El juez Guzmán de Gotera tratando de entrar a las instalaciones del Estado Mayor |
Publicado en EL DIARIO DE HOY, domingo 25 octubre 2020
No se trata de El Mozote. A Nayib Bukele y su ministro de Defensa les valen un comino El Mozote, su gente, la masacre, la justicia, la verdad. Bukele siempre ha dicho que él ya no representa la generación postguerra, sino una generación que ya no tiene nada que ver, ni con la guerra, ni con los compromisos que el país asumió con los Acuerdos de Paz.
Cuando Bukele y el contralmirante Merino Monroy desafían al Poder Judicial con su decisión de negarse a cumplir la orden de dar acceso a los archivos militares, no se trata realmente del caso que preside el juez Guzmán de Gotera. Se trata de mandar un mensaje: ahora la Fuerza Armada sólo rinde cuentas y debe obediencia al presidente – y no al sistema judicial, a la Fiscalía, al espíritu de los Acuerdos de Paz (que para ellos fue un pacto entre FMLN y ARENA) o a la Constitución (la cual de todos modos pretenden rehacer a la medida de su modelo autoritario de gobierno).
Cuando Bukele y su ministro de Defensa dan órdenes a la Fuerza Armada de desconocer la autoridad judicial que ordenó la revisión de los archivos militares para encontrar evidencias de la autoría intelectual de la masacre de El Mozote, ellos no están pensando en proteger a los ex miembros del Alto Mando acusados en Gotera. La suerte de estos militares les importa tan poco como la verdad histórica. Niegan al juez el acceso a los archivos militares para protegerse a ellos mismos. Si ahora aceptan que la Fuerza Armada esté obligada a dar acceso a sus archivos, mañana tendrán que abrir sus archivos a un juez que quiera saber quién dio la orden para que el 9 de febrero del 2020 se tomara control militar del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Y luego vendrán unos fiscales y jueces que quieren saber la verdad sobre el cerco militar en el Puerto de La Libertad. Y luego, ¡Dios guarde!, tocaría en las puertas del Estado Mayor un fiscal con una orden de allanamiento, con el fin de deducir responsabilidades en casos de violaciones de Derechos Humanos, tortura o ejecuciones extrajudiciales en el marco del Plan de Control Territorial.
El ministro de Defensa ha dejado claro que su lealtad es con el presidente y no con la Constitución, si los dos entran en conflicto. Y el presidente respalda a su ministro, aunque esté violando la ley y echando al traste la doctrina democrática que la Fuerza Armada ha adoptada luego de la guerra: quedarse fuera de la política y someterse al orden constitucional, lo que incluye cumplir órdenes y sentencias judiciales. El presidente respalda a su ministro de Defensa porque está cumpliendo sus órdenes.
Lo que hay detrás de esta actitud no es un simple capricho de un presidente dado al berrinche y la prepotencia. Nayib Bukele sabe que no siempre tendrá el apoyo popular que goza ahora. También sabe que pronto vendrán crisis profundas de carácter fiscal y económico, y aunque no las entiende en su complejidad, sabe que van a provocar descontento popular. Por tanto, su populismo demagógico, que hasta ahora tiene su sostén en la exitosa propaganda gubernamental y en su capacidad de manipular los resentimientos, miedos y frustraciones de amplios sectores, en una segunda fase va a requerir de la capacidad de represión, y ella solo funcionará con el apoyo incondicional de los mandos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil.
Para todo esto es indispensable romper con las doctrinas institucionales y democráticas que en los 20 años de posguerra se ha desarrollado en la Fuerza Armada y la PNC. Ya las administraciones anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, han dado pasos peligrosos de volver a militarizar la Seguridad Pública con sus planes de Mano Dura, pero es hasta ahora que un gobierno adopta la militarización como política sistemática. Como siempre en la historia, la militarización va de la mano con autoritarismo. Por eso, el país decidió en 1992 erradicar la militarización y crear una Fuerza Armada fiel a la Constitución y una policía de carácter civil. Este logro está en peligro ahora, porque Bukele y su movimiento ya rompieron el consenso nacional detrás de los Acuerdos de Paz.
Ellos necesitan de una Fuerza Armada y PNC que apoye al presidente aun cuando se viole la constitucionalidad. Y para imponer esta lealtad necesitan de figuras como el contralmirante Merino Monroy y el comisionado Arriaza Chicas.