Carta a los colegas de El Faro: No se quemen con esta papa caliente

Estimados colegas:
Asumo que el consorcio internacional que administra la explotación periodística de los “Panama papers” tuvo una razón para invitar a El Faro para hacerse cargo de todos los datos relacionados con personalidades, bancos, políticos o empresas salvadoreñas. Asumo además que la razón de escoger a ustedes tiene que ver con la comprobada capacidad investigativa e independiente de El Faro.

Me imagino que están conscientes que asumieron una gran responsabilidad. Ustedes tienen el monopolio para analizar este material, o sea de todos los datos de la firma panameña Mossak Fonseca, sus clientes, la constitución de sociedades anónimas, las transferencias de fondos, la comunicación entre abogados y sus clientes. Nadie más tiene acceso. Exclusivamente del criterio de ustedes depende qué parte de este material se hará público – cómo: completo o parcialmente. Está en sus manos decidir quiénes de los clientes salvadoreños de la firma panameña “hackeada” serán exhibidos y quiénes no.

Mejor hubiera sido, como se ha hecho en otros países, dar acceso al banco de datos a varios medios, para tratar de evitar manejos parcializados. Por ejemplo, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que originalmente recibió el banco de datos invitó a equipos de investigación periodística de dos otros medios alemanes a compartir el trabajo de análisis, selección y publicación.

Además, el Süddeutsche Zeitung SZ estableció una regla: “La SZ no publicará todos los nombres que se encuentran en los Panama papers. En el caso de muchas personas y empresas que se mencionan en los datos, no existe ningún interés público justificado para exponerlos. Este interés sólo existe, cuando hay indicios que se cometió un delito, por ejemplo fraude fiscal. Un ejemplo ficticio: Si un banquero alemán esconde sus propiedades en la isla de Mallorca en una sociedad anónima que no está a su nombre, pero está pagando debidamente los impuestos sobre este patrimonio, no tenemos ninguna razón para publicar su caso.”

Hasta la fecha ustedes publicaron dos casos de los ‘Panama papers’: el de Mecafé, que involucra a Michi, la novia de Mauricio Funes, y a la empresa SUBES, relacionada con el Sitramss; y el caso de la familia Eserski y TCS.

El periódico alemán, el medio líder en las relevaciones sobre compañías y cuentas offshore, aplicando sus criterios arriba citados, con toda certeza hubiera publicado el primer caso, porque hay serias dudas sobre los orígenes de los fondos.

En cambio, el caso TCS, así como está presentado por El Faro, no arrojo indicios de posibles delitos. Yo no digo que no pueden existir, pero ustedes no han logrado establecerlos.

Los monopolios nunca son buenos. Mucho menos en asuntos tan delicados. Sería mucho mejor que ustedes dieran a otros medios nacionales acceso a los datos de Panamá que recibieron. No es sano que dependa exclusivamente de los criterios y filtros ideológicos de un solo medio decidir cuáles son las informaciones relevantes y a cuál persona, político o empresa exponer. Créanme, no es desconfianza específica con ustedes. Siempre es mejor tener mecanismos de control sobre la manera como se selecciona datos tan delicados.

Todos tenemos filtros ideológicos y prejuicios, y mucho los tienen tan torcidos que quienes escribimos tenemos que tener cuidado con qué provocamos. La reacción a los ‘Panama papers’ demuestra que aquí hay muchos que piensan que cualquier persona que mantiene cuentas, inversiones, o operaciones empresariales en Panamá es lavador de pisto o evasor de impuestos

Obviamente, no es así. Cualquier figura legal (cuenta, sociedad, convenios) puede servir para fines perfectamente lícitos o para fines criminales. Tener cuaentas o sociedades en Panamá no es delito. Usarlas para fondos ilícitos es otro cinco, y hay que establecerlo antes de publicar secretos bancarios o de negocios. Como dijo SZ de Alemania: debe existir un legítimo interés público para publicar información obtenida, de manera ilegal, de los archivos de un bufete de abogados.

Espero que ustedes actúen con la máxima responsabilidad. La mejor manera de hacerlo sería compartir los datos

Saludos,
e2b99-firma-paolo 

(Mas!/El Diario de Hoy) 

 

Columna transversal : ¿Algo extraordinario quieren?

¿Medidas extraordinarias quieren para combatir la violencia? Les propongo un par que están perfectamente al alcance del país ejecutarlas, aunque tal vez no de este gobierno, porque requiere de sinceridad, creatividad, flexibilidad. Y requiere de romper con el lastre de nunca priorizar las inversiones sociales, sino al contrario, regarlas sobre todo el país y todos los sectores, para ganar elecciones.

Transformación de guetos

El Consejo Nacional de Seguridad, formado por el gobierno Flores y dirigido por Salvador Samayoa, elaboró junto con el PNUD y con FLACSO el mapa de la pobreza. Luego cruzaron los datos de este mapa con los de la violencia, delincuencia y pandillas. Así el Consejo definió 25 comunidades, la mayoría en el Gran San Salvador, donde estaba concentrado un alto porcentaje de la violencia.

El estudio estableció que en la posguerra, la violencia surge de una situación de guetos, que es un término que más que miseria económica significa marginación social, cultural, y económica -con ausencia del Estado y poco sentido de pertenencia al sistema legal y de valores.

Basado en esos estudios, se diseñó un proyecto de intervención y transformación de barrios donde se generan problemas: El Estado focalizaría inversiones sociales en esas 25 comunidades, dándoles absoluta prioridad. El Consejo planteó: Esta es la mejor inversión en Seguridad que podemos hacer.

Medidas extraordinarias

Salió un catálogo de medidas que podríamos entender como “extraordinarias”, porque ordinariamente han sido abandonados por el Estado -con las consecuencias que ahora vemos. Tan “extraordinarias” que al final el Estado decidió no implementarlas, y fueron engavetadas en los gobiernos de Saca y Funes.

1. Intervención urbanística de los barrios, pero con todo: agua potable, aguas negras, aceras, parques, calles, viviendas, canchas…

2. Intervención de escuelas: duplicar el presupuesto a todas las escuelas que atienden la población de las 25 comunidades, para que puedan funcionar a tiempo completo, reparar sus instalaciones, contratar maestros adicionales, sicólogos, entrenadores, profesores de artes.

3. Intervenir el sistema de salud: Crear en las 25 comunidades los mejores centros de atención de salud.

4. Invertir focalizadamente en las 25 comunidades en formación vocacional, fomento de emprendimiento, atracción de fábricas.

El costo de no tomar medidas

Esto hubiera significado una inversión entre 500 y 1,000 millones de dólares. Nada en comparación al costo que tuvo la decisión de no implementar este proyecto. Al no hacer estas intervenciones y así dejar que brotara y al final explotara la presión social en los barrios, no solo pagamos un costo elevadísimo en vidas, en obstáculos al crecimiento y en oportunidades económicas no aprovechadas, sino también el número de comunidades a intervenir, creció inmensamente. Ya no son 25 comunidades donde está concentrado el problema, hoy son 80 o 100. La violencia creció, las pandillas se expandieron, la ausencia del Estado se generalizó.

Por tanto, el costo de las intervenciones también se cuadruplica. Hoy serán entre 2 y 4 mil millones de dólares. Pero incluso con estos números elevados, sale muchísimo más barato que simplemente seguir igual y esperar que la PNC resuelva el problema.

La apuesta

Si el país decide revisar sus gastos de subvenciones y reorientar 500 millones de dólares al año hacia esta inversión en la transformación de sus guetos, la comunidad internacional nos completaría los fondos.

El argumento siempre es: Esto es prevención, y el impacto sobre la situación de la violencia es a muy largo plazo, solo la represión sirve a corto plazo. No es cierto. Si el gobierno, basado en un gran diálogo nacional incluyente, llega a priorizar sus inversiones en los barrios, esto crearía inmediatamente un ambiente favorable para la reducción de la violencia, porque marca un cambio de rumbo y contenido. Si además gobierno y sociedad saben mostrar que estos programas son sumamente incluyentes, hasta los pandilleros y sus familiares estarían interesados en formar parte de esta transformación –y a insertarse en las nuevas comunidades que surgirán.

Haciéndolas bien, estas intervenciones pueden pacificar las comunidades a corto plazo. Fondos del Estado y privados, ahora comprometidos para Seguridad, podrán liberarse para acelerar la transformación de los barrios.

Van a decir que todo esto es utópico. ¿Y no querían medidas “extraordinarias”, que puedan resolver el problema de la delincuencia y violencia? Para que realmente sirvan, no pueden ser las mismas ideas fracasadas.
(El Diario de Hoy) 

 

Carta al director general de la PNC y al fiscal general

Señores:
¿Qué pasó con la investigación de la masacre de Opico? Ha pasado más de un mes, y el “crimen del año” no está esclarecido. Nadie ha sido acusado. Ustedes dos guardan silencio, y queremos saber: ¿Guardan silencio porque no tienen nada que informar? ¿O guardan silencio porque les da pena?
Digo “crimen del año” por lo horrible: murieron 8 trabajadores de una empresa de servicio eléctrico, por razones que hasta ahora nadie sabe; y murieron además tres campesinos, por la única razón de haber sido testigos.

Pero “crimen del año” también por las consecuencias políticas: Así como la cobarde quema de un bus en Mejicanos, con todo y pasajeros, provocó que la Asamblea aprobara la Ley Antipandillas, la masacre de Opico provocó que la oposición política, a pesar de su crítica permanente de la falta de una política de Seguridad integral, se uniera al gobierno para decretar “medidas especiales”.

Gracias a la masacre de Opico, los partidos de gobierno y de oposición unánimemente aprobaron un decreto que somete a “estado de emergencia” a las 7 cárceles que albergan a pandilleros.

Gracias al terrible impacto que tuvo las masacre de Opico en el sentimiento de los salvadoreños, el gobierno logró una especie de “unidad nacional” contra las compañías telefónicas. Por vía exprés se aprobó -también unánimemente – un decreto que permite al gobierno intervenir las compañías telefónicas si no cortan al 100 % la señal telefónica en los centros penales. Ya el gobierno reporta haber desconectado varias torres.

¿Qué tiene esto que ver con Opico? Bien, desde el primer día, los jefes policiales y el gobierno dijeron, mil y una veces, que la masacre de Opico había sido cometida por pandilleros cumpliendo órdenes provenientes de las cárceles. Toda la maquinaria de “medidas especiales”, “estado de emergencia” y ‘unidad nacional” se comenzó a mover a partir de este “hecho”, de una masacre ordenada desde las cárceles, sólo que hasta la fecha ni la policía ni la fiscalía no ha presentado ninguna prueba de este “hecho”.

El día después de la masacre de Opico la PNC detuvo a 82 personas, acusándolos públicamente de ser pandilleros y de haber participado de la masacre. Pero a los días la Fiscalía mandó a decir al público ninguno de los 82 detenidos será acusado en relación a la muerte de las 11 personas en Opico. Unos fueron liberados, otros fueron acusados por otros delitos o simplemente por pertenencia a una pandilla.

Y ahora les queremos preguntar a ustedes que dirigen la policía y la Fiscalía, respectivamente: Ustedes, como máximos responsables de las investigaciones, ¿qué pasó en Opico? ¿Por qué motivo fueron atacados los 8 trabajadores? Luego de un mes, ya queremos saber más detalle: ¿Quiénes y en cuál cárcel ordenaron la masacre? ¿Por qué vía de comunicación la ordenaron y cómo les consta? ¿Hay grabaciones? ¿Hay testigos? Y si no los hay, ¿cómo les consta a ustedes quiénes ordenaron la masacre?

Y otra pregunta más central: ¿Si ustedes saben quiénes ordenaron la masacre, y de esto tienen pruebas, cómo es que no saben quienes recibieron y ejecutaron la orden? Porque a la fecha no hay detenciones por la masacre, no hay acusaciones, ni de pandilleros dentro o fuera de los penales?

Como consecuencia de Opico, ustedes tomaron la decisión de trasladar a 299 pandilleros presos a un nuevo centro de detención de alta seguridad que acondicionaron en el penal  de Quezaltepeque. Pero ninguno de los 299 ha sido acusado de haber dado las ordenes para la masacre de Opico.

Tampoco ustedes han dado a conocer una teoría que con alguna lógica explicara porqué una pandilla haya decidido atacar y matar a los 8 trabajadores en Opico. Las víctimas no tenía relación con pandillas. La zona de la masacre no se encuentra en disputa entre pandillas. Nadie tiene teoría de un móvil que vincule a una pandilla a este crimen.

Pero sí, la zona de Opico es un conocido centro de operaciones de contrabandistas y traficantes de  cualquier ilícito. ¿Ha encontrado la PNC o la FGR algún indicio que la masacre de Opico tenga relación con traficantes, por ejemplo que estos trabajadores tuvieron la mala suerte de ser testigos de algún operativo de narcos?

Mientras ustedes continúen usando la masacre de Opico para promover su agenda política, pero negándose a informar sobre lo que realmente han investigado, todas estas interrogantes quedarán sin respuestas.

Saludos,
e2b99-firma-paolo 

(Mas!/El Diario de Hoy) 

 

Carta a Enrique Altamirano, editorialista de El Diario de Hoy

Estimado don Enrique:
Su editorial del día lunes 4 de abril (“Cuídese, presidente Santos, de la narcogurrilla roja”) no puede quedar sin respuesta, por el bien del periódico, en el cual tengo el honor de poder escribir libremente mi opinión – periódico que su padre fundó durante la dictadura del general Martínez para abrir espacio de crítica; periódico que usted dirigió durante los años del conflicto armado; y que ahora dirige su hijo Fabricio. Fue Fabricio quien me invitó a mi y otros, que no correspondemos a la línea política tradicional del Diario, a incorporarnos al staff de columnistas y al Consejo Editorial.

Gracias a la visión y el compromiso democrático de sus hijos, el Diario está desarrollando una cultura de tolerancia y debate y un pluralismo tan amplio que perfectamente cabe su voz como editorialista, como la voz de Salvador Samayoa, firmante de los Acuerdos de Paz, y la mía sobre la necesidad de abrir un nuevo diálogo de paz para resolver el problema de las pandillas y la violencia.

Dentro de un pluralismo democrático las diferentes opiniones no simplemente cohabitan, a veces chocan. Bueno, a mi chocó su editorial del día lunes 4 de abril, donde vuelve a dejar claro que usted nunca entendió ni mucho menos aceptó los Acuerdos de Paz como mecanismo, no solo para terminar la guerra, sino para refundar la República, esta vez con todo el espectro político-ideológico incluido.
Los Acuerdos de Paz de El Salvador obviamente tuvieron sus fallas, y es necesario analizarlas y criticarlas. Pero usted los descarta del todo, simplemente porque no le gusta que se haya negociado con los guerrilleros, que usted sigue viendo como terroristas; porque no acepta que los Acuerdos de Paz le abrieron a los guerrilleros la puerta a participar como partido político; y porque mucho menos le gusta que 17 años después el FMLN ganó las elecciones y asumió el gobierno. Y obviamente porque no le gusta como el FMLN gobierna.

Bueno, a mi tampoco me gusta como Funes gobernó y como Salvador Sánchez Cerén gobierna. Pero el FMLN gobierna, no porque los Acuerdos de Paz hayan puesto en peligro el Estado de Derecho, la independencia de los poderes, las libertades ciudadanas.

El FMLN no llegó al poder subvirtiendo el orden republicano, sino por votación popular – o sea porque una mayoría de la ciudadanía dejó de confiar en ARENA.

El FMLN llegó al poder y saldrá del poder, si el soberano así lo decida en el 2019, precisamente porque los Acuerdos de Paz consolidaron la democracia y establecieron el pluralismo político.
Usted dice que “la guerrilla continuó secuestrando a empresarios después de la firma en Chapultepec”. Correcto. Y así la derecha. Por cierto, en ambos bandos las violaciones a los Acuerdos de Paz fueron aislados y ambos los superaron rápido. Nadie dice que el proceso de paz fue perfecto y no tuvo contratiempos.

Toda la crítica que usted hace a la manera como el FMLN gobierna es legítima, pero no es argumento contra los Acuerdos de Paz y su principal y esencial logro: la inclusión de la insurgencia izquierdista en el sistema político y el Estado de Derecho. Su argumento estrella: El FMLN está abusando del gobierno, llenando al Estado con activistas de izquierda. Es un argumento válido para criticar al FMLN, pero no para cuestionar la legitimidad de su inclusión al sistema democrático. No se olvide que esto ha sido práctica también del PCN, del PDC y de ARENA, cuando les ha tocado gobernar. Acuérdese de los miles de activistas de ARENA que el gobierno de Paco Flores tuvo que sacar del reino de Mario Acosta en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de un problema de nuestra democracia que quedó sin resolverse. Pero no es culpa de los Acuerdos de Paz, sino del funcionamiento deficiente que todas las fuerzas políticas, de izquierda como de derecha, han dado a la joven democracia y su Estado.

Los Acuerdos de Paz del 1992, aunque usted no lo quiere reconocer, hicieron básicamente dos cosas, y las hicieron bien: Obligaron a la izquierda a dejar las armas, permitiéndole hacer política. Y obligaron a la Fuerza Armada y la policía a dejar la política, dejándole el monopolio de las armas.

El presidente Santos puede aprender mucho de El Salvador. Y si hace bien su misión histórica de construir la paz, nosotros podremos aprender mucho de Colombia para resolver el problema de la violencia y la reinserción de los cientos de miles de salvadoreños que viven al margen de la ley y de la economía.

Saludos,
 e2b99-firma-paolo 
(Mas!/El Diario de Hoy)

El editorial en cuestión:
Cuídese, presidente Santos, de la narcoguerrilla roja

La respuesta de don Enrique Altamirano:
Se pacta la desmovilización pero no desobedecer la ley