El señalamiento contra funcionarios, entre ellos el presidente Álvaro Colom, de estar involucrados en un asesinato es una situación muy seria.
Las autoridades bancarias están obligadas a investigar qué es lo que pasa en el interior de Banrural, pues se le acusa nada menos que de lavar dinero.
El nivel de degradación al que han llegado las instituciones del Estado es algo que no se puede tapar fácilmente. Las evidencias acerca de actos de corrupción se han convertido en algo cotidiano.
La acusación lanzada, post mórtem, por el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, en contra de altos funcionarios del Gobierno y de uno de sus financistas, así como de altos ejecutivos del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y de la Fe-deración de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), no es un hecho que deba tomarse a la ligera.
Los señalamientos acerca de que el presidente Álvaro Colom y su esposa Sandra Torres de Colom, el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y el financista y empresario de la construcción Gregorio Valdez, son los responsables de su muerte, es una acusación muy seria, por las repercusiones penales que podría tener.
Rosenberg, en un audiovideo filmado cuatro días antes de su asesinato, ocurrido el domingo, relata haber recibido amenazas por parte de Alejos y de Valdez, quienes habrían contado con la aprobación del mandatario y de la Primera Dama de la nación.
No obstante, a estos acusados se añaden los presidentes de la Junta Directiva del grupo financiero y del Consejo de Administración de Banrural, José Ángel López Camposeco y Fernando Peña, respectivamente, así como el presidente de la Fedecocagua, Gerardo De León.
El asunto toma un matiz bastante trágico, ya que el abogado relaciona su propia muerte con el asesinato de Khalil Musa y su hija Marjorie Musa, quienes fueron acribillados, igual que el denunciante, en una calle concurrida de la capital. Rosenberg sostiene que la muerte de estos dos empresarios está relacionada con un puesto asignado al señor Musa en la Junta Directiva del Banrural, institución a la que acusa de estar penetrada por el narcotráfico y los negocios turbios de los funcionarios del Gobierno.
Ha pasado poco menos de un año y medio desde que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) asumió la administración del país, y en ese período, casi desde su inicio, ha venido de escándalo en escándalo. La descomposición es tal dentro de las instituciones gubernamentales, que se hace necesario reflexionar acerca del futuro de la nación.
Una serie de hechos parecen haber preparado este panorama que estamos viviendo. Están las declaraciones del subjefe de bancada de la UNE, Nery Samayoa, en cuanto a que el Ejecutivo, es decir, Colom, podría disolver el Congreso de la República si no se aprueba el proyecto de “modernización financiera”, iniciativa que no logra alcanzar el consenso entre los parlamentarios y tampoco es visto con buenos ojos por una parte considerable de la ciudadanía.
Además, la declaratoria del Estado de Calamidad Pública, seriamente cuestionada por el sector productivo, pues, ade-más de afectar de manera negativa la marcha de la economía, se restringe, entre otras, las garantías consagradas en el artículo 5 constitucional, el cual permite a los ciudadanos no ser perseguidos ni molestados por sus opiniones.
Ya el mismo presidente Colom ligó el Estado de Calamidad Pública con la aprobación de la reforma fiscal, así que, en ese sentido, no existe duda alguna de las intenciones presidenciales al restringir ciertos derechos constitucionales.
La acusación en contra de los mencionados reviste relevancia por cuanto quien las hizo, en un audiovideo y por escrito, hace señalamientos concretos: “Me han dicho que me van a matar, si no me callo acerca del caso Musa”, narra Rosenberg en el video difundido ampliamente en los medios electrónicos de comunicación. Y, sin tapujos, califica al Gobierno como conformado por “ladrones y asesinos”. “Si están leyendo este mensaje es que yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sandra de Colom”, expresa el ahora fallecido.
En las palabras del abogado, la Superintendencia de Bancos (SB) tiene un gran reto, ya que está diciendo que en el Banrural se está lavando dinero procedente de actividades turbias, como el narcotráfico y la corrupción en las esferas gubernamentales, mediante “la utilización de empresas de papel”.
No sólo la SB, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), está obligada a actuar, de oficio, en la investigación de lo que sucede en el interior del Banrural. También el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, el Organismo Judicial y todas las entidades a cargo de velar por la transparencia, como la Comisión Internacional Contra la Im-punidad en Guatemala (Cicig). tienen la responsabilidad de verificar estas denuncias.
En la medida en que ofrezcan resultados estas instituciones se podrá saber si hay algo rescatable en ellas. Haciendo eco de lo dicho por el ahora asesinado, también el vicepresidente Rafael Espada tiene un papel importante, pues ya no puede seguir jugando el papel de comparsa de tantos desmanes. Ha llegado la hora de las definiciones.
(SIGLO XXI, Guatemala)
