Columna Transversal: ¿Cuál cultura popular?

No tengo idea cómo en la Secretaría de Cultura (o directamente en Casa Presidencial) definieron el término “música popular”, cuando decidieron que a esta rama iba a corresponder el “Premio Nacional de Cultura 2016”. No creo que pensaron en Josse Lora o en los Hermanos Flores, aunque definitivamente producen música más popular que todos los grupos de música de protesta juntos.

Parece que este premio 2016 fue convocado a la medida para “Yolocamba I Ta”, el grupo que lo recibió de manos del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en una ceremonia en Casa Presidencial, el pasado 14 de noviembre. Fue un asunto familiar: “Yolocamba I Ta”, fundado en 1975, fue el embajador oficial de la Fuerzas Populares de Liberación (FPL), organización guerrillera comandada desde 1983 por Salvador Sánchez Cerén. Darles un premio a los Yolocamba no es un pecado, son buenos músicos y excelentes personas, lo que molesta es cómo juegan con la “música popular”. Hay una tradición de música popular, y hay grupos que la mantienen viva, pero no han sido tomados en cuenta.

Sebastián Chicas, fundador y sobreviviente del grupo “Torogoces de Morazán” también ha sido candidato para el premio. Él nunca se hizo ilusiones de poder recibir este premio (y los 5 mil dólares que vienen con él), “porque no soy del partido.” Sebastián, campesino del Norte de Morazán, fue guerrillero en las filas del ERP. El grupo fue fundado por activistas campesinos y milicianos, quienes luego de la ofensiva del 10 de enero 1981 pasaron a los campamentos guerrilleros, con sus instrumentos y con sus fusiles.

Yolocamba I Ta recibiendo el Premio Nacional de Cultura 2016

A diferencia de Yolocamba, Sebastián y los Torogoces no surgieron como una sucursal de la trova, ni de la música de protesta suramericana. Los Torogoces no escribieron canciones para protestar, sino para poner la pista de sonido a las luchas campesinas y guerrilleras de Morazán, y su música se deriva de los pulúm pulúm de los cantones y de los corridos mexicanos. Si Casa Presidencial y su Secretaría de Cultura querían premiar la música popular, el candidato lógico no era Yolocamba I Ta, sino un grupo como los Torogoces, que mantiene viva y actualizada la música popular en el territorio. Y si además, como gobierno de izquierda, querían honrar la música que nace de la lucha popular y guerrillera, también el candidato lógico era Sebastián el Torogoz.

Sebastián El Torogoz

Pero, como dice Sebastián con su típica picardía (y alguna resignación): “Tenemos el pecado de ser del ERP. Bueno, en Casa Presidencial esto parece pecado, para mi es un orgullo. Y no creás que estoy ahuevado o resentido, a mi de mejores fiestas me han corrido, solo porque no me pliego a la línea de nadie…”.

Claro, para Sebastián y su familia, y su vida en Jocoaitique, los 5 mil dólares del premio hubieran hecho una gran diferencia, precisamente para poder seguir promoviendo la música popular: “Hubiera comprado un pick up para poder movilizar a los bichos y sus instrumentos, porque la paila que ando ya no aguanta, y pudiéramos agarrar más compromisos para tocar”. Sebastián vive de la agricultura, pero con sus hijos, sobrinos y vecinos ha mantenido vivo el nombre y el repertorio de los Torogoces de Morazán, retomando siempre temas actuales. Más por terquedad y amor al arte que por negocio…

Según Sebastián, por lo menos en Morazán no se ha sentido que los dos gobiernos de izquierda hayan apoyado la cultura popular. “Tal vez en la capital, pero hasta Morazán no ha llegado nada”.

Pero el jurado instalado por Secultura no tomó en cuenta a los grupos auténticamente populares. Dieron el premio y los 5 mil dólares a un grupo más cercano (geográfica y políticamente) al poder. Con Sebastián hubieran corrido riesgos, porque el hombre sigue siendo un rebelde, un campesino terco, un tipo auténtico e irreverente. Como muchos del ERP, fue un tipo disciplinado durante la guerra, pero al solo suscribirse la paz, dejó de permitir que algún comandante o dirigente o partido le diga qué cantar y qué pensar.

Parece que el gobierno del FMLN, igual que los anteriores, le tiene miedo a los auténticos artistas populares que no pasan por el filtro partidario.

Nota aclaratoria: Este artículo no es una crítica a los músicos de Yolocamba I Ta, es una crítica a los que administran, desde el partido y el gobierno, la cultura.

 (El Diario de Hoy)

 

Carta al gabinete de Seguridad: Venganza y justicia son incompatibles

Estimados señores funcionarios:
Sigue corriendo la sangre. 43 policías y 21 soldados han muerto este año en el enfrentamiento entre la fuerza pública y las pandillas. De los policías, militares y pandilleros muertos, unos han caído en situaciones de enfrentamiento y muchos (de ambos bandos) han sido ejecutados. Desde la implementación de las ‘medidas extraordinarias’ se ha activado una cadena de venganza que, al no pararse, va a erosionar el Estado de Derecho.

La policía y el ejército no solo tienen el derecho, tienen el deber de responder a cualquier ataque a sus miembros. Pero las autoridades tienen que responder dentro de la ley y el absoluto respeto a los Derechos Humanos. La respuesta al crimen tiene que ser la consecuente aplicación de la justicia, nunca la venganza al margen de la ley y nunca la represión indiscriminada.

En este sentido, la reacción de las autoridades al reciente asesinato de un subinspector de la PNC y su hijo en Quezaltepeque fue peligrosa. Sin haber tenido tiempo de investigar el hecho, ustedes ordenaron el mismo día el traslado de 30 pandilleros que guardaban prisión en los penales de Ciudad Barrios e Izalco al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Esto podría ser una medida adecuada dentro de las facultades legales, si fuera resultado de una investigación que arroja pruebas. Pero obviamente no es así. El fiscal general simplemente declaró, el mismo día del hecho, que la orden provino de estos dos penales “a voz viva”. Esto es risible: si hubiera pruebas de que internos trasladaron órdenes de atentar contra policías a gritos de una sección del penal a otra, las autoridades hubieran tenido que tomar medidas preventivas. Es obvio que FGR y PNC simplemente decidieron tomar medidas de represalia ejemplarizantes contra la pandilla que ellos asumen cometió el ataque al subinspector y su familia.

Lo más grave es que inmediatamente las más altas autoridades dieron declaraciones públicas resaltando el carácter vengativo de las medidas. El vicepresidente Óscar Ortiz, quien por lo menos nominalmente coordina el área de Seguridad, dijo que los 30 trasladados, acusados de haber ordenado el ataque, “no tienen derecho a ver el sol ni la sombra”. El ministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, no se quedó atrás: “A partir de este día quedan sometidos al aislamiento total y no tendrán derecho a la hora de sol”. Y Rodil Hernández, director general de Centros Penales, dijo que los acusados “no merecen ningún tipo de atención del sistema.” 

Se entiende que estas son palabras fuertes para mostrar a los miembros de la policía que sus jefes los están defendiendo, pero evidentemente salen del marco de la ley. No apuntan a la aplicación de la ley, sino a medidas ejemplarizantes fuera de la ley. La situación en los seis penales para pandilleros ya ha sido clasificada por la Sala de lo Constitucional como inconstitucional y el régimen especial establecido por el Gobierno ha sido denunciado por la Procuradora de Defensa de los Derecho Humanos como parecido a “centros de torturas de épocas pasadas; se supone que eso ya está superado, se supone que lo de Hitler ya está superado.” 

La PDDH denunció que con sus ‘medidas especiales’ el Gobierno decidió negar a los internos la atención médica incluso en casos graves y el Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud ya está activando un plan de emergencia, porque entre la población interna en los seis penales afectados por el régimen especial los casos de tuberculosis se ha aumentado en un 100% a partir de la vigencia de las ‘medidas extraordinarias’ de aislamiento, debido al encierro total, la falta de aire fresco y exposición al sol. Esto constituye una epidemia que puede poner en peligro la salud de la población en general.

En este contexto, las declaraciones de Ortiz, Landaverde y Rodil Hernández son irresponsables y atentan contra el Estado de Derecho que pretenden proteger.

El fiscal general no se queda atrás y amenaza, de manera peligrosamente generalizada, con persecución criminal y cárcel a los abogados que asumen la asistencia legal de pandilleros. Las máximas autoridades del Estado no pueden incurrir en este tipo de amenazas. Su respuesta a los crímenes cometidos contra policías tiene que ser mejor inteligencia, mejor investigación y no represalias sumarias y medidas vengativas fuera de la ley.

Si la respuesta del Estado consiste en incrementar la presión extralegal contra los internos y sus abogados, en estrategias diseñadas a causar más bajas fatales a las pandillas, incluyendo ejecuciones, entramos en una espiral de venganza destructiva para nuestro orden jurídico. Inmediatamente después de las amenazas por parte del vicepresidente, del fiscal y de los responsables de Seguridad, apareció en las redes sociales un comunicado de un autollamado “Grupo de Exterminio de El Salvador (GDEDES)”, anunciando que “dará orden de asesinar a pandilleros y sus familiares. Si quieren guerra, guerra van a tener”. 

Y entonces, ¿quién va a parar esta guerra de todos contra todos?

Muchos de ustedes van a interpretar mis palabras como defensa de los pandilleros, pero se trata de defender el Estado de Derecho contra los criminales, pero también contra los que pretenden defenderlo con más crímenes.

Ustedes tienen la responsabilidad legal y moral de reducir la violencia y tomar medidas para parar la espiral de venganza. Como funcionarios, no pueden ser parte de ella. De igual forma, hay que hacer un llamado a las pandillas a cumplir lo que han prometido reiteradamente a la nación: abstenerse de cualquier acción que aumente la violencia. Si no, no tendrán a nadie que defienda los derechos humanos de su gente en los penales y de sus familias en las comunidades.

Escribo estas palabras con mucha preocupación,

 
Posdata:
Cuando fue escrita esta carta, todavia el gabinete de Seguridad, encabezado por el vicepresidente Oscar Ortiz no había presentado su nuevo plan para reaccionar a los recientes asesinatos de policías. Por tanto no tenía idea que este plan se iba a llamar ‘Plan Némesis’. Némesis fue la diosa griega de le venganza…
Némesis tambien fue la diosa de la ‘justicia retributiva’, o sea luchaba contra las fortunas mal habidas de los gobernantes. Pero si el gabinete de Seguridad  hubiera  enfocado en esta última atribucion de la diosa Némesis, hubieron llamado ‘Plan Némesis’ el operativo contra los ex-presidentes Funes ys Saca…
P.L.

(MAS!/El Diario de Hoy)

 

Carta a ‘los príncipes’ Bukele y Gerson, al comisionado Landaverde y al ‘presidente Gallegos’: así me hablaron de ustedes

Estimados señores:
De regreso en El Salvador. El taxista que me lleva del aeropuerto a mi casa me dice: “Don Paolo, yo le voy a poner al tanto de todo, para que no pierda el hilo y pueda hacer sus cartas” y me dio el “briefing” completo: Tony Saca todavía está preso y Mauricio Funes todavía está asilado en Nicaragua, nadie ha emitido orden de captura contra él. Los pandilleros andan matando policías y el gobierno sigue matando pandilleros. Todavía el Frente piensa que con mano dura los van a doblegar, el ministro Landaverde dijo: “Los voy a estar esperando en las peores cárceles de El Salvador…”.

Siguió el ‘briefing’: continúan las negociaciones de la crisis fiscal. ARENA le dio $550 millones al gobierno para poder pagar sus cuentas, pero el Frente quiere más.

Si preguntan a un sencillo taxista: no hubo tal impago, era un invento del Frente. Ya era claro que ARENA no les iba a dar el pisto de las pensiones, entonces sabían que algo a fuerza les tenían que dar y se cobraron sus 550 millones. “Así es la política, don Paolo…”.

Luego me puso al tanto del actual estado del “juego de los princesos”, como lo llama mi taxista analista de la realidad nacional: el alcalde Bukele y el ministro Gerson, ambos jugando a precandidato a la presidencia.

La gran competencia de inauguraciones… el ministro piensa que lleva la ventaja, porque realmente cree que al alcalde le va a afectar el juicio contra su troll center y las sospechas de corrupción con las lámparas LED. Pobre iluso, nada de esto va a afectar a Bukele. La gente lo ve como listo, mientras al otro lo ven como pendejito, haciendo pasos a desnivel que no sirven para nada. Y créame, don Paolo, en esto soy experto yo. Este Gerson ni maneja carro, lo llevan chineado arriba y abajo… ¿Sabe qué?, Bukele es como Trump, por más que lo critican y le descubren pecados, más gente lo va a apoyar. Todo le resbala.

Pero el hombre no quiere malentendidos: “No vaya  creer usted que simpatizo con Bukelito. No le creo ni la hora del día. Pero que es más listo que todos del Frente juntos, esto sí lo tengo seguro…”.
Falta el tema que más me intriga, pero solo lo ha dejado para el final, como postre: “No sé si usted se dio cuenta que ahora Gallegos es presidente de la Asamblea. Murió la reina madre, viva el rey… ahora hablando de transparencia, austeridad, diálogo. Y lo más sorprendente: hay quienes le creen a Gallegos, hasta en ARENA lo tratan con guantes de seda, como si fuera alguien en quien se puede confiar.

Así plenamente informado y orientado, llego de regreso al país para retomar mi trabajo de analista político. Y en vez de escribir esta carta como si yo solito hubiera tenido todo este análisis, decido darle crédito a mi taxista, o sea a la sabiduría popular. Mientras tenemos taxistas, barberos, cantineros o vendedoras del mercado que entienden lo que hay detrás de las noticias, vale la pena dedicarse a esta profesión de escritor y generador de opinión.

Nos vemos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

Carta a la oposición: ¿Confidencialidad o transparencia?

Estimados amigos:
Okay, ya lograron el salvataje de las finanzas públicas. Con los 550 millones de dólares en bonos, que ustedes autorizaron, el gobierno supuestamente puede llegar al fin del año, cumpliendo sus obligaciones con pensionados, militares retirados, proveedores, acreedores, alcaldías, maestros, médicos, policías etcétera.

¿Y ahora qué? 

Todavía nadie ha contestado la pregunta del millón (más bien de los millones) que todos nos hemos hecho: ¿Qué hicieron con los fondos reservados en el presupuesto vigente para todas las obligaciones que ahora se pagarán con los 550 millones de deuda adicional? ¿Qué se hizo este pisto? Si han incurrido en gastos adicionales, fuera del presupuesto, ¿por qué no solicitaron autorización a la Asamblea? Si el presupuesto no fue modificado por la Asamblea, autorizando gastos no previstos, la única conclusión es que estamos pagando dos veces por las mismas cosas, una vez con los impuestos incluidos en el presupuestos 2016, y ahora autorizando 550 millones, que en algún momento también tendremos que cancelar.

Ahora hay dos posibilidades: O la oposición, en la ‘mesa fiscal’ con el gobierno, recibió respuestas satisfactorias a estas interrogantes, entonces cabe preguntar: ¿Por qué la oposición no ha hecho públicos estos datos? En este caso tenemos un problema de transparencia. O ustedes como oposición han autorizado 550 millones de salvataje sin ninguna rendición de cuentas confiable por parte del FMLN y su gobierno. En este caso tenemos un problema político grave.

Tengo entendido que ustedes han puesto como condición que la mesa fiscal que tienen con el gobierno revise punto por punto el presupuesto 2017, para asegurar que esta vez sea completo, realista y equilibrado. Cosa que teóricamente no puede ser sujeto de mucha negociación, por que es un mandato constitucional.

Lo que no tengo claro es si ustedes, antes de autorizar este salvataje, consiguieron del gobierno un compromiso legalmente vinculante que garantiza una exitosa y estricta revisión del próximo presupuesto. Digo vinculante, porque promesas y discursos no valen el papel donde están impresos. Si no hay compromisos vinculantes, por ejemplo plasmados en un convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional, ustedes nuevamente terminaron dando al gobierno un cheque en blanco. Y ya sabemos lo que los gobiernos, sobre de corte  populista, hacen con cheques blancos.

Ya no esperamos nada del gobierno en cuanto a transparencia en todos estos asuntos, pero de ustedes sí. Tienen la obligación inalienable de compensar el permanente déficit que el gobierno tiene en cuanto a rendición de cuentas. Si no ustedes, ¿quién va a explicar a los ciudadanos lo que se negoció y acordó en la mesa fiscal  y en base de qué datos antes no disponibles? Estoy de acuerdo que ustedes, como oposición, tienen la obligación de evitar que el gobierno lleve al país al impago, y de ayudarle al gobierno a salir de la crisis, pero no tienen ninguna obligación de ayudarle al gobierno a esconder datos y seguir mintiendo a la ciudadanía. Esto sería complicidad.

En este sentido, en estas negociaciones fiscales no puede haber compromiso de confidencialidad con el gobierno que vaya encima del compromiso de transparencia que ustedes tienen con los ciudadanos. Saludos,
 

(MAS!/El Diario de Hoy)