Carta a los empresarios: El modelo nicaragüense

Estimados amigos:

Todos estamos contentos con la salida del FMLN del poder. Pasaron los peligros de un gobierno que apostaba más al crecimiento del Estado que al crecimiento productivo.

Entiendo que ustedes celebran que ya no tendrán un gobierno hostil a la empresa privada, amenazándola con impuestos y multas, acosándola con impuestos y regulaciones.


Parece que vienen mejores tiempos para los negocios. ¿Pero qué tiempos vienen para la democracia?


¿En serio piensan que se han desvanecido los riesgos para las libertades, para la institucionalidad republicana, para la independencia de los poderes del Estado, para el funcionamiento adecuado de los contrapesos al poder?


El FMLN, luego de 10 años en el poder ejecutivo, entregó el poder sin reparos, y un país con muchas deficiencias en los servicios públicos de salud, educación y seguridad, pero con independencia de poderes, con libertad sindical y empresarial, con respeto a la libertad de prensa, con más transparencia y más juicios contra la corrupción que cuando llegó al gobierno. Y esto no es debido a la vocación democrática del FMLN, sino a una ciudadanía, un empresariado y unos medios de comunicación que estaban conscientes de los riesgos y vigilantes de la institucionalidad. Y el FMLN lo aceptó. Ha gobernado mal, con impacto negativo sobre la seguridad ciudadana y la economía, pero no ha hecho transitar al país al autoritarismo.


Quien piensa que hoy, solo porque el FMLN está derrotado, ya no necesitamos que la ciudadanía, los sectores productivos y los medios mantengan esta vigilancia, está muy equivocado.


Acordémonos de Nicaragua…


Daniel Ortega dijo a los empresarios nicaragüenses: No tengo ningún problema que sigan haciendo negocios. Concéntrense en hacer plata y tendrán mi apoyo. Sólo les voy a exigir una cosa: Dejen de meterse en política. Vamos a estar bien todos…


Todos sabemos qué pasó: Los empresarios nicaragüenses hicieron plata, el país creció más que el resto de Centroamérica – y dejaron la política a Ortega. Primero la política partidaria, dejaron sola la oposición. Pero no solo esto: No dijeron nada cuando Ortega violó la Constitución tomando control de la corte, del tribunal electoral, de la fiscalía. No se metieron en política cuando Ortega hizo legal su reelección. Tampoco cuando impuso control partidario sobre el ejército y la policía. Ya cuando despertaron en un país sin democracia, sin partidos de oposición, sin libertad de prensa, el país entró en una crisis social y política que hizo daño a ambos: al régimen político de Ortega y al crecimiento económica y las ganancias de la empresa privada.


Aquí en El Salvador se rumora de reuniones donde a los empresarios están tratando de vender uno pacto parecido: Ustedes harán buenos negocios, porque nosotros derrotamos al FMLN y sus políticas anti empresa privada. Harán buena plata, porque nosotros los vamos a apoyar – pero con una condición: Dejen de meterse en política. No rescaten ni armen partidos de oposición. Dejen que ARENA se muera o que nosotros recojamos sus restos. Confíennos, somos pro empresa, somos quienes derrotamos al enemigo común, el FMLN, la izquierda – cosa que ARENA no era capaz de hacer…


De alguna manera se entiende que esto de ‘dejar la política al presidente’ incluye dejar pasar transformaciones en la relación entre el ejecutivo, la asamblea y el poder judicial. Aunque de esto mejor no se habla…


Algunos temen que incluye dejar pasar limitaciones a las libertades de prensa y sindicales. Y algunos tienen toda la buena intención de inmediatamente actuar cuando se atente contra la constitucionalidad y las libertades. La pregunta es: Una vez que funciona el pacto y da buenos resultados económicos, ¿habrá voluntad y capacidad de actuar?

Pregunten a sus homólogos en Managua. 

Saludos,



(MAS! y EL DIARIO DE HOY)

Carta al presidente: Tiene que jurarle a los ciudadanos su lealtad a la Constitución, no ellos su lealtad a usted

Señor presidente:
La gente no le debe ningún juramento de lealtad a ninguna persona. Tampoco los ciudadanos uniformados. Ellos deben juramentar lealtad a la Constitución, lo que implica que aceptan estar supeditados al poder civil. Deben lealtad al presidente de la República, no a la persona, no a ningún partido, no a ningún proyecto político. Explícitamente la Constitución se los prohíbe.
Usted alteró el protocolo en dos actos de gran importancia simbólica, con el fin de invertir la relación entre gobernante y gobernados. El 1 de junio usted tuvo que jurar, ante la Asamblea y la nación, defender la Constitución. Lo hizo, pero inmediatamente después usted volteó la mesa y procedió a juramentar a los ciudadanos presentes en la plaza: “Juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante, defender lo conquistado el 3 de febrero, juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo, contra todo enemigo, contra toda barrera, nadie se interpondrá”.

Es un juramento partidario. Aquí el líder de un movimiento político está juramentando a sus militantes y seguidores a defender su victoria electoral del 3 de febrero. El líder de un partido tiene derecho a juramentar a sus militantes y llamarlos a defender la victoria de su partido sobre sus adversarios, pero no en un acto de Estado.

El 11 de junio, a usted le tocó otro acto protocolario de mucho peso simbólico: recibir el bastón de mando de la Fuerza Armada. Simboliza la subordinación de la fuerza militar al poder civil. Y otra vez, al tomar la palabra ante los 2 mil soldados y oficiales presentes, usted alteró el protocolo e introdujo un juramento que no está previsto ni en nuestro sistema constitucional ni en el orden militar. Los soldados están debidamente juramentados ante la bandera y ante la patria. Están comprometidos a ser leales a la Constitución y al poder civil, sea quien sea que lo asuma por medios constitucionales. No hace falta que hagan un juramento especial a cada presidente, mucho menos a su persona y su proyecto político. Tampoco en contra de los enemigos del señor presiente y su partido…

Usted se inventó el siguiente juramento: “Como su comandante general les doy una orden y les pido que hagan un juramento: ‘Juran defender a nuestra patria de las amenazas externas e internas, de los enemigos internos y externos y llevar a nuestra Fuerza Armada a ser más gloriosa de lo que siempre ha sido. Juran cumplir las órdenes de su comandante general y juran ser leales y tener disciplina, honor hacia este servidor y hacia nuestra patria’”.

Con esto, usted introduce dos elementos nuevos contrarios a la cultura republicana que el país adoptó con los Acuerdos de Paz: la lealtad y obediencia a una persona específica, sustituyendo la lealtad a la Constitución y al principio constitucional de la subordinación de la fuerza militar a la fuerza civil. Y el otro elemento nuevo: la defensa contra los ‘enemigos internos’ como deber de la Fuerza Armada.

Cuidado, presidente, la Fuerza Armada sólo puede actuar contra ‘enemigos internos’ con autorización excepcional del presidente, ratificada por la Asamblea. Tiene prohibido intervenir en conflictos internos de carácter social o político. Se puso este candado constitucional para jamás regresar a los tiempos de la Fuerza Armada rompiendo huelgas, reprimiendo manifestaciones, deteniendo o matando a opositores, metida en política, en seguridad pública y en todo.

Usted tiene la obsesión de señalar ‘enemigos internos’. Aparecen en el juramento que hizo al ‘pueblo’ y en el otro que hizo a los soldados. Enemigos y obstáculos. Ambos los señala cuando habla de la Asamblea, de los partidos, de los medios de comunicación. Bueno, cada uno escoge sus enemigos y sus batallas. Pero son enemigos y batallas suyos, ciudadano Bukele y líder de Nuevas Ideas. No son batallas de la presidencia y no los puede imponer a los policías, soldados y ciudadanos.  

Saludos,

 

Carta a los ciudadanos que gozan del circo romano ‘cool’

Todos detestamos el nepotismo – o sea, la maña de los gobernantes de emplear a sus familiares, cheros, empleados, socios en su gobierno. Unos lo hacen para darles a ellos salarios que fuera del gobierno nunca podían alcanzar. Así es el caso del gobierno anterior, como ahora se está revelando con la campaña Se ordena. Otros gobernantes lo hacen para consolidar su control en el aparato del poder, porque no confían a quién no sea miembro o dependiente de su clan.

Ambas formas de nepotismo son dañinos, son una forma de corrupción, y hay que desmontarlas.
El presidente Bukele está haciendo lo posible (y lo ética y jurídicamente imposible) para crear la impresión que está desmontando del nepotismo. Pero hay dos peros:
  1. PERO resulta que sólo está cambiando una forma del nepotismo por otra. No tengo espacio en esta carta para documentarlo, pero les recomiendo revisarlo en la mejor reseña hecha del nuevo gobierno, publicada en El Faro bajo en título “Amigos, socios y parientes en el nuevo Gobierno”. Se publicó el 2 de junio, y los nombramientos posteriores confirmaron la tendencia…
  2. PERO la forma que el presidente adoptó para limpiar el aparato gubernamental de familiares de dirigentes y altos funcionarios del FMLN es violatoria a al debido proceso que ordenan la ley y los procedimientos administrativos. Además es violatoria a la decencia. Aparte de que es un estilo autoritario y humillante, tanto para sus ministros como los que quieren despedir, provocará una ola de juicios que el gobierno va a perder. (Ojo: estoy de acuerdo que es necesario la limpieza de nepotismo, pero con debido proceso y sin convertirse en un espectáculo de linchamiento público.)
No es que el presidente y sus asesores no sepan que este proceder está al margen del orden legal. Su problema no es la ignorancia, sino la soberbia. Quieren mostrar que ahora tenemos un presidente que para responder a las ‘demandas del pueblo’ no se deja detener por pendejadas legalistas o burocráticas, o sea por las reglas que los de siempre han definido. Violan las normas legales adredemente. Y lo hacen no solo para que sus seguidores les aplauden, sino sobre todo para que todos nos acostumbremos a que las reglas institucionales ya no valen cuando un presidente esté respondiendo a demandas populares.

Y la violación calculada de la institucionalidad tiene a la vez otra finalidad: amaestrar a sus ministros y otros funcionarios. Quieren que de una sola vez sepan que tienen que obedecer órdenes, aunque no estén convencidos que correspondan a la legalidad y la lógica de prioridades, con la cual juraron administrar sus carteras.

Este método egocéntrico, mediático y autoritario de gobernar se muestra igual en la forma en que el presidente se mete en la micro gestión de su ministra de Desarrollo Local, moviendo los hilos para que en 72 se lance el proyecto de un puente sobre el Torola. (Ojo: Aplaudo el esfuerzo de María Chichilco de construir el puente, pero critico la forma como el aparato de propaganda presidencial se mete encima de sus intenciones auténticas.)

En el caso de Seguridad Pública, quieren crear la impresión que el presidente esta coordinando vía tuits los operativos policiales contra los asesinos de policías. El hecho que para mayor drama inventaron  absurdos informes de inteligencia sobre el FMLN financiando a cop killers, otra violación calculada de la ley – y de la lógica, porque nunca en la historia la relación entre las pandillas y el FMLN ha sido más tensa y violente que ahora.

No les importa, porque a corto plazo todas estas violaciones calculadas a la ley, a la decencia, a la lógica y a la verdad tienen el impacto propagandístico deseado. Pero más allá del corto plazo y del cálculo mediático, el daño para la institucionalidad será inmenso. Gocen del circo que da el presidente más cool del mundo, pero no se duerman, ciudadanos. 

Saludos,


Ubiquémonos en el año 1993. Columna Transversal

Nos hicimos amigos con Raymond Bonner en diciembre del 1981, cuando salimos juntos a El Mozote para investigar la masacre. El reportaje que Bonner publicó en THE NEW YORK TIMES, más otro que escribió Alma Guillermoprieto para el WASHINGTON POST y las fotos de Susan Meisalas que corrieron por el mundo entero, confirmaron las denuncias hechas por Radio Venceremos de la muerte de unos mil civiles a manos del BatallónAtlacatl.

Constatar la masacre con los ojos de sus propios reporteros fue la única manera que los medios más influyentes iban a publicar esta noticia tan sustancial, que de hecho cambió el debate en Estados Unidos sobre la ayuda militar para El Salvador. Nunca voy a olvidar la ira que sintió Bonner al darse cuenta de la dimensión de la masacre, y de ahí surgió su valor de documentar algo que el gobierno de su país categoricamente desmentía y tildaba de propaganda comunista. Este valor le costó incluso su trabajo en el NEW YORK TIMES. Publicaron el reportaje, pero luego cedieron a la presión de Washington…

Ahora, 38 años después, Raymond Bonner vuelve a escribir en THE NEW YORK TIMES sobre El Mozote, en una columna de opinión sobre el debate que aquí en El Salvador se ha desatado sobre cómo llegar a la verdad y la justicia en este tipo de capítulos oscuros de la guerra. Y esta vez tengo que disentir con mi amigo Raymond.

Bonner escribe en el NYT: “Ahora el FMLN (con 23 diputados en la Asamblea Legislativa de 84 miembros) está apoyando un proyecto de ley sobre reconciliación nacional propuesto por ARENA  (con 37 diputados), que equivale a una amnistía de hecho para los delitos cometidos durante la guerra. Los políticos pueden tener aliados extraños, ¿pero esto?”.

Esto no es lo que está pasando. No es una ley de ARENA, la que por razones extrañas apoya la ex guerrilla. Resumamos cómo se llegó al punto de discutir hoy, 27 años después de la firma de la paz, una Ley de Reconciliación. En 1992, la Asamblea Legislativa decretó una primera Ley de Amnistía, necesaria para que los combatientes y comandantes de la guerrilla pudieran deponer sus armas,  regresar a la vida legal e insertarse en el sistema político, así como acordaron en los Acuerdos de Paz. De esta amnistía quedaron exentos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que iba a investigar la Comisión de la Verdad instalada por Naciones Unidas.

El informe de esta comisión fue presentado en 1993 y documentaba una serie de crímenes, la gran mayoría cometida por fuerzas gubernamentales, y otras por la guerrilla. Según la ley de amnistía vigente del 1992, estos crímenes señalados por el informe de la Comisión de Verdad, entre ellos la masacre de El Mozote, tendrían que llevarse a los tribunales.

Ubiquémonos en el año 1993. ya no había guerra, pero tampoco había garantía de paz

La parte esencial de los acuerdos firmados en enero 1992 todavía no estaba cumplida. Había un cese al fuego, había desmovilización y entrega de armas del FMLN, pero las estructuras guerrilleras no estaban del todo desmontadas y desarmadas; la Fuerza Armada todavía no estaba depurada; los batallones especiales (como el Atlacatl, que cometió las masacres de El Mozote y la UCA) aún no estaban desmovilizados; la nueva Policía Nacional Civil todavía no existía, sino que siguió patrullando la vieja Policía Nacional. La Corte Suprema de Justicia todavía estaba en manos de personeros como Mauricio Gutierrez Castro. Ni siquiera se había comenzado con una depuración de la Fiscalía.

La paz todavía podía colapsar de un momento a otro.

En esta situación crítica, densa y peligrosa, que muchos ya han olvidado (y otros ya no la vivieron), ¿cómo comenzar con juicios contra los jefes militares y guerrilleros? ¿Qué confianza se podía tener en la justicia, en la Fuerza Armada, en la guerrilla  y en la solidez del cese al fuego? Ninguna confianza ciega.

En 1993, la decisión de dar una amnistía general fue lógica, necesaria y justificada. Había un conflicto entre dos imperativos: la paz y la justicia, y lo único sensato, necesario e incluso justo fue priorizar la paz.

No tenemos derecho de revertir retrospectivamente lo que fue necesario y justo en 1993. Hoy, 26 años más tarde, no podemos venir y decir:  como ya no estamos ante un cese al fuego frágil y ante el peligro de una nueva guerra civil, revirtamos nuestra decisión de prioridades –hoy es hora de aplicar la justicia. La historia no se puede reescribir, tampoco las partes que a uno le causen problemas éticos.

Lo que está haciendo la Asamblea ahora es cumplir un mandato de la Sala de lo Constitucional y llenar un vacío legal

La Sala declaró nula la amnistía del 1993, pero tenía plena conciencia que esto podía causar un caos jurídico. con avalanchas de juicios contra todos los protagonistas de la guerra, que podía comenzar con intenciones justas de búsqueda de verdad pero convertirse en una cadena de venganzas. Por esto la Sala ordenó a la Asamblea aprobar una ley que priorice la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición de los crímenes.

Esto es lo que está haciendo la Asamblea. Lo hizo mal, no supo involucrar y armonizar las posiciones encontradas en la sociedad civil. No supo valorar que esta ley, para ser aceptada por la sociedad, no podía salir de una comisión integrada por ex militares y ex guerrilleros.

Como reacción a estos errores surgen nuevamente voces que piden castigo, cárcel, incluso venganza. Hablan de verdad y justicia, pero no aceptan una ley que no lleve a la cárcel a los responsables.
El periodismo, sobre todo cuando es ejercido por los que sí vivimos las angustias de la transición de la guerra a la paz, tiene que ser responsable cuando trate esta problemática.