Carta a los usuarios de las telecomunicaciones, o sea a todos

Ciudadanos:
En la última carta escribí: Quieren meternos la mano en el bolsillo – hablando del plan del gobierno de expropiar nuestros ahorros de pensiones. Pero mientras estamos tratando de cuidamos un bolsillo, ya nos caen al otro – hablando del plan de ponernos un impuesto especial de Seguridad.

Este plan fue presentado por el trío fatal: gobierno, FMLN y GANA. El gobierno representado por Carlos Cáceres de Hacienda, Hato Hasbún de Presidencia, y Benito Lara de Inseguridad. El FMLN representado por Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa. Y GANA representado por Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea. Donde estos andan juntos, cuídense sus carteras…

Los periódicos reportan: “Impuesto de seguridad lo pagarían usuarios de telefonía“ (LPG); “Nuevo impuesto de 10% a usuarios de telefonía” (EDH); “Gobierno propone gravar con 10% a uso de teléfono” (El Mundo). Pero esto ni siquiera es la mitad de la triste verdad.

Lean con atención esta frase: “El impuesto será aplicado a los usuarios, revendedores de servicios de telecomunicaciones y los adquirientes de cualquier dispositivo tecnológico que permita la utilización de los servicios de telecomunicación.”

Leyendo bien este comunicado del gobierno, nos van a cobrar 10% sobre todo que paguemos, no sólo para telefonía (fija y celular), sino para cualquier tipo de telecomunicaciones: telefonía, Internet, y cable. Y nos van a cobrar 10%, no sólo sobre los servicios (o sea, la factura mensual y cada saldo prepago), sino también por la compra de equipos: “cualquier dispositivo tecnológico que permita la utilización de los servicios de telecomunicación.” Ningún medio lo ha traducido a lenguaje normal. ¿Qué son estos dispositivos? En el caso de telefonía, los teléfonos fijos y los celulares. En el caso de Internet, computadoras, tablets, laptops. En el caso del servicio de cable: televisores, proyectores.

¿Todo esto lo van a gravar con 10%? No sé. Pero esto es lo que dice el comunicado del gobierno. Que tengan por lo menos el valor de decirlo de manera transparente e entendible, en vez de esconderlo en frases burocráticas y confusas…

¿Y para qué es este impuesto? Para la seguridad, dicen. Para financiar el “Plan El Salvador Seguro”, dicen. ¿Pero qué parte del plan? ¿Para el plan de ofensiva policial, que en seis meses de su implementación ha duplicado el número muertos por homicidio? ¿O para el plan de prevención?

¿De este pisto van a comprar más armas y pagar a más policías, o lo van a invertir en mejores escuelas, más profesores y creación de empleos en las comunidades marginadas donde nace la violencia?

Si fuera para lo segundo, o sea para al fin atacar el problema de raíz, muchos con gusto contribuiríamos. Pero no para seguir haciendo lo mismo, o sea para más mano dura, más muertos, más fracasos.

De todos modos: Antes de hablar de nuevos impuestos, el gobierno tiene que rendir cuentas de los miles de millones que ha gastado en seguridad – y de los resultados. Y en caso que de esta manera llegáramos a aceptar la necesidad de pagar más impuestos, tendríamos que preguntar: ¿Y por qué castigar el uso de las comunicaciones, el acceso a Internet? ¿Por qué no ser más honestos, aumentar el IVA los puntos que sea necesario, y dar a la Asamblea y la ciudadanía los instrumentos para controlar el uso de los fondos. El instrumento se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, y sin que esta se aprueba y tenga dientes, ni siquiera deberíamos de hablar de impuestos ni de préstamos ni del presupuesto nacional…

Así que, mientras nada de esto esté claro, cuiden sus carteras. Saludos, Paolo Lüers

Columna transversal: Ni magistrado ni director de la ANSP

Jaime Martínez acaba a dar el tiro de gracia a su campaña por una magistratura en la Corte Suprema. Ya estaba bastante dañada, por su activismo partidista en las redes sociales, por la sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohíba a la Asamblea elegir magistrados que no sean independientes de los partidos, por el veto de ARENA basada en esa sentencia…

En esta situación ya un poco crítica de  sus pretensiones, surgen dos declaraciones adicionales: Una de Guillermo Gallegos de GANA, fiel aliado del FMLN, que le aconseja mejor retirar su candidatura, por el bien del país. Y la otra de Florentín Meléndez, magistrado de la Sala, quien reiteró el principio de independencia de jueces plasmado en varias sentencias: “Los jueces no pueden vincularse con actividades partidarias. El que quiera dedicarse a la política que lo haga, pero no a la judicatura a la vez. Somos firmes con nuestro fallo porque fortalece el Estado de Derecho”.

Y al escuchar estas dos declaraciones, Jaime Martínez se encachimba y comete un error fatal, atacando a la Sala de lo Constitucional: “Las decisiones de la Sala hay que respetarlas, eso es un hecho, pero no quiere decir que son eternas o que tienen toda la robustez de la doctrina jurídica y del derecho comparado, por el contrario adolece de ella.” Con esto queda claro, por boca propia de Jaime Martínez, de qué se trata en esta candidatura: revertir la jurisprudencia marcada por esta Sala de lo Constitucional, que obliga a la Asamblea a desmontar el control partidario de las instituciones estatales.

Con esto, queda confirmado que es justificado el veto de ARENA contra la inclusión de Martínez en la lista corta de los diez magistrados a elegir (propietarios y suplentes).

Es más: si con todo esto queda claro por qué Jaime Martínez no es apto para asumir una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, de inmediato surge la pregunta: ¿Y es apto para dirigir la Academia Nacional de Seguridad Pública, institución responsable de la formación profesional de los futuros agentes y jefes policiales?

Tal vez un abogado como Martínez y su filosofía jurídica no tengan mucho impacto, ni positivo ni negativo, en la enseñanza técnica y física de los policías, inspectores y comisionados –no creo que él les imparte clases de tiro y tácticas operativas-, pero sí él tiene que ver con la doctrina que se enseña en esta academia. ¿Queremos que los futuros agentes y oficiales policiales se definan como defensores del gobierno o como defensores de la sociedad y el Estado de Derecho? ¿Queremos que las nuevas generaciones de la PNC superen el problema histórico de la institución, las cuotas con las cuales nació, o queremos que siempre, cuando haya un cambio de gobierno, se cambie toda la estructura de mando en la PNC con criterios partidarios? Es obvio que los errores que se han cometido en este sentido (no sólo por los gobiernos del FMLN, sino también anteriormente) algo tienen que ver con la incapacidad de la PNC de enfrentar la grave crisis de seguridad que vive el país.

El director de la ANSP, igual que el director de la PNC, deberían ser profesionales sin amarres partidarios, un garante de la profesionalidad de los agentes y jefes policiales.

Así que hay que preguntar al gobierno: ¿Es Jaime Martínez el hombre adecuado para seguir dirigiendo la formación de nuestros policías? Es más: ¿Dispone el país de los mecanismos adecuados para asegurar que para este tipo de cargos (director de la PNC, director de la ANSP, director general de Centros Penales…) sean escogidos los mejores profesionales, sin prevalencia de criterios partidarios?

Siempre he dicho que así como a nadie se le ocurre que cada presidente entrante tenga derecho de nombrar al rector de la Universidad de El Salvador, no debería tener el poder de poner a su gusto (ni mucho menos con criterios partidarios) a los directores del Jardín Zoológico, de la Orquesta Sinfónica, del Canal Público de TV, de los bomberos – y ciertamente no de las academias Militar y de Seguridad Pública. El caso Jaime Martínez debe servir para hacernos estas preguntas y hacer propuestas de reforma política que aseguren servicios públicos profesionales y apolíticos.

(Mas!/El Diario de Hoy)

Carta a los medios y los periodistas

Colegas:
No he escrito sobre el lamentable caso de los bebés intercambiados, porque me pareció insoportable el show mediático que desde el principio armaron una de las madres y el fiscal general Luis Martínez. No quería contribuir a este espectáculo.

Pero ahora, luego de que los bebés han sido debidamente identificados y entregados a sus respectivos padres biológicos, la misma señora arma otra conferencia de prensa, bebé en brazos, y dice: “Neles, pasteles, nada está resuelto mientras no proceda mi demanda contra el Hospital.” O sea, la señora quiere pisto.

Quiere decir: The show goes on, sigue el espectáculo. Ante esto, ya no vale mantener silencio.

La señora demandante ya arruinó la vida al doctor Guidos, quien asistió su parto. Lo acusó, sin prueba alguna, de haber robado a su bebé. Pero para destruir la vida a un reconocido médico, necesitaba de la diligente ayuda del fiscal general Luis Martínez. Este agarró la denuncia, y sin previa investigación, mandó a detener al doctor Guidos. Poderse presentar ante la conmovida nación como el defensor de las madres desesperadas le cayó como anillo al dedo en su campaña de reelección. No importa que no hubiera pruebas contra el doctor, y que en cuanto entraron las pruebas (de ADN), mas bien mostraron que no hubo complot de robarse ningún bebé sino a lo sumo un error en el hospital.

Siguiente capítulo: Con las pruebas de ADN que permitieron identificar a los dos bebés y sus padres biológicos, en vez de suspender el caso penal y entregar todo a un juzgado de familia para que proceda con los juicios de identidad de los bebé y la entrega a sus padres biológicos, el fiscal general hace todo lo contrario: No suspende el procedimiento penal contra el Dr. Guidos, sino instala a la jueza de paz del caso penal en su despacho en el sexto piso de la Fiscalía General. ¿Adónde se ha visto que un juzgado se instala en el despacho del Fiscal General? ¿Adónde se ha visto que una jueza de paz asume facultades de juez de familia? ¿Adónde se ha visto que en un procedimiento penal nunca se vea la cara del fiscal asignado al caso, sino solamente la del fiscal general?

Y ahora viene la señora a cobrar. Por el sufrimiento de haber sido separada, por culpa del Hospital (según ella), de su legítimo bebé. Que raro que a los 8 días del parto, cuando el Dr. Guidos le quitó los hilos, no dijo nada de su sufrimiento. Que raro que semanas después, cuando fue al último chequeo médico con el Dr. Guidos, tampoco dijo nada. Que raro que pasó tres meses sufriendo y viajando por el mundo, antes de hacerse un examen de ADN para verificar si el bebé era o no era suyo. Que raro que al regresar a El Salvador no acusó al Hospital de negligencia sino directamente al Dr. Guidos – no de negligencia sino de robo del bebé…

Pero ahora quiere pisto por su sufrimiento. ¿Quién si no la señora o su esposo británico puede haber avisado a la prensa amarillista inglesa del caso, con detalles escalofriantes como tráfico de órganos, etc.? ¿Quién ha armado todo este show mediático que es un atentado contra la futuro integridad y dignidad de los dos infantes? Fue la señora que ahora, prolongando el show, quiere recompensa económica por su “sufrimiento”.

Los medios deberían cerrar el caso, una vez que el Dr. Guidos salga libre de toda acusación. Allí debe terminar el espectáculo. Luego, nada de entrevistas, nada de fotos del bebé chulito-chelito, nada de acusaciones sin fundamento. Yo, por mi parte, ya no hablaré del caso.

Saludos,


 

(Mas!/El Diario de Hoy)

Carta a los futuros pensionados

Hoy sí les quieren meter la mano en el bolsillo. El gobierno está quebrado porque gasta más de lo que le ingresa y está desesperado por liquidez. No tiene cómo pagar sus cuentas, sobre todo las pensiones de los que se quedaron en el sistema estatal de pensiones.

Entonces, la solución es: caerle a los fondos privados de pensiones, o sea a los cientos de miles de cuentas personales que tenemos cada uno de los cotizantes en el sistema privado de pensiones, y que están siendo administradas por las AFP. Ahí, dice el ministro de Hacienda, “está el pisto que necesitamos. Caigámosle a las AFP. Nacionalicémonos otra vez los fondos de pensiones. De este montón de pisto paguemos nuestras obligaciones, por ejemplo las pensiones en el sistema estatal… y luego veremos cómo le paguemos a los cotizantes de la AFP…”.

Quieren regresar al sistema tradicional de pensiones, donde las cuotas de los cotizantes caen al fondo del Estado, el gobierno hace uso de ellos, contra la promesa que en el futuro, cuando nos pensionemos, el gobierno nos va a pagar la pensión.

Es precisamente el sistema que quebró en los años 90, porque los gobiernos se gastaron esos fondos en cualquier cosa, y estaban acumulando una deuda previsional impagable. Es por esto que en el 1998 se hizo la reforma, con un planteamiento bien simple: El Estado tiene una deuda previsional de más de 10,000 millones de dólares; para evitar que esta deuda crezca cada año y en un futuro haga colapsar las finanzas públicas, hagamos un corte de caja: establezcamos cuánto debe el Estado. Pero a partir de ahora la gran mayoría de los cotizantes pagarán a unos fondos privados (las AFP), los cuales abren a cada uno su cuenta personal, como si fuera de ahorro. Estos fondos las AFP los ponen a generar intereses, prestándolos, invirtiéndolos , pero nadie se gasta estos fondos. Y el Estado, luego de la reforma (o sea del corte de caja), sigue respondiendo por lo que debe a los cotizantes del sistema antiguo. O sea, el Estado se queda con la deuda previsional, pero esta ya no tiene que crecer. (Si sigue creciendo, es por las decisiones del gobierno, y de hecho, ahora el gobierno debe unos 24,000 millones de dólares). El Estado sigue pagando las pensiones del sistema antiguo, pero ya no tiene que responder por las pensiones del nuevo sistema privado.

Y para poder pagar las pensiones que le tocan, el gobierno puede tomar préstamos contra los fondos de las AFP, pagando por cierto una miseria de intereses, lo que ya fue declarado un robo, o sea inconstitucional…

Hoy vienen los del FMLN y quieren revertir esta reforma y caer encima a los fondos privados de pensiones. Quieren que las AFP les entreguen la mayor parte del dinero acumulado en las cuentas personales, y que volvamos a pagar nuestras cuotas al Estado. Las AFP quedarían solamente como un seguro complementario para los que ganan más…

El argumento del FMLN y del ministro de Hacienda: No es justo que a la hora de la reforma (en 1998, cuando se hizo el corte de caja), el Estado se quedó con las obligaciones de pagar las pensiones históricas. Pero este argumento es absurdo: el Estado solo se quedó con la deuda que antes ya había acumulado. La deuda del Estado con los cotizantes del sistema estatal de pensiones fue el punto de partida de la reforma. Y por esta deuda tiene que responder el Estado, no las AFP,  y mucho menos los ahorrantes en el sistema privado que se creó en 1998.

Así que no se dejen engañar: les quieren robar sus fondos de pensiones. No van a expropiar a las AFP, sino a cada uno de ustedes, si se dejan. Quieren que ustedes, con sus ahorros, respondan por las deudas del Estado, si se dejan…

Saludos,

 

(mas!/El Diario de Hoy)