La acusación hecha pública ayer por una grabación filmada por el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, horas antes de ser asesinado, creó la más grave crisis política de la actual democracia del país, porque nunca antes un presidente de la República electo de manera libre había sido señalado de participar de forma directa o indirecta en un asesinato, precisamente el de quien filmó la denuncia, que incluye a la esposa del mandatario y a uno de sus principales colaboradores, así como a autoridades del Banrural, institución bancaria utilizada para muchas de las transacciones del Gobierno.
La reacción gubernativa fue rápida, pero no adecuada. Ante la gravedad de las acusaciones, la posición oficial debió haber sido manifestada de manera directa por el presidente Colom, no por su vocero. Por aparte, las promesas gubernativas necesitan ser cumplidas al pie de la letra: pedir que la Cicig y países o entidades internacionales colaboren en la investigación. No hacerlo tendría efectos devastadores para este gobierno. Sin duda.
Pero el Gobierno de nuevo se equivoca al indicar que sectores interesados en desestabilizar y generar psicosis asesinan a hombres y mujeres, lo cual es cierto, pero es difícil de aplicar en este caso, y que la intención es crear una crisis política y con fines de conspiración. No tiene lógica que una persona como el abogado Rosenberg, conocido por su amplia trayectoria y calidad profesionales, pudiera urdir un plan semejante. Eso significa que a su criterio existieron razones válidas para hacer sospechar su asesinato, que lamentablemente se materializó.
El Gobierno decidió no responder preguntas periodísticas, posición que no se puede mantener. Es necesario que los acusados se refieran públicamente al asunto, seguros de que la Prensa del país sabrá actuar de manera profesional, para no divulgar rumores, sino solo versiones que tengan base o que hayan sido comprobadas. A la solicitud del Gobierno, de que la Prensa actúe de manera profesional, ésta tiene el derecho de pedirle transparencia e información tanto veraz como constante.
Ocurre también que este caso puede significar un parteaguas en el tema de las investigaciones de los crímenes, que en Guatemala quedan impunes en una abrumadora mayoría. El alevoso asesinato del señor Khalil Musa y su hija Marjorie, seguido a los pocos días por la muerte violenta de su abogado, a causa del prestigio de las víctimas, es un hecho que políticamente constituye una manera de desgaste al máximo. Sería terrible, y sobre todo descorazonador, que la ciudadanía se sintiera desamparada al darse cuenta de que el silencio oficial fuera interpretado como una tácita aceptación de las gravísimas acusaciones del video.
(La Prensa Libre, Guatemala)
