El FMLN ha desatado una campaña, pidiendo
la renuncia del magistrado Belarmino Jaime de la Sala de lo
Constitucional, por presunta evasión de impuestos. En un comunicado, el
abogado José Eduardo “Pino” Cáceres, rechaza estas acusaciones contra
una empresa, en la cual él forma parte de la Junta Directiva, pero no el
magistrado Belarmino Jaime.
Irónicamente, Pino es hermano del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Pero esto no es lo que lo define. Lo define su lucha contra la corrupción. Pino Cáceres es el exjefe de la Sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia quien en 2005, para investigar las declaraciones patrimoniales de Francisco Flores, pidió a los bancos información sobre cuentas y transacciones de los ex-funcionarios. La Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Agustín García Calderón, tomó la decisión de quitar a la Sección Probidad el derecho de pedir información bancaria. Con esto quedó sin dientes la Sección Probidad – hasta que el año pasado la actual Corte Suprema le volvió a dar a su Sección Probidad las facultades necesarias para investigar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y ex funcionarios, para buscar indicios de enriquecimiento ilícito. En consecuencia, ahora la justicia está viendo los casos de Mauricio Funes, Vanda Pignato, Toni Saca, Leonel Flores y otros.
Pino Cáceres renunció a su cargo, en mayo del año 2006. El Centro de Estudios Jurídicos CEJ escribió entonces:
“En el país no hay intención de combatir la corrupción. La semana pasada nos enteramos cómo la petición hecha por el Dr. René Fortín Magaña a la Fiscalía General de la República para que solicitara la nulidad de la increíble resolución de la Corte Suprema de Justicia que nulificó las funciones de la Sección de Probidad fue declarada sin lugar por el nuevo fiscal general en uno de sus primeros actos. ¿Cómo podemos creer en la voluntad del Gobierno si vemos que la corrupción realmente no se persigue?
Aún hay signos de esperanza en este país. La semana pasada también vimos un dignísimo acto protagonizado por un funcionario público de este país, con la pública renuncia del Dr. José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad, ante la resolución del fiscal que, con la resolución de la Corte, destruye toda posibilidad de combatir la corrupción a través de la oficina que presidía. Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a un funcionario salvadoreño bueno y patriota. ¡Pino Cáceres ha hecho patria!”
Cito todo esto para que quede claro quien
es el hombre que ante la campaña del FMLN contra el magistrado
Belarmino Jaime decidió tomar la palabra para defenderlo y expresar su
disgusto con el FMLN.
El comunicado de Pino Cáceres ya es ampliamente conocido, no tengo que citarlo aquí. Rechaza las acusaciones falsas contra el magistrado Jaime; acusa al ministerio de Hacienda de fuga y manipulación de datos confidenciales; y acusa al presidente de la República de complicidad. Pero hay una frase en el comunicado de Pino que tal vez muchos no lo entendieron: “Todavía existen jueces en Berlin”. Para explicarlo, cito una columna de Antonio García-Pablos publicada en EL PAIS:
Cuenta la leyenda Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio Sans Souci afeaba el paisaje, envió a un edecán a que lo comprara por el doble de su valor, para luego demolerlo.
Al regresar el emisario real con la oferta rechazada, el rey Federico II de Prusia se dirigió al molinero, duplicando la oferta anterior. Y como este volviera a declinar la oferta de su majestad, Federico II de Prusia se retiró advirtiéndole solemnemente que si al finalizar el día no aceptaba, por fin, lo prometido, perdería todo, pues a la mañana siguiente firmaría un decreto expropiando el molino sin compensación alguna. Al anochecer el molinero se presentó en el palacio y entregó a Federico II una orden judicial que prohibía a la Corona expropiar y demoler un molino solo por capricho personal. Concluida la lectura de la resolución judicial, y ante el asombro de todos, Federico el Grande levantó la mirada y declaró: “Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín”. El “juez de Berlín” representa, en el mundo del Derecho, la independencia judicial frente a la arbitrariedad y el despotismo; la primacía absoluta de la ley, expresión de la soberanía popular, y la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante ella, exigencias ambas inseparables del Estado de derecho.
¿Será que el gobierno de El Salvador ni
siquiera cumple con los estándares de derecho ya aceptados por un
monarca absolutista como Federico el Grande de Prusia?