinero.
Es sumamente preocupante que la fiscalía ponga a uno de estos seis pandilleros, detenido en 2016 y luego convertido en testigo acusador, a que a cambio de impunidad haga falsos testimonios para sostener el caso político y mediático de la FGR contra la tregua y contra la labor que como mediadores hemos hecho para reducir la violencia.
A pesar de disponer de estas declaraciones falsas de “Nalo” desde febrero del presente año, la FGR nunca me llamó a declarar sobre estas acusaciones. Saben que las declaraciones del criteriado no tienen validez comprobatoria. Por esto, en vez de judicializarlas, hoy las introdujeron de contrabando en el actual juicio, donde por cierto no tienen relevancia alguna para comprobar los delitos imputados – con el único fin de atacar la credibilidad de un periodista que ha externado serias críticas a la gestión de la fiscalía.
San Salvador, 10 de agosto 2017
Paolo Luers, periodista
(MAS! / El Diario de Hoy)

¿Otras elecciones fallidas? Columna Transversal

Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la jornada caótica del 1 de marzo 2015, en la cual serví de secretario de una Junta Receptora de Votos. La jornada comenzó a las 3 de la madrugada y terminó a las 7 de la mañana siguiente. 27 horas. En el día, durante la votación, todo iba bien. El caos comenzó cuando iniciamos el conteo. El Tribunal Supremo Electoral no había creado las mínimas condiciones para un conteo correcto, rápido y confiable. Las “mesas” electorales no tenían a mesas, nos hicieron trabajar sobre pupitres de niños, donde ni siquiera cabían los formularios por llenar. Las actas estaban compuestas por papel químico, con 12 copias, de las cuales más de la mitad salieron ilegibles. Ni siquiera había suficientes sillas. Los vigilantes de los partidos tuvieron que turnarse los asientos o sentarse en el piso.

La mayoría de los miembros de las JRV no tenía la suficiente instrucción y los pocos que entendieron cómo contabilizar las marcas por cara y los votos cruzados perdieron horas explicándoles a los demás y enfrentando la desconfianza de los que nunca lo entendieron.

Todos nos acordamos de las consecuencias: No sólo el conteo se alargó hasta la mañana del lunes, sino luego, en el escrutinio final del TSE, cientos de actas resultaron incompletas o incongruentes, miles de votos mal asignados o no contabilizados. Pasamos semanas hasta que recibimos el resultado final y pocos salieron convencidos de que eran correctos.

Desde estas elecciones fracasadas han pasado dos años y medio, pero poco o nada han hecho la Asamblea y el Tribunal para evitar que el caos y el fracaso se repitan. Igual que la Asamblea anterior, la actual no cumplió su responsabilidad de legislar sobre la aplicación del voto cruzado. Las reglas las sigue definiendo el Tribunal Electoral –el mismo que mostró nula capacidad de organizar las últimas elecciones y el escrutinio final de manera transparente, rápida y confiable. En marzo 2015 hubo un consenso de que el magistrado presidente Julio Olivo tenía que ser sustituido: por incapacidad, arrogancia, y parcialidad. El señor continúa al mando del Tribunal y dando declaraciones incoherentes.

Ahora, luego de 29 meses perdidos, nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas que hicieron fracasar las elecciones del 2015 aún no están resueltos: hay falta de financiamiento, por culpa no sólo del gobierno sino también de la Asamblea que aprobó el presupuesto; faltando 6 meses y medio a las elecciones de marzo de 2018, nadie sabe qué tipo de tecnología se va a adquirir para optimizar el conteo en las mesas y luego transmitir y procesar los datos. Lo más probable es que el conteo otra vez se hará de forma manual.

Y se agregó un problema adicional: la Sala sentenció que los miembros de las 10 mil Juntas Receptoras ya no serán seleccionados y entrenados por los partidos, sino que tendrán que ser ciudadanos no afiliados. Nadie sabe de dónde van a salir y cómo los van a entrenar y motivar. Otra vez: la Asamblea tuvo suficiente tiempo para legislar al respecto, pero nuevamente dejó al Tribunal definir las reglas y los mecanismos.

Con la insuficiencia de presupuesto electoral es casi inevitable que las condiciones físicas en las mesas serán igual de insuficientes (para no decir infrahumanas).

La única manera de garantizar un conteo rápido y confiable sería dotar cada mesa con una computadora, adecuadamente programa, que generaría las actas, en vez de llenar a mano infinidad de formularios, luego apuntar los votos haciendo rayas en pizarras y sumarlas con calculadoras. Es poco probable que se dispondrá de las computadoras, de los programas y de gente entrenada para manejarlos. El TSE habla de la compra de escáneres, para digitalizar las actas y luego transmitirlas. Pero escáneres son tecnología del siglo pasado que no ayuda en nada a las juntas a contabilizar los votos y las marcas por cara.

La manera más adecuada de reclutar y entrenar a los decenas de miles de miembros de la Juntas Receptoras hubiera sido mediante convenios con las universidades, pero para esto a Asamblea hubiera tenido que emitir un decreto. Lo más probable es que no habrá suficientes voluntarios y que los sorteos entre ciudadanos resultarán en juntas receptoras que sin la motivación suficiente para este trabajo maratónico -y que muchos de ellos, otra vez, no tendrán la preparación idónea.

Si Gobierno y la Asamblea no garantizan, de manera inmediata, el presupuesto adecuado para las elecciones; si el TSE no adquiere la tecnología adecuada (que por cierto le fue ofrecida); y si no se diseña un mecanismo adecuado para reclutar y entrenar al ejército que necesitan las mesas, está programada otra elección caótica sin confiabilidad en los resultados. La primera vez puede haber sido por accidente e incapacidad, la segunda vez huele a diseño de fraude.
(El Dario de Hoy)

 

Venezuela: ¿Golpe o solución política?


El pasado fin de semana, pasaron dos cosas en Venezuela: el sábado 5 de agosto, un grupo de militares y civiles atacó la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia; y el domingo 6 de agosto, dirigentes opositores y disidentes se sentaron juntos en el Foro de Defensa de la Constitución, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

El primer evento recibió la máximo atención en medios internacionales y redes sociales, el segundo pasó casi desapercibido. Pero el segundo evento, el hecho que opositores y disidentes chavistas dieron el primer paso para formar una alianza para defender la Constitución y restablecer la institucionalidad del país, es el más importante y posiblemente trascendental para el futuro de Venezuela. Lo que puede abrir el camino para salir de la caótica y peligrosa situación no es un golpe militar, tampoco una guerra civil, sino este intento de crear un frente común, amplio y plural entre todos que quieren que Venezuela regrese a la democracia y recupere su capacidad de definir su destino en elecciones libres.

Los dirigentes opositores que participaron en este foro (Henrique Capriles, ex candidato a la presidencia y gobernador de Miranda; Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional al punto de ser abolida por la “Constituyente” de Maduro; y Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular y vocero de Leopoldo López), dejaron claro: No se trata de que los chavistas disidentes que se oponen a la “Constituyente” se pasen a la alianza opositora. Se trata de la posibilidad que unan esfuerzos para defender y hacer valer la Constitución, lo que equivale a producir la salida del poder de Maduro.

Aunque todavía parece muy difícil de implementarla, de repente se vislumbra una solución política a la crisis venezolana. El punto de partida: un acuerdo entre la oposición antichavista y la fracción de chavistas institucionales, que no aceptan la decisión de Maduro y su cúpula militar de resolver la crisis mediante la represión y la ruptura constitucional. No se trata de un acuerdo para gobernar juntos, demasiado los separa ideológicamente para poder pretender esto. Se trata de unirse sólo para restablecer la democracia, la independencia de los poderes y el pluralismo político – para luego medirse en elecciones. Los dos campos no pueden ser aliados, pero sí competir en elecciones y convivir en un país democrático.

Para los chavistas disidentes, sería el único camino para preservar su movimiento como fuerza política en la Venezuela post Maduro. Si el cambio se produce por un golpe de Estado o una insurrección popular, el chavismo se extingue de una vez por todas. Si los chavistas disidentes se convierten en parte de la solución, pueden aspirar a ser parte de una futura Venezuela pluralista y democrática.

Para la oposición, esta solución política posiblemente sería la única forma de derrocar al régimen militarista sin tener que pasar por un baño de sangre.

La conformación de este frente común en defensa de la Constitución y para producir una transición política pacífica (o más bien menos violenta, porque no hay forma de asumir que Maduro y sus militares van a irse voluntariamente) va a encontrar fuertes resistencias: dentro de la oposición hay muchos que verán como una traición negociar con cualquier chavista; y en el chavismo hay muchos que no dudarán de usar la aparato represivo contra los disidentes en sus filas. La fiscal general Luisa Ortega recién destituida por la “Constituyente”, chavista histórica, ya está sintiendo esta amenaza. Sin embargo, en el mencionado foro se sentó a la par de Henrique Capriles, Julio Borges y Freddy Guevara. Igual lo hizo Miguel Rodríguez Torres, ex general de división, ex ministro del Interior de Chávez y partícipe del 4F, el fallido golpe de Estado de Chávez de 1992. Ellos saben que con Maduro y su mafia narco militar en el poder no tienen ningún futuro, a menos en la cárcel haciéndoles compañía a los dirigentes opositores.

La oposición venezolana tiene un enorme reto adelante: en medio del caos y la convulsión encontrar estrategias racionales – pero sin suspender la presión en la calle. El debate real no es si seguir o no con la movilización en la calle, sino ¿Cuál es la solución política, una vez que la calle logre su objetivo de forzar la salida de Maduro y Cia?

Muchos en las filas de la alianza opositora MUD, como María Corina Machado, están cayendo en un romanticismo de resistencia que cae en posiciones de anti política. Se oponen a la participación en las elecciones de gobernadores (lo que llevaría a Maduro a poner 23 gobernadores, cuando ya no tiene fuerza electoral para poner ninguno) – y van a hacer todo que puedan para evitar el surgimiento de un frente común con los chavistas que abandonan a Maduro. Es la hora de la racionalidad y de la política, representada por dirigentes como Henrique Capriles. Hoy más que nunca es válido lo que siempre sostuve: Todo depende de la capacidad de Capriles y Leopoldo López a ponerse de acuerdo y asumir un liderazgo compartido.


Vea el discurso de Capriles en el Foro:




Lea también:
Oposición y chavismo disidente en un mismo foro: ¿qué dijeron?

(El Diario de Hoy/Observadores)


Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa.

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Monseñor Fabio Colindres testificando en la vista pública del “caso tregua”


Al fin llega la hora de la verdad y la justicia. Luego de mucha campaña mediática y política sobre el tema, ayer comenzó ante el tribunal especializado la vista pública en el “caso tregua”.

La Fiscalía General de la República, encabezada por Luis Martínez (ahora preso por fraude procesal) construyó este caso como un juicio político, tratando de penalizar -y así erradicar de una vez por todo del instrumentario político- el diálogo y la mediación como método de enfrentar la violencia que sufre el país. Y el actual fiscal, por más que trató de desmarcarse del gansterismo de la fiscalía de Luis Martínez, en este caso opera exactamente igual: politizando la justicia, tratando de criminalizar una política pública – y como no logra definir como delito la tregua, la mediación y la decisión del Estado de facilitarlas, simplemente porque no son delitos, apuesta a una condena en el juicio mediático. Jurídicamente, ante el juez, sólo imputa a los acusados de delitos menores: principalmente de haber formado una asociación ilícita para introducir ilícitos a penales.

Arrancó con el desfile de testigos de la fiscalía. Los acusados: el mediador Raúl Mijango y 18 servidores públicos que ejecutaron la decisión del gobierno de Mauricio Funes de facilitar la mediación de monseñor Colindres y Raúl Mijango para hacer sostenible el cese de hostilidades entre las pandillas. Luis Martínez y Douglas Meléndez construyeron el caso contra ellos alrededor de 2 testigos principales: el ex director de la PNC, general Francisco Salinas; y monseñor Fabio Colindres (aparte de su estrella: “Nalo”, un dirigente de la pandilla Barrio 18 convertido en testigo criteriado).

Pero ya en el primer día, la fiscalía sufrió un serio revés: Resulta que el general Salinas y monseñor Colindres, ambos llamados por la fiscalía para testificar contra la tregua, la defendieron. Y no sólo la tregua y la mediación como concepto válido y exitoso, defendieron la actuación de Mijango y de Roberto Castillo, el oficial de inteligencia policial asignado por el ministro de Seguridad y el director de la PNC para acompañar y monitorear el proceso de mediación.

Lo más penoso que puede pasar a un fiscal es que sus testigos de cargo se conviertan en testigos a favor de los acusados. Colindres y Salinas testificaron que detrás de la mediación no hubo una asociación ilícita para favorecer a los delincuentes, sino una política oficial del gobierno de reducir la violencia y crear condiciones para la pacificación. Monseñor, citado por la fiscalía para confirmar que Mijango y Castillo introdujeron celulares a los penales, pero en casi dos horas los fiscales no lograron ninguna declaración que sostuviera esta acusación. El general Salinas, llamado para comprobar que el subinspector Castillo actuaba por cuenta propia y en asociación con Mjango, testificó que actuaba bajo el mando suyo y del ministro de Justicia, en una operación de inteligencia montada para monitorear el proceso de la mediación y de la tregua – y precisamente para asegurar que no se cometieran delitos en este contexto. 

Arrancó mal el caso de la fiscalía. Tampoco a los otros tres testigos que presentó este primer día –un miembro del Centro de Inteligencia de la PNC y dos empleados administrativos de la Dirección de Centros Penales- lograron los fiscales arrancar declaraciones que sostienen sus acusaciones.

Un día negro para la fiscalía. Viendo como los tres fiscales interrogaron a sus propios testigos, uno se forma una idea de la reingeniería que el próximo fiscal general tendrá que dar a la Fiscalía General para volverla efectiva. 

El sábado les contaré de los testimonios de otros dos testigos claves: Carlos Eduardo Burgos Nuila alias ‘Nalo’, un jefe de la 18 convertido en testigo criteriado de la fiscalía; y el primer testigo de la Defensa: general David Munguía Payés.

Mientras tanto, no crean todo lo que publicarán los medios sobre el caso. Saludos,
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(MAS!/ El Diario de Hoy)