La batalla del 2021, a diferencia de elecciones legislativas y municipales “normales”, no es sobre triunfos o derrotas de partidos ni de candidatos, es sobre una sola interrogante: ¿Va Bukele lograr su meta de asumir el control del poder legislativo, o va la ciudadanía procurar que la Asamblea siga siendo independiente del Poder Ejecutivo y que exista un oposición como contrapeso al poder presidencial?
Aparte de las fatales consecuencias para la democracia, este poder concentrado y sin límites tendría un impacto igualmente peligroso sobre la economía (nacional y familiar) y la estabilidad fiscal del país. Viendo como Bukele y su equipo administraron las finanzas públicas cuando todavía funcionaban instituciones que les pusieron ciertos límites y controles, imaginémonos qué no harían teniendo una Asamblea sumisa a Casa Presidencial. El déficit fiscal y el endeudamiento se volverían insostenibles, y ya no habría quién impediría al gobierno a decretar un aumento fuerte del IVA, a confiscar los fondos de pensiones, y posiblemente a volver a circular el colón y comenzar a imprimir billetes. Las consecuencias: más pobreza y el surgimiento de un régimen que, debido a tanta tensión social, ya no se podría sostener sobre el apoyo popular. Pero con la politización de la PNC y la Fuerza Armada ya están preparados a sostenerse mediante la represión y la persecución de opositores y medios de comunicación independientes.
¿Esto suena demasiado dramático? Es dramático, pero corresponde a la lógica inherente al proyecto de Bukele y su proyecto de poder. Con suficiente claridad y persistencia Bukele y sus lugartenientes han mostrado que su meta es remover los obstáculos institucionales, reducir la Asamblea a una oficina que selle y firme sus planes, y destruir a los partidos de oposición.
Todo esto se evita si la ciudadanía, entendiendo lo que está en juego, le niega a Bukele el control de la Asamblea. Contrario a lo que la propaganda de NI GANA nos quiere hacer creer, negarle el control del Legislativo no es un atentado contra la gobernabilidad. El presidente ganó su mandato en elecciones libres y tiene derecho de gobernar. Pero la gobernabilidad democrática que demanda nuestra Constitución está basada en el pluralismo, la división de poderes, y la existencia de pesos y contrapesos. En este sistema, un presidente construye la gobernabilidad mediante el diálogo y la negociación, no con la imposición y mucho menos con la toma de control de los demás órganos del Estado.
Negarle a un gobernante (sobre todo a uno con tendencias tan claramente autoritarias y que ha expresado una y otra vez que no está dispuesto a dialogar con la oposición política) el control de la Asamblea Legislativa no es otra cosa que curarse en salud y consolidar la democracia. El gobierno dice que esto pondría en crisis al país, porque le niega gobernabilidad al presidente. Falso. Pondrá en crisis al proyecto de poder del presidente. Son dos cosas muy diferentes.
Para prevenir una crisis que pondría en peligro la democracia, la estabilidad social y la sostenibilidad económica del país, es nuestro deber elegir una Asamblea que siga siendo independiente. Es nuestro deber ciudadano negarle a Bukele el control total del Estado. Para preservar el pluralismo democrático, el principal logro histórico de los Acuerdos de Paz, los ciudadanos deben fortalecer a todos los partidos dispuestos a servir de contrapeso a las tendencias autoritarias: los partidos tradicionales y los emergentes; de izquierda, de derecha y de centro.
Voten por los mejores candidatos, por los más valientes, no importa de cuál partido. Pero no pueden quedarse en casa, dejando la decisión a otros. Aparte del populismo, la abstención es el otro gran enemigo de la democracia.
