En esta situación ya un poco crítica de sus pretensiones, surgen dos declaraciones adicionales: Una de Guillermo Gallegos de GANA, fiel aliado del FMLN, que le aconseja mejor retirar su candidatura, por el bien del país. Y la otra de Florentín Meléndez, magistrado de la Sala, quien reiteró el principio de independencia de jueces plasmado en varias sentencias: “Los jueces no pueden vincularse con actividades partidarias. El que quiera dedicarse a la política que lo haga, pero no a la judicatura a la vez. Somos firmes con nuestro fallo porque fortalece el Estado de Derecho”.
Y al escuchar estas dos declaraciones, Jaime Martínez se encachimba y comete un error fatal, atacando a la Sala de lo Constitucional: “Las decisiones de la Sala hay que respetarlas, eso es un hecho, pero no quiere decir que son eternas o que tienen toda la robustez de la doctrina jurídica y del derecho comparado, por el contrario adolece de ella.” Con esto queda claro, por boca propia de Jaime Martínez, de qué se trata en esta candidatura: revertir la jurisprudencia marcada por esta Sala de lo Constitucional, que obliga a la Asamblea a desmontar el control partidario de las instituciones estatales.
Con esto, queda confirmado que es justificado el veto de ARENA contra la inclusión de Martínez en la lista corta de los diez magistrados a elegir (propietarios y suplentes).
Es más: si con todo esto queda claro por qué Jaime Martínez no es apto para asumir una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, de inmediato surge la pregunta: ¿Y es apto para dirigir la Academia Nacional de Seguridad Pública, institución responsable de la formación profesional de los futuros agentes y jefes policiales?
Tal vez un abogado como Martínez y su filosofía jurídica no tengan mucho impacto, ni positivo ni negativo, en la enseñanza técnica y física de los policías, inspectores y comisionados –no creo que él les imparte clases de tiro y tácticas operativas-, pero sí él tiene que ver con la doctrina que se enseña en esta academia. ¿Queremos que los futuros agentes y oficiales policiales se definan como defensores del gobierno o como defensores de la sociedad y el Estado de Derecho? ¿Queremos que las nuevas generaciones de la PNC superen el problema histórico de la institución, las cuotas con las cuales nació, o queremos que siempre, cuando haya un cambio de gobierno, se cambie toda la estructura de mando en la PNC con criterios partidarios? Es obvio que los errores que se han cometido en este sentido (no sólo por los gobiernos del FMLN, sino también anteriormente) algo tienen que ver con la incapacidad de la PNC de enfrentar la grave crisis de seguridad que vive el país.
El director de la ANSP, igual que el director de la PNC, deberían ser profesionales sin amarres partidarios, un garante de la profesionalidad de los agentes y jefes policiales.
Así que hay que preguntar al gobierno: ¿Es Jaime Martínez el hombre adecuado para seguir dirigiendo la formación de nuestros policías? Es más: ¿Dispone el país de los mecanismos adecuados para asegurar que para este tipo de cargos (director de la PNC, director de la ANSP, director general de Centros Penales…) sean escogidos los mejores profesionales, sin prevalencia de criterios partidarios?
Siempre he dicho que así como a nadie se le ocurre que cada presidente entrante tenga derecho de nombrar al rector de la Universidad de El Salvador, no debería tener el poder de poner a su gusto (ni mucho menos con criterios partidarios) a los directores del Jardín Zoológico, de la Orquesta Sinfónica, del Canal Público de TV, de los bomberos – y ciertamente no de las academias Militar y de Seguridad Pública. El caso Jaime Martínez debe servir para hacernos estas preguntas y hacer propuestas de reforma política que aseguren servicios públicos profesionales y apolíticos.
(Mas!/El Diario de Hoy)
