Telegramas antes de ir a vacaciones. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 28 julio 2019

Gustavo López Davidson: “No nos gusta la palabra oposición”. Entonces, ¿por qué se lanzó de candidato a presidente del partido de oposición?

Donato Vaquerano: “Nadie nace aprendido”. Por esto no importa que pongan cinco magistrados electorales tan poco aprendidos que el poeta Julio Olivo. Ni fraude sabrán hacer.

Fracción de ARENA: ¿Quién puso a Julio Valdivieso en la terna de su partido para el Tribunal Electoral? ¿Ya se olvidaron de su siniestro papel en la política energética de Mauricio Funes de sabotear el desarrollo de la energía geotérmica?

Mauricio Vargas: ¿Es cierto que usted fue uno de los 21 diputados de ARENA que votaron en favor de la solicitud de Gallegos de declarar la guerra? Qué raro, se supone que como veterano militar sí conoce la guerra y sabe que no es para jugar macho.

Comisionado Arriaza: Bueno, ¿al fin quién secuestró aquel bus de El Congo? Porque a los tres bichos que el presidente ordenó mandar a Zacatraz ya los soltaron. ¿O no hubo tal secuestro?

Director Osiris Luna Meza: ¿Realmente se cree el cuento que al cortar la comunicación de las clicas con los penales se evita la comisión de delitos? La tan publicitaria “emergencia” decretada en los penales, con todas sus medidas represivas, tiene cero impacto sobre el número de delitos.

Ministro Rogelio Rivas: Los homicidios han bajado, porque tanto las fuerzas del Estado como las pandillas decidieron no buscar enfrentamientos, no por la campaña de control territorial, ni por la “emergencia” que decretó en penales. Los pandilleros saben que esto es temporal, pero temo que ustedes se creen su propia propaganda.

Ministro Mario Durán: ¿En serio cree que una “organización criminal internacional“ se tome la molestia de hackear su cuenta de Twitter? Mejor busque en el equipo de “maleantes nacionales de poca monta“ de Sanabria, al cual ustedes entregaron sus comunicaciones, a ver quién le pagó una broma o dio su contraseña a un bolo…

Medardo González: ¿Por qué aceptó nuevamente un cargo de dirección del partido, aunque no por elección de los militantes, sino por nombramiento en el Consejo Nacional? Si una vez hubo para un dirigente un momento inequívoco de retirarse, fue ahora y para usted.

Diputado Arturo Magaña: Iba a ponerle algo sobre el respeto a los viejos, pero llegué a la conclusión que no hay manera que usted lo entienda. Saludos de la momia.

Saludos,

Un Gobierno de izquierdas. De Antonio Caño

Antonio Cano fue director de El Pais de 2014 al 2018

En lugar de aprovechar los meses pasados desde las elecciones para formar una gran coalición en el centro político, se difundió la fantasía de un Ejecutivo de izquierdas, que es imposible porque no hay escaños.

Publicado en EL PAIS, 27 julio 2019 

Por segunda vez en su corta carrera, Pedro Sánchez se ha estrellado con la realidad de que no existen posibilidades de formar un Gobierno estable, coherente y eficaz con la mayoría que le permitió ganar la moción de censura. Aunque no cabe descartar que lo intente una vez más, lo cierto es que la única posibilidad de que España cuente en los próximos años con un Gobierno de progreso —en el sentido de un Gobierno que permita progresar a la mayoría de los españoles— es mediante algún tipo de acuerdo del PSOE con Ciudadanos y Partido Popular. Esa es la situación que se pronosticaba antes de acudir a las urnas, esa es la situación que resultó de las elecciones de abril y esa es la situación a la que se ha llegado después de tres meses de mediocres negociaciones.

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Esa realidad le ha sido ocultada a la opinión pública por unos líderes políticos cuyos intereses, debido a sus propios errores, se han hecho antagónicos con el pacto. Albert Rivera se equivocó al no ofrecer un programa de Gobierno sobre el que Sánchez se viera obligado a negociar y ahora le cuesta mucho rectificar. Pablo Casado, todavía muy débil, teme que cualquier paso en falso conduzca a él o a su partido hacia el precipicio. Pero el principal responsable es el propio Sánchez. En primer lugar, porque es él, como la persona encargada por el Rey de formar Gobierno, quien tiene que llevar la iniciativa. En segundo lugar, porque es él quien primero apostó por la negación del pacto para alcanzar el poder en su partido. Y en tercer lugar, porque Sánchez probablemente sospecha que un acuerdo con dos de lo que tan insistentemente ha llamado “las tres derechas” desperfile por completo su figura y la de su partido, que ahora son casi la misma cosa. El grito de “con Rivera no” con el que Sánchez fue aclamado en la noche electoral, es suficientemente elocuente de las expectativas que el líder había creado entre sus seguidores.

En lugar de aprovechar estos meses pasados, ante la inevitabilidad de los resultados que ofrecieron las urnas, para hacer pedagogía sobre la necesidad de dirigir una gran coalición en el centro del espectro político, se difundió la fantasía de un Gobierno de izquierdas que es simplemente imposible. No existen escaños en la izquierda para formar un Gobierno estable, coherente y eficaz. Ese supuesto Gobierno de izquierdas exige la plena participación —Iglesias tiene razón en este punto— de un partido que en cualquier país de nuestro entorno sería considerado de extrema izquierda, un partido además cuyos orígenes son el chavismo y el populismo. Hay que recordar que Podemos irrumpió en la política española no hace mucho con un mensaje tan antieuropeo —entonces se decía contra la Europa de Merkel y de los mercaderes— como el del populismo de derechas.

El principal responsable de la falta de acuerdo es el propio Sánchez. Es él quien tiene que llevar la iniciativa

Pero aunque hubiera que creer en la súbita transformación de esa fuerza radical y populista —por estas dos cualidades sufrió una grave escisión hace pocos meses— en un partido con sentido de Estado, para que ese supuesto Gobierno de izquierdas echase a andar se requiere el visto bueno de fuerzas tan de izquierdas como el PNV, el antiguo partido del izquierdista Pujol —ahora el partido del izquierdista Puigdemont— y de otras, como ERC y Bildu, que tal vez sean de izquierdas en el sentido ideológico, pero desde luego carecen del compromiso de lealtad al Estado que debería de ser requisito mínimo para influir de cualquier manera en el Gobierno de España.

No, eso no es un Gobierno de izquierdas. La primera condición de un Gobierno de izquierdas es su vocación de servicio a los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos. Eso exige un Gobierno eficaz, capaz de ganar apoyos para grandes reformas sociales, de generar consensos para abordar las grandes preocupaciones de la población —las pensiones, la salud, la educación— y para sentar las bases de la prosperidad futura —el medio ambiente, la igualdad de oportunidades, la inmigración—. Eso hicieron otros Gobiernos de izquierdas en el pasado. Un Gobierno de izquierdas no es aquel en el que sus integrantes se ponen camisetas con leyendas progres para encabezar las manifestaciones. Un Gobierno de izquierdas es el que combate los prejuicios y se esfuerza por impulsar una sociedad más responsable y menos sectaria.

Un Gobierno de izquierdas debe también defender el Estado democrático, que es el único instrumento conocido hasta la fecha para que los más débiles se sientan protegidos por la ley frente a los poderosos y los aspirantes a tiranos. Y la defensa del Estado democrático se hace en su integridad, con firmeza y, aquí sí, sin concesiones.

Es sabido que vivimos tiempos dominados por los demagogos y en los que la verdad es con frecuencia sustituida por lo verosímil. Tras su primera derrota electoral, Sánchez hizo creer a muchos que un Gobierno de izquierdas era posible. Otros dirigentes de entonces en su partido no lo compartían y lo echaron para que no lo intentase. Después, fue él quien echó a los demás pero sigue sin formar el supuesto Gobierno de izquierdas, sencillamente porque no es posible. Tendría que repetir elecciones y conseguir mayoría absoluta o borrar a Podemos del mapa para que el mito del Gobierno de izquierdas se hiciese realidad.

Este país no tiene tiempo para ese absurdo propósito. En pocos meses conoceremos una sentencia trascendental que, sin duda, provocará una enorme tensión en Cataluña. El problema sigue ahí, con toda su dramática intensidad, quizá aliviado en parte por la división y la frustración en el campo independentista, pero agravado al mismo tiempo por el debilitamiento de las instituciones y la división también en el campo constitucionalista.

Parece inevitable que la economía se ralentice a corto plazo y ni siquiera se descarta una nueva recesión en el horizonte. Salimos de la crisis anterior con recortes y sacrificios pero sin las reformas necesarias para afrontar con garantías nuevas dificultades. Conviene recordar que aún hoy el país se gobierna con los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy.

La polarización política hace imposible también avanzar en terrenos imprescindibles como el de la lucha contra el cambio climático, en el que se producen incluso injustificables retrocesos como el que se intenta en la ciudad de Madrid.

Agudizar esa polarización con un Gobierno apoyado por fuerzas con intereses contrarios y muchas veces contradictorios sería nefasto para el conjunto del país, ajeno, como demuestran las encuestas, a esta lucha narcisista por el poder. Seguir convocando elecciones cada seis meses hasta obligar a los ciudadanos a decir lo que queremos que digan empieza ya a poner seriamente en peligro nuestra democracia, por estéril, por falta de legitimidad.

Es comprensible la desconfianza personal entre los líderes políticos. Rivera ni siquiera acudió a las citas con Sánchez. Este, no solo no les ofreció nada a sus rivales, sino que pidió que le permitieran formar su Gobierno mientras los llamaba fascistas. Han pasado muchas cosas pero no tanto tiempo desde que Sánchez y Rivera fueron capaces de firmar un programa de Gobierno o desde que Rajoy —con más escaños de los que hoy tiene Sánchez— ofreció un Gobierno de coalición.

Es poco probable que esto ocurra. Todos temen ser acusados de traición. Es más probable que Podemos ceda un poco más y acabemos teniendo en septiembre un Gobierno en minoría que requerirá para cada paso que dé el apoyo de fuerzas nacionalistas que han confesado que ese es el Gobierno que más les conviene, lo que permite deducir que es el que menos le conviene a la democracia española.

Aún queda tiempo. Pero hay que saber utilizarlo. No se trata de engañar al contrario sino de construir una mayoría sólida. Ese juego de que primero soy muy de izquierdas para luego ser de centro debe acabarse. Esa no es la condición de un buen político. España lleva demasiado tiempo paralizada por esos cálculos infantiles. No hay mejor manera de ser de izquierdas hoy que poner fin a esta transitoriedad, a este teatro.

Resolviendo problemas complejos. De Rodrigo Samayoa Valiente

Rodrigo Samayoa Valiente, ecologista

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 25 JULIO 2019 

Garret Hardim escribió en la revista Science en 1968 un artículo que se llamó “La tragedia de los comunes”. Esta ha sido la aproximación a problemas como la crisis de los océanos y, por tanto, nos plantea retos para poder intervenir.

La sobrepesca seguirá ocurriendo si seguimos abordando el tema desde esta óptica. Debemos tener una aproximación distinta. Elinor Ostrom ganó el premio Nobel de Economía por su aporte al gobierno de los comunes, una óptica distinta al problema de los comunes.

El ejemplo clásico de la tragedia de los comunes es un sistema de riego. Cuando un sistema es lo suficientemente grande para que se pueda utilizar por una multitud de actores y los esfuerzos para excluir de los beneficios es costoso, estamos en el escenario perfecto. Hardin explica que cuando esto ocurre si no existe un “gobierno” que regule, el sistema tenderá a la ineficiencia, porque no hay motivación alguna ni confianza en el vecino para autorregularse. La conclusión es que es fácil y racional que los vecinos tomen agua sin pagar su cuota o tomen más de lo autorizado, solo por la sensación que si ellos no lo hacen el vecino siguiente se aprovechará. Esto lleva a un agotamiento del recurso y colapso del sistema.

Normalmente la solución la tragedia de los comunes ha venido en dos líneas. Opción 1: como los individuos no son capaces de gobernarse y hacen un mal usos del elemento común, entonces un gobierno central definirá las leyes y administrará el recurso. Esta opción no funciona por ejemplo en los océanos donde no hay posibilidad de un gobierno central. Y aun en la gestión de parques municipales o sistemas de riego da lugar a distorsiones que no logran el objetivo de un buen gobierno del común. En estos sistemas es racional que surja la corrupción.

Opción 2: como el problema fundamental es el hecho de que el común no es propiedad de nadie, por ende, la solución es privatizarlo, establecer o delegar autoridad a un ente privado que lo considere como propio y por tanto lo gestione obteniendo ganancia en dicho proceso. Numerosos son los ejemplos donde esta solución no ha sido la ideal y tiene a crear distorsiones y desigualdades. ¿Podemos gobernar el agua potable desde un ente privado y garantizar que la gran mayoría tenga acceso al recurso? Unos argumentan que sí, otros que no. Pero una vez más hay casos que no podrán ser resueltos por una privatización. ¿Qué pasa con aquellos comunes que no tienen un valor comercial? Por ejemplo, la gestión de un área protegida que no permite por su función el uso público. ¿Cuál es entonces la alternativa?

Ostrom propone y demuestra que existen condiciones en las cuales un recurso común se autorregula. La regulación de los comunes por autogestión no tiene reglas específicas, sino que ella identifica “principios de diseño” que son elementos que permiten o facilitan el cumplimiento de las reglas por parte de los “apropiadores” generación tras generación. Ostrom en su artículo 2002 “COMMON-POOL RESOURCES AND INSTITUTIONS: TOWARD A REVISED THEORY” desarrolla sobre los atributos que tiene el recurso y los apropiadores. La mayoría de estos atributos se puede modelar y fomentar, por tanto, es posible fomentar la autorregulación de los comunes maximizando la bien común y evitando la tragedia. Entender estos principios y facilitar su aparición nos pudiera ayudar a gestionar algunos de los grandes retos de nuestro tiempo, como los desechos en los océanos. Aquí nos queda la tarea de los que queremos resolver temas complejos.

Profesional en sostenibilidad empresarial. Consultor/Speaker en Sostenibilidad ambiental y Gobernanza corporativa. Puedes encontrar más información del autor en http://www.samayoavaliente.com/

La Doctrina Trump: una mirada al futuro. De Andrés Betancourt

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 24 julio 2019

A lo largo de la historia los presidentes estadounidenses han sido reconocidos por sus diversos y creativos enfoques en cuanto a política exterior. El presidente Truman habló de “contener” a la Unión Soviética; Eisenhower, sobre una “nueva mirada”; Kennedy, de una “respuesta flexible”, y Reagan, de la “paz a través de la fuerza”. Con el fin de la Guerra Fría las doctrinas de política exterior estadounidense han perdido sus icónicos calificativos, como los antes mencionados. No obstante, cada líder demuestra patrones únicos y característicos de sus opiniones e intenciones. El presidente Trump no es la excepción y en su arsenal geopolítico incluye un elemento poco ortodoxo y, hasta ahora, poco controversial: el libre comercio.

Durante la campaña, el presidente Trump fue crítico de las políticas comerciales chinas. Se mostró descontento con el déficit comercial de EE. UU. Acusó al país asiático de prácticas poco transparentes y anticompetitivas y le atribuyó el declive de la industria manufacturera estadounidense. La guerra comercial con China fue un paso lógico y esperado. Mas detrás de este conflicto de características económicas existe un elemento de agresividad geopolítica. China, la segunda potencia mundial detrás de EE. UU., representa una amenaza en términos económicos, políticos y militares. Su crecimiento y expansión global sin precedentes, con orígenes en sus reformas de mercado, solo ha sido posible a través de la integración de la economía global y el libre comercio. Para seguir creciendo, China necesita del comercio y es ahí donde entra la doctrina Trump.

La doctrina Trump es disruptiva en el sentido de que identifica áreas de vulnerabilidad y dependencia. Como resultado de la guerra comercial, por ejemplo, China reportó el nivel de crecimiento más bajo en 27 años. De continuarse este patrón, la administración del presidente Trump adquiere ventaja en cualquier escenario de negociación, ya sea económico, político y/o militar. Como buen hombre de negocios, Donald Trump comprende que la supremacía de toda nación nace de una economía en buen estado.

La estrategia anticomercial no es solo aplicable para China. El mes pasado, el presidente Trump anunció que impondría aranceles del 5% a todos los bienes mexicanos ingresando a EE. UU. Una delegación mexicana viajó de inmediato a Washington DC para negociar. El resultado: mayor presencia militar en la frontera sur de México con el objetivo de contener el flujo de migrantes centroamericanos. En cuestión de días, el presidente Trump logró su objetivo sin mayor complicación alguna.

Con la elección presidencial del 2020 en el horizonte, y con sus promesas de campaña en el escrutinio público, el presidente Trump necesita mostrar resultados en el ámbito migratorio. Los cambios restrictivos en el proceso de asilos políticos y el posible acuerdo con Guatemala que convertiría a la vecina nación en un “tercer país seguro”, son solo el comienzo. El Salvador, siendo una de las naciones con más migrantes indocumentados en EE. UU., podría ser el próximo objetivo de la doctrina Trump.

La extensa relación comercial y política entre ambos países no será inmune a dicha doctrina. A diferencia del caso de México y China, El Salvador depende más de EE. UU. en materia comercial de lo que EE. UU. depende de El Salvador. Estados Unidos es el socio comercial mas importante de El Salvador, una relación estimulada por el Tratado de Libre Comercio (TLC) existente. EE. UU. goza, incluso, de un superávit comercial con El Salvador, algo que no ocurre con la nación norteamericana y sus socios comerciales mas importantes. Por ende, en cuanto a la balanza comercial, Estados Unidos posee una ventaja significativa en cualquier negociación que se lleve a cabo en el futuro.

El Gobierno de El Salvador debe estar preparado y jugar sus cartas de manera inteligente, con argumentos claros y directos. A pesar de no tener mucho de dónde elegir, debe enfatizar la relación histórica entre ambos países. Asimismo, debe dejar muy claro que, de alejarse EE.UU. del TLC, El Salvador se verá obligado ha buscar alianzas y tratados con otras potencias mundiales antagónicas a las intenciones estadounidenses

Discurso, realidad y credibilidad. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, crimenlogo

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 24 julio 2019 

El Gobierno actual debe tomar en cuenta que años de desaciertos han dejado por el suelo la credibilidad de las instituciones y los funcionarios del aparato de seguridad. Ganarse la confianza ciudadana es, por lo tanto, imperativo para reducir el impacto negativo que tienen el escepticismo y la incredulidad sobre la disposición de las personas para colaborar con las autoridades. Sin denuncias, colaboración e información de la ciudadanía no se podrá arrebatar el control que las pandillas han establecido en buena parte del país.

Esto nunca se logrará si persiste un abordaje mediático del problema. Tampoco será posible si continúan dándose incidentes que generen suspicacia o despierten sospecha.

El Gobierno tiene la oportunidad de revertir este patrón hablando abierta y francamente sobre situaciones suscitadas durante las últimas semanas que, por sus incongruencias, generan duda.

Muchos han señalado, por ejemplo, que la captura de Wilver Vladimir Vanegas Mazariego, Melvin Alexánder Martínez Melara y Marcos A. Flores, señalados por funcionarios de seguridad como los responsables del asalto y violación de los pasajeros de un autobús del transporte público en el occidente del país, resulta sospechosa, ya que la Policía no los remitió por esos delitos. Según aclaró la Fiscalía, la Policía no vinculó a los detenidos con el hecho al que fueron asociados en los medios de comunicación, los remitieron acusándolos únicamente por resistencia.

Muchos señalan que la inconsistencia entre las acusaciones mediáticas hechas por los funcionarios y los señalamientos formales de la Policía en contra de los imputados sugieren que existe una intención de manipular la opinión pública con información imprecisa.

El presunto incendio de un carro patrulla, el 10 de julio, culminó en una incongruencia similar. En esa fecha, el vehículo policial 04-4217 supuestamente fue incendiado por pandilleros en la comunidad Las Margaritas, del municipio de Santa Tecla. El aparato de seguridad gubernamental nuevamente capturó a presuntos pandilleros y los acusó ante los medios de comunicación de ser los responsables del incidente, pero la Fiscalía después aclaró que los imputados no fueron remitidos por el delito del que se les acusó públicamente, sino que por posesión y tenencia de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. Esta inconsistencia entre lo que los funcionarios dijeron a los medios de comunicación y lo que los policías en el terreno realmente hicieron también ha sido observado y muchos argumentan que sugiere una manipulación de la opinión pública con fines políticos.

Algunas personas incluso han advertido que estos incidentes, y la supuesta manipulación de la opinión pública, se dieron antes de que el gobierno solicitara a la Asamblea Legislativa modificaciones y ampliaciones presupuestarias. Esto, según argumentan, plantea la posibilidad de que las crisis hayan sido fabricadas para crear condiciones favorables para la aprobación de lo requerido. Otros además observaron que resultaba sospechoso que el mensaje del presidente Nayib Bukele hubiese sido pregrabado sobre uno de los incidentes a pesar de que hubiese pasado tan poco tiempo entre el hecho y la difusión del mensaje presidencial. También aseguraron que es sumamente extraño que todos los funcionarios de seguridad, supuestamente ocupados en la operación Control Territorial, tuviesen la disponibilidad de tiempo para desplazarse todos al lugar donde el carro patrulla fue quemado, a pesar de lo difícil que resulta desplazarse de un lugar a otro por el tráfico catastrófico de la capital.

La credibilidad del nuevo gabinete irá bajando a medida se den este tipo de inconsistencias entre su discurso mediático y la realidad en el terreno. Esto es lo que los abordajes eminentemente de la seguridad han demostrado en el pasado. Lo más saludable que puede hacer el Gobierno para prevenir caer en esa dinámica es discutir con franqueza y honestidad las incongruencias antes mencionadas y las que surjan.

@_carlos_ponce

El reto: relanzar a la PDDH. De Daniel Olmedo

Daniel Olmedo, abogado

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 24 julio 2019

El Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional estaban en plena guerra. En medio de las balas se desarrollaban las negociaciones para alcanzar la paz. Las partes no habían definido los términos para cesar el enfrentamiento, pero en 1991 alcanzaron un acuerdo preliminar. No era algo menor, se trataría de reformas constitucionales.

El 29 de abril era el penúltimo día de la Legislatura 1988-1991. Los partidos políticos representados en el Congreso aprobaron las reformas constitucionales que otros acordaron en la mesa de negociación. El 31 de octubre de ese año la siguiente Legislatura ratificó la reforma constitucional.

El decreto legislativo mediante el que se hizo tal ratificación decía: “Esta Asamblea estimó procedente estudiar [las reformas constitucionales aprobadas por la Legislatura anterior] para su ratificación en cuatro aspectos en el orden siguiente: derechos humanos, materia electoral, materia judicial y Fuerza Armada”.

Resulta que una de las principales reformas en materia de derechos humanos fue la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se reformó el artículo 194 de la Constitución y en él se incorporó al Procurador de esa entidad como parte del Ministerio Público; ahí se le asignaron sus funciones constitucionales.

Las circunstancias que llevaron a crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos revelan la importancia de la responsabilidad que se le otorgaba a la institución. Casi treinta años han pasado. Hoy es triste ver en lo que se convirtieron aquellas expectativas.

Hace tres décadas se pretendía construir una voz que, dentro del mismo Estado, señalara las violaciones a los derechos humanos. La institución comenzó pujante, pero luego fue desacelerándose. Los momentos de señalamientos contundentes fueron excepciones en una regla general de silencio y marginalidad institucional.

La principal función de la Procuraduría para los Derechos Humanos es investigar casos de violaciones a los derechos humanos. Es cierto que la institución carece (por su naturaleza) de una potestad sancionadora ante quienes identifique como responsables de este tipo de violaciones. Pero el impacto que supone un contundente y claro señalamiento de un funcionario como violador de los derechos humanos no es poca cosa; es un cuestionamiento que mina significativamente la legitimidad del responsable de tales violaciones. Además, la Procuraduría puede activar otros mecanismos judiciales o administrativos para que tales señalamientos trasciendan a sanciones o a mecanismos efectivos de prevención o resarcimiento.

El gran problema de El Salvador es la inseguridad. De ahí que es totalmente razonable que los esfuerzos estatales se dirijan, principalmente, a enfrentar ese problema. Pero el uso de la fuerza pública en los distintos ámbitos está ceñido a límites, y uno de ellos es respetar los derechos humanos. Es por ello que en esta coyuntura se hace particularmente importante posicionar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como el contralor que se proyectó hace treinta años, y la oportunidad de hacerlo está en el proceso de elección del próximo titular de la institución.

No hay metáfora en decir que las reformas constitucionales que llevaron a la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos costaron sangre, y mucha. De ahí que es preciso valorar nuestra historia y proteger los avances logrados.

La manera de hacerlo hoy es que la Asamblea Legislativa asuma la importancia de su función al elegir al próximo procurador. Eso implica que debe escoger a una persona que saque a la Procuraduría de la marginalidad burocrática en que se encuentra y la ubique como la voz independiente que cuestione al poder sin miramientos; tal como se pretendió hace treinta años.

Carta a los ministros: Un poco más de dignidad, por favor. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 25 julio 2019

Un paseo por el Twitter gubernamental:

“Felicito el liderazgo de nuestro presidente @nayibbukele.” María Chichilco, ministra de Desarrollo Local.

“Bien dice nuestro presidente @nayibbukele: ¡Si cada quien hace su parte, El Salvador será diferente.” Morena Valdez, Ministra de Turismo. Y el mismo día, dos horas más tarde: “Como dice nuestro presidente @Nayibbukele: ¡Si cada quien hace su parte, El Salvador será diferente.”

“Nuestro presidente @nayibbukele, nos sigue demostrando que cuando hay voluntad, no hay obstáculos para beneficiar a los salvadoreños.” Michelle Sol, Ministra de Vivienda.

“¡Que alegría! Hemos venido a cumplir las promesas del presidente @nayibbukele…” Marcela Pineda, directora de INJUVE.

“Sr. Presidente @nayibbukele, con usted al 100% en la #Fase2 del #PlanControlTerritorial…” Alexandra Hill Tinoco, Ministra de Relaciones Exteriores.

“Nunca un presidente había entrado de llena liderando el tema de #Seguridad. Los salvadoreños le reconocen el gran esfuerzo que nunca se ha hizo 30 años atrás. Definitivamente no hay soluciones mágicas, pero hay una enorme voluntad de todo un pueblo que apoya la gestión de @nayibbukele” Osiris Luna Meza, Director General de Centros Penales.

“A la orden Señor Presidente se incrementará el reclutamiento a 3000 nuevos efectivos.” René Francis Merino Monroy, Ministro de Defensa.

“Señor Presidente @nayibbukele, gracias por tomar su tiempo para llegar a saludar a nuestro personal… Visitas como la suya nos motivan a seguir luchando por nuestro El Salvador y nuestra gente.” Mauricio Arriaza Chicas, Director General de la PNC.

“Estaremos siempre pendientes a sus órdenes Presidente @nayibbukele, como usted nos dijo el primer día “El Estado se Respeta.” Osiris Luna Meza, Director General de Centros Penales.

“Presidente @nayibbukele, sabemos que desde antes de asumir su cargo tenía clara la visión de unir Centroamérica, esto es uno de los retos que nos ha encomendado y desde la vicepresidencia estamos coordinando los esfuerzos para que estos sea una realidad. ¡Estamos listos!” Cuenta institucional de la Vicepresidencia al cargo de Feliz Ulloa.

“Como parte de las acciones coordinadas que nos manda, hoy recibimos una nueva #SaladeExposiciones para nuestros artistas en el #AeropuertoInternacional.” Suecy Callejas Estrada, Ministra de Cultura.

“La población hoy sí tendrá sus medicamentos, el Presidente @nayibbukele y la Dra. @anaOrellanaB trabajan 24/7 para asegurar el #BienestarSocial y el abastecimiento en toda la red de salud pública.” Cuenta institucional del Ministerio de Salud, al cargo de Ana Orellana.

”A un mes de haber iniciado la ejecución del #PlanControlTerritorial ordenado por el Presidente @nayibbukele los resultados son contundentes para el beneficio de los salvadoreños.” Cuenta oficial de la PNC (@PNC_SV).

“Así como dice nuestro presidente @nayibbukele al que madruga Dios le ayuda. Ahora estamos en comunidad La Ostra #conchalio escuchando las necesidades de nuestros hermanos salvadoreños.” Frederick Benítez Cardona, presidente de ANDA.

“A la orden Presidente @nayibbukele estamos 24/7 para servirle al pueblo Salvadoreño y más cuando se trata de salvar vidas.” Federico Anliker, presidente de CEPA y secretario general del partido Nuevas Ideas.

“Con el liderazgo del Presidente @nayibbukele y el trabajo en conjunto de mis compañeros del gabinete de Gobierno, llevaremos #Oportunidad de desarrollo a todo el país.” María Chichilco, Ministra de Desarrollo Local.

“Seguimos cumpliendo con los compromisos asignados por nuestro Presidente @Nayibbukele, en equipo con @minsalud por el #BienestarSocial de cada uno de los salvadoreños. El trabajo es grande, pero la esperanza es mayor.” Ana Orellana, Ministra de Salud.

“Buenos días al pueblo salvadoreño honrado y trabajador, hoy cumple años nuestro presidente 24/7. ¡Feliz cumple! @nayibbukele El Salvador se enorgullece del presidente que tenemos.” Mario Durán, Ministro de Gobernación.

“El Presidente más cool del mundo…” Secretaría de Innovación de la Presidencia “Gracias al liderazgo del presidente @nayibbukele (…) las acciones del plan control territorial están dando resultados.” Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y Seguridad.

- “Se le ordena..” Nayib Bukele, presidente de la República

- “Asíse haráseñor presidente.” Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y Seguridad

- “También se le ordena al ministro de Seguridad...” Nayib Bukele, presidente de la República

- “Se procederáde inmediato...” Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y Seguridad

* * *

¿Se le puede pedir un poco más de dignidad y autoestima, ministros?

Saludos,

Carta a nuestros amigos en EEUU: Queremos relaciones buenas, pero sin bullshit. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 23 julio 2019

Dear Friends:
Todos estamos contentos que ahora, luego de 10 años de políticas internacionales incoherentes de los dos gobiernos del FMLN, tengamos mejores relaciones con Estados Unidos. La visita del secretario de estado Mike Pompeo en San Salvador lo confirmó. 

Pero lo que necesitamos son relaciones normales con Estados Unidos, no cambiar la confrontación ideológica por sumisión. Relaciones normales significan: amistad, respeto mutuo, franqueza – y no excluir de la agenda los puntos donde tenemos intereses diferentes. 

Este último pasó, lastimosamente, en la visita de Pompeo y sus conversaciones con el presidente Bukele. Se habló de Venezuela (tema donde al fin los dos países tenemos coincidencia en la calificación del régimen de Maduro como dictadura. Se habló de seguridad pública y de la lucha contra las pandillas, pero no se mencionó la problemática de la militarización de esta lucha. Se habló de cómo frenar el flujo de migrantes considerados “ilegales” por el gobierno que representa Pompeo – pero nadie mencionó que se haya tematizado la situación violatoria a los Derechos Humanos que viven los migrantes salvadoreños detenidos en Estados Unidos. Tampoco nos informaron que se haya hablado del intento del gobierno de Trump de imponer a México y Guatemala el mecanismo del “tercer país seguro”, que obligaría a los migrantes salvadoreños a quedarse en estos países para tramitar sus solicitudes de asilo en Estados Unidos – y obligaría a nuestros vecinos a detener a los migrantes salvadoreños.

No tematizar las diferencias políticas y de intereses no es la mejor manera de construir buenas relaciones entre los países. Y mucho menos lo es si el socio pequeño de antemano se ve obligado a aceptar las políticas del socio más potente. 

Tenemos más coincidencias con Estados Unidos que diferencias con el gobierno de Trump. Pero estas, sobre todo cuando tienen que ver con asuntos tan sensibles como violación sistemática a derechos humanos y militarización de la seguridad pública, no pueden silenciarse. Y nuestro ilustre visitante Mike Pompeo tiene mucho que ver con estos dos asuntos, donde existen divergencia de intereses entre El Salvador y Estados Unidos. Es un fiel soldado (o más bien general) de la política migratorio de Trump y de una política de Estados Unidos hacia Centro América y sus problema de Seguridad Pública plenamente supeditada a criterios de su política de Seguridad Nacional. Lo expresó cuando era representaba al Tea Party en el Congreso. Lo puso en práctica cuando Trump lo nombró jefe de la CIA, y lo sigue haciendo ahora jefe del State Department. 

Pero es el representante del gobierno Estados Unidos – y vale la pena construir el máximo número de coincidencias con él. Hasta ahí muy bien lo que hizo nuestro presidente. Pero luego publicó –en Twitter, como es su estilo de gobernar- lo siguiente: “I didn’t know what to expect on my meeting with@SecPompeo. His position (the top diplomat of the most powerful country in the world) might sound a little frightening. But I met a kind man, who wants the best for his country and, in the process, help us make the best for ours.”

Traducción: “No sabía qué esperar de mi encuentro con el Secretario Pompeo. Su posición (el jefe de diplomacia del país más poderosos del mundo) puede asustar un poco. Pero encontré a un hombre amable, quien quiere lo mejor para su país y, en el proceso, ayudarnos hacer lo mejor para el nuestro.”

No, señor presidente, no finja ingenuidad. Mike Pompeo no es un tío amable, es conocido como “tough guy”, es un incondicional guerrero de la cruzada “Make America Great Again” - cueste lo que cueste a otros países. 

¿Podemos llegar a acuerdos con Mike Pompeo y su jefe? Por supuesto. Seríamos tontos si no lo tratáramos. Pero lo que no podemos hacer es callarnos y no decirle, con toda franqueza, lo que pensamos del trato que su gobierno da a nuestros compatriotas migrantes, de sus amenazas a los adscritos a TPS y DACA, de sus recetar de “estrategia contrainsurgente” para nuestros problemas de seguridad pública. (Este último será tema para otra carta.)

Así que queridos amigos en Estados Unidos, ayúdenos construir relaciones francas y sólidas con su gobierno. Con respeto y sin “bullshit”. 

Saludos, 

El Gobierno debe ser claro con la seguridad pública. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 22 julio 2019

No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo”. Esta frase necesariamente se debe reflexionar en relación con los temas de seguridad pública en el país. El recién instalado Gobierno de El Salvador debe aprender de la historia y hacer un recuento de la efectividad de varias medidas de seguridad implementadas por gobiernos anteriores y los resultados que obtuvieron. En los últimos días se han revivido disposiciones como el uso de militares en seguridad pública y los estados de emergencia en los centros penitenciarios, situaciones que ya se han dado y que vale la pena analizar si funcionado.

El uso de la Fuerza Armada para trabajos de paz interna y seguridad pública está habilitado por la Constitución, pero, como lo establece el artículo 168 ordinal 12, esta medida debe ser de carácter excepcional, siempre que se hayan agotado los medios ordinarios para lograrlo. El mismo artículo señala que la actuación militar debe ser temporal, limitarse a lo estrictamente necesario y cesar cuando se haya reestablecido el orden.

Sin embargo, como lo mencioné en una columna allá por el año 2017, en el país hemos normalizado esa excepción volviéndola una medida permanente, pues la presencia de la Fuerza Armada en actividades de seguridad pública data del gobierno del expresidente Calderón Sol. A finales del año 2008 se aprobó un decreto que autorizaba el apoyo de los militares a la PNC en las labores de seguridad por un año. Desde esa época a la fecha, dicho decreto ha sido renovado anualmente durante diez años consecutivos. Es decir, la Fuerza Armada es parte de la seguridad pública de este país.

Es innegable que el apoyo militar ha sido necesario en la ardua tarea del combate a la delincuencia; sin embargo, en el fondo descansa una desnaturalización de las funciones de la Fuerza Armada, quien, según el artículo 212 de la Constitución, tiene a su cargo de manera primordial la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. El Gobierno del presidente Bukele debe explicar de manera clara cómo se diferencia esta nueva “militarización de la seguridad pública” de lo hecho por los gobiernos de ARENA y el FMLN.

Sobre la seguridad pública también es necesario analizar cuál es el rumbo actual de la PNC. Esta institución no ha sido lo suficientemente efectiva para detener la delincuencia en las últimas décadas y no ha podido ejecutar completamente la labor de seguridad a la ciudadanía que se le ha encomendado. Es preocupante que el conjunto de labores entre la PNC y la Fuerza Armada no haya logrado controlar de manera definitiva la precaria situación de la seguridad pública. El gabinete de seguridad debe identificar e intentar corregir las fallas existentes.

El Gobierno del presidente Bukele también debe ser claro en la manera en que se brindan los resultados de los planes de seguridad a la ciudadanía. En los últimos días se ha dado a conocer por el periodista Roberto Valencia, del periódico digital El Faro, que han existido diferencias entre datos de homicidios brindados por el Gobierno y los ofrecidos por Medicina Legal y la Fiscalía General de la República. Las cifras maquilladas no son más que un placebo temporal y un autoengaño en el combate a la violencia, pues pareciera que tienen como fin una estrategia comunicacional más que una solución real al problema de seguridad.

Insisto, nadie desea que los planes de seguridad públicas del presidente Bukele fracasen, pero es importante tener claros los proyectos y las formas en que se busca brindar solución a la violencia en El Salvador. La seguridad pública no puede continuar un quinquenio más recorriendo el camino en círculo y llegando una y otra vez al mismo lugar: a puntos sin resultados reales.