Elogio al sentido común

Desde que vivimos en elecciones, la política ha cambiado. A veces tengo la sensación de que, en la llamada democracia participativa, en realidad gobiernan las encuestas. Como si fuera un cuaderno de la Gaceta Hípica, cada quien tiene unos pronósticos estadísticos en uno de los bolsillos traseros de su pantalón. Casi pareciera que el encuestador se ha convertido en uno de los sujetos protagónicos de nuestra vida social. Tanto está en juego. Tanto depende de esos porcentajes. Cada mañana, antes de leer el horóscopo, revisa por favor las encuestas. Todo forma parte del gran espectáculo que es ahora nuestra sociedad. Hemos terminado confundiendo la popularidad con la democracia. El Estado más que convertirse en un actor político se ha transformado en un promotor: ya parece la industria personal de Hugo Chávez Frías. Por eso, entre otras cosas, es inevitable sentir la presencia del Sí en todas partes. En realidad no estamos en una campaña electoral. Estamos en un ejercicio de consumo y resistencia de la avasallante publicidad del Estado y de las instituciones. El Sí no es una opción, es un programa oficial, financiado con el dinero de todos los venezolanos. Sólo desde esta perspectiva puede entenderse la celebración del pasado 2 de febrero. Se trataba de un aniversario casi burocrático, de la simple fecha en que un ciudadano asumió su responsabilidad como funcionario público al frente de la Presidencia de la República. Pero se pretendió convertir ese día en una fecha patria, en un nuevo evento de promoción personal. Diez años después de ganar las elecciones, Hugo Chávez reeditó su propia versión de la famosa coronación de Carlos Andrés Pérez. Se trata de una campaña marketing que intenta transformar un gobierno en una revolución. Chávez ya no sabe de qué manera imponer esa imagen. Desea ser un héroe pero no tiene con qué. Actúa como si tuviera detrás una Sierra Maestra invisible. Está empeñado en demostrar que él es un guerrero y, sin embargo, sus hazañas tienen más ondas herzianas que barro, más telegenia que balas. Aunque le duela, Hugo Chávez está más cerca de Delia Fiallo que del Che Guevara. Decretó un día feriado, organizó un desfile, invitó a refuerzos internacionales que, sin ningún pudor, hablaron públicamente a favor del Sí. El Presidente cantó sus éxitos de siempre, lo mejor de su repertorio. Unas horas antes, había recibido la bendición del Libertador. Es una gran metáfora: Chávez le entrega a Chávez la espada de Bolívar. Amor con amor se paga. Cualquiera de estos elementos podría generar un debate sobre si resulta medianamente sensato concederle a alguien así la posibilidad de presentarse de manera indefinida a la reelección de un cargo público. "La más primaria justificación del poder -escribió Luis Britto García, hace años- es el poder mismo, no sometido a leyes, controles ni límites abstractos. Antes que una teoría, el poder comienza siendo un hecho, ligado de manera obvia a la persona que lo ejerce (...). El poder es el hombre: es personal, o personalista". Así se podrían leer estos diez años. Desde el proceso del poder que hemos ido viviendo. Chávez ha confundido su propia historia personal con la historia del país. Ya cree que son una sola. A CNN le dijo que siempre había visto la inseguridad social en Venezuela más o menos igual. Que es una forma de decir: en 54 años, a mí no me ha pasado nada. Por lo tanto, la realidad que usted menciona no existe, es un invento de un laboratorio. Las madres de los 8 niños asesinados hace poco cerca de El Vigía no pueden decir lo mismo El Sí tiene todo el poder y todo el dinero de su lado. Tiene también a su favor una oposición que sólo parece saber hablarse a sí misma. El Sí tiene muchas ventajas pero carece de algo tan simple como mortal: el sentido común. Han hecho maromas con la euforia comunicacional. Han movido su maquinaria y usado todos los recursos posibles... pero todavía no han podido contestar la sencilla pregunta que mastica sentido común: ¿por qué ahora? Cada vez que Chávez ha intentado responder, da un traspié, no logra bordar una respuesta aceptable. Lo mismo ocurre con todos lo que tratan de arrimar argumentos a favor del Sí. Al llegar a esta pregunta, no consiguen una justificación lógica, creíble. Para alguien que todavía tiene cuatro años de gobierno por delante no es fácil justificar este apuro. Fatalmente, las próximas elecciones tienen algo de exabrupto, de vainita personal, de caprichito. El sentido común desnuda el espectáculo. Las prioridades del poder no son las prioridades de la gente. El 15 de febrero, Chávez no es el pueblo.

(El Nacional, Venezuela)

Will El Salvador Veer Left?

Wishes for peace on Earth are on the lips of the faithful throughout Latin America this week. But in El Salvador, these hopeful sentiments mask trepidation about what 2009 will bring.

The fears stem from the fact that the former guerrilla group Farabundo Marti Front for National Liberation -- aka the FMLN -- is now leading in the opinion polls for the March 15 presidential elections. FMLN candidate Mauricio Funes is widely considered a moderate leftist. But other party honchos -- including vice-presidential candidate Salvador Sánchez Cerén -- are of the more traditional (i.e., militant) FMLN variety. Many Salvadorans are worried that if the party comes to power, its radicalized elements will overwhelm the likes of Mr. Funes and pull the country hard to the left.

This would be tragic for the tiny, market-oriented Central American nation, which suffered so much in the 1980s at the hands of the Soviet-backed FMLN. Yet if the FMLN wins the election, don't blame Hugo Chávez, Fidel Castro or neighboring Nicaraguan President Daniel Ortega, who still fly the revolution's tattered banner.

nstead, look to Salvadoran President Elias Antonio Saca of the center-right Arena Party. Mr. Saca was in Washington last week promising President Bush Salvadoran help in fighting the U.S. "war on drugs" and trying to pass himself off as a champion of traditional American economic values. But back home in El Salvador, his actions have earned him a reputation for undermining democratic capitalism through the abrogation of contracts.

Take the case of Pacific Rim Mining Corp. As I reported in this column four months ago, the company says that from 2002-2006 it invested $77 million in an old gold mine near the Honduran border with the encouragement of the Salvadoran government. By 2006, Pacific Rim says it had exceeded all environmental requirements at the El Dorado mine and fully expected to get the permit needed to begin operating.

Two years later the company still doesn't have a permit, nor does it have any word from the government that it has not complied with the law. CEO Thomas Shrake says the government's "inaction" has put his company in desperate straits. So desperate that two weeks ago it filed a "notice of intent" to seek arbitration under the Central American Free Trade Agreement (Cafta) for "breaches of international and El Salvadoran law." If there is no resolution by March 9, Pacific Rim says it will proceed to arbitration and ask for monetary damages in the hundreds of millions of dollars.

That's a high price for a poor country. More expensive, however, is the lost opportunity for Salvadorans. Mr. Shrake, who is a geologist, says that El Salvador sits in the center of the Central American Gold Belt and that gold, as an engine of growth, has the potential to transform the country's economy in the same way that copper changed Chile. But Mr. Saca's government, he says, has "effectively shut down the mining industry."

Why the government has refused to act on the Pacific Rim project remains unclear, and my many efforts to get an explanation from the government have gone unanswered. Certainly Mr. Saca can't blame it on politics. Though some nongovernmental organizations have tried to block the mine, polls show that a majority of Salvadorans and politicians across party lines support mining, providing there are environmental precautions. Mr. Shrake says the government has not given him a reason for the permit denial.

Meanwhile, another mystery has gained attention in Salvador: From late September to early November, especially high volumes of Pacific Rim stock traded on the American and Toronto stock exchanges. This means that a large quantity of stock was being acquired and at a very good price; after the company's announcement in August that it had to suspend operations at El Dorado, the share value dropped 90%. This seems like a risky trade but should the permit come through the stock is likely to recover, making buyers at distressed prices very rich.

Pacific Rim is not the only company claiming its rights are being violated by Mr. Saca's administration. In November, the Italian power company Enel filed a suit against the government alleging it broke a contract that would have allowed Enel to increase its ownership in the state energy company LaGEO.

Allegations that the Saca government is violating its own laws have damaged the country's image at a time when foreign investors already are skittish due to election-year uncertainty and global economic weakness. Pacific Rim used to have 262 direct employees in Salvador. It expected the mine would create 500 direct jobs in all and another 2,500 indirectly. Instead, the company's El Salvador staff is now down to 36.

This is precisely why voters are likely to take a chance on the FMLN come election day. If they do, Mr. Funes will have Mr. Saca to thank.

(Publicado en The Wall Street Journal, el 22 de diciembre 2008))

PERCEPCIÓN JURÍDICA DE LA DESINSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

El presente trabajo pretende hacer una reflexión eminentemente jurídica sobre el retiro de los candidatos del Partido Demócrata Cristiano, PDC; como del Partido de Conciliación Nacional, PCN; para las valoraciones políticas, bueno…

La Constitución de la República establece que para ser elegido presidente de la República se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño; del estado seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente.

En ese sentido, las solicitudes de inscripción de candidatos a Presidentes y Vicepresidentes, deben presentarse personalmente, ante la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral, dichas solicitudes serán consideradas inmediatamente por el Tribunal, el cual deberá resolver dentro de los tres días siguientes a su presentación.

Resulta que, tanto los candidatos del PDC como del PCN, fueron debidamente inscritos por el Tribunal Supremo Electoral en vista que cumplieron los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, hace poco escuchamos a los dirigentes de dichos institutos políticos anunciado que “retiraran la inscripción” de sus candidatos, por diversas razones.

Vale la pena aclarar, que en el ordenamiento jurídico  electoral vigente, en lo que se refiere a la inscripción de candidatos a Presidentes y Vicepresidentes, no existe la figura de la “des-inscripción de candidatos”, sino que únicamente existe la figura de la “sustitución de candidatos”, que se da por causa de muerte o alguna incapacidad legal o física que sobrevenga al candidato ya inscrito.

Frente a lo anterior, es válido preguntarse si el Tribunal Supremo Electoral puede desincribir a los candidatos y cuáles serían las implicaciones jurídicas de ello. En primer lugar, es necesario recordar que el Tribunal Supremo Electoral, como parte de la administración pública, se encuentra vinculado al principio de legalidad, el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo lo entiende de la siguiente manera: “Sobre el particular, Marienhoff plantea en su Tratado de Derecho Administrativo, “La actividad de la administración pública se concreta en hechos y actos jurídicos y no jurídicos, cuya validez depende de que la actividad correspondiente haya sido desplegada por el órgano actuante dentro del respectivo círculo de las atribuciones legales. Este círculo de atribuciones legales determina la capacidad legal de la autoridad administrativa”. (Sentencia del día treinta de marzo de mil novecientos noventa ocho. Ref. 20-T-96)”; es decir, en este caso el artículo 79 del Código Electoral establece cuáles serán esas atribuciones y no considera como una de ellas la figura de la  “des-inscripción de candidatos”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral, una vez inscritos los candidatos únicamente puede sustituirlos por las causales antes señaladas, pero no “des-inscribirlos”.

Una de las consecuencias de “des-inscribir a los candidatos”, es que dicho acto carezca de validez o inclusive se pudiera hablar que fue inexistente, ya que de acuerdo a la Sala de lo Contencioso Administrativo: “La administración pública encuentra su accionar circunscrito a los parámetros que establece la ley. El hecho de que la administración tenga estrictamente delimitados, su forma y campo de acción, idealmente implicaría que ésta se ajustare siempre a dichas limitantes, y por tanto sus actuaciones deberían ser siempre legales. Sin embargo, en la práctica la Administración se aleja de tales parámetros, por consiguiente, el mismo legislador plantea como consecuencias ante este supuesto, las nulidades, la inexistencia de los actos dictados, etc. (Sentencia del día treinta de marzo de mil novecientos noventa ocho. Ref. 20-T-96)”;”

Finalmente, otra de las implicaciones que ocasionaría, es que, en las papeletas de votaciones para las elecciones del 15 de marzo aparecerían las banderas de los partidos políticos que posean candidatos inscritos en el Tribunal, esto de conformidad al artículo 239 del Código Electoral.

¿México fallido?

México ya está en la lista negra de los Estados fallidos. El Gobierno de Felipe Calderón lo niega con indignación. ¿Quién tiene la razón?

De cuando en cuando nacen conceptos para categorizar nuevas realidades. Es el caso con Estado fallido (failed States), popularizado por el índice anual de la revista Foreign Policy. El término define a Estados que perdieron el control sobre partes del territorio, que vieron achicarse su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza o que son incapaces de proporcionar servicios públicos adecuados.

México ha sido colocado en esa categoría. En diciembre del 2008 fue la revista Forbes y en enero fue el Departamento de Defensa estadounidense. El Gobierno mexicano reaccionó con celeridad y Pablo Ordaz, corresponsal de EL PAÍS en México, relata como, "durante una hora y tres minutos, Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores" trató de demostrar, con "datos en la mano que, pese a su sangriento día a día, "México no es un Estado fallido" (17 de enero del 2009).

El Procurador General, Eduardo Medina Mora, también repite, con argumentos razonablemente convincentes, la versión oficial según la cual la responsabilidad la tienen los gobernantes previos que permitieron el auge del narco. De ahí surge la esperanza porque, señores y señoras, ya se inició la construcción del futuro: el Gobierno de Felipe Calderón es diferente y está triunfando pese a las apariencias. Para alzarse con la victoria requiere, eso sí, del respaldo de la comunidad internacional, y en especial de Estados Unidos. También pide, exige, implora la unidad nacional.

Quienes vivimos en México padecemos la inseguridad y, en mi caso, inicio la jornada deseando escuchar al Gobierno dar un buen parte de batalla. Luego me voy desanimando cuando observo zarandearse al Estado, cual patera en mar huracanado. Lo ningunean los narcos y los gobernadores y los grandes empresarios y hasta los vendedores ambulantes que se roban la luz... Este Gobierno sí paga las consecuencias de una herencia del pasado, pero su frivolidad lingüística, su falta de coordinación y sus contradicciones empeoran la situación.

Felipe Calderón y Barack Obama se entrevistaron el 12 de enero en Washington. Fue un encuentro discreto y sin grandes anuncios. Nada más salir de la reu-nión, Calderón informó haberle propuesto al "presidente Obama que hagamos una alianza estratégica entre nuestros gobiernos" para enfrentar problemas como el de la seguridad. ¿Es consciente Calderón de las implicaciones de una alianza estratégica? ¿Está buscando, acaso, que Washington asigne a México el estatus de Major Non-NATO Ally (Aliado principal fuera de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte) como Japón, Israel y Filipinas? Difícil que así sea porque en México no se ha discutido tal nivel de cercanía. Estamos, más bien, ante una licencia literaria para subrayar la urgencia del apoyo externo en la guerra contra el narco.

En el interior de cualquier Gobierno hay diferencias, pero corresponde al líder controlarlas. Desde que empezó la guerra dos de los principales mandos (Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, procurador General de la República) libran un enfrentamiento sordo, mientras el titular de la Defensa Nacional contradice la línea oficial.

El jueves 27 de noviembre del 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, desayunó en su despacho con un grupo de comunicadores. Uno de los presentes, el analista Leonardo Curzio, me sintetizó la esencia de sus comentarios: la seguridad interna del país está en riesgo grave porque el Ejército se va desgastando ante los carteles que operan en todos lados, porque no se obtiene la colaboración deseada de los gobernadores y presidentes municipales (en especial algunos del Partido Revolucionario Institucional), y porque el presidente no se lanza contra aquellos políticos que presuntamente protegen o toleran a los capos. El mensaje es creíble porque hay suficiente evidencia sobre el sometimiento del Ejecutivo a los poderes fácticos.

Uno de los casos más surrealistas es el de Elba Esther Gordillo quien está al timón, simultáneamente, de tres buques de gran calado: dirige el sindicato de profesores con un millón de miembros, controla un partido político (Nueva Alianza) que tiene un crecimiento sostenido, y acumula cargos públicos en los cuales pone y quita a sus incondicionales. Como La Maestra (así se le llama coloquialmente) fue determinante en la poco clara victoria electoral de Calderón, éste le paga el favor de diferentes maneras. En los últimos días cambió al titular de la Lotería Nacional, una dependencia con presupuesto multimillonario, porque así lo deseaba La Maestra.

¿Es México un Estado fallido? No en términos generales, porque el Estado todavía controla la mayor parte del territorio. Sin embargo, la situación se empaña cuando se piensa en ciudades e instituciones en donde la presencia del Estado es testimonial porque quienes controlan los hilos del poder son los narcos. La sensación de que marchamos hacia el precipicio se acentúa por la desorganización y la tibieza con la cual Felipe Calderón enfrenta la corrupción y la desorganización que, junto con la desigualdad y la impunidad, desangran y debilitan a la sociedad y al Estado.

(El País. Sergio Aguayo Quezada es profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.)

Sobre alianzas

Surgen voces criticando la decisión del PDC y la intención del PCN de salir de la carrera presidencial. Mauricio Funes acusa a Rodolfo Parker de “negociaciones”, otros sospechan que la cúpula del PCN esté platicando con ARENA - como si negociar fuera algo ilegal o sucio.

Hoy recibí por e-mail un manifiesto digno de antología, firmado por “ciudadanos y ciudadanas por la transparencia” que quieren “crear un verdadero movimiento ciudadano contra la lluvia de desinformación y engaños electorales de los que estamos siendo victimas”. El documento comienza así: “Ante las negociaciones de los principales dirigentes de los partidos PNC y PDC, que están vendiendo al mejor postor sus voluntades y buscando manipular el voto de sus partidario/as y simpatizantes a favor del partido oficial...”

Lo que tanto tiene preocupado a Funes (y sus movimientos ciudadanos amigos) es que el retiro de las candidaturas del PDC y del PCN deja abierto el camino para una alianza amplia de todos contra el FMLN. La idea que estén hablando y tal vez negociando los tres partidos (y posiblemente otros más allá de los partidos y de la derecha), los tiene asustados.

La última vez que revisé mis libros de texto, negociar y formar alianzas eran parte de la esencia de hacer política. Constituyen el verdadero arte de la política. Se llama concertación, y es la única alterativa viable a la imposición y la violencia.

La última vez que vi noticieros nacionales, diferentes dirigentes del FMLN y su candidato estaban diciendo que buscaban “alianzas con los liderazgos locales del PDC y del PCN.”

Ahh, negociar alianzas con liderazgos locales de otros partidos es legítimo, porque es asunto de las ‘bases populares’. Sobre todo, cuando las hace el propio partido. Y más aun cuando puede servir para comprar dirigentes locales. Es casi como liberarlos de las sucias prácticas de sus cúpulas...

En cambio, negociaciones institucionales entre direcciones de partidos, sobre todo cuando involucran al adversario, son ilegítimos. Claro, todo estamos en contra de las maniobras cupulares...

Dos alcaldes del PDC -que a nivel local tienen coaliciones con el FMLN- ya frustraron las propuestas indecentes de ‘acompañar’ al candidato del FMLN en los cantones de sus municipios. Le dijeren que se comunicara con el secretario general del PDC, porque es la dirección nacional la que ve asuntos de las elecciones nacionales. Bueno, le estaban diciendo al FMLN: “Estamos en la misma alcaldía, pero no en la misma cama.”

Las negociaciones entre los partidos que quieren formar una alianza deben ser lo más transparentes posible. Siempre cuando la gente sepa quién está con quién y cuáles son los objetivos comunes, una alianza entre partidos (y más allá de partidos) es una forma legítima de ganar elecciones.

Ya que estamos hablando de alianzas: ¿Cuál es el contenido del acuerdo entre FMLN y CD? ¿Cuáles son los términos del pacto entre la Comisión Política del FMLN y Mauricio Funes y sus amigos?

(El Diario de Hoy, Observador Electoral)

¿La socialdemocracia como fin de la historia?

Hace casi 20 años Francis Fukuyama escribió, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín, un ensayo sobre el fin de la historia en la revista estadounidense The National Interest, artículo que posteriormente se convertiría en libro. El argumento básico era el siguiente: con el proceso de reforma lanzado por Mijail Gorbachov en la Unión Soviética, conocido como perestroika, el gran rival del mundo atlántico desaparecía y, por tanto, cesaba la lucha ideológica con la victoria incondicional del capitalismo y la democracia liberal. Fukuyama, además, examinaba el potencial de otras ideologías como el fundamentalismo religioso o el nacionalismo, concluyendo que nunca podrían convertirse en auténticas alternativas a la democracia liberal capitalista, si bien no iban a desaparecer.

La idea de Fukuyama era sugerente y, desde luego, fue oportuna en aquel momento histórico. La propuesta también generó fuertes críticas, algunas infundadas por malinterpretar el mensaje original. La más típica es la que consideraba la tesis del fin de la historia como la ausencia de eventos históricos de importancia, algo que Fukuyama rechazó expresamente en su ensayo.

Otra crítica, algo más elaborada, proveniente del recientemente desaparecido Samuel Huntington, consideraba que la lucha ideológica secular pasaría a ser religiosa o étnica, con la famosa tesis del choque de civilizaciones. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 confirmaron para muchos la validez de esta tesis. Con todo, y a pesar de que el fundamentalismo islámico supone una amenaza importante, Fukuyama ya dijo en su escrito de 1989 que esta ideología no es una opción atractiva, a diferencia del comunismo durante la guerra fría, más allá de los Estados de mayoría musulmana (o entre colectividades musulmanas en países no musulmanes), donde además sólo una minoría comparte sus postulados. En este sentido, esta ideología no es realmente una alternativa viable a la democracia liberal, ni se puede argumentar que es un estado superior en la evolución ideológica, de las ideas, más bien al contrario, supondría una regresión.

No obstante, la tesis original de Fukuyama sí que debe ser corregida al menos en un aspecto fundamental, si se quiere que mantenga un cierto poder explicativo de la realidad, sobre todo a la luz de los acontecimientos derivados de la crisis financiera mundial iniciada en julio de 2007 en Estados Unidos, y aun antes, por el fracaso de las políticas neoliberales en América Latina y África.

Fukuyama consideró que la victoria de la democracia liberal sobre el comunismo soviético re

-solvía los problemas socioeconómicos dentro de las sociedades occidentales y en los países en vías de desarrollo. Declaró, además, expresamente, que ya no había contradicción entre capital y trabajo, y obvió en todo caso las importantes diferencias entre el capitalismo estadounidense y el europeo continental, y las diferentes culturas políticas que subyacen a las decisiones de política económica a uno y otro lado del Atlántico.

Es cierto que la democracia liberal es el elemento común y definitorio de los países occidentales. Sin embargo, al obviar la importancia de las d emocracias sociales de Europa occidental, que completan el paradigma del Estado liberal, tal y como nos enseñaban Norberto Bobbio y Gregorio Peces-Barba, entre otros, se acaba poniendo al capitalismo a la americana como el paradigma de ese proclamado fin de la historia. Más aún, no se tiene en cuenta la tensión permanente entre Estado y mercado que existe en el seno de las democracias liberales, y las opciones políticas que la animan, y que debemos reconocer como neoliberalismo y socialdemocracia. Palabra esta última que está conociendo un renovado vigor a la luz del desconcierto generado por la crisis financiera.

En pocas palabras, podemos decir que la socialdemocracia es la ideología que, a diferencia del liberalismo clásico, persigue la igualdad real sobre la formal y que opera de acuerdo con el principio de la prevalencia de la política democrática sobre la economía, tal y como señala Sheri Berman. En el paradigma socialdemócrata, el sistema de mercado existe (a diferencia de lo que sucedía en la Unión Soviética), pero opera dentro de las reglas que fija el poder político, lo que incluye al Estado de bienestar, hasta hace unos años tan denostado por insostenible por los publicistas neoliberales.

En este sentido, cabe considerar al neoliberalismo, que inicia su auge como paradigma político cultural dominante en la década de los setenta, como una desviación temporal en esa evolución ideológica de impronta hegeliana que proponía Fukuyama, ya que pretende volver a un estado anterior de la humanidad, el del laissez-faire, donde la economía prevalece sobre la política, y donde no hay posibilidad de pacto entre el capital y el trabajo, ya que el primero debe prevalecer, sin ambages, sobre el segundo.

Esto no significa que el neoliberalismo no haya aportado nada bueno a la historia de las ideas, pues ciertamente las políticas keynesianas tradicionales necesitaban algunos ajustes y correcciones, en particular en lo relativo al uso excesivo de políticas monetarias procíclicas para alcanzar el pleno empleo, especialmente durante la década de los sesenta en los Estados Unidos y en el Reino Unido, donde por cierto, la tradición socialdemócrata ha sido históricamente más débil. Este error, en particular, generó una espiral inflacionaria, la quiebra de la política de rentas y del pacto entre el capital y el trabajo y, finalmente, el ascenso de la ideología neoliberal. Con todo, el neoliberalismo no se contentó con devolver cierta racionalidad a la política monetaria. Su agenda, como hemos visto, iba mucho más lejos. Animada por un individualismo descarnado buscó, y en parte logró, bajo los Gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, la privatización de sectores económicos estratégicos y de determinados servicios públicos. Pero, sobre todo, se desregularon los mercados de trabajo nacionales y los flujos financieros internacionales, con las consecuencias que hoy conocemos: mayores desigualdades, menor crecimiento económico y hasta colapso financiero. Peor aún, el paradigma neoliberal alcanzó en el discurso público lo que Antonio Gramsci denominaba "hegemonía cultural", llevando a que incluso la izquierda adoptara el lenguaje del adversario. De este modo, el debate político de las últimas décadas se ha ceñido a determinados parámetros y términos fundamentales de la agenda neoliberal, dentro de los cuales conceptos como flexibilidad laboral, competitividad o reformas estructurales funcionaban como polos en torno a los que giraban las discusiones de las políticas públicas.

El reto para la socialdemocracia, en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, consiste en alcanzar grados de integración y cooperación política entre los países que permitan la recuperación del equilibrio entre Estado y mercado. El momento histórico es propicio. Aunque el carácter asimétrico de la globalización, escorada hacia lo económico (y sobre todo hacia lo financiero, con la libertad de movimiento de capitales), no sugiere que la socialdemocracia sea el fin de la historia, resulta difícil afirmar que los últimos 30 años de neoliberalismo constituyen el ideal al que aspirará la mayoría de la humanidad.

La crisis financiera mundial quizás ponga de relieve lo que ya era, en realidad, evidente: el fracaso de la ideología neoliberal tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, y la urgente necesidad de recuperar el paradigma socialdemócrata en el discurso público.

(El País, Madrid)

Sigue el debate sobre las encuestas

Es un hecho que las encuestas fallaron en la medición del voto para el 18 de enero. Sobre todo las encuestas hechas por las universidades, y sobre todo en cuanto a la carrera entre la doctora Violeta Menjívar del FMLN y el doctor Norman Quijano de ARENA por la alcaldía de San Salvador.

Las diferentes encuestas le dieron una ventaja entre 4 y 17 puntos de diferencia (o sea, entre 5 mil y 20 mil votos) a Violeta Menjívar, y al final ella perdió con 5 mil votos de diferencia.

En vez de reconocer que las encuestas fallaron, buscan defender lo indefendible. Dan dos explicaciones para salvar las encuestas: una, que en San Salvador se produjo un cambio en los últimos días. Que las encuestas tenían razón en medir una gran ventaje de Violeta Menjívar, pero que ‘algo’ pasó en la recta final que hizo que la intención de voto cambiara a favor de Quijano. Y la otra explicación es que hubo fraude.

Ambas justificaciones son absurdas.

Es cierto, en la recta final de una carrera electoral puede pasar algo que cambie la correlación de fuerzas. Pero que yo sepa, en enero del 2009 no hubo terremoto ni huracán ni ataque terrorista; tampoco descubrieron, en los últimos días, un gran escándalo de corrupción que involucrara a la alcaldesa; tampoco la agarraron bailando chulona...

En el lapso entre las últimas encuestas y el día de la verdad no pasó absolutamente nada que pudo haber impactado tanto para cambiar el rumbo de la elección.

“Ahh. pero Norman Quijano sacó el MetroBus faltando días para la elección...”
“Ahh, pero Norman hizo ‘trabajo de hormigas’ hasta el último día...”
“Ahh, pero la alcaldesa ya no apareció en los medios durante los últimos días...”

Como si fuera trampa que un candidato termine bien su campaña. Y como si no fuera evidente que la alcaldesa dejó de participar en foros televisivos porque entendió que con cada debate se confirmaba lo que ya era obvio desde antes: que la gente no tenía confianza en su capacidad y sus propuestas.

Explicar con el MetroBus que Violeta haya perdido la supuesta ventaja de 15 puntos en las encuestas, es absurdo. La tal ventaja nunca existió. La carrera estaba cerrada desde el principio, y al final ganó la mejor propuesta. Así de simple. No hay que buscarle una quinta pata al gato.

Queda el alegato del fraude. O, como dicen Mauricio Funes y los dirigentes del FMLN, que Quijano ganó debido a ‘prácticas ilegítimas’, como la movilización de votantes y el uso de vigilantes de urna e integrantes de juntas que residen fuera del municipio. El FMLN sigue usando las grandes ventajas que le dieron las encuestas universitarias a Violeta Menjívar como prueba que ahí hubo fraude. Según ellos, la ventaja se deshizo con el fraude a favor de ARENA.

Si las encuestas fueran ciertas, ARENA tendría que haber tenido la capacidad de movilizar unos 25 mil votantes más que el FMLN para ganar en San Salvador. ¿Es probable esto? No. El FMLN tiene la misma capacidad y experiencia de llevar votantes del resto del área metropolitana a San Salvador. El FMLN tiene la misma capacidad y experiencia de comprar (o pedir ’prestados’) a otros partidos sus credenciales de vigilantes e integrantes de juntas, para poner activistas de otros municipios a votar en San Salvador.

La migración de votos (tanto vía cambio de residencia como vía vigilantes y juntas de urna) es un vacío legal que hay que resolver. Pero es un vacío que no define elecciones, porque los dos partidos mayoritarios (más el PCN) lo usan con igual habilidad y frialdad.

Resumen: ni el fraude ni la recta final de la campaña explican la diferencia abismal entre encuestas y resultados reales. Las casas encuestadoras, si quieren recuperar su credibilidad, tienen que reconocer que se equivocaron. Y tienen que revisar sus métodos.

El FMLN, para recuperar su credibilidad, tampoco le conviene seguir haciendo campaña con las supuestas ventajes que le certifican las encuestas hechas antes del 18 de enero.

Y ARENA, de paso sea dicho, no tiene ninguna razón de desatender a todos los llamados de atención que emanan de una lectura humilde y crítica de las encuestas. Sólo porque se equivocaron con Norman, todo lo que han dicho las encuestas sobre las deficiencias del gobierno y de la campaña de ARENA no se convierte en mentira. Sobre todo cuando las encuestas coinciden con el sentido común, más vale hacerles caso.

(Publicado en El Diario de Hoy, Observador Electoral)