Presupuesto e independencia de la Fiscalía. Columna Transversal de Paolo Luers

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 6 octubre 2019 

El único programa de gobierno que cuenta es el Presupuesto de la Nación, que el gobierno presenta. Todo lo demás es retórica.

Ahora, el gobierno Bukele presentó su primer presupuesto, correspondiente al 2020. El fiscal general Melara había solicitado $175 millones para la Fiscalía General, lo doble de la asignación para el año actual ($78 millones presupuesto regular + $13 millones adicionales = $91 millones para el 2019). El gobierno le asignó para el 2020 solamente $83,5 millones, o sea caso 8 millones menos que en el 2019.

En estos datos duros y desnudos (recorte de 8 millones a la FGR, aprobando un presupuesto que queda por 91 millones debajo de las necesidades que presentó el fiscal general) se refleja lo que el gobierno Bukele está dispuesto a hacer en materia de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Todo lo demás, incluyendo el discurso sobre la CICIES, es retórica. 

Aun si con apoyo de la OEA y Naciones Unidas nos instalaran la CICIES mejor calificada, dotada del mejor financiamiento, del mejor equipo de investigadores y de la mejor intención de hacer un trabajo profesional e independiente, no podrá cumplir su misión si no logramos tener una fiscalía fortalecida y que tenga irrestricto apoyo del gobierno y del legislativo. Esto es clave indispensable para el éxito de la CICIES, ya que constitucionalmente la fiscalía tiene el monopolio de la investigación y persecución penal. La CICIES, con una fiscalía débil, es la receta al seguro fracaso.

Con o sin una CICIES, la lucha contra la corrupción e impunidad depende esencialmente de la fiscalía. Y la fiscalía jamás tendrá verdadera independencia sin independencia presupuestaria. Mientras para garantizar que su institución pueda obtener los recursos para cumplir su mandato, el fiscal tenga que negociar con el gobierno, con los partidos y con la Asamblea, nunca tendrá la independencia necesaria para investigar a estos mismos centros del poder.

Igual que los anteriores gobiernos, la administración Bukele continua asignándole a la fiscalía un presupuesto anual deficiente, con dos propósitos: primero, evitar que despliegue su verdadero potencial de investigación; y segundo, tenerla en permanente dependencia del ejecutivo.

La única forma de garantizar la independencia de la fiscalía es evitar que año por año tenga que negociar sus presupuestos con los poderes que le toca controlar. Hay que asignar a la FGR por Constitución un porcentaje del presupuesto. Ya existe esta propuesta en la Asamblea, hay que revivirla en el contexto de la negociación del presupuesto 2020.

El fiscal general tuvo buenas razones de solicitar 175 millones para que su institución pueda cumplir todas las tareas que la Constitución le asigna. La situación de seguridad pública, con miles de capturas de presuntos pandilleros cada mes, requiere urgentemente de más fiscales y más capacidad tecnológica. La ola de casos, que a partir de la abolición de la amnistía la fiscalía tiene que preparar y llevar a la justicia en materia de crímenes cometidos en el contexto de la guerra, requiere de capacidades que la fiscalía no tendrá sin un aumento sustancial de su presupuesto. La creciente complejidad de los casos de lavado de dinero y otros delitos financieros, incluyendo el nuevo área de los juicios de extinción de dominio a propiedades mal habidos, demandan con urgencia un mayor presupuesto. Y al fin, si viene la CICIES, ella no le quitaría volumen de trabajo a la fiscalía, por lo contrario, abriría nuevas líneas de investigación y un monitoreo sistemático de la gestión del gobierno y de todas sus instituciones y autónomas. 

Quien espera poder canalizar y focalizar el trabajo de la CICIES prioritariamente hacia el pasado, investigando los gobiernos anteriores e incluso haciéndose cargo de los casos de crímenes de guerra, obviamente estaría calculando que así va a terminar de hundir al FMLN y ARENA. Si al mismo tiempo lograra mantener postrada la fiscalía, esta no daría abasto para cumplir su responsabilidad de control sobre la gestión del actual gobierno. 

El discurso ‘oficial’ sobre la CICIES y los datos de su presupuesto insuficiente para la fiscalía sugieren que esta es la estrategia del gobierno Bukele. Si es así, están jugando con la enorme expectativa de la ciudadanía en cuanto a la lucha contra la corrupción. Pero no creo que saldrán con la suya...

Desvaríos constitucionales. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

Publicado en EL MUNDO/SV, 4 octubre 2019

En los últimos meses hemos visto en las redes sociales, con cierta frecuencia, supuestas expresiones de ciudadanos señalando la necesidad de reformar la Constitución para permitir la continuidad del Presidente de la República más allá del período constitucional, o pidiendo la disolución de la Asamblea si esta “bloquea” al Ejecutivo, invocando el derecho de insurrección ¿Es esto posible desde la perspectiva constitucional? Veamos:

Nuestra ley fundamental establece un modelo democrático según el cual “la soberanía reside en el pueblo”; sin embargo, inmediatamente afirma que el pueblo, su titular, “la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución” (art. 83). Eso es lo que en teoría constitucional se conoce como una “democracia constitucional”, en la cual el máximo poder político, la soberanía, está juridificado (es decir, limitado) en la ley de máximo rango en el sistema legal.

Eso equivale a decir que la expresión del poder popular tiene ya un cauce preestablecido: la Constitución y las leyes que se emiten a partir de las competencias normativas que ella reparte, cumpliendo los procedimientos prefijados. Así, por ejemplo, si al pueblo no le gusta una decisión de un juez penal, la alternativa no consiste en aglomerarse alrededor de la sede del tribunal, sacar por la fuerza al juez y lincharlo. Hay una institución que en nuestra legislación es la encargada de representar los intereses del Estado y de la sociedad, el Ministerio Público fiscal, quien puede hacer uso del sistema de recursos ante el respectivo tribunal superior para que la sentencia no apegada a derecho sea revertida. Por supuesto, si la decisión ha sido emitida por un tribunal de última instancia, la decisión es irrecurrible por razones de seguridad jurídica.

También es parte del modelo de democracia constitucional la opción por el régimen republicano, en el cual la división de poderes es un concepto central. Así, el presidente y el vicepresidente del ejecutivo, por un lado, y los diputados de la Asamblea, por el otro, son producto del voto popular; pero tratándose de una forma de gobierno presidencial, no parlamentaria, el Presidente de la república no puede “disolver” al Legislativo. Más bien, es la Asamblea quien tiene la potestad para declarar, con no menos de dos tercios de los votos de los diputados electos, la incapacidad física o mental del presidente, previo dictamen unánime de cinco médicos nombrados por la Asamblea (art. 131 ord. 20°); pero aun en ese caso, no asume cualquier persona designada libremente por el Legislativo, sino el Vicepresidente; y en ausencia de este, el primer o el segundo designado a la presidencia, en su orden.

Por otra parte, en la democracia constitucional el derecho de insurrección se le reconoce al pueblo “para el solo objeto de restablecer el orden constitucional” alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno, al sistema político o a los derechos consagrados en la Constitución (art. 87). No es un instrumento para que una turba amenace a los diputados con destituirlos si no hacen lo que quiere “el pueblo”. Si una ley o decisión legislativa concreta se considera contraria a la Constitución, existen mecanismos institucionalizados para invalidarla: el veto presidencial, la inaplicación por cualquier juez o su expulsión del ordenamiento jurídico por la Sala de lo Constitucional.

En cuanto a la reforma constitucional, el modelo de “democracia constitucional” establece el procedimiento respectivo, pero también define cuáles son los artículos irreformables (las llamadas “cláusulas pétreas”), entre las cuales se encuentra la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república, en consonancia con el art. 154 Cn., el cual es claro: el período del Ejecutivo dura cinco años, “sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Corresponde a la Asamblea legislativa desconocer obligatoriamente al presidente de la república cuando, terminado su periodo constitucional, continúe en el cargo (art. 131 ord. 16°).

En tiempos de un populismo que pretende gobernar irrespetando las instituciones propias del régimen republicano, llevándose de encuentro las limitantes constitucionales para el continuismo en la jefatura del Estado o alterando la división de poderes, es necesario recordar los elementos de nuestra ley fundamental que nos protegen frente a esos desvaríos constitucionales.

Carta a los diputados: ¿Por qué se prestan al circo? De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 5 octubre 2019

Estimados legisladores:

No puedo creer que cayeron en la trampa de los provocadores y honran el pleito infantil que armaron con una Comisión Legislativa de Investigación.

En mi carta dirigida al individuo que ahora quieren investigar, el ya famoso “Slipt”, escribí sobre la comedia absurda que se armó cuando lo convocaron a la Comisión de Seguridad. Unos diputados actuando “como si tuvieran en frente a un funcionario común que respeta las instituciones y las reglas de una conversación racional”. Y el maitro, felizmente burlándose de ustedes, de la Asamblea y, en última instancia, de las normas que regulan la relación entre funcionarios del Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Es cierto, el maitro, acusando al FMLN y ARENA de estar detrás del auge de homicidios de las pandillas, se hizo responsable de difamación; así como actuó, se hizo responsable de irrespeto a la Asamblea; y así como habló, también faltó el respeto a la Constitución. Todo esto es cierto y es visible ante los ojos de la ciudadanía.

A partir de ahí, las consecuencias que ustedes como diputados deberían sacar deben ser políticas: Asumir de una vez por todo que esta administración no tiene ningún interés en una relación de colaboración con la Asamblea, sino de confrontación y desprestigio. Ojo, confrontación y desprestigio no a ustedes como personas, tampoco a los partidos, sino al Órgano Legislativo como institución y su función en el sistema republicano de pesos y contrapesos.

¿Creen que es casualidad que inmediatamente luego del “incidente Slipt” personeros muy cercanos al presidente comenzaran a fantasear sobre la disolución de la Asamblea, invocando erróneamente el artículo 87 de la Constitución que permite la insurrección. Imagínense, el mecanismo de máxima emergencia que plantea la Constitución para restablecer el orden constitucional cuando es violado por el gobierno, invocado por gente que en sus sueños mojados ven al gobierno, movilizando a sus seguidores, disolviendo la Asamblea y tomando el poder total.

Y en esta situación ustedes establecen una Comisión Legislativa que se dedicará a investigar las bayuncadas que dijo el tal “Slipt”, en vez de dar a Bukele, no a su payaso de turno, las respuestas políticas contundentes que merece. ¿No se dan cuenta de que quieren que ustedes se peleen con el payaso?

Superaron el veto del presidente contra el decreto que garantizará a los médicos de año social su salario. Bien. Algunos diputados (por ejemplo, Rodolfo Parker) se quitaron los guantes y hablaron claro y pelado. Muy bien. Esta es la dirección correcta. La actitud correcta. Sigan así, en vez de enfocar la atención en las incongruencias de un don nadie que Bukele usa como provocador profesional. Con la Comisión Investigadora le prestan a ellos el escenario para convertir la Asamblea en circo. ¡Disuélvanla!

Hay otros vetos del presidente que deben superar, haciendo uso de la mayoría que hemos creado en la Asamblea. Hay discursos a construir. Hay principios a defender. Hay respuestas a explicar. Hay batallas a dar por la opinión de la gente. Tal vez ahora sea cuesta arriba, pero en parte porque tan pocos hemos dado la batalla, y en la Asamblea ciertamente la han evadido.

En vez de circo, debate serio y racional. Saludos, 

Lea tambien: Carta al 'Slipt'

In Court / A espaldas del parlamento. De Stephen Sedley

Stephen Sedley, ex-juez del Tribunal de Apelación
de Inglaterra y Gales.

Publicado en THE LONDON REVIEW OF BOOKS, edidcin octubre 2019

For at least four centuries the courts have contested the claims of monarchs to untrammelled authority. ‘The king,’ Chief Justice Coke said in 1611, ‘hath no prerogative but what the law of the land allows him.’ Although the historic settlement of 1688-89, which gave us today’s constitutional monarchy, left in existence a wide swathe of prerogative powers, these have become subject to two governing principles. One is that they cannot be enlarged. The other is that both their constitutional extent and their lawful use are subject to judicial review. If the rule of law is to mean anything, it has to mean this.

Vea una versión corta en español de esta nota en 
EL PAIS: A espaldas del Parlamento

It is because in the years that followed the ousting of the Stuarts, as Sir William Anson neatly put it in The Law and Custom of the Constitution, the Crown ceased to govern through ministers and ministers began to govern through the Crown that an issue like the prorogation crisis has been able to arise. The role of the Privy Council, the prerogative body composed today of about seven hundred holders and former holders of high public office, has shrunk for practical reasons to the token function of proclaiming the successor to the throne. Into the resulting void have stepped successive governments, giving the cabinet and its ministers, in the capacity of privy counsellors, regular private access to the queen, who by convention signs whatever Orders in Council are placed before her. This is how it was possible for a trio of politicians – Jacob Rees-Mogg as leader of the Commons and lord president of the Privy Council, Baroness Evans as leader of the House of Lords, and the government chief whip, Mark Spencer – to turn up at Balmoral and in the Privy Council’s name get the queen to prorogue Parliament.

Because this process takes place without the prior knowledge of Parliament or the public, the first the world knew of the Order in Council proroguing Parliament, which the Supreme Court has now struck down for illegality, was as a political fait accompli. In the not so distant past this was the method used by Jack Straw, as foreign and Commonwealth secretary, to deprive the Chagos islanders of their right to return. It is no way to run a democracy, and it is to be hoped that in less febrile times the entire prerogative procedure will be made public.

More dramatic than the lifting of the procedural veil are the Supreme Court’s substantive reasons for striking down the prorogation order. They are essentially that the ineluctable effect of the prorogation was not the constitutionally proper one of clearing the decks for a new legislative programme, but the illicit one of bringing parliamentary processes to a prolonged and unjustified halt, whatever the motive might be. It’s not easy to envisage a more serious finding of political malpractice, and difficult to think of a time when a prime minister implicated in it would not have felt honour-bound to resign.

This is underscored by the exiguous documentation produced to the court. On a memorandum from the government’s director of legislative affairs, Nikki da Costa, which at least attempted to face some of the constitutional issues, Boris Johnson had written:

(1) The whole September session is a rigmarole introduced [words redacted] t [sic] show the public that MPs were earning their crust.

(2) So I don’t see anything especially shocking about this prorogation.

(3) As Nikki nots [sic], it is OVER THE CONFERENCE SEASON so that the sitting dayslost are actually very few.

The excised words, it turns out, were ‘by girly swot Cameron’. A minute of a cabinet conference call on 28 August was also disclosed, revealing little more than a concern not to be wrongfooted in manipulating a prorogation. Any suggestion that Johnson had given informed and conscientious consideration to the constitutionality of what he was doing will have withered on counsel’s lips.

How, then, had the High Court in London been initially persuaded – as the Outer House of the Court of Session in Edinburgh had also been – that the issue, being political, was not justiciable? In spite of its prestigious composition (the lord chief justice, the master of the rolls and the president of the Queen’s Bench), the court had started at the wrong end: because prorogation of Parliament was essentially a political act, they reasoned, the courts had no power to look into its legality. ‘The constitutional arrangements of the United Kingdom have evolved to achieve a balance between the three branches of the state,’ they said, and ‘the relationship between the executive and Parliament is governed in part by statute and in part by convention. Standing orders of both Houses elaborate the procedural relationship between the executive and Parliament. This is territory into which the courts should be slow indeed to intrude by recognising an expanded concept of parliamentary sovereignty.’

In the Supreme Court the government’s contention that the entire issue was off limits for the courts turned out to be something of an own goal. To the contention that it was a purely political issue, the court in effect responded that breaking the law for political reasons was still breaking the law. Answering the argument that the Bill of Rights by its ninth article explicitly forbade the impeachment or questioning of ‘proceedings in Parlyament’ in ‘any court or place out of Parlyament’ the justices patiently explained that the whole point was that the challenged acts had taken place not in Parliament but behind its back.

Amplifying their reasoning, they pointed out that there was no need, for the purposes of the challenge, to expand parliamentary sovereignty: it was a given. So, too, was parliamentary accountability. But

the prime minister’s accountability to Parliament does not in itself justify the conclusion that the courts have no legitimate role to play. That is so for two reasons. The first is that the effect of prorogation is to prevent the operation of ministerial accountability to Parliament during the period when Parliament stands prorogued … The second reason is that the courts have a duty to give effect to the law, irrespective of the minister’s political accountability to Parliament.

They went on:

For the purposes of the present case, therefore, the relevant limit upon the power to prorogue can be expressed in this way: that a decision to prorogue Parliament (or to advise the monarch to prorogue Parliament) will be unlawful if the prorogation has the effect of frustrating or preventing, without reasonable justification, the ability of Parliament to carry out its constitutional functions as a legislature and as the body responsible for the supervision of the executive.

It followed that the lawfulness of the prime minister’s advice to the monarch was a justiciable question, to be answered by existing legal standards: ‘it is well established … that the courts can rule on the extent of prerogative powers. That is what the court will be doing in this case by applying the legal standard which we have described.’ That standard determines the limits of the prerogative power, ‘marking the boundary between the prerogative on the one hand and the operation of the constitutional principles of the sovereignty of Parliament and responsible government on the other hand. An issue which can be resolved by the application of that standard is by definition one which concerns the extent of the power to prorogue, and is therefore justiciable.’

If you watched the livestreamed delivery of the court’s judgment, you will not have heard these passages. They come from the full-length judgment of which Lady Hale, the president, was delivering a summary. The summary is itself a document of lambent cogency which ought to become required reading for students, whether of law or politics or for that matter the English language.

The problems of Brexit have not been laid to rest. Johnson’s overt refusal to accept that the law is what the Supreme Court says it is has both personal and constitutional ramifications which may take a long time to play out. More immediately, the legislation sponsored by Hilary Benn requiring the prime minister to ask the EU for an extension to Article 50 in the absence of an exit agreement before Halloween contains no enforcement mechanism. One may have to be devised by the courts. And there is no guarantee that, if Johnson does ask, his request will not be obligingly vetoed by a state with its own populist leadership, such as Hungary.

This said, what the prorogation debacle has brought back into focus is not so much the ninth article of the Bill of Rights as the first: ‘That the pretended power of suspending of laws or the execution of laws by regall authority without consent of Parlyament is illegall.’ The Supreme Court, as much by its unanimity (in Gina Miller’s first case in January 2017 it was divided 8-3) as by its reasoning, has re-lit one of the lamps of the United Kingdom’s constitution: that nobody, not even the Crown’s ministers, is above the law.

El presupuesto capturado. De Manuel Hinds

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 4 octubre 2019

Los ciudadanos se quejan mucho de que el presupuesto se hace tomando el del año anterior y luego quitando y poniendo algunas cosas al margen, tan pequeñas que realmente no causan ningún cambio excepto un crecimiento continuo que lleva a déficits y deudas más grandes. La queja tiene razón de ser. Más o menos así se hacen los presupuestos pero las razones por las cuales se hacen así no tienen que ver con haraganería de los que lo hacen sino con la rigidez intrínseca de nuestro presupuesto. Esa rigidez está determinada por gastos que una vez se comienzan a hacer no pueden cambiarse. Con el tiempo, estos gastos se han ido convirtiendo en la mayoría de las erogaciones del Estado.

Hay dos tipos de rigidez en estos gastos: la legal y la política. Los salarios están entre los primeros. Una vez que una persona ha sido contratada por el gobierno es muy difícil luego prescindir de sus servicios, de tal modo que si el gobierno quiere cambiar de prioridades y ya no hacer las cosas para las cuales la persona fue originalmente contratada sino otras, despedir a esta persona y contratar a otra no está entre las posibilidades. Se ve forzado a dejar a la primera en su lugar, aunque ya no haga nada, o aunque nunca haya hecho nada, y contratar a una nueva, con lo que la planilla del gobierno va aumentando irremisiblemente y la calidad del trabajo va disminuyendo a la par.

Esta rigidez del empleo en el Estado no solo va volviendo al gobierno en un aparato pesado y difícil de mover sino también lo vuelve una presa muy codiciada para que partidos políticos creen enormes redes políticamente clientelares contratando a decenas de miles de sus partidarios en puestos para los que no tienen ninguna preparación. El FMLN hizo esto, asegurándose de tres cosas: una, que sus partidarios tendrían trabajos permanentemente: dos, que, como el FMLN cobra una renta por esos empleos a sus partidarios, el partido tendría una fuente de fondeo; y, tres, que tendrían gente adentro del gobierno que les servirían para atacar con huelgas y ataques desde adentro a nuevos gobiernos en el futuro. De esta forma, el FMLN cargó a los que pagan impuestos con la manutención de su red clientelar.

La otra fuente de rigidez es el servicio de la deuda del gobierno, que, aunque haya locos que dicen que esta deuda no debe pagarse si ha sido contratada por otro partido y usada para puros desperdicios, no puede dejar de pagarse. ¿Se imaginan cuánta gente estaría dispuesta a financiar al gobierno salvadoreño si este dijera que no va a pagar las deudas contratadas por los gobiernos de otros partidos? Por supuesto que nadie. No ideas infantiles en esto. Hay que pagarlas.

Así, cuando se empieza a hacer el presupuesto tienen que ponerse los salarios de todos los que trabajan en el gobierno y los pagos de la deuda estatal. Pero hay otras cosas que también hay que poner como consecuencia del número de personas que trabajan en el gobierno: la compra o el mantenimiento de todas las cosas que ocupan, como papel, plumas, computadoras, etc. Y están las cosas que, aunque legalmente se pueden reducir —como los subsidios— el gobierno tiene miedo de hacerlo porque le van a protestar. Cuando ya todo esto se suma, el presupuesto ya ha alcanzado o sobrepasado el volumen que puede ser financiado. Es de este volumen que unas cositas se pueden sumar y otras restar para que el presidente le dé al presupuesto un toque personal.

Esta ruta, por supuesto, lleva al desastre por dos caminos. Uno, porque, para evitar las rigideces, los nuevos gobiernos optan por tomar más dinero prestado, aumentando así la deuda, y la rigidez futura del presupuesto por el lado de las contrataciones nuevas y de las deudas para financiarlas. Dos, porque la carga muerta de empleados llevados al gobierno para formar redes clientelares se va volviendo cada vez más grande.

El Salvador necesita más flexibilidad en los empleos estatales, de manera que se vuelva más fácil despedir a los que ya no se necesitan para emplear a los que sí se necesitan. Y necesita una evaluación muy seria de cuán necesarios son los subsidios ahora brindados, en comparación con los mejores servicios sociales que podrían brindarse con esos dineros.

El gobierno de la imagen. De José María Tojeira

Publicado en UCA NOTICIAS, 3 octubre 2019

La gran mayoría de los Gobiernos del mundo buscan construir imagen, más allá de los contenidos y realidades políticas con las que se comprometen. Es aquello que ya recomendaba la frase tradicional: “No solo hay que ser bueno, sino que además hay que parecerlo”. Sin embargo, cuando se fuerza la imagen más allá de la realidad, tratando de parecer bueno, brillante, etc., las cosas pueden volverse en contra del fabricante o vendedor de apariencias. En El Salvador, la construcción de imagen ha sido un esfuerzo permanente de todos los Gobiernos. Incluso cuando un partido repite en el poder ejecutivo, el nuevo gobernante trata de presentar una imagen distinta a la del anterior. Hasta que la población se cansa de imágenes que no responden a la realidad y busca nuevos liderazgos. Hartar a las personas críticas suele ser el primer paso. Y si no hay cambios, la mayoría de la población cae en la cuenta del engaño.

El actual Gobierno está presidido por un verdadero experto en creación de imagen, alguien que sabe que tiene que estar siempre en acción, porque la construcción de imagen es siempre dinámica, actividad permanente. Y en eso estamos, sin que neguemos que también haya trabajo real. Pasamos de los primeros “ordeno” esto o aquello, a la teatralidad militarista de la celebración de la independencia y posteriormente a esa especie de lección sobre medios de comunicación y presencia virtual que dio el presidente en las Naciones Unidas, con selfi incluida. Que es inteligente, que sabe manejar imágenes y que sabe cautivar a muchos, parece evidente. Pero el problema surge cuando el exceso de imagen comienza a chocar con la realidad y con la racionalidad de la misma. Y sobre todo cuando primero se crea la imagen y posteriormente se trata de hacer que coincida con la realidad.

Algo de esto le pasó al presidente en algunos de los primeros “ordeno que”. Primero ordenó despedir trabajadores y después la Corte Suprema de Justicia le dijo que ordenó mal y que debe reincorporarlos, porque los ha privado de su trabajo de un modo arbitrario. Celebra la independencia con lujo militar olvidando que fue fundamentalmente pacífica, unida, construida por intelectuales y empresarios, sin depender de actividades castrenses. Nos muestra un teatrillo policial en el que se escenifica la detención de los secuestradores de un autobús y se los exhibe hincados ante su presencia más o menos entronizada, rodeados de policías apuntándoles con sus fusiles.

Más allá de la realidad, la imagen, al transmitir una sensación de fuerza, puede hacer que recordemos lo que a principios de 2018 dijo Agnes Calamard, relatora de la ONU, durante su visita al país: “He encontrado un patrón de comportamiento en el personal de seguridad que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”. Y aquí con el agravante de que la fuerza viene bendecida desde el trono. Por supuesto que se puede alegar diciendo que los derechos humanos solo defienden a los criminales y que el Gobierno ha bajado el índice de homicidios. Pero atacar los derechos humanos siempre es contraproducente en el largo plazo y refleja el culto a la fuerza bruta. Y la utilización de la fuerza para reprimir la delincuencia no dura para siempre.

Finalmente, el presidente puede tener una buena parte de razón al decirle a Naciones Unidas que está obsoleta en ese modo de comunicación de los discursos presidenciales que se repiten año tras año. Y más si vemos la poca audiencia que tienen la mayoría de los discursos, tanto en la sala de la Asamblea General como entre la gente de cada país. Pero venderle a la ONU la idea de dar premios de diez millones de dólares a propuestas creativas de gente joven es un tanto aventurado. Lo que no sirve para El Salvador (al menos no se ha implementado) tampoco tiene que ser obligatoriamente beneficioso para la ONU. Crear imagen tal vez es necesario. De hecho, mucha gente confía más en las imágenes que en la realidad. Pero hay que tener cuidado, porque en política, cuando la imagen pretendida o exitosa dice una cosa y la realidad se mantiene atiborrada de problemas, es mejor ser humilde, presentar objetivos evaluables en el corto, mediano y largo plazo, ser trasparente con la ciudadanía y tener claro el rumbo hacia el que se quiere caminar.

Carta al ‘Slipt’: De luchador social a farsante. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 3 octubre 2019

Estimado Carlos ‘Slipt‘ Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social:
Dentro del circo que es El Salvador, la Asamblea normalmente es de los numeritos más aburridos. Pero esta semana fue escenario de una comedia excepcionalmente cómica: los diputados de la Comisión de Seguridad trataron de apelar a tu sentido común y tu decencia. Bueno, lo que realmente quisieron es obtener una disculpa por una acusación que hiciste en la entrevista con Moisés Urbina, que ARENA y el FMLN estaban detrás del auge de violencia del viernes 20 de septiembre, día que terminó con 23 asesinatos.

Obviamente, nuestros diputados no te conocen y no entienden aún el carácter del actual gobierno. Actuaban como si estuvieran frente a un funcionario común que respeta las instituciones y las reglas de una conversación racional. Tampoco entendieron que vos simplemente habías cumplido tu deber, no como funcionario público sino como hombre de confianza del líder de tu movimiento: repetir cualquier idea, propuesta o ataque de tu presidente. Repetirlo y asumirlo como propio. Y además, reforzarlo. Siendo presidente de la República, el señor Bukele no se puede tomar la libertad de hacer sus acusaciones con nombre y apellido, pero sabe que para esto tiene lugartenientes como vos. 

Reconstruyamos la historia. Bukele dijo en su conferencia de prensa que dio en la noche del viernes negro, hablando del auge sorpresivo de asesinatos: “Esto no corresponde a la delincuencia de nuestro país, aquí hay alguien detrás, o varios detrás, y los vamos a encontrar.”

Asumiendo tu deber militante, fuiste a TCS para ponerle nombre y apellido a quienes ustedes querían declarar culpables: ARENA y FMLN.

Los diputados te citaron ante la comisión de Seguridad, esperando encontrarse a un funcionario que por lo menos finge respetar las leyes y las instituciones, y te pidieron lo que en estos casos procede: pedir disculpas. 

Y ahí comienza la comedia. 

Rodrigo Ávila, ya perdiendo los estribos, porque no concibe que un alto funcionario de gobierno pueda mostrar una actitud tan burlona como la tuya: “Usted ha hecho alegatos que pueden constituir delito. Le pregunto: ¿Tiene pruebas para sus acusaciones, sí o no?”

Respuesta tuya: “Artículo 11 de la Constitución: Las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor; quien así́ las obtuviere y empleare…”

Ávila: “Sí o no?”

Respuesta del señor director de Reconstrucción del Tejido Social en el Ministerio de Gobernación: “¡Artículo 11 de la Constitución!”

Al fin el diputado Ávila se dio cuenta que estaba ante una comedia: “Usted es un farsante!”, y el presidente de la Comisión, entrando en pánico, cerró la sesión…

Hay que explicar que el artículo 11 contiene la protección constitucional del ciudadano en caso de enfrentar acusaciones y su derecho a Habeas Corpus (protección) contra restricciones arbitrarias de su libertad. Me imagino que sabías perfectamente que este artículo no tiene absolutamente nada que ver con lo que el diputado te estaba preguntando. Obviamente, él tampoco. 

De todos modos, lo que vos citaste fue el artículo 12, el que habla de la presunción de inocencia y de las condiciones que deben cumplirse para las declaraciones de un acusado puedan usarse contra él. Esto tampoco tiene que ver con el asunto que discutieron. A menos que te hayas sentido como sentado en el proverbial banquillo del acusado, y actuado de manera correspondiente, negándote a dar declaraciones que te pueden implicar en un delito… Pero nadie te lo estaba pidiendo, solo te pidieron que pidieras disculpas por unas declaraciones obviamente falsas y obviamente difamadoras.

Pero, ¿cómo ibas a pedir disculpas por un ataque fríamente calculado que tenías que dar para dar sentido a unas declaraciones un poco vagas de tu presidente? Pedir perdón a unos diputados que ustedes de todo modos no reconocen como representantes del pueblo no está en el guion de sus nuevas ideas.

Hace muchos años te conocí como alguien genuinamente interesado en cambiar las condiciones inhumanas en los barrios y comunidades. Pero esto era antes de que un político ansioso de poder te ofreciera trabajo como agitador, como su negociador ante estas comunidades y como “farsante”, como dijo Rodrigo Ávila. 

Qué lástima, ‘Slipt’.

Saludos, 

Once Telegramas políticos. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 1 octubre 2019

Nayib Bukele: Suficiente se habló del selfie. Hablemos del avión. ¿Cuánto nos costó su viaje a la obsoleta Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Y el costo extra para llevarse toda la familia, más enfermera y pediatra?

Medios de comunicación: No respondieron a las preguntas: ¿Casa Presidencial pagó los gastos de sus enviados a cubrir el viaje del presidente a Nueva York? 

ARENA: ¿Por qué el hashtag del lanzamiento de su COENA es #SomosNacionalistas? Debería ser #SomosRepublicanos, ya que lo que estábajo ataque y hay que defender es el sistema republicano, no la nación.

Gustavo López Davidson: Ahora ustedes dicen "Los valientes elegimos luchar". ¿Puedo entender que con esto retira su frase: "No me gusta la palabra oposición”?

Juan José Martel: Un partido que debe su resurgimiento (y sus 50 mil firmas) a Nayib Bukele, ¿qué espacio de maniobra independiente tendrá? 

Mario Durán: Hoy en Twitter un ciudadano le preguntó: "Ya habrá regresado de viaje su contador"? Por el pequeño detalle de su declaración de patrimonio que debía a Probidad...

Félix Ulloa: ¿Me podría por favor facilitar la dirección, el teléfono y el email de la CICIES? Dicen que está a la par de la Fábrica de Empleo de Funes, pero esta tampoco la encuentro.

Nelson Fuentes: Dicen que el verdadero plan de gobierno es el presupuesto, y todo lo demás es paja. Todavía no veo en su presupuesto 2020 el cambio de rumbo prometido.

Comisionado Arriaza Chica: ¿Adónde está 'Samurai', el agente GRP que asesinó a la agente Carla Ayala?

ANEP: No se olviden cómo sus colegas en Nicaragua y su COSEP entregaron el poder absoluto a Daniel Ortega. Hoy se lamentan.

FMLN: No se qué decirles, porque no entiendo por dónde andan.

Saludos a todos, 

¿En serio creen que fue un gran discurso? De Salvador Samayoa

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 30 septiembre 2019

Los que más aplauden al presidente, sobre todo los que están más cerca y tienen responsabilidades de gobierno, en vez de adularlo debieran aconsejarlo y hasta hacerle alguna crítica cuando corresponda, aunque se moleste, porque no es un semidiós al que los mortales no deben contrariar, sino un político muy joven que puede todavía tomar el camino de crecer como estadista o el de disolverse en su propia banalidad; un líder que todavía debe decidir si quiere representar a su país con cierta altura o entregarse a las veleidades de una celebridad un tanto narcisista e insustancial.

El discurso que pronunció en la sede de Naciones Unidas ha sido aclamado por sus admiradores. Haría falta ser sordo para no escuchar los aplausos que ha recibido una y otra vez. También se han escuchado algunas críticas, casi todas hechas con gran cuidado, como tocándolo pero muy suavemente, con pinzas o con guantes de seda, como con temor a mostrarse en minoría ante los miles de fervientes seguidores del profeta o ante los miles de “likes” y “retuits” orquestados por su costoso aparato de publicidad, como con temor a sufrir un ataque masivo —un linchamiento cibernético— de los ejércitos de troles y de las hordas de fanáticos que no pueden razonar, que solo saben insultar.

En mi opinión, al contrario, el discurso no fue digno de un presidente de gobierno o un jefe de Estado con alguna proyección en el concierto mundial. A partir de este juicio, la única forma que encuentro de mostrar respeto a su investidura y reconocimiento a su inteligencia y a su capacidad personal es plantear sin rodeos que lo puede hacer mucho mejor, por el buen nombre de nuestro país y por su propio prestigio internacional.

Realmente es difícil entender a quién quería impresionar nuestro presidente explicando en el máximo foro de las naciones del mundo, como quien ha descubierto algo hasta ahora desconocido, que las redes sociales han cambiado las comunicaciones y la forma de hacer política y que son ahora muy importantes para ganar elecciones, como quedó demostrado por la forma en que él derrotó en El Salvador a los partidos tradicionales. ¿En serio cree que esa fue una hazaña digna de mención en un foro internacional como el de Naciones Unidas?

¿Qué pueden haber pensado los “americanos”, que sí rompieron el molde de las campañas electorales hace once años en la primera victoria de Obama y más recientemente en la de su amigo Donald Trump? Qué pueden haber pensado los brasileños o los mexicanos, que vivieron antes que El Salvador el uso brutal de las redes sociales en las victorias de Bolsonaro y de López Obrador?

¿Qué puede haber pensado la delegación de Túnez, país en el que una gran convocatoria de redes sociales abrió las jornadas insurreccionales que derrocaron a Ben Alí y detonaron la explosión de la “Primavera Árabe” en enero de 2010?

¿Que habrá pensado la delegación de Egipto, país en el que los estudiantes y sus redes sociales fueron decisivos para el derrocamiento de Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder? ¿O la delegación de Libia, o la de Siria o la de Yemen que también derrocaron a sus dictadores en África y en Asia, o la de cualquier país de Europa Occidental? ¿Por qué nos estará explicando este señor que las redes sociales han cambiado la forma de hacer política, si es algo que ya hemos experimentado hasta la saciedad? ¿Por qué pensará el presidente de El Salvador que hablar de “Facebook” y “Twitter” es novedoso y “disruptivo”? ¿Qué clase de provincianismo es ese, carente por completo de sensibilidad y de roce internacional?

La segunda “idea”, de un discurso que solo tuvo dos, fue el señalamiento a la Asamblea General de Naciones Unidas por tener, a juicio de nuestro presidente, un formato obsoleto. En este orden llegó a decir, palabras de más o de menos, que los discursos no los escucha nadie, que su “selfie” tendría muchas más vistas que oyentes su discurso (en eso acertó, porque muy poca gente lo escuchó) y que no debiera hacer falta viajar y gastar tanto dinero para ir a Nueva York.

Aparte de la flagrante incoherencia, porque si eso piensa no debió ir y no debió gastar tanto dinero en viajar, lo cierto es que esas afirmaciones proyectaron una imagen —tal vez injusta, pero merecida— del presidente de El Salvador como alguien que cree que la Asamblea General no es más que una jornada de discursos pronunciados en un gran salón.

La realidad, sin embargo, es que los discursos definidos como “debate general” constituyen una sola actividad, la que da inicio cada año a un nuevo período de sesiones de la Asamblea General.

La Asamblea General incluye este año una cumbre sobre la acción climática, una reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal, un diálogo de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo y una reunión para promover la eliminación total de las armas nucleares, para solo citar algunas de las actividades que obviamente no podrían realizarse comunicándose por Twitter, por Facebook, por Skype o por FaceTtime.

La Asamblea General incluye en su estructura orgánica decenas de comisiones, como la Comisión de Naciones Unidas para Palestina (que debiera interesar a nuestro presidente), la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional y comités especiales como el de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

La Asamblea produce y divulga anualmente resoluciones e informes del Secretario General de gran importancia y actualidad para lidiar con situaciones y conflictos a nivel internacional. Esos pronunciamientos reflejan consensos y exigen patrocinios de países y mucha negociación multilateral. De esas resoluciones tuvimos muchas en el proceso de paz de El Salvador.

No dudo de que el presidente Bukele conoce al menos algunas de estas cosas, pero su discurso, por una parte lo proyectó como un gobernante que las ignora, y por otra parte lo privó de pronunciarse sobre temas realmente importantes para regiones particulares y para toda la humanidad.

Vuelvo entonces a mi planteamiento inicial: el presidente debe decidir si quiere seguir en la línea de buscar el aplauso fácil de cortesanos y aduladores que no piensan, o quiere proyectarse como estadista y construir un legado para la posteridad.