sábado, 26 de febrero de 2011

Carta a Barack Obama

Dear Mr. president:

No vaya pensar que yo lo confundo con Santa Claus, pero quiero aprovechar la oportunidad que usted viene para El Salvador para pedirle algunas cosas que puede hacer para ayudarnos.

  • Puede por favor explicarle bien a su colega Funes cómo funciona el recorte del presupuesto que actualmente está negociando con el Congreso...
  • Ya que está en esto, tal vez le puede explicar porqué en Estados Unidos a nadie se le ha ocurrido nunca de poner un Consejo Económico Social para buscar legitimar las propuestas del presidente al Congreso...
  • Le agradeceríamos mucho si estos dos puntos los podría incluir en el discurso que en algún momento de su visita daría al público salvadoreño...
  • No sé si usted traerá propuestas de financiamiento para nuestro país. Si es el caso, tenemos dos pedidos: primero que cualquier financiamiento que trae sea exclusivamente para dos rubros: seguridad y reactivación económica...
  • Segundo, que cualquier financiamiento venga con mecanismos de monitoreo manejados por ustedes, mientras aquí se establezcan mecanismos confiables de transparencia, rendición de cuentas y control de la ejecución presupuestaria...
  • Hablando de transparencia: por favor haga todo lo posible para convencer a nuestros diputados de todos los colores que no demoren más la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública y que inicien inmediatamente el debate serio sobre una reforma de la Corte de Cuentas...

Ve, lo que le estamos pidiendo no es dinero, sino buenos consejos y un poco de presión para nuestros gobernantes y diputados.

Can’t wait to see you,

Paolo Lüers


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viernes, 25 de febrero de 2011

Fallas en el proyecto de reforma al Código Electoral

El martes 22 de febrero del presente año, en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, se presentó un proyecto de ley para reformar el Código Electoral con el propósito de darle cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional en la sentencia 61-2009 que expulsó del ordenamiento legal las listas cerradas y bloqueadas, en base a las cuales los ciudadanos debían votar exclusivamente por banderas, estableciendo la necesidad de pasar a otro tipo de listas que permitiera ejercer al elector el voto libre y directo marcando al candidato de su preferencia. En el proyecto de reformas se continúa con el sistema de cocientes y residuos, cuando lo ideal habría sido eliminar dicho esquema. Asimismo, en su considerando II, el documento invoca la disposición constitucional que establece la libertad del voto, y que fue exhaustivamente desarrollada por la Sala de lo Constitucional en el fallo mencionado. Sin embargo, el proyecto termina siendo adverso al espíritu que debe buscar la tan postergada reforma electoral.

El presente análisis tiene por objetivo enumerar las fallas de las reformas legales planteadas por los legisladores, que además de representar un impase al fallo de la Sala, debilitan la posibilidad de fortalecer la democracia electoral del país. Dichas fallas son dos: por un lado, la forma en que se contabilizan los votos a favor del orden en que han sido presentadas las candidaturas por los diferentes partidos políticos; y por el otro, la insistencia de permitir a los partidos que presenten planillas incompletas, aspecto que simplemente evitará que los ciudadanos elijan a los candidatos de que consideren más competentes para representarlos. Finalmente, se mencionarán los problemas de institucionalidad que estas fallas puede generar si no se atienden cuanto antes.

PRIMERA FALLA: contabilización de votos a favor del orden en que han sido presentadas las candidaturas por los partidos políticos. (se distorsiona la voluntad del electorado).

El proyecto de reforma plantea tres variables para contabilizar los votos válidos:

1. El candidato registra tantos votos como marcas han depositado los electores sobre él, siempre y cuando no se haya optado por otro candidato en una misma papeleta (si esto sucede, el voto es nulo);

2. La lista del partido registra tantos votos como marcas han depositado los electores sobre la bandera del partido; o bien, cuando se eligió a más de un candidato en la misma lista;

3. El voto será nulo cuando se haya elegido a más de un candidato o bandera de listas presentadas por diferentes partidos políticos.

Si realmente se pretende fortalecer el vínculo entre representante y representado, lo ideal sería que el votante elija al candidato de su preferencia de manera individual, ya que la representación parlamentaria descansa en personas y no partidos. Sin embargo, asumiendo que podría existir cierta confusión, presunción que no guarda ningún sustento lógico y se sostiene en meras especulaciones del poco sentido común de la ciudadanía, se plantea la posibilidad de votar por la bandera.

Ahora bien, si el voto por la bandera solo sirviera para calcular cuántos escaños serán asignados a cada lista mediante cocientes y residuos, el espíritu de la reforma electoral aún se mantendría en cierta medida. Sin embargo, el proyecto de reforma permite que se sumen votos a las listas ordenadas previamente por los partidos, estableciendo una competencia entre los votos que obtiene la bandera del partido frente a los votos obtenidos por los candidatos de dicha lista individualmente considerados. A continuación, se plantean los dos casos que expone el proyecto en cuestión, ya que sujeta la asignación de escaños a si los votos por candidatos exceden o no a los votos por bandera.

Caso 1: los votos por candidatos exceden a los votos por bandera

El proyecto de reformas establece que luego de haber asignado los escaños que corresponden a cada partido político en la circunscripción por la que compiten (ya sea partidos o candidatos no partidarios) por cocientes y residuos, se procederá a la “prelación de diputados electos”, que consiste en determinar individualmente quiénes resultaron electos en cada lista en base al número de votos que cada uno de los candidatos propuestos hayan obtenido. A manera de ejemplo, en el diagrama 1, al Partido A, luego de aplicarle cocientes y residuos se le han asignado dos escaños. Los votos obtenidos por sus cuatro candidatos, que suman entre todos 590, son más que los obtenidos por la bandera, que son 500.

El proyecto de reforma indica que, en este primer caso, los votos por la bandera “se distribuirán equitativamente entre los primeros diputados de la lista según el número de escaños que el respectivo partido político o coalición haya obtenido”. Correspondiéndole dos escaños al Partido A, los 500 votos que obtuvo su bandera se distribuirán entre los primeros dos candidatos, adjudicándoseles 250 votos a cada uno. Luego de haber efectuado la suma, se asignan las diputaciones a los dos candidatos con más votos, siendo favorecidos los que la lista del partido colocó en los primeros lugares.

Diagrama 1. Caso en que los votos por candidatos exceden a los votos por bandera


Caso 2: los votos por la bandera exceden a los votos por candidatos

Contrario al caso anterior, en el que los candidatos obtienen más votos que la bandera del partido, si las marcas por la bandera sobrepasan la suma de los votos recibidos por cada candidato, el proyecto de reforma establece que “los diputados se asignarán de acuerdo al orden en que fueron inscritos por el partido político o coalición que los postula”. En otras palabras, como se señaló anteriormente, el proyecto pone a competir a votos por bandera contra votos por candidatos. De haber más votos por bandera, la lista ordenada previamente por los partidos es la que se impone. En el diagrama 2 se ilustra el presente caso.

Diagrama 2. Caso en que los votos por la bandera exceden a los votos por candidatos

En este ejemplo, al recibir la bandera del Partido A más votos que sus candidatos, se escoge a los primeros dos candidatos de la lista, sobreponiéndose éstos a la voluntad ciudadana, pues en el ejemplo propuesto, los candidatos 3 y 4 fueran los más votados.

En Conclusión, el proyecto de reforma limita los avances de la democracia electoral cuando contabiliza los votos de la bandera a favor de una lista ordenada previamente por los partidos. Tal situación distorsiona en gran medida la voluntad del votante por dos razones. En primer lugar, porque el voto en la bandera no necesariamente implica que el elector optó por una lista; más bien, indica su desconocimiento sobre cómo la misma está integrada, ya que de preferir el orden que establece el partido, hubiera votado simplemente por el candidato número uno de la lista. En segundo lugar, la voluntad del voto se puede ver fácilmente distorsionada cuando se abona un voto en la lista debido a que el elector eligió a más de un candidato. Precisamente, si eligió a más de un candidato en orden distinto al de la lista, es porque rechaza la manera en que el partido la ha presentado, por lo que resulta contradictorio interpretar su elección múltiple como un apoyo a la lista del partido.

Por lo tanto, abonar votos a las listas previamente ordenadas por los partidos, no solo contrarresta los avances en democracia electoral que posibilita el contexto actual de reforma, sino que puede distorsionar la voluntad del electorado. Al final, parecería que la soberanía no recae en la ciudadanía, sino en una lista ordenada por las cúpulas partidarias.

SEGUNDA FALLA: posibilidad de presentar planillas incompletas
(anula completamente los efectos de votar por candidatos)

La presentación de planillas incompletas constituye la falla más grande del proyecto de reforma. Como se explicó en el Memorándum No. 5 del Departamento de Estudios Políticos, Si bien esto no importaba en el sistema anterior, donde se votaba únicamente por bandera, en un sistema de lista cerrada y desbloqueada, la presentación de planillas completas es un requisito indispensable. No tiene sentido poder votar por candidatos si el número que se presenta en cada una de las circunscripciones es restringido.

Si el Partido A calcula que en La Libertad solo obtendrá cuatro escaños, de no exigirse planillas completas, éste solo presentará cuatro candidatos, no obstante corresponder a dicha circunscripción 10 escaños. Al final no importa cuántos votos recibió cada candidato, puesto que su lista entera resultará electa (de haberse presentado la planilla completa, esto es, 10 candidatos, los 4 que finalmente resultaron electos habrían tenido que competir con el resto de personas propuestas que habría inscrito el partido político). O bien, en el caso de los partidos minoritarios que ganan diputados únicamente por residuos, les será atractivo presentar únicamente un candidato por circunscripción.

En ese sentido, de presentar planillas incompletas, no solo se desperdiciarán los recursos invertidos en el diseño de las nuevas papeletas que incluirán el nombre y las fotografías de los candidatos de cada partidos sino que se estaría desaprovechando la oportunidad histórica que permitiría a los ciudadanos elegir libremente a sus representantes, y no a una lista previamente ordenada por los partidos políticos. Si no se exigen planillas completas, el derecho de marcar específicamente por una persona no será más que un ejercicio democráticamente superfluo, con poca relevancia en los resultados y en consecuencia sumamente caro.

Problemas de no corregir las fallas

De no atenderse las fallas descritas, puede generarse un vacío legal a poco tiempo de las elecciones de 2012. El Presidente del TSE, Eugenio Chicas, ya ha advertido, respecto del tema de las candidaturas no partidarias, la preocupación de no contar con la regulación pertinente antes de los comicios, debido a las sospechas de inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones del decreto 555 (Entrevista Frente a Frente, 23/02/11). El tema de listas y planillas no escapa de ese riesgo, que representaría un grave tropiezo para la institucionalidad democrática del país.

Si bien el presente análisis no pretende examinar la constitucionalidad del proyecto, es importante señalar ciertos vicios que pudieran provocar un vacío legal. Por un lado el proyecto de reforma distorsiona la voluntad de electorado, ya que presume, sin mayor sustento, que el voto por bandera o por más de un candidato de una misma lista refleja una aprobación al orden establecido por el partido. Por otro lado, la libertad del voto se limita significativamente al dejar a discreción de los partidos cuántos candidatos postular en cada una de las circunscripciones electorales.

El proceso de formación de ley, en una democracia consolidada, exige de consensos a los diversos sectores de la sociedad. Todavía se está a tiempo para que los diferentes grupos parlamentarios además de configurar una ley que se sujete al marco constitucional vigente y que cumpla con las resolución de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal que posee entre sus atribuciones la de interpretar las disposiciones de la ley fundamental, aprovechen el momento histórico actual para una reforma electoral que fortaleza la democracia en el país.

jueves, 24 de febrero de 2011

Columna transversal: Buen momento para un buen pleito

Entre abogados suelen decir “Vale más un mal arreglo que un buen pleito”. Tal vez sea por esto que estamos tan mal en materia no sólo jurídica sino también de transparencia y cultura política.

Estoy en total desacuerdo. Mejor un buen pleito que un mal arreglo. Los malos arreglos sobran en este país – y miren adónde nos han llevado.

Por esto no entiendo la lloradera de muchos articulistas y otros fariseos lamentando el conflicto entre gobierno y empresa privada sobre la política fiscal. Por lo contrario: es buen momento para un buen pleito.

¿Cuál momento? Un cambio de gobierno; un nuevo ejecutivo que se pone el apellido ‘del cambio’ y anuncia que una de las cosas que quiere cambiar es ‘el modelo económico’; asumen el poder un presidente y un partido de gobierno que tienen años de pintar al empresariado nacional como una banda de evasores, contrabandistas, estafadores y explotadores; llegan a la dirección del gabinete económico intelectuales convencidos que el país necesita un Estado más grande y más regulador.

¿Cómo pensar que en este contexto la discusión sobre un pacto fiscal y una reforma tributaria no tenga que pasar por un buen pleito?

Antes de que alguien firme un mal arreglo, el país necesita un debate de fondo sobre esta temática. ¿Cuánto Estado necesitamos? ¿Qué servicios públicos queremos que nos proporcione el estado, y en qué cantidad y calidad? ¿Con qué mecanismos de control dispone la sociedad para asegurar transparencia, eficiencia y rendición de cuentas del gobierno a sus ciudadanos? Y al final de este debate, la pregunta: ¿Cómo financiar todo esto, con qué ahorros y con qué clase y qué tazas de impuestos?

El gobierno cometió la increíble torpeza de entrar en este debate diciendo que para arreglar la parte tributaria de toda esta compleja temática ya tiene los votos necesarios en la Asamblea, y que la va a implementar con y sin el consentimiento de la empresa privada y sus gremios. Vaya, ¿todavía tiene validez la estúpida y frase de los abogados “Vale más un mal arreglo que un buen pleito”?

No, este es el momento propicio para un buen pleito, no para un arreglo. Que nadie piense que evadiendo el pleito necesario sobre los principios y sobre el modelo económico podrá llegar a un arreglo un poco más favorable, con tazas de impuestos un poco más bajas.

No está en juego un puntito más o un puntito menos de renta. Está en juego nada menos que el tipo de Estado que vamos a tener. Está en juego el modelo económico y del desarrollo. Que todo el mundo ponga sobre la mesa claramente qué tipo de Estado quiere construir. Que los que tanto cuestionan el modelo económico actual, pongan sobre la mesa el modelo alternativo que proponen, con todas las consecuencias para el estado de derecho, para la seguridad jurídica, para el funcionamiento del mercado, para las libertades económicas, etc.

Dentro de este debate también la empresa privada tiene que definir con claridad sus posiciones, sus principios y sus propuestas: ¿Qué servicios demanda que el estado proporcione - y cuánto está dispuesta a pagar por ellos? ¿Cómo quitarles los frenos al crecimiento? ¿Cómo garantizar que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo y disminución de la pobreza? ¿Y cuánto está la empresa privada dispuesta a pagar por esto?

Y así los sindicatos, las organizaciones sociales, todos los sectores...

Lo que no se vale es que el gobierno se haga pasar como un sector más. El gobierno no es un sector de la sociedad, es una institución de servicio obligada a cumplir lo que la sociedad, mediante sus mecanismos de democracia representativa, le ordena. Es una falacia hablar de una concertación entre los sectores productivos y el ‘sector gubernamental’, como si el gobierno fuera un sindicato de ministros con reivindicaciones propias. Al Consejo Económico Social muchos lo quieren entender así: un ente de concertación entre tres sectores: sector empresarial, sector sindical-social, sector gubernamental. Mientras lo conciben así, el CES no sirve para nada que confundir y despistar.

Los que quieren cambiar las reglas del juego, el modelo económico, el tipo de Estado, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero esta batalla la tienen que dar desde su trinchera de partido (o movimiento político o sindical o lo que sea), pero no como gobierno. Para que tenga sentido el debate (o el pleito), los demás actores y sectores tienen que debatir con los partidos y los sectores sociales que quieren cambiar el modelo, no con el gobierno. Si Mauricio Funes quiere participar de este debate, que lo haga como miembro del FMLN o como Movimiento Amigos, pero no como ejecutivo...

Si lo empezamos a debatir así, no hay que tener miedo del nivel de confrontación. Es un debate, tal vez un pleito, y si es transparente y claro, al final los partidos van a tomar decisiones y asumir los costos y los beneficios de sus decisiones sobre impuestos. Incluyendo los electorales. Esto significa que en última instancia los ciudadanos van a decidir, avalando o castigando a los partidos que tomaron la decisión.

Para facilitar que este proceso funcione, primero hay que confrontar las concepciones y las propuestas. Si para esto es preciso un buen pleito, bienvenido sea. El problema en este país ha sido la falta de buenos pleitos entre gobierno y empresarios. La desgracia no viene de los pleitos sino de los malos arreglos entre gremios y gobernantes. Que bueno que esto está cambiando.

Siempre se dice que el problema del país es la polarización. Mentira: el problema que nos tiene jodido es la cultura de los arreglos, pactos, componendas.

Hay que pasar por el pleito para que al final haya, no un mal arreglo, sino una decisión política clara y transparente. La última palabra tendrá el votante en el 2012 y en el 2014 cuando tiene que respaldar o desautorizar estas decisiones.

(El Diario de Hoy)

Carta a los ministros de Economía y Relaciones Exteriores

Estimado Dr. Héctor Dada, estimado Hugo Martínez:

con gran sorpresa me di cuenta que el presidente de la República tomó medidas (y las anunció en público) que afectan la imagen pública y el honor de dos funcionarios que representan a sus respectivos ministerios en la Junta Directiva de la CEL.

El presidente dijo en un acto público: “Voy a ser primero en combatir a aquellos funcionarios que gastan recursos en forma innecesaria. Ya hice regresar a dos representantes nuestros que se habían ido a un encuentro internacional y que se habían llevado bajo la bolsa, casi 10 mil dólares de viáticos. Tienen que devolver el dinero.”

Me parece un caso insólito que merece una aclaración por parte de ustedes. ¿Realmente le compete al presidente de la República ordenar que dos miembros de la Junta Directiva de la CEL, que viajaban a una Feria de Energía Solar en Israel, aborten su viaje y su participación en la feria y regresen al país?

¿No sería el procedimiento normal que el presidente, si tiene dudas sobre la justificación del viaje y de los viáticos aprobados, les pida a sus ministros las aclaraciones necesarias y, si fuera necesario, una investigación – pero antes de ordenar personalmente el aborto de la misión. Y antes de denunciar a sus funcionarios públicamente de ladrones...

Luego el presidente contestó preguntas de periodistas y dijo sobre el caso: “Yo no puedo descalificar a nadie por anticipado. Pueda que el funcionario me ha dicho, mire Presidente yo consideré de que este encuentro internacional era importante para el país, yo tengo la experticia adecuada para estar ahí, por lo tanto yo era el idóneo para ir. Bueno. Pero si me doy cuenta que no, que la idea era ir a pasear, no tengo ningún inconveniente en quitarlos.”

Ustedes como jefes de los dos implicados, ¿le van a dejar pasar esto al presidente? Él dijo que posiblemente el viaje era justificado, pero mientras tanto ya los mandó a traer de regreso y ya se pasó encima de su dignidad.

¿Cómo puede un presidente hacer esto, pasándose encima de sus ministros?

Uno de los funcionarios es el principal experto en energía solar dentro de la Junta de la CEL. El otro es el coordinador de política energética de Economía. No me parece nada extraño que asistan a una feria de energías renovables.

Tengo entendido que pidieron vacaciones para luego de la feria conocer Israel y que este paquete lo pagaron de sus bolsillos. Me imagino que ustedes les aprobaron la misión y las vacaciones. ¿Porque no aclaran el caso?

Saludos, Paolo Lüers

PS: Si detectan enredos en las dos citas del presidente, son de exclusiva responsabilidad del su autor. Estoy citando del sitio WEB de Casa Presidencial.

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miércoles, 23 de febrero de 2011

El Ifrit de Trípoli

  • Iblis, el mentiroso

La inminente caída de Muammar El Gadaffi, ha sido anunciada por la brutal represión y el bombardeo contra su pueblo, comparable a la sufrida por los barrios orientales de Managua en los últimos días de Somoza. Le ha hecho asomar su temible rostro de Ifrit, genio malévolo y rencoroso que según la mitología árabe detestan a los humanos. La tahona de todos ellos según Las Mil y Una Noches es Iblis, el mentiroso, que se negó ante Alá a postrarse ante el primer hombre de la creación. El Ifrit de Libia, con 42 años haciendo de las suyas, ha sido la pesadilla de Occidente y si no fuera porque su terrorismo ha producido tantas muertes, sería un supervillano de historieta al estilo del Doctor Malito. Era hasta hace poco un paria internacional, que buscó como romper su aislamiento haciendo indemnizaciones millonarias a las familias de las víctimas de una serie de atentados realizados en Europa en los 80. Procedente de uno de los lugares más inhóspitos de la tierra y de la tribu beduina Gaddafa, nació en una tienda del desierto y llegó al poder por un golpe de Estado cuando tenía 27 años y era capitán del ejército. Miembro de una familia nacionalista, estudió para abogado pero prefirió hacerse militar con miras al poder absoluto. Su talante estrafalario y su arrogancia, ocultan a un hombre inseguro y depresivo que se escondía entre las dunas. Será recordado como el Iblis que apareció en la incendiada Trípoli con un paraguas para decir que no se va.

  • El “hermano” de Ortega

Gaddafi es el hombre que Daniel Ortega llama su “hermano”. ¿Y cómo no? Si el "Líder Fraternal y Guía de la Revolución" lo financió larga y generosamente, mientras estuvo fuera del poder hasta que llegó Chávez en su relevo. Era de los que le facilitaba un Boeing 707 para sus giras, y en la primera que realizó en el 2007 recién llegado a la presidencia, lo visitó con su inseparable consorte, hijos, nueras y nietos y una gran comitiva de funcionarios en un periplo que lo llevó además a visitar a los tiranos de Argelia e Irán y donde la cosa está que arde. En la última de las visitas, el hermano libio no le dio los dinares que le solicitó para sus alba-negocios, porque seguro lo vio como lagarto. Pero como regalo de consolación y en nombre de la hermandad, Gaddafi le entregó el “Premio de los Derechos Humanos Muammar El Gaddafi” (2009) por la destacada labor de Ortega “en la búsqueda de la paz mundial y por la defensa de los derechos humanos de los pueblos del mundo”. Galardón muy significativo a la luz de la tonelada de muertos en Trípoli por quien Ortega ha llamado “su hermano en la Jamahiriya, en el Alba y el Poder de los Pueblos”. Es de suponer que el Comandante le ofrecerá asilo a su hermano en algún lugar de Nicaragua para que instale su tienda con todo y sus huríes, ahora que se quedó sin Jamahiriya.

  • Del Libro Verde al Rosado

No dudo que el “Guía de la revolución” libio se sentirá en este país como en casa, pues bajo el gobierno de Ortega aquí ha retoñado su famoso Libro Verde y la Tercera Teoría Universal. Para no ser menos que Mao Tse Tung y su Libro Rojo, Gaddafi presentó su propuesta de modelo híbrido: islamismo + socialismo + gobierno del pueblo, dando como resultado el “Estado gobernado por el pueblo” o Jamahiriya, por lo cual a ese sol del desierto que es Gaddafi se le ocurrió que los partidos políticos, la democracia representativa, las elecciones y los gobiernos locales salían sobrando y los eliminó de un solo tajo. El singular modelo político se impuso con la Carta del Poder Popular, que reemplazó a la Constitución. El sistema de “democracia directa” de Gaddafi consiste en asambleas y comités populares superpuestos a tres niveles: local, regional y nacional, de los cuales, por supuesto, él es el guía. En teoría Libia tiene un “autogobierno” sin un Estado, puesto que Gaddafi propugnaba un “socialismo natural” en la que la fuente de todo derecho está en el Corán, aunque una comisión teológica reunida en La Meca, la dictaminó como “antiislámica y apóstata”. El retoño del Libro Verde en el trópico es cristianismo+socialismo+Consejos de Poder Ciudadano, aunque disfrazado de rosado chicha, así que ya podemos imaginar hacia donde nos encamina el hermano Ortega.

  • La “jamahiriya” de los CPC

La consorte del Compañero Comandante Presidente ya lo había advertido cuando anunció que el 2008 sería “El Año del Poder Ciudadano” en un acto barrial para inaugurar un proyecto de agua potable. “¡Eso se llama Poder Ciudadano, eso se llama Yamahiriya…Qué palabra más linda! ¡Jamahiriya! ¡Poder del Pueblo, Poder de los ciudadanos!” dijo entusiasmado Ortega quien a renglón seguido se justificó por esta conexión política, aduciendo que el español está compuesto por muchas palabras árabes como “almohada” (sí, así como alcohol, alacena, alacrán y alcaraván). Ortega agregó que la Constitución es clara en darle poder a la población para organizarse, “¡Eso se llama Jamahiriya!”, insistió para convencerlos de la bondad de organizarse en CPC y que el poder es ejercido “desde la base”. Los hechos en Libia han demostrado que los CPC de allá eran tan solo un mecanismo para desmontar las instituciones y los pesos y contrapesos políticos que requiere la democracia y para prohibir el derecho de huelga, imponer la censura y la pena de muerte para los adversarios. Los libios sienten que la riqueza petrolera del país no los ha beneficiado, que tienen servicios públicos pobres y una corrupción generalizada, los jóvenes no tienen oportunidades y las reformas políticas democratizantes nunca llegaron. La ira acumulada contra Gaddafi ha estallado por los cuatro costados. Como dijo un jefe de la tribu más importante del país: “Le decimos al hermano (Gaddafi) que ya no es un hermano, le decimos que se vaya del país”. Algo parecido empieza a murmurar la gente del hermano que tiene aquí.

(Confidencial/Nicaragua)

martes, 22 de febrero de 2011

Carta al senador Jim DeMint

Dear senator:

desde El Salvador le pedimos un gran favor: Ahora que el Senado tiene que debatir la confirmación de la señora Mari Carmen Aponte como embajadora en El Salvador, no la retrasen más.

Cuando el año pasado la oposición republicana le negó la confirmación, aquí no teníamos la más mínima idea de quien era la señora que el presidente Obama había nombrado para representar a Estados Unidos en nuestro país. Pensábamos que si en el senado había dudas en la candidata, por algo será. Nos llegaron artículos de algunos blogs conservadores que nos pintaban a la nueva embajadora como una activista izquierdista con simpatías para Fidel Castro. Algunos estaban bien asustados.

Pero ahora conocemos a Mari Carmen Aponte. En pocos meses se ha ganado la confianza de todos. Mari Carmen Aponte es una interlocutora sensible, inteligente y abierta, no sólo para el gobierno, sino igualmente para la oposición, la empresa privada, y para los medios de comunicación. Es una funcionaria que entiende las preocupaciones tanto del gobierno como de los sectores opositores.

Tengo que corregirme, señor senador: No le pedimos ningún favor. Le pedimos a la oposición republicana que, antes de votar sobre la confirmación de la embajadora, consulten con los dirigentes de la oposición, con los empresarios, con los analistas políticos de El Salvador. Si hacen esto, estamos seguros que la confirmación de Mari Carmen Aponte como embajadora puede ser unánime en el senado. Y que de esta manera tendremos en El Salvador una embajadora de Estados Unidos competente que goza del respaldo bipartidista necesario para sus gestiones.

El Salvador merece una embajadora como Mari Carmen Aponte.

Saludos, Paolo Lüers

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