Uno de los primeros grandes temas de discusión y negociación en esta fase de transición será la CICIES. La instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad fue una de las banderas principales de campaña del ahora presidente electo– dentro de su discurso central de denunciar a todos los partidos de la postguerra como corruptos.
Hagamos historia: La demanda de una CICIES no es invento de Nayib Bukele. Surgió con fuerza en la sociedad civil salvadoreña, cuando las instituciones salvadoreñas no estaban dispuestas a romper con la impunidad de los corruptos – y cuando a la vez vimos que en Guatemala, con ayuda de la CICIG, desbancaron y enjuiciaron a un presidente corrupto y su vice. Y nosotros tuvimos una Fiscalía General comandada por un delincuente y extorsionista, una sección de Probidad dormida, una Corte de Cuentas corrompida, y partidos que querían ponerle bozal a la primera Sala de lo Constitucional independiente. ¿Cómo no nos iba a dar envidia la CICIG?
Por tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es:
¿Todavía necesita El Salvador una CICIES? ¿O podemos apostar a la
consolidación de las instituciones propias? Esta discusión hay que
abrirla inmediatamente en toda las sociedad civil, la academia, las
organizaciones civiles y la comunidad jurídica. Y hay que exigir al
gobierno entrante que no impulse ninguna iniciativa unilateral sin tomar
en cuenta esta discusión de la sociedad civil.Y si se llega a la conclusión que siempre es preciso una institución externa independiente de investigación y asesoría para fortalecer a nuestras instituciones jurídicas, la pregunta central sería: ¿Cuál sería el diseño y la misión de una CICIES que realmente cumpla con esta misión?
Aquí algunas tesis iniciales:
El primer imperativo para una CICIES sería su absoluta independencia. Si no es independiente del Ejecutivo y de intereses partidarios, sería contraproducente. Por tanto, el presidente electo tendrá que despojarse de los discursos manejados durante su campaña de una CICIES controlada por el gobierno. Siempre una CICIES nacerá de un convenio entre el gobierno y la comunidad internacional (Naciones Unidas y/o OEA). Pero los términos de este convenio, en cuanto a la misión y los mecanismos de funcionamiento de la comisión, tendrían que ser discutidos y aprobados por la Asamblea Legislativa.
Hay que definir un mecanismo confiable para nombrar al jefe de la Comisión. No puede ser simplemente por acuerdo del gobierno con los organismos internacionales, si para elegir a un magistrado o un fiscal general se requiere mayoría calificada de la Asamblea.
El punto esencial a discutir y definir es la relación CICIES-FGR. La CICIES tiene que fortalecer a la Fiscalía General, no hacerle competencia ni restarle competencias.
Tiene que respetarse el monopolio de la acción penal en manos de la fiscalía. Hay que discutir hasta qué punto esto tiene que incluir las decisiones sobre la apertura de investigaciones penales, y sobre cómo comunicar sus resultados al público. Hay que evitar el populismo judicial y los juicios mediáticos.
Todo esto hay que comenzar a debatir inmediatamente, con seriedad y libre de presiones. Es un asunto demasiado delicado para dejarlo solo en manos de los políticos y gobiernos. Por esto, esta carta va a los activistas, voceros, investigadores de las organizaciones civiles, académicas, y de la comunidad jurídica.
De este debate y su incidencia política dependerá si tendremos una CICIES que fortalezca nuestra institucionalidad o un pelotón de fusilamiento. Y a los diputados hay que decir que no pueden asumir ningún compromiso antes de que este debate haya producido consensos.
Saludos,
(MAS! y EL DIARIO DE HOY)
