Columna transversal: ¿Volveremos a tener presos políticos?

Cuando acusaron a los exfuncionarios públicos en el caso de CEL-Enel, les congelaron sus cuentas, les prohibieron viajar fuera del país, y los exhibieron en público como delincuentes, estábamos ante un fenómeno nuevo: un gobierno y un Fiscal General tratando de enjuiciar y penalizar la política pública de un gobierno anterior. Esto fue obra de Luis Martínez – y para que esto no haga escuela y se repita, como sociedad civil lo quitamos de la Fiscalía General. Pensábamos que con esto, este lamentable capítulo de juicios políticos, estaba cerrado. Pensábamos que por presión de la sociedad civil el país había logrado limpiar la justicia y la fiscalía de la contaminación política.

Hoy resulta que el nuevo Fiscal General cae en el mismo error. Ya tenemos otro juicio político-mediático: el “caso tregua”. El Fiscal General dijo que esta acusación no es contra la política pública vigente en los años 2012-2013, cuando el gobierno decidió permitir y facilitar una tregua entre las pandillas. Esto puede ser cierto en la acusación formal que en estos días tiene que presentar contra Raúl Mijango, el principal mediador de la tregua, y 20 personas más. Pero en la acusación mediática y política, empezando con su misma conferencia de prensa, el Fiscal General va contra “la tregua” como componente de la política de Seguridad definida por el entonces ministro David Munguía Payés y autorizada por el presidente Funes. Los tres oficiales de la PNC, y los funcionarios de Centros Penales están acusados por haber implementado una política oficial de su gobierno. Están ahora sentados en bartolinas policiales preguntándose cómo es posible que el mismo Estado que les encomendó la implementación de un plan estratégico, ahora los persigue y los exhibe como delincuentes. En el caso de dos de los oficiales de la PNC acusados es aún más grave y absurdo: ellos asumieron, con altos riesgos, una misión encubierta; la cumplieron con excelencia – y ahora el mismo Estado rompe su cobertura, los exhibe y expone a ellos y sus familias a riesgos mucho más grave de estar encarcelados. Pueden perder la vida.

¿Cómo el Estado va a exigir a sus funcionarios, sobre todo los que trabajan en áreas tan delicadas como los policías y el personal de centros penales, que asuman sus responsabilidades con dedicatoria, lealtad y espíritu de sacrificio, si el Estado no les da la seguridad jurídica que si el próximo gobierno o el próximo fiscal general los va a sancionar, encarcelar y exhibir públicamente? Ninguno de los policías o directores de penales se ha metido en esto por iniciativa propia, mucho menos por afinidad a las pandillas. Se definió una política para parar la guerra fratricida entre las pandillas, y de manera patriótica y desinteresada hicieron su aporte al propósito de ahorrarle al país un eterno baño de sangre.

Uno no puede estar de acuerdo con lo que se intentó hacer con la tregua y todo el proyecto de usar el diálogo y la mediación para reducir la violencia. De hecho, la mayoría de los salvadoreños no está de acuerdo. El siguiente gobierno y el siguiente fiscal pueden cambiar esta política – pero lo que no se vale es criminalizar la anterior política y perseguir a los servidores públicos que la han implementado. No se valió en el caso CEL-Enel, y no se vale ahora con el “caso tregua”.

Raúl Mijango está preso y enfrentará un juicio penal, porque ofreció sus buenos oficios como mediador, sabiendo que no puede ser el Gobierno que abra canales de diálogo con grupos fuera de la ley. Raúl Mijango ahora es el malo de la película, porque estaba dispuesto de asumir una tarea sumamente impopular. Aceptó y desarrolló con mucho sacrificio el rol de mediador, y termina siendo acusado de ser cómplice de grupos criminales.

Vamos a ver si nuestro sistema judicial funciona y si realmente se ha liberado de sus vicios políticos: Si a Raúl Mijango y los demás acusados no les devuelven su libertad, para que se puedan defender en condiciones dignas de las acusaciones, habrá regresado un fantasma del pasado: tendríamos nuevamente presos políticos.

El sistema judicial no se debe dejar intimidar ni influenciar por el carácter mediático de la acusación del fiscal, ni por una opinión pública claramente desfavorable para la tregua y sus protagonistas. No puede ser que las existencias y el honor de los acusados sean destruidas teniéndolos durante meses encarcelados, cuando es muy probable que al final la fiscalía no tendrá capacidad de sustentar y comprobar las acusaciones concretas contra ellos. Estarían presos, no por la gravedad de los delitos concretos que se les imputan, sino por lo fuerte de la condena que la opinión pública (y la opinión publicada) expresan contra el fantasma de “la tregua”. Aunque, como el Fiscal General dijo correctamente, la tregua y la mediación para reducir la violencia no constituyen delito.
(El Diario de Hoy)


Carta a los que tienen fe ciega en las acusaciones de la Fiscalía: Los 10 mitos sobre la tregua

1. “Traslado de cabecillas a cárcel menos rigurosas. Los pandilleros fueron trasladados a penales de menor seguridad, desde donde podían comunicarse con los miembros de la estructura en el exterior”.

No es delito. Está dentro de las facultades de Centros Penales y de los Consejos Criminológicos. Además era una decisión política del gobierno, que consideraba que la tregua entre las pandillas solo podía implementarse si los líderes que la firmaron salieran del régimen de estricto aislamiento. Esta decisión se puede criticar, pero no penalizar.

2. “Se les organizaban fiestas en las cárceles. Estas podían durar días e incluían música en vivo y prostitutas”.

Las fiestas no son productos de la tregua. Se hicieron año con año, tanto durante gobiernos de ARENA como en los primeros años de Funes.

3. “Recibieron mejoras en instalaciones eléctricas, lo que les permitía hacer uso de calentadores de agua, televisores plasma, consolas de juego, tablets y celulares”.
Plasmas o consolas de juego no son objetos ilícitos según Ley Penitenciaria. Tablets y celulares son ilícitos, pero se han introducido por múltiples vías, antes, durante y después de la tregua.

4. “Uso de internet y cable. Los pandilleros podían conectarse a sus redes sociales y habrían recibido al menos 300 celulares para contactarse con el exterior”.

Uso de cable no es ilícito. Uso de internet nunca ha sido permitido. Los reos que disponen de smartphones siempre han usado internet de manera ilegal, antes, durante y después de la tregua. Si han entrado 300 celulares, entraron por la misma vía ilegal como entraron antes y después de la tregua.

5. “Tenían autorización para pedir comida rápida a domicilio, la que era introducida a los penales sin problemas”.

Introducción de comida desde afuera puede ser autorizado por Centros Penales en casos especiales. No es ilícito. Durante la tregua se ha implementado durante las reuniones de mediadores con reos provenientes de diferentes penales que no podían disponer de la comida del penal.

6. “Familiares tenían libre acceso a visitar a los pandilleros, sin restricción del número que podría entrar y sin importar parentesco con el reo”.
7. “Los internos podían tener visitas íntimas, y se les permitía tener relaciones no solo con sus compañeras y esposas, sino con otras mujeres”.

En 2012 se cambió el reglamento de Centros Penales, a petición de los mediadores. Se consideraba que era importante rehacer y fortalecer el vínculo de los reos con sus familias, en especial con sus hijos. Cualquier manual de rehabilitación recomienda esta medida. En esta época muchos pandilleros formalizaron sus relaciones, se casaron y comenzaron a asumir su paternidad. Se implementaron medidas para reducir la promiscuidad.

8. “Los cabecillas de pandillas utilizaban vehículos de la Policía y autobuses para asistir a las reuniones con los mediadores de la tregua, según reveló el fiscal”.

Por supuesto, los traslados de reos, para asistir a reuniones con los mediadores, se efectuaron en vehículos de Centros Penales y con seguridad de la PNC. Cualquier otra modalidad hubiera sido ilegal.

9. “Autoridades les permitían a los reos manejar las tiendas de los centros penales, en donde se habrían malversado $2 millones que finalmente tuvo que cancelar el Estado”.

Mucho antes de a tregua existían tiendas informales manejadas por internos como medio de subsistencia de internos y sus familiares, igual que algunos talleres productivos. Estos “privilegios” no surgieron durante la tregua. La afirmación de los 2 millones faltantes en las tiendas institucionales no está sustentada. La FGR lo reconoce y habla de una “investigación paralela” y no acusa a nadie de los arrestados por esta “malversación”.

10. “Se realizaron pagos y se facilitaron privilegios a familiares y cabecillas de pandillas, y hasta a los mediadores de la denominada tregua entre pandillas, que recibían un sueldo de hasta 5 mil dólares”.

Los acuerdos en el contexto de la tregua jamás contemplaron remuneraciones a cabecillas, y mucho menos a mediadores. El Estado sí asumió costos de movilización de los funcionarios encargados de la facilitación de las mediaciones, y parcialmente de los mediadores externos. Esto tampoco constituye delito y fue parte de las políticas definidas por el Ministerio.

El Diario de Hoy, 5 mayo 2016
El Diario de Hoy, 5 mayo 2016

 Resumen: La tregua no facilitó acciones ilícitas. El sistema penitenciario históricamente es tan obsoleto y corrupto que siempre -antes, durante y después de la tregua- se han introducido ilícitos (armas, droga, celulares). Los “privilegios” que se introdujeron durante la tregua, todos estaban dentro del marco de las competencias legales de las autoridades penitenciarias, y fueron diseñados para crear condiciones más propicias para poder lograr una significativa reducción de la violencia en el país.

Recuérdense: para conocer la verdad, siempre hay que ver los dos lados de la moneda.
Saludos,
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(Mas1/El Diario de Hoy)


 

Carta a… no sé a quien mandar esta carta, porque nadie parece escuchar. De Paolo Luers

Estimados amigos:
En noviembre del año 2007, René fue arrestado por primera vez. Tenía 16 años. Su pecado: Un mascón de futbol nocturno en una cancha de su colonia.

Conocía a René toda su vida. Es hijo de una señora que fue empleada de mis vecinos, así que creció junto con mi hijo hasta llegar a los 12 años, cuando se mudaron a San Martín. Cuando le pasó lo mismo por segunda vez -esta vez combinado con una tremenda paliza a manos de los policías-, me dijo: Me tratan como pandillero, así que me voy a hacer pandillero. Y al próximo policía que me toca, lo voy a matar…

Me impactó tanto lo que me dijo el bicho que escribí una columna titulada “Botan con una mano lo que construye la otra”. Mi conclusión, en noviembre del 2007: “Urge revisar los códigos para poder soltar a los inocentes sin tenerlos tres noches en bartolinas. Urge borrar la concepción policíaca de cuotas de detenciones que cada patrulla debe cumplir para quedar bien. Pero lo que más urge es una cosa mucho más de fondo. Hay que volver a la presunción de inocencia. Hoy tenemos presunción de culpa. Los bichos tienen que probar su inocencia. No puede ser que los policías y fiscales vean a cada joven y a cada pobre como presunto maleante. Si no, vamos a seguir produciendo pandilleros.”

Y así pasó. René se hizo pandillero. Terminó en el centro de detención juvenil de Tonacatepeque. Se echó 7 años, se portó bien, sacó su bachillerato en la cárcel, no se metió en problemas. Hace medio año le dieron libertad condicional. Va cada 15 días al juzgado para firmar. Con su antecedente, no ha encontrado trabajo.

El otro día que lo vi, René me cuenta que ya no duerme en la dirección donde está registrado. “Me vinieron a buscar para matarme.” – “¿Quiénes, los de la pandilla? No aceptan que te calmaste?” Se ríe, como si hubiera dicho una estupidez: “No, hombre… son policías. Tienen la lista de los que salimos, con direccione y foto, y matan uno tras otro. Tengo que ir clandestino. Nunca duermo en casa. Si me encuentran en casa, me matan a mi, a mi compañera y hasta a mi hija. Y vos leés en el diario: hombres vestidos de negro, fuertemente armados, sacaron a dos personas de su casa, y encontraron los cadáveres en un predio…”

¿Cuáles son la opciones que tiene René? ¿Tiene opción de reinserción? Lo convirtieron en pandillero a puras patadas. Lo tuvieron en Tonaca siete años – y ahora lo obligan a vivir en la clandestinidad. ¿Cómo va a vivir clandestino sin volver a delinquir? ¿Cuál reinserción?

René tiene orgullo. Le sobra. Por orgullo, por ver lesionada su dignidad, se metió en la pandilla. Y ahora no va a ir pidiendo limosnas a una iglesia o un ONG. O le dan una salida digna, o seguirá luchando contra lo que llama “el sistema”. ¿Puede ganar esta lucha? No, tiene absolutamente claro que no puede ganar. Ni siquiera puede definir lo que significaría “ganar”. Pero seguirá luchando. Sabe que se va a hundir. Terminará muerto o preso otra vez.

No sé cómo ayudarle a René. No hay nada que puedo hacer. No se va a separar de la pandilla mientras el resto del mundo le persigue para matarlo o le dan sermones, pero no le abren las puertas de reinserción.

René está convencido que “el sistema” ha decidido eliminarlo. Lo dice con tristeza, pero también con coraje. Y aunque trato de convencerle que sí hay salidas, estoy convencido que no está equivocado. El gobierno ha quemado todos los puentes que podrían marcar salidas. La violencia se ha vuelto un circuito cerrado. Violencia produciendo más violencia.

Esta es la carta más triste que me ha tocado escribir en años. Saludos,
e2b99-firma-paolo





 (Mas!/El Diario de Hoy)