Reforma migratoria o más masacres

El anuncio del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de que hubo un segundo sobreviviente de la masacre en Tamaulipas, posibilita un mayor esclarecimiento de lo que sucedió en esta tragedia, insólita incluso a la luz de la violencia alcanzada en México. Como lo dijo un lector de Reforma: no podemos ni imaginarnos el escándalo que con razón armaríamos los mexicanos si mañana acribillaran a 72 mexicanos en el desierto de Arizona. Pero la magnitud del horror no facilita su comprensión. Quizás el sobreviviente hondureño, ya bajo custodia de la PGR de México, o el ecuatoriano ya protegido por su Gobierno en Quito nos den más claves para entender lo que, en parte, es un enigma.

Se entiende que un grupo de criminales arrebate su “mercancía” (migrantes) a otro y busque aprovecharse: sea para reclutarlos como sicarios, para extorsionarlos o para usarlos como “mulas” para llevar droga a EE.UU. Aunque esta afirmación genera dudas: ¿para qué quieren a mujeres embarazadas como sicarios?, ¿qué tipo de red se necesita para lograr la transferencia de fondos del Ecuador a México, o de Honduras a Miami, o de El Salvador a San Francisco para liberar a los migrantes?, ¿qué tan eficaces como “mulas” pueden ser unos aterrados migrantes, fáciles víctimas de la border patrol, la DEA o de las policías locales en EE.UU.?

Pero sobre todo, a menos de que se trate de un escarmiento ante un enemigo de gran calado, parece extraño que la única alternativa de los criminales ante el rechazo de sus víctimas a cooperar sea masacrarlas, a todas. Hay algo en todo esto que no termina de cuadrar. Por eso en El Salvador, algunos analistas ven la marca de la Mara Salvatrucha, en lo sanguinario del caso: no les huele a Zetas o a carteles mexicanos.

Lo que sí cuadra es algo que me aclaró el ex subsecretario de Estado norteamericano para América Latina, Tom Shannon, hace ya 5 años, a propósito del vínculo entre las bandas ciminales y migrantes. Shannon explicaba en una cena que hasta hace pocos años (entonces) los polleros (o coyotes) que ayudaban a pasar a los migrantes eran una especie de sherpas o guías que les ayudaban, no siempre con efectividad y nunca por generosidad, a atravesar el desierto, encontrar transporte después de cruzar y llegar así a su destino. Desde México no se solía pagar mucho más de US$500 para llegar, por ejemplo, a Nueva York; desde Centro América o el Ecuador quizás se pagaban hasta US$2 mil porque los gastos eran más elevados. Pero al empezar a cerrarse la frontera a partir de 2005, y posteriormente (agrego yo) ante la derrota de la reforma migratoria integral en 2006 y 2007, y ahora ante la pasividad de Obama al respecto, se ha vuelto mucho más difícil entrar a los Estados Unidos sin papeles, pero no imposible: sólo más caro. Al aumentar el riesgo, sube el precio; al incrementarse este, el negocio se vuelve más jugoso. Y al transformarse en un negocio mucho más atractivo, atrae a más y mayores criminales. Es exactamente el mismo fenómeno que sucede con el narco, según mi amigo y también ex comandante guerrillero salvadoreño Facundo Guardado, que a diferencia de su ex colega Joaquín Villalobos, cree que la persecución del narco sólo vuelve más atractivo ese negocio y más gente quiere participar.

Cuando el negocio de pollero o coyote se torna hiperlucrativo, las bandas de criminales no sólo lo quieren, sino que pelean por las rutas, los puntos de entrada y de salida, el transporte y la corrupción de las autoridades mexicanas y norteamericanas. De una manera u otra, seguramente en este proceso yace la explicación de la masacre de San Fernando.

La culpa es de muchos: de los países expulsores incapaces de darle empleo a su gente; las autoridades mexicanas que han descuidado la frontera sur y la migración interna desde hace años; pero más que nadie lo es de los Estados Unidos, que al negarse a adaptar sus leyes a la realidad, sólo transforman para mal esa realidad: en el horror.

(Tomado de El Periódico/Guatemala. El autor es ex-canciller de México.)

Guerra al narcotráfico

Hace poco más de tres años, el presidente mexicano vistió una casaca militar y declaró una guerra frontal de gran escala contra el narcotráfico, enviando al Ejército a las calles, carreteras y pueblos de México. En aquel momento, Felipe Calderón recibió un amplio respaldo, interno y externo, por una decisión vista como valiente y necesaria. Se esperaban rápidamente resultados tangibles.

El Gobierno de Bush prometió respaldo estadounidense -la llamada Iniciativa de Mérida, pactada en 2007-, Obama reiteró su apoyo en 2008, y las encuestas de opinión pública demostraban que Calderón, de un golpe, había dejado atrás las angustias de su estrecha y cuestionada victoria electoral, ganándose la confianza del pueblo mexicano. Hoy, las cosas se miran de manera diferente. Por fin ha surgido un debate nacional en México sobre la guerra contra el narco, que debió haberse realizado mucho antes: en la campaña electoral de 2006, durante la cual ninguno de los candidatos, y mucho menos Felipe Calderón, se la propusieron a la sociedad mexicana.

Muchos -que votamos por Calderón y apoyamos con entusiasmo sus propuestas de reforma política, por ejemplo- hemos sostenido desde el principio de su sexenio que, al igual que la invasión de Irak, la guerra contra la droga en México fue optativa: no debió haber sido declarada, no se puede ganar y le está causando un daño enorme a México. Un creciente número de mexicanos comparte esta opinión.

Los resultados brillan por su ausencia; la violencia en el país aumenta. En los primeros ocho días del año, tuvieron lugar 223 ejecuciones, el doble del mismo periodo del 2009, y tres veces más que en 2008 o 2007. Durante el año recién transcurrido, se registraron más de 6.500 ejecuciones, superando el total del año pasado, el doble de 2007. De las más de 220.000 personas arrestadas por vínculos con el narcotráfico desde que Calderón asumió su cargo, las tres cuartas partes han quedado en libertad y apenas 5% de las 60.000 restantes han sido juzgadas y sentenciadas. Al concentrarse los esfuerzos en impedir el tráfico vía México de cocaína colombiana a Estados Unidos, la superficie sembrada de amapola y marihuana en el país ha crecido, según el Gobierno de Estados Unidos. La producción potencial de heroína pasó de 13 toneladas en 2006 a 18 en 2008, la de goma de opio de 110 toneladas a 149, y la de cannabis subió ligeramente, alcanzando 15.800 toneladas. Pero las restricciones al transbordo de cocaína no causaron mayor mella en los precios al menudeo en Estados Unidos, que se dispararon en 2008 para luego estabilizarse en 2009en niveles inferiores a sus picos históricos de los noventa. Por otra parte, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Revisión por Pares Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han documentado, con mayor o menor precisión y evidencia, un incremento de violaciones a los derechos humanos, y una ausencia notable de responsables procesados por las mismas.

Desde comentaristas como el director editorial del diario Reforma, Rene Delgado, hasta el líder del izquierdista PRD en el Senado, Carlos Navarrete, y el gobernador priísta de Coahuila, en días recientes han aflorado más dudas que nunca sobre los orígenes de la guerra, sus perspectivas y sus costos. Sus justificaciones han resultado falsas (de acuerdo con las mismas cifras del Gobierno, el consumo de estupefacientes en México no ha crecido en el último decenio, y la violencia, medida por el número de homicidios por 100.000 habitantes, se había reducido desde 1992 hasta el 2007), o alarmistas (México se hallaba al borde de la colombianización).

Cobra cada día más fuerza la idea de que la única explicación satisfactoria, aunque no demostrada, de declaración de guerra consistió en el deseo de Calderón de legitimarse, en vista de las dudas en torno a su elección en 2006, dudas que sus seguidores nunca compartimos. Lo logró: sus índices de popularidad subieron y se han mantenido a niveles comparables a los de sus predecesores.

Frente a este escepticismo, el Gobierno de Felipe Calderón ha procurado mejorar su defensa. La más inteligente e ilustrada se halla en un artículo publicado en la revista Nexos por Joaquín Villalobos, el ex comandante guerrillero salvadoreño, quien fue contratado como asesor por el Gobierno mexicano desde 2005, primero por la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente por la Procuraduría, para la cual trabaja desde 2006. Al tratar de refutar Doce mitos sobre la guerra contra el narco, Villalobos, que siempre fue considerado como el más brillante de los militares revolucionarios de su país, aprovecha la distancia de una mirada externa y deja de lado algunas críticas al Gobierno, acepta otras, y se concentra en una tesis.

Comparte una postura de muchos críticos: la violencia en México es mucho menor que en buena parte del resto de América Latina, y México no es Colombia (Mito # 2); tampoco rebate la afirmación de que dicha violencia iba en descenso hasta 2006. Acepta que la legalización de la mariguana es una alternativa parcial, pero, como subrayan muchos, sólo de la mano de Estados Unidos (Mito # 10): "Sin la participación de Estados Unidos y Europa una estrategia de este tipo (la legalización), aplicada en México o Colombia, por ejemplo, sería un suicidio para la seguridad de estos países". Insiste como muchos, en las diferencias entre México y Colombia.

Pero concentra su esfuerzo en una cierta interpretación de las dudas dirigidas al Gobierno al que aconseja: "No se debió confrontar al crimen organizado". (Mito # 1) Y explica, de manera un poco contradictoria, cómo, en una guerra, si no se gana se pierde, cómo el Estado mexicano, sin correr el peligro de colombianizarse, sí podía haber sido capturado por el crimen organizado, que habría pasado de algunos Estados a la misma capital de la República: "No hacer nada podría haber llevado a México a una situación similar a la que enfrentó Colombia a finales de los ochenta... El nivel de violencia actual en México deja bien claro que el monstruo era real, fuerte y peligroso".

El problema para muchos mexicanos críticos de la embestida gubernamental yace en la relatividad de estos temores. A diferencia de muchos de sus colegas del FMLN, Villalobos no pasó largos ratos en México durante la guerra salvadoreña, ni vivió en México después de la firma de la paz en 1992. Lo cual tal vez le impida ubicar el dilema mexicano en su pleno contexto histórico, al afirmar que: "En el pasado los narcos eran un problema policial de segundo orden y para lidiar con ellos se requería una lógica operacional local y no una estrategia de Estado. Durante muchos años no fueron un tema central ni para México ni para nadie".

Cualquier mexicano que recuerde los episodios de la guerra del narco en Sinaloa, Chihuahua y Guadalajara en aquellos años; la grave crisis con Estados Unidos que implicó la ejecución del agente de la DEA Enrique Camarena; la captura de la Dirección Federal de Seguridad entera por el crimen organizado, al grado que fue disuelta por el presidente Miguel de la Madrid; la violencia de capos como Caro Quintero, Félix Gallardo, García Abrego, Carrillo Fuentes, los Arellano Félix y otros; o el bochorno que le causó al presidente Ernesto Zedillo en 1998 que su zar antidrogas, un general del ejército, resultara narco, podría discrepar de Villalobos. Por supuesto que se trataba entonces y ahora de un tema central para México. Lo era -con mayúsculas- en la política interna, en las relaciones internacionales del país, y en la economía regional de zonas que entonces, como ahora, vivían del narco.

Quizás la necesidad de contar con un consejero y defensor externo creíble, revela la complejidad del reto que enfrenta Felipe Calderón. Se ve obligado a recurrir a apoyos como el de Villalobos -al grado de solicitarle que presentara la estrategia gubernamental ante los embajadores y cónsules de México durante su reunión anual hace unos días- porque son los mejores y los únicos. Pero argumentos construidos a la distancia, por lúcidos que parezcan, difícilmente podrán convencer a una sociedad mexicana que cada día se cansa más de una guerra fallida y sin fin.

(El País/Madrid; el autor, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.)

Lecciones de los dilates en Centroamérica

Nadie salió bien librado de la crisis política y diplomática que final y afortunadamente parece acercarse a su término. Los países que desde antes de la defenestración de Manuel Zelaya el 28 de junio pasado apoyaron su permanencia en el poder -las llamadas naciones del ALBA: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, y aunque no formalmente, Argentina- perdieron en toda la línea. Honduras se ubicaba en su columna; ya no. Hugo Chávez podrá alegar lo que quiera, pero se quedó con un aliado menos.

Los países latinoamericanos normalmente más sensatos, pero en esta ocasión arrastrados por Chávez -Brasil, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala-, también acabaron mal. Basaron todo -la definición de la democracia, el desenlace de la crisis, sus alianzas y deslindes- en la restauración de Zelaya en la presidencia. No lo lograron, ni antes de las elecciones ni después, ni por un periodo respetable o por un lapso pro forma, con sombrero presidencial o sin el mismo. El desempeño brasileño, tan criticado por la prensa paulista, se antoja el más extraño: en el mejor de los casos, Chávez los tomó por sorpresa, introdujo a Zelaya a su embajada, se burló del principio del asilo diplomático, y tampoco les aseguró una salida decorosa.

Los países ajenos a la región -la Unión Europea, Estados Unidos-, y los oriundos de ésta gobernados por mandatarios de centro o de centro-derecha -Colombia, Perú, Costa Rica, México- corrieron con un destino muy parecido el uno al otro. Condenaron con toda razón el golpe de Estado de junio pero, por querer evitar a toda costa un enfrentamiento político-ideológico con el ALBA y Brasil, desistieron de adentrarse igualmente en las causas del golpe, analizarlas y condenarlas también. Aceptaron hacer de la restitución de Zelaya la piedra de toque del retorno a la democracia, y terminaron por avalar sin chistar la tesis aberrante según la cual un gobierno legítimo no puede organizar elecciones legítimas, justas y limpias.

De la misma manera, la aprobó la OEA, que justamente por componerse de muchos gobiernos emanados de elecciones auspiciadas por regímenes autoritarios, debió haberla rechazado. Y por último, Barack Obama, deseoso por un lado de cambiar la imagen, si no la realidad de su país en América Latina, pero maniatado por las vicisitudes de la política interna de su país, terminó como el cohetero: mal con todos. Los Castro, Chávez y Zelaya lo increparon por no imponer una solución a su antojo a fuerza de sanciones, presiones, y negociaciones; los golpistas y sus apoyos en Honduras, en Washington, y en otros países de la región se molestaron por el es

-paldarazo a Chávez que a sus ojos representó la postura norteamericana; y México, Colombia, Perú y Óscar Arias en Costa Rica se encontraron aislados, pasivos y desdibujados. Aunque por lo menos los tres últimos salvaron los muebles: reconocieron la validez de las elecciones a tiempo, sobre todo antes de que el Congreso hondureño rechazara, por una mayoría aplastante, restituir a Zelaya.

Sólo Micheletti y los autores del golpe salen bien parados. Y deben su éxito al error de sus adversarios: colocar la vara demasiado alta en relación a sus posibilidades reales de realización. Existía una buena razón para que la comunidad hemisférica actuara con celeridad, en las horas posteriores al golpe, enviando emisarios de Washington, Brasil y México a Tegucigalpa con un ultimátum claro: regresa Zelaya o arde Troya. Ya después se vería qué hacer con los temores fundados de los poderes fácticos hondureños de que Zelaya se eternizara en la casa presidencial.

A la inversa, existían sólidos motivos para centrarse más en los orígenes del golpe, a saber, la abierta violación constitucional de Zelaya con la llamada cuarta urna y la descarada intervención venezolana y cubana en la supuesta votación del domingo 28. De haber seguido esta vía, la comunidad latinoamericana y Estados Unidos, más que reprobar la deposición de Zelaya, hubieran concentrado sus esfuerzos en la realización de comicios equitativos, conforme al calendario y la Constitución del país. Pero lo que nunca tuvo sentido fue la oscilación constante entre una vía y otra, y el intento infructuoso de combinar ambas. Iba a desembocar en el desastre actual.

¿Qué hacer?, como decía Lenin. Hay varias lecciones que conviene extraer del cúmulo de dislates en Centroamérica. La primera, quizás, es recomendarles a los brasileños que se abstengan de involucrarse en una zona que desconocen, y que no van a comprender por un tiempo.

La segunda consiste, tal vez, en instar a México a cumplir nuevamente su papel en la zona, papel que arrancó desde 1978 con el apoyo de José López Portillo a la Revolución Sandinista en Nicaragua, y que duró hasta el bien intencionado y mal financiado Plan Puebla-Panamá de Vicente Fox. La pasividad mexicana en una región tan afín y tan cercana resulta incomprensible.

En tercer lugar, Obama debe entender que pedir perdón por pecados pasados no constituye un programa de política exterior, ni siquiera en una región tan sensible a los gestos y ritos como América Latina. Estados Unidos ya no puede, ni debe imponer su postura en el hemisferio occidental. Pero tampoco puede resignarse a ser un simple espectador de los acontecimientos, o seguidor de los demás, y mucho menos de un ficticio consenso latinoamericano. La zona se halla más dividida y polarizada que nunca; es imposible complacer a todos, porque existen divergencias reales de intereses e ideologías. Washington debió haber desempeñado un papel de mayor liderazgo en esta crisis, lo cual no significa adoptar el mismo papel de antaño.

Y en cuarto y último término, pero sin duda en primer lugar de importancia, apremia el mejorar, profundizar y fortalecer el marco jurídico regional en materia de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Se ha avanzado mucho, desde el llamado Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos en 1968, hasta la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Pero falta mucho más por hacer.

No sólo es preciso establecer sanciones más claras y robustas contra las rupturas del orden constitucional y las violaciones a los derechos humanos, sino que la convivencia latinoamericana requiere de una definición más clara de estos términos, para determinar cuándo comienza una transgresión, y no sólo cuando concluye. Probablemente sería deseable reforzar instituciones como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, y crear un sistema dentro de la OEA de alerta temprana, para poder actuar antes de, y no a la zaga de, sucesos como los de Honduras. Y finalmente, urge buscar un poco de consistencia y constancia: decir y hacer lo mismo, y decir y hacerlo siempre. Ya sería hora que los latinoamericanos nos volviéramos más serios.

(El País, Madrid. El autor fue canciller en el gobierno de Vicente Fox. Actualmente es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.)

Obama, ¿presidente negro o presidente progresista?

Nadie se lo ha dicho en público, pero Barack Obama seguramente lo sabe. Afronta un dilema desgarrador, paradójico y, en el fondo, diabólico, que explica las adversidades que lo agobian hoy, dentro y fuera de su país, y que seguramente definirán el destino y el desenlace de su Gobierno. El debate suscitado en Estados Unidos por su premio Nobel de la Paz -emblemático y basado en esperanzas futuras, más que en realizaciones pasadas- lo comprueba sin ambages, al mostrar cómo lo que debiera ser motivo de orgullo para un país entero se vuelve objeto de controversia.

Obama puede ser un gran presidente progresista, o un gran presidente negro; pero no puede ser ambos...

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La última pantomima de Bariloche

La enésima crisis en las relaciones entre Venezuela y Colombia culminó el 29 de agosto como las anteriores: sin ninguna resolución, con Álvaro Uribe fortalecido en su país pero aislado en el ámbito regional, y con Hugo Chávez volando hacia algún destino extraño de Oriente Próximo con la satisfacción de haber atraído los reflectores y la frustración de no haber logrado nada. Pero a diferencia de otros, esta vez el enfrentamiento televisado, verbal y en ocasiones casi físico, de Chávez y Uribe en la reunión cumbre de Unasur, celebrada en Bariloche, no será fácilmente olvidado ni perdonado. Porque en esta ocasión, había realmente algo de por medio, y el resto de América del Sur se sintió verdaderamente concernida.

El asunto es relativamente sencillo. Estados Unidos, a través de la DEA, su agencia antidroga, contaba hasta este año con una base aérea en el pueblo de Manta, en la costa ecuatoriana, desde la cual intentaba interceptar vuelos y embarcaciones procedentes de las zonas andinas del continente y destinadas por el narcotráfico a Centroamérica, México y Estados Unidos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, distinguido integrante del llamado ALBA (grupo compuesto por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Ecuador), amigo y aliado de Chávez, prometió cerrar la base cuando se venciera el acuerdo que le dio vida, en 2009. Cumplió su promesa, pensando tal vez que Washington no tendría más remedio que resignarse y marcharse de la región.

Pero "el imperio", como le dice Chávez, no llegó a serlo por actuar de esa manera. Ni tardos ni perezosos, los norteamericanos se buscaron un nuevo anfitrión que les permitiera replicar, en versión mejorada, su presencia andina. Y lo encontraron en Uribe y Colombia, donde ya existen siete bases militares y aéreas bien acondicionadas, así como un destacamento militar y contractual estadounidense (con un techo de 1.400 integrantes, fijado por el Congreso de Washington). Sólo faltaba juntar ambas realidades: para ello se negoció el acuerdo entre las dos capitales que prevé el acceso del personal americano ya presente a las bases existentes. No serán bases de Estados Unidos; seguirán bajo control colombiano, pero ahora la DEA, la CIA, y el Comando Sur dispondrán de acceso a ellas. Si alguien pensaba que con la llegada de Obama a la Casa Blanca los intereses de Washington en la región se modificarían, desconocía la historia de la región. Y si alguien se imaginaba que el antiamericanismo de Chávez (él lo denominaría "antiimperialismo") se desvanecería sólo porque un demócrata progresista de origen afroamericano ocupa el Despacho Oval, estaba soñando.

La única solidaridad subcontinental para con Colombia ha provenido de Perú; hasta el apoyomexicano, más alejado, ha sido tibio, en el mejor de los casos; a Brasil, en particular, le incomoda la cercanía militar norteamericana, aunque no la rusa o venezolana.

¿Por qué entonces aceptó Bogotá un acuerdo de esta naturaleza si sabía de antemano que provocaría la furia del caudillo de Caracas y la inquietud de casi todos los suramericanos? Por una sencilla razón: a pesar de su inmensa popularidad interna, Uribe se siente y se encuentra aislado y amenazado en la región, y no tuvo más alternativa que abrazar al único aliado que le queda.

A su oriente, Uribe se ve amenazado por Chávez, a través de sus compras masivas de armas, de su creciente y rara relación con Teherán, de su apoyo militar, financiero, logístico y propagandístico a las FARC, y de sus incansables ofensivas retóricas. No tiene mucho sentido hacerse ilusiones sobre la ubicación del corazón de Hugo Chávez. Detestaba a Bush, le repugna Uribe, desprecia a Juan Manuel Santos, pero nada de eso resulta decisivo: lo crucial consiste en su profunda simpatía por las FARC y la supuesta causa revolucionaria en Colombia. Mientras las FARC no triunfen en Colombia (algo que no parece ni remotamente factible), y Chávez siga en el poder, nada ni nadie lo hará cambiar de sentimientos. El problema no son Bush, Obama, Uribe, Santos o la "rancia oligarquía colombiana"; el problema son Chávez y las FARC.

Pero Uribe no sólo se enfrenta a la amenaza desde Venezuela; el caso de Ecuador es análogo, en la medida en que Correa y sus simpatizantes, sin emprender una carrera armamentista comparable a la de Chávez, guardan las mismas simpatías por las FARC, evidenciadas por el campamento de Raúl Reyes, destruido el año pasado por el Ejército colombiano, y por las relaciones entre la narco-guerrilla y la campaña presidencial de Correa de 2006.

Y por supuesto, Uribe padece un frente interno, a saber, precisamente el de las FARC, en plena desbandada, pero con un posible as bajo la manga: el acceso, vía Chávez, a misiles tierra-aire, que eliminarían la supremacía del Ejército en los cielos colombianos, clave de los triunfos contra-insurgentes. Ante peligros de esta magnitud, y frente a los interminables ataques retóricos y diplomáticos de Chávez, ¿qué querían los suramericanos (principalmente Brasil, Chile, Uruguay y Argentina) que Uribe hiciera? ¿Hacer la vista gorda, poner una vez más la otra mejilla, rendirse de plano?

En realidad, ni Obama ni Uribe cuentan con muchas opciones. Estados Unidos, en todo caso desde 2002, ha puesto la otra mejilla con Chávez, y este último no ha cesado un instante de perseverar en su agenda. Nadie en América Latina ha querido llenar el vacío que en teoría podría dejar Washington. Existe, sin embargo, una alternativa, remota, pero posible, que tal vez le permitiría a Bogotá y a Estados Unidos romper el aislamiento actual.

Empieza con mantener, por supuesto, la postura estadounidense de no agresión militar o encubierta a Venezuela, y sigue con la no reelección de Uribe en Colombia, algo que sin duda le traería más popularidad interna a Uribe, pero mayor soledad regional. Pero consiste, sobre todo, en una ofensiva diplomática en otra arena.

Se trataría de mostrar cómo Venezuela -y los demás países del ALBA- han generado una amenaza para la paz y la seguridad en la región, a través de varias acciones y medidas. Éstas incluyen la compra masiva de armas a Rusia, el apoyo al programa nuclear iraní (con posibles violaciones a las sanciones financieras impuestas por el Consejo de Seguridad), el apoyo reiterado a movimientos en otros países que buscan derrocar (Colombia, Honduras) o derrotar (Perú, El Salvador), o presionar (México, Chile) a Gobiernos en funciones, y la falta de respeto a los derechos humanos, y en particular a las libertades públicas y las garantías individuales.

Todo ello, y otras actividades, han contribuido a generar tensiones en el área que imposibilitan una convivencia pacífica y ordenada, factible y deseable a pesar de las diferencias ideológicas entre diversos regímenes. Por ello, de manera discreta pero firme y organizada, Colombia y Estados Unidos solicitan un comportamiento responsable y serio a la comunidad internacional, sobre todo a la Unión Europea y a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que deje de considerar como meras excentricidades los excesos de todo tipo de Chávez, y que le manifiesten una clara preocupación ante su conducta.

¿Serviría de algo? Quizá no, pero tampoco se pierde mucho, y sobre todo, se da un paso hacia la ruptura de la secuencia ya conocida: exabrupto del ALBA, respuesta de Washington y/o Bogotá, reacción furibunda y altisonante de Chávez, crisis diplomática y ruptura de relaciones, reculada de todos para volver a empezar meses después. Detener esa espiral mediante una escalada diplomática, esta vez iniciada por los adversarios de Chávez y del ALBA, obligando a cada quien a asumir sus responsabilidades, no es la peor idea que pueda surgir de la última pantomima de Bariloche.

(El Pais, Madrid; Castañeda fue canciller del presidente mexicano, Vicente Fox.)

Moving Ahead in Honduras

NEWSWEEK | From the magazine issue dated Aug 17, 2009

More than a month has passed since the coup that removed Honduran President Manuel Zelaya from office, and still today no one can predict how and when, let alone if, the crisis will be resolved. While there are some promising developments underway—the Honduran armed forces have backed Costa Rican President Oscar Arias's mediation effort, and the de facto president, Roberto Micheletti, has suggested he might agree to Zelaya's return—there are still many imponderables. How far are Zelaya and his Venezuelan, Nicaraguan, and Cuban sponsors willing to go to restore him to power? How long can Micheletti resist tacit international sanctions?

An opportunity to break new ground in Honduras and Latin America comes on Aug. 9 when Mexican President Felipe Calderón, U.S. President Barack Obama, and Canadian Prime Minister Stephen Harper gather at the annual trilateral North American summit. They can begin to address the Honduran coup by correcting a misstep committed more than a month ago at the meetings of the Organization of American States and the Rio Group. At those meetings, the leaders essentially aligned themselves with Venezuela's Hugo Chávez and his left-wing allies—Nicaragua's Daniel Ortega, Rafael Correa from Ecuador, and Evo Morales from Bolivia—in their condemnation of the coup. Now they ought to rectify that error by reaffirming their condemnation of the events but go on to point out that the coup did not take place in a vacuum. It occurred because of the polarization of Honduran society wrought by Zelaya's alignment with Chávez, the Nicaraguans, and the Cubans, and by his obvious attempt to keep himself in office with the same kinds of undemocratic strategies that have already been used by Chávez, Correa, and Morales, and that are now being planned by Ortega. The causes and consequences of the coup matter.

In trying to mediate, the leaders of the Americas have effectively taken sides in an ideological battle, but there is a way to right the balance. At their meeting, Obama, Harper, and Calderón should reaffirm and expand on their commitment to the Inter-American Democratic Charter, which calls on all members to defend democracy and was signed in 2001 by every government in the hemisphere, except for Cuba. (This writer signed on Mexico's behalf.) Article 19 calls for the suspension of any member state during serious interruptions of the democratic order, including "an unconstitutional alteration of the constitutional regime." It has been invoked only twice—against the 2001 coup against Chávez and against the Honduran coup—but it should be applied everywhere in Latin America, all the time, not selectively when one group of countries is unhappy. It should have applied to the electoral fraud in Nicaragua last year, the eviction of the elected mayor of Caracas this year, and the repression in Bolivia. It should apply to all presidents defenestrated by the military, like Zelaya, but also to those overthrown by the "street," like Fernando de la Rúa in Argentina in 2001, Bolivia's Gonzalo Sánchez de Lozada and Carlos Meza in 2003 and 2005, respectively, and Lucio Gutiérrez in Ecuador in 2005.

The charter is ambiguous in places, because in 2001 the only way to achieve a consensus was by resorting to generalities. If that is a problem in applying the charter more evenhandedly, then the leaders should call for the creation of a working group to revisit the charter and attempt to dot the i's and cross the t's.

Finally, the three leaders should take on the difficult matter of economic sanctions against Honduras. The OAS and the Venezuelans, and ironically even the Cubans, have called for trade sanctions against the Micheletti government, and the Inter-American Development Bank, the European Union, the U.S. Agency for International Development, and the World Bank have all temporarily suspended aid to the region's third-poorest country. While there are good reasons for applying sanctions to Honduras, and they may even work, the three North American leaders should make it clear that they can be permissible only if very clear guidelines are laid down regarding their duration, their applicability to other conceivable cases, and the firm commitment by parties who can make them effective, like the United States, to resort to similar measures in similar situations in the future. If not, the sanctions will be seen as a form of placating Chávez—with Obama, Calderón, Brazil's Luiz Inácio Lula da Silva, Chile's Michelle Bachelet, and other democratic leaders of the hemisphere simply bending over backward to appear opposed to the coup, regardless of its causes, its consequences, and the precedents that sanctions may create.

Castañeda Is A Former Foreign Minister Of Mexico, Global Distinguished Professor At New York University, And A Fellow At The New America Foundation.

Para ser de un club hay que cumplir las reglas

San Pedro Sula no es una comunidad que evoque fácilmente recuerdos de batallas campales o debates decisivos. Pero la ciudad industrial hondureña será, mañana y pasado mañana, la sede de una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que muchos quisieran transformar en una reunión histórica, al preparar el terreno para el regreso de la Cuba de los Castro al concierto latinoamericano. El cónclave se antoja épico.

Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 en Punta del Este, por su adopción del "marxismo-leninismo" y su alianza con la Unión Soviética. En una aplicación absurda y anacrónica de la Doctrina Monroe, ambos hechos fueron considerados "incompatibles" con la pertenencia al organismo hemisférico, y razones suficientes para desterrar a Fidel Castro de la OEA, del BID y de otros entes regionales. Hoy, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, los países del llamado ALBA -Venezuela, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, que no dan paso sin huarache, es decir, sin línea de la isla- y sus aliados cercanos en el Caribe y América del Sur se han propuesto derogar la resolución de 1962.

Sin invitar de vuelta a Cuba, por lo menos buscan permitir la supresión del principal obstáculo ante su posible regreso. Sostienen, con algo de razón, que la decisión de entonces no descansó en convicción democrática alguna, sino simplemente en el propósito de condenar al ostracismo a Cuba por su cercanía con Moscú, por su enfrentamiento con Washington y por su apoyo a movimientos de izquierda en la región.

Aunque algunos pueden considerar que una "suspensión de una suspensión" equivale a una reinstalación, y también piensan que los rechazos de La Habana a cualquier retorno al "Ministerio de las Colonias" no se aplican a su deseo desesperado de obtener acceso a los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, es probable que prospere el esfuerzo. La resolución de Punta del Este constituye, en efecto, un vestigio de la Guerra Fría, no posee el menor sentido hoy, y no debe entorpecer el debate de fondo: ¿se debe ser una democracia representativa para pertenecer a la OEA y al BID? Y ¿qué se entiende por democracia?

No cabría el reingreso de Cuba a la OEA debido a la vigencia de los diversos instrumentos regionales suscritos por los países miembros desde 1962, y, en particular, al contenido de dos de ellos. El primero es el llamado Pacto de San José, o Convención Americana de Derechos Humanos, aprobado en 1968 y ratificado por la mayoría de las naciones en los años ochenta, y la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el día 11 de

septiembre de 2001 por todos los Gobiernos de la zona. Esta última estipula claramente que la democracia representativa es una condición sine qua non para pertenecer al concierto latinoamericano. Y proporciona una definición explícita de la democracia representativa: "Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos". Huelga decir que Cuba no cumple con ninguna de estas condiciones, y, por tanto, que no podrá volver a la OEA aunque quisiera.

No pareciera, entonces, existir motivo para oponerse al intento de aprobar una resolución en apariencia meramente simbólica, y que además puede distender las relaciones entre la región y Estados Unidos. Tan se contempla, que incluso circulan versiones según las cuales la propia Hillary Clinton, que acudirá al cónclave de San Pedro, se apresta a votar a favor de la derogación del texto de 1962, o en todo caso a abstenerse. ¿Caso cerrado, o hay gato encerrado?

De hecho, surgen varias interrogantes y dudas. En primer término, una cosa es que en esta ocasión el Gobierno de Obama prefiera evitar el aislamiento, solo con Canadá, contra 33 votos a favor de la posible resolución, y otra es que esto se convierta en costumbre. Hay quienes temen que Obama y Clinton nunca van a correr el riesgo de quedarse solos en América Latina, habiéndole apostado tanto a reparar los daños causados por Bush. Nunca podrán convencer a sus aliados en el área para que los acompañen en temas escabrosos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Y otros sospechan que Insulza (no es mi caso) y los países del ALBA (sí lo es) no van a conformarse con derogar el documento de 1962; se proponen, desde ahora, forzar una definición mayor, a saber: iniciar discusiones con el Gobierno de Cuba para su reincorporación a la OEA. Lo harían a partir de dos tesis de dudosa pulcritud conceptual, pero no carentes de eficacia.

En primer lugar, que a pesar del pasaje citado de la Carta, cada quien es libre de interpretar textos de esa índole como mejor le parezca. Y en segundo término, ¿quién tira la primera piedra? En el pasado, muchos no cumplían ni con la Convención ni con la Carta de Lima, y eran miembros de la OEA, y hoy mismo, su vigencia en varios países es discutible: mejor que vuelva Cuba y sobre la marcha se verá si cumple con los requisitos. Estados Unidos se opondría, quizás en compañía de Costa Rica, Canadá, Colombia y Perú, pero dicha reticencia también revestiría sus ventajas. O queda aislado Obama en la OEA, o el Congreso norteamericano le corta los fondos para pagar las cuotas, y Washington se retira, como lo hizo con la Unesco en los años setenta.

¿Qué tendría de malo que Cuba retornara sin cumplir con las condiciones democráticas y de respeto a los derechos humanos que todos los latinoamericanos han aceptado en buena medida respetado desde el 2001? Mucho, pero en síntesis, lo siguiente. América Latina nunca ha podido resolver con claridad la disyuntiva entre valores universales y soberanía. Durante décadas, sus regímenes autoritarios (muchos más de derecha que de izquierda) invocaron la soberanía nacional para rechazar cualquier injerencia externa en defensa de la democracia y los derechos humanos. Y los demócratas latinoamericanos, dentro o fuera del Gobierno, siempre temieron construir un andamiaje jurídico regional injerencista y defensor de estos valores por miedo a ser tildados de "lacayos del imperialismo". Pero en el transcurso del último cuarto de siglo, Iberoamérica ha avanzado a pasos agigantados. Se ha edificado un régimen legal imperfecto, pero en plena mejoría, y se ha aceptado que, efectivamente, existen valores universales por encima de la soberanía.

Hacer caso omiso de dicho régimen, crear una nueva excepción cubana, anteponer el pasado al presente y los intereses inmediatos (migratorios, de Estados Unidos, por ejemplo) al objetivo más ambicioso de proteger la democracia en América Latina mostraría una miopía digna de... Punta del Este. Que Estados Unidos levante el embargo, que España insista en su acercamiento, pero ojalá que las democracias latinoamericanas consolidadas sepan ser categóricas: para ser miembros del club hay que cumplir con las reglas, o cambiarlas. Hasta ahora, los Castro no se han propuesto, ni logrado, ni lo uno ni lo otro.

(El País, Madrid)

¿Quién embaucó a quién?

No cesan las paradojas en el nuevo mundo valiente de la crisis. Todos, absolutamente todos, se felicitaron por el tenor de la Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad hace dos semanas, por la nueva política hacia América Latina de Barack Obama y por la nueva dignidad latinoamericana.

Todos, salvo dos: la derecha estadounidense y Fidel Castro, extraños compañeros de trinchera. Para entender este sorprendente giro geopolítico es preciso explicar lo que sucedió durante el periplo del nuevo presidente norteamericano, o por lo menos sugerir un par de hipótesis. Ya después veremos por qué Fidel y conservadores como Newt Gingrich comparten el mismo descontento.

Una de dos: o bien Obama pecó de una increíble ingenuidad en su trato con los líderes latinoamericanos reunidos en el Caribe (y antes de ello, con el presidente Felipe Calderón en la capital mexicana), o bien les tomó perfectamente la medida.

La primera posibilidad es la más obvia, y menos verosímil. Debido a su bisoñez, Obama se habría comprometido con la guerra optativa de Calderón contra el narco, con la probidad, eficacia y perseverancia de sus colaboradores, con la comentocracia mexicana que se deshizo en elogios al nuevo ocupante de la Casa Blanca. No habría entendido que así como Calderón emprendió su cruzada por motivos estrictamente políticos, la puede suspender por los mismos; que al igual que con sus predecesores, los "valientes y honestos" luchadores contra la droga de hoy pueden resultar ser los cómplices de mañana, y que el anti-americanismo proverbial de las élites mexicanas (intelectuales incluidos) volverá por sus fueros a la menor provocación.

En cuanto al llamado eje del bien (Chávez, Morales, Ortega, Correa y Lugo), habría sucedido lo mismo. Le dieron a Obama por su lado, después, por supuesto, de haberle leído la cartilla sobre todos los pecados habidos y por haber cometidos por Estados Unidos en América Latina. Chávez no se comprometió a dejar de apoyar -según fuentes oficiales colombianas, más que nunca- a las FARC en Colombia y al FMLN en El Salvador (mas no a Mauricio Funes), ni a restaurar los programas de cooperación con Washington en la lucha antinarco, ni a dejar de nacionalizar a empresas nacionales y extranjeras sin compensación (el caso de la mexicana Cemex, entre otras), ni a cesar de cerrar medios de comunicación, ni a perseguir a opositores, ni a pervertir al poder judicial. Morales no se comprometió a suspender su apoyo al cultivo de hoja de coca, ni a volver a acoger en Bolivia a un embajador de Estados Unidos y al equipo antidrogas de la DEA; Correa, de Ecuador, noaceptó mantener la base de la DEA en Manta. Y Ortega ni sueña con detener su persecución de opositores, su involucramiento con los salvadoreños y sus diatribas antiamericanas.

Y sobre todo, ninguno de los mencionados, ni los más sensatos como Lula, Calderón, Bachelet, etcétera, jamás le pedirán a La Habana que ponga su parte en la danza de concesiones mutuas con Washington: ni que abrogue el impuesto sobre remesas, ni que libere a los presos políticos, ni que suprima la tarjeta blanca y la prohibición de viajar, ni mucho menos que negocie la devolución o compensación de las propiedades americanas expropiadas en 1959-1962. Nunca aceptarán que, de la misma manera que presionan, con razón, a Obama para que levante unilateralmente el embargo a Cuba, deben hacerlo con Castro para que por fin se establezca un régimen democrático en la isla. En esta hipótesis, los latinoamericanos le habrían visto la cara a Obama, y éste, con toda inocencia, se habría dejado embaucar.

Huelga decir que la hipótesis alternativa se antoja mucho más creíble. Consiste en pensar que fue Obama quien les tomó el pelo a los latinoamericanos, al comprender que por muy izquierdosos que sean unos, y muy modernos que parezcan otros, esta camada de líderes de la región conserva el perfil ortodoxo, incluso clásico, del político tercermundista. Con algunas palmaditas en la espalda, algunas palabras consabidas y fatigadas, y un lenguaje corporal apropiado, se dan por muy bien servidos.

Como dijo Teodoro Petkoff, el ex guerrillero venezolano, "Chávez terminó calificando la reunión como 'casi perfecta'. Y todo porque Obama le dio la mano y cruzó unas palabras con él. Está visto que Chacumbele no aguanta una picada de ojos de un presidente gringo". Desde tiempos inmemoriales, los iberoamericanos le profesan una verdadera reverencia a "lo dicho" y a las formas, al contrario de los norteamericanos, para quienes "prometer no empobrece". Para los nuestros, la sustancia es secundaria; los ritos, todo. Obama los observó con creces. Dijo cuantas veces fue necesario que venía a escuchar y a aprender; que no había socios menores ni mayores en la zona, sino iguales, y que él buscaba ante todo brindarle respeto a sus colegas, aun cuando no coincidiera con ellos.

Claro: no se comprometió con Lula a levantar el embargo a Cuba, o el arancel sobre el etanol, o a apoyar su pretensión de ocupar un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU; no se comprometió con Álvaro Uribe a buscar la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio con Colombia; no se comprometió con Calderón a restaurar la prohibición de la venta de fusiles de asalto o a incrementar la Iniciativa Mérida; ni con los centroamericanos y caribeños a proponer una reforma migratoria integral. Es decir, se limitó a sonreír para la foto con Chávez, a escuchar impávido y estoico la arenga de Ortega, a recibir libros del siglo antepasado, y a solidarizarse con Evo en la denuncia de atentados indemostrables. Nada más.

Gracias a todo ello, fue fuertemente aplaudido por los latinoamericanos y severamente criticado por su derecha interna... y por el único líder latinoamericano que ha superado, a un costo inaudito para su país, los tradicionales complejos de los políticos del área: Fidel Castro.

La oposición conservadora de Estados Unidos le ha reclamado a Obama dejar pasar insultos y ofensas contra sus predecesores (desde Bush hasta Kennedy, y a diferencia de Zapatero y Juan Carlos I), ser demasiado cordial con Chávez sin plantear un solo tema de la agenda propia, y permitir que lo sermonearan ad náuseam sin jamás responder. Fidel Castro, por su parte, le enmendó vigorosamente la plana a Obama... y al boquisuelto de su hermano, que cometió varios pecados discursivos imperdonables. Éste es el meollo del asunto.

En su reflexión del 22 de abril, el Castro mayor subrayó que "el presidente interpretó mal la declaración de Raúl" al pensar que cuando dijo en Venezuela, el 15 de abril, que "todo está sobre la mesa", incluyendo derechos humanos, presos políticos, migración, narcotráfico, etcétera, hablaba en serio.

Obviamente, no: la mera mención por Raúl de "presos políticos", por exaltado que se encontrara (basta ver las imágenes de los ocho minutos de su discurso en YouTube para entenderme), constituye una herejía para Fidel. Jamás ha aceptado la existencia de presos políticos en Cuba, ni piensa hacerlo. Tampoco, por supuesto, aceptó eliminar el impuesto sobre las remesas, ni, según portavoces oficiosos, la llamada "tarjeta blanca" para salir de Cuba. En otras palabras, le recetó a Obama lo que los franceses llaman "une fin de non-recevoir": nada de nada.

Para los latinoamericanos, bastaron carisma, cordialidad y cariño; para Fidel, sólo bastará que Obama se rinda, se disculpe, y pague la penitencia por los pecados de sus predecesores. El mandatario estadounidense sedujo a sus colegas presentes en Puerto España, salvo al que no es su colega, y que estaba ausente.

(El País, Madrid)

La ambigüedad de la victoria en El Salvador

La noche del domingo 15 de marzo fue, sin duda, la más feliz de la vida de Ramiro Abreu. Sesentón, regordete, de baja estatura, y provisto del par de ojos más azules e intensos que se hayan visto en los anales de la revolución latinoamericana, el encargado de El Salvador para los servicios de inteligencia cubanos esperó durante más de un cuarto de siglo los resultados de esa velada. Desde principios de los años ochenta, Abreu, junto con el legendario Ibrahim, "llevó" los asuntos salvadoreños para el famoso -y para muchos infame- Departamento de América del Partido Comunista Cubano. Ambos impusieron, a sangre y fuego, la unidad de las cinco organizaciones guerrilleras y las dos agrupaciones políticas de entonces para crear el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Lo armaron y entrenaron; lo condujeron a la negociación cuando nadie la esperaba; se resistieron, en vano, a la negociación cuando fue posible; y se dedicaron a los negocios de aviación y turismo y la próspera supervivencia cuando no se daba ya un quinto por ellos.

Anteayer, sus ahijados políticos por fin lograron lo que nadie, nunca, en América Latina: llevar al poder, por todo lo alto y por las urnas, a una antigua organización político-militar revolucionaria. El FMLN, después de varios intentos fallidos, por fin ganó las elecciones presidenciales en El Salvador, y cualquiera que sea el desenlace de este proceso, su victoria no tiene parangón en la historia de la izquierda de la región. Los sandinistas nicaragüenses triunfaron en comicios rechazados por todos en 1984; perdieron en 1990, y cuando vencieron por fin en el 2006, no eran ni la sombra de aquella guerrilla victoriosa de 1979. Nadie más ni siquiera se ha acercado a un umbral análogo, y a pesar de todas las suspicacias que el FMLN despierta hoy, menospreciar el carácter histórico de su triunfo se antoja mezquino y reaccionario. Al término de tantas muertes y tantos años de lucha, la hazaña del FMLN debe ser aquilatada como lo que es: una primicia histórica en el devenir de la izquierda latinoamericana.

Pero como nadie sabe para quién trabaja, Ramiro Abreu enfrenta hoy un dilema. Sus ex jefes, Fernando Remírez, del Departamento de América, y Felipe Pérez Roque, en la Cancillería cubana, viven -por el momento- en la ignominia de la purga; mañana pueden volver al poder, o hundirse en el descrédito y/o la desaparición física. Todos concuerdan en los efectos de su desgracia -el fortalecimiento del grupo afín a Raúl Castro-, pero casi nadie se atreve a especular sobre el origen de la última defenestración habanera. Y, por tanto, la victoria farabundista en El Salvador encie

rrasu propia ambigüedad: ¿es la de una izquierda moderna latinoamericana, o la de Abreu, Hugo Chávez -que la financió- y Salvador Sánchez Cerén (nombre de guerra: Leonel, y el flamante vicepresidente del país) que la orquestó? ¿Es la de Pérez Roque, o la de Raúl Castro?

En cuanto a Cuba se refiere, aunque nadie pueda conocer a ciencia cierta el motivo de la eliminación política del viceprimer ministro y zar económico Carlos Lage, de Pérez Roque y de José Luis Rodríguez (el ministro de Finanzas), el mismo Fidel Castro, en el críptico lenguaje beisbolístico de su colaboración editorial de hace un par de semanas, nos proporciona una pista. De acuerdo con una posible interpretación, sin duda especulativa, de su misiva hebdomadaria en el diario Granma, Lage y Pérez Roque fueron descubiertos participando en una conspiración contra Raúl Castro, apoyados por Hugo Chávez, y tendente a echar abajo el intento del hermano menor de Fidel por abrir la economía, la política y las relaciones internacionales de la isla.

Raúl, más sensible o menos talibán que sus ex colegas, habría concluido que las privaciones propias del pueblo cubano se acercaban a un límite, y que ni Venezuela ni China ni Brasil podían reducir. Sólo un rapprochement con Washington era susceptible de mejorar el nivel y la calidad de vida de los cubanos en el corto plazo, y si para ello resultaba preciso realizar una serie de concesiones económicas, políticas e internacionales, ni modo, como se dice en México.

Esta disposición de Raúl Castro, imposible de comprobar hoy, junto con la tesis explicativa en su conjunto, habría provocado el temor de los duros (Chávez, Pérez Roque y Lage, este último no por vocación sino por ubicación), conduciéndolos al complot anti-raulista. Sólo que, como siempre desde 1959, los hermanos Castro detectaron la traición casi antes incluso de que se le ocurriera a los traidores, y actuaron en consecuencia. Lage y Pérez Roque fueron destituidos y obligados a una autoincriminación estalinista clásica; Chávez fue convocado a La Habana para leerle la cartilla: o desistía de sus intrigas y mantenía el apoyo petrolero a Cuba, o los cubanos le retiraban su apoyo de inteligencia y seguridad y lo dejaban en manos del aparato venezolano -el mismo que intentó derrocarlo en abril del 2002-. Huelga decir que el caudillo de Caracas accedió a la "sugerencia" isleña. Todo ello evoca, sin mayores matices, los acontecimientos vinculados a la muerte de Stalin en 1953, y de Mao, en 1976.

Sólo que todo esto, el aparato del FMLN en El Salvador o lo ignora o le resulta indiferente. Hoy, a pesar de la aparente modernidad y moderación de Mauricio Funes -el nuevo presidente-, el poder se halla en manos de Sánchez Cerén y de las fuerzas militantes, castristas y chavistas, del FMLN. Los dirigentes históricos, brillantes y modernos, del viejo FMLN -Facundo Guardado, Joaquín Villalobos, Salvador Samayoa, Ana Guadalupe Martínez, Germán Cienfuegos- lo han abandonado, o han sido abandonados por los duros. Para todos los fines prácticos, la victoria de Funes coloca a su país en la columna de las naciones de extrema izquierda: junto con Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y, por supuesto, Venezuela. La radicalización centroamericana -que incluye las posturas errático demagógicas de Manuel Zelaya en Honduras- se acerca peligrosamente a la frontera mexicana, como si mi país no enfrentara suficientes problemas propios. La cabeza de playa conquistada por Chávez y Ramiro Abreu en El Salvador no puede más que preocupar a México, a Washington y a muchos más.

¿Qué viene entonces? Un futuro sombrío para los conspiradores cubanos -Raúl Castro no puede darse el lujo de permitir su retorno después de la muerte de su hermano- y una radicalización centroamericana frente a la crisis económica y a pesar de las invitaciones de Obama. ¿Quién puede jugar un papel moderador? Sólo dos países poseen la fuerza y las dimensiones para hacerlo: México y Brasil. Pero ésta no es la esfera de influencia brasileña, y México no quiere. En el vacío, prosperará la aventura.

(El País, Madrid. El autor, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.)

Paradojas en América Latina

The Economist publicó un artículo sobre la expansión de la clase media en Brasil. Citando a la fundación Getulio Vargas, informaba que 100 millones de habitantes de 190 pertenecían a una clase media definida por ingresos, posesión de coche, vivienda, línea blanca y acceso al crédito. Hemos sostenido esta misma tesis a propósito de Brasil y de México en estas páginas: si hubiera una Getulio Vargas en México diría que entre 55 y 65 millones de mexicanos pertenecen a una clase media definida en esos términos.

Y esta situación se repite en varios países de América Latina. Sucede en Colombia, Chile y Uruguay. Argentina se cuece aparte, ya que ha sido y dejado de ser un país de clase media en varias ocasiones. Pero no sólo se trata de indicadores como el crecimiento de la clase media. América Latina vive hoy un boom económico desconocido desde los setenta. En los últimos cinco años, el PIB y el PIB per cápita han crecido. Perú lleva más de un lustro con tasas superiores al 6 por ciento; Colombia igual; hasta Venezuela -gracias al precio del petróleo- está en pleno auge. Si a estos datos agregamos la consolidación de la democracia representativa, donde el poder se conquista en las urnas, salvo Cuba, nos sugiere que la región vive, quizás, uno de sus mejores momentos.

Pero al mismo tiempo y paradójicamente, pasa por una de las coyunturas de mayor polarización y conflictividad entre países y dentro de países que hayamos visto en años: México con AMLO, El Salvador con el FMLN, Nicaragua con Colombia, Colombia con Venezuela, Colombia con Ecuador, Chile con Perú, Chile con Bolivia, Argentina con Uruguay, la secesión boliviana, la polarización venezolana, la polarización ecuatoriana. Lo nuevo quizás reside en la forma en que todos estos conflictos se encuentran relacionados por un lado, y por el otro cómo existe un verdadero vacío de poder de influencia en la región al desvanecerse el tradicional intervencionismo norteamericano (diga Chávez lo que diga) y al alinearse en el elenco de enanos diplomáticos países como Brasil y México, que debieran llenar ese vacío.

Es evidente que la crisis boliviana no se da al margen de lo que sucede en el resto del continente. El papel de Venezuela en Bolivia (y el papel más significativo pero menos estridente de Cuba) ha sido puesto de relieve en los últimos días por las declaraciones del comandante del ejército boliviano, Luis Trigo. En paralelo, la situación en Ecuador ha sido evidenciada por el mismo presidente Correa que ha dicho explícitamente que ve una analogía entre las fuerzas centrífugas que amenazan la integridad de Bolivia, con Guayaquil, que amenazan la integridad de su país. En estos dos casos vemos que algunas fronteras -como en África- son un remanente de la época colonial y de los primeros años de independencia. Otras divisiones internas -Venezuela, Argentina, México, El Salvador- vienen de algo hasta cierto punto inédito: divergencias políticas, de clase, éticas e ideológicas que deben dirimirse en democracia, que es más complicado que en condiciones de autoritarismo. Otras influencias regionales están marcadas por los petrodólares de Chávez, como las presiones para que Argentina se alinee a sus posiciones o la presión sobre Centroamérica con Petrocaribe; y por último, la búsqueda de supuestas soluciones diplomáticas en la cumbre Unasur refleja más una preocupación por el problema energético, que una simpatía por las andanzas chavistas de Morales.

En una situación de tanto conflicto vinculado entre sí, hace 20 años Estados Unidos hubiera reaccionado, aunque sólo fuera ejerciendo represalias mucho más severas contra la expulsión de sus embajadores en Caracas y La Paz. Hoy en día no es el caso, en parte porque Bush es un Presidente saliente muy débil, en parte porque Estados Unidos algo ha aprendido a lo largo de los años, y en parte porque no serviría de nada una escalada si no se estuviera dispuesto a llegar a las últimas consecuencias -al parecer las represalias fueron la no certificación antinarco de Bolivia y por cuarta vez la no certificación a Venezuela en este tema. El que los países de Unasur prefieran hablar de la crisis boliviana, dentro de esta nueva organización y no en la OEA, excluyendo entre otros a México, Estados Unidos y Canadá, dice mucho: no necesitan ni a México ni a Canadá y creen que este tipo de problemas encierra soluciones sin Estados Unidos o incluso contra los norteamericanos como buscaron en vano Chávez y Morales en Chile -aunque las soluciones de Unasur tampoco sirvieron de gran cosa como lo muestra la detención del prefecto de Pando al día siguiente.

Hay otras conclusiones tentativas. La primera es que a pesar de toda la fatigada retórica latinoamericanista y priista del gobierno panista actual, México está fuera de la jugada: en las crisis uno cuenta porque quiere o tiene algo que decir. A pesar de su prestigio y de su tamaño, México se encuentra confinado. Brasil tampoco llena el vacío de Estados Unidos ni está dispuesto a abandonar su antiintervencionismo. En parte con razón, por la inmensa complejidad que encierra su postura frente a la crisis boliviana. En el fondo, el interés nacional brasileño en Bolivia es más autonomía con tentaciones secesionistas que pudieran ser anexionistas (al estilo Texas entre 1836-1847), que mantener la integridad boliviana que le complica la entrada irrestricta a la segunda reserva de gas de la región. Pero lo último que puede hacer la cancillería brasileña es no respaldar a Evo. Ante este dilema es mejor hacerse de la vista gorda, como corresponde a la tradición diplomática brasileña. No se entiende entonces para qué quieren ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad: ¿para abstenerse a perpetuidad? ¿Y la retórica latinoamericanista de México?

 
Página en internet: www.jorgecastaneda.org

Estado de los derechos humanos en Venezuela

Como si Hugo Chávez no contara ya con suficientes problemas -la caída del precio del petróleo, la expulsión del embajador de Estados Unidos en Venezuela, y la del venezolano en Washington, el registro de su país por cuarto año seguido en la lista negra norteamericana de cómplices del narcotráfico, el estallido inflacionario local, y las dudas sobre la suerte de su partido en las próximas elecciones- recibe un nuevo golpe. El 18 de septiembre, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, de cuya Junta Directiva me confieso orgullosamente miembro) hizo público en Caracas un informe demoledor sobre Una década de Chávez. Describe, analiza y condena las repetidas amenazas, restricciones y violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el triunfo chavista en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. El subtítulo del informe lo dice todo: "Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". Por fin una organización seria, independiente y acreditada en el mundo, se aboca a este tema en Venezuela, y emite una opinión fundamentada y desprovista de estridencias o exageraciones.

El informe de HRW, dado a la luz en la capital venezolana por José Miguel Vivanco (a quien nadie puede acusar de chavofobia; se ha convertido en un némesis de Álvaro Uribe por su oposición al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos), se centra en cinco grandes capítulos del estado que guardan la democracia, la justicia y la libertad en la cuna del libertador. Aunque no alcanzó a incorporar los últimos atropellos de Chávez al inhabilitar a centenares de candidatos de oposición, incluyendo a Leopoldo López, el alcalde de Chacao y probable triunfador en los comicios por la Alcaldía Mayor de Caracas de haber podido contender, HRW enumera el conjunto de episodios de "discriminación política" cometidos por el Gobierno desde 1998. Proporciona ejemplos concretos, contrasta estos hechos tanto con los derechos inscritos en la Constitución venezolana de 1999 (ya redactada por el propio Chávez) como con los tratados internacionales firmados por el país desde tiempo atrás. La discriminación política consiste, ante todo, en la aplicación de criterios políticos (es decir, de filochavismo) a la contratación, despidos, otorgamiento de créditos en las empresas o actividades del Estado, y sobre todo, al funcionamiento de la empresa petrolera PDVSA.

El segundo capítulo se refiere a la situación del poder judicial, y cómo, paulatinamente, Chávez ha ido subordinando al poder político a los jueces y tribunales venezolanos, en franca violación de la Constitución y de los instrumentos internacionales y regionales (como la Convención Americana de Derechos Humanos y la CartaDemocrática Interamericana, firmada por el Gobierno de Chávez). La reciente ratificación por el Tribunal Supremo de la inhabilitación de los candidatos opositores constituye un nuevo y grave ejemplo de esta subordinación.

Como lo ha sido la actuación de los tribunales en los conflictos relativos a los medios de comunicación, el tercer capítulo del informe de Human Rights Watch. Para la ONG, la polarización de los medios, el endurecimiento de los delitos que penalizan expresiones determinadas, la regulación de los contenidos de los medios, el control sobre la difusión de radio y televisión, y la falta de protección judicial a la libertad de expresión, representan manifestaciones del carácter cada vez más antidemocrático del régimen chavista, en un ámbito decisivo. El informe de HRW muestra no sólo las cortapisas impuestas a la libertad de expresión en Venezuela, sino también la forma en que se han ido legalizando las restricciones, al avalarlas el poder judicial.

La estructura del siguiente apartado, a saber, aquel dedicado a la libertad sindical y al desempeño de los sindicatos, es la misma. En primer término, HRW expone las obligaciones contraídas al respecto por el Estado venezolano ante la comunidad internacional: tratados y principalmente convenios de la OIT; inmediatamente después, explica las disposiciones legales internas, para luego denunciar cómo durante de "la década de Chávez" se han ido mermando los derechos sindicales. Tanto en lo referente a la libertad de asociación, como de huelga y de negociación colectiva, así como a las represalias ejercidas contra los trabajadores de PDVSA que se fueron al paro en 2003, el informe documenta los abusos, las intenciones y la "falta de protección judicial de la libertad sindical". En un país con una tradición sindical -corporativista, en ocasiones corrupta y burocrática, sin duda, pero combativa y democrática también- se trata de un retroceso mayúsculo.

Por último, Human Rights Watch aborda el tema de la sociedad civil, con la misma óptica: las normas internacionales y venezolanas vigentes, los atropellos contra defensores de derechos humanos, ONG, los ejemplos de abuso judicial y, de nuevo, las limitaciones a la protección judicial. Este capítulo resulta tal vez el más importante, porque conduce a las conclusiones que se desprenden de esta labor excepcional.

Ya lo han dicho otros colaboradores en estas páginas. La sociedad civil venezolana, de tiempo atrás una de las más dinámicas y vigorosas de América Latina, ha resistido hasta ahora con éxito a la embestida autoritaria de Hugo Chávez. Venezuela hoy no es una dictadura; no es Cuba, no es Chile bajo Pinochet, no es Arabia Saudí. Pero esto no se debe a las buenas intenciones de su presidente, sino más bien al contrario: a la fuerza y firmeza de una oposición desunida en lo político y electoral (hasta hace poco), pero feroz en la defensa de sus conquistas civiles de antaño. No sólo esa sociedad rechazó las pretensiones autoritarias de Chávez en el referéndum de diciembre; no sólo echó abajo la refundación del aparato de inteligencia y seguridad; no sólo protestó contra el cierre de RCTV y logró que en Internet cuente con un público superior a otras televisoras; sobre todo ha sabido mantener, a pesar de todo, la vigencia de las libertades. Pero, como lo demuestra de manera palmaria Human Rights Watch, nada está escrito. La tentación, la deriva, la ambición, están todas presentes.

La segunda conclusión reside en la importancia de la normatividad jurídica internacional. HRW insiste una y otra vez en que a través de los abusos descritos, el Gobierno de Chávez viola compromisos internacionales contraídos libremente por su país. En todo caso por ello, aún si aceptáramos la tesis castro-chavista-priísta de que la soberanía nacional se sitúa por encima de valores universales como los derechos humanos, la firma de dichos instrumentos por Venezuela hace que lo que en ese país suceda no sea únicamente asunto de los venezolanos. Incumbe a todos los Gobiernos y ciudadanos de los países que también suscribieron esos tratados, y que se acogen a ellos cuando han agotado instancias jurídicas internas sin lograr defender sus derechos fundamentales. Cuando Chávez viola repetidamente el derecho a la protección judicial consagrado en un sinnúmero de convenciones, arremete no sólo contra los venezolanos, sino contra todos aquellos que en algún momento necesitarán, o requirieron de, dichas convenciones. Como alguien que, hace unas semanas, logró que, por primera vez en la historia, el Estado mexicano fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar, justamente, su derecho a la protección judicial inscrito en el artículo 25 del llamado Pacto de San José, hablo con conocimiento de causa.

EL PAÍS - Opinión - 19-09-2008

El modelo vietnamita

Hace unas semanas, el flamante Emerging Markets Forum, dirigido por Harinder Kohli y The Centennial Group, una especie de Davos de los mercados emergentes, organizó una reunión de alto nivel en Hanoi, después de haber hecho lo mismo en España, en Uruguay y en Marruecos. Dicha reunión permitió a varios participantes, incluyendo al que escribe, formarse una idea, sin duda inicial y superficial, pero no por ello menos fascinante, del "modelo vietnamita". Se trata, como es bien sabido, de la combinación de un férreo régimen de partido único, en el clásico estilo socialista (que va desde el mausoleo de Ho Chi Minh, idéntico a los de Lenin y Mao, hasta una prensa acrítica, oficial, y propagandista) con una economía de mercado casi salvaje, apenas regulada, pero tan boyante que le ha brindado al país casi 15 años de un crecimiento anual del 8%, y más de 18.000 millones dólares de inversión extranjera el año pasado, uno de los montos más altos del mundo con relación al PIB.

Es cierto que actualmente la economía de Vietnam atraviesa por zonas de turbulencia -un repunte inflacionario, quizá un cierto aletargamiento- pero, de todas maneras, su desempeño a lo largo de los últimos 15 años es impresionante. A ello se debe que, junto con la perpetuación en el poder del Partido Comunista, el país sea percibido por varias otras naciones que hoy se encuentran en una situación semejante a la de Vietnam hace 20 años, como un modelo digno de emular. Huelga decir que la nación más tentada por este esquema es Cuba.

Se ha mencionado repetidamente a lo largo de los últimos años que quien condujo siempre la antigua y estrecha relación de la isla con Hanoi fue Raúl Castro. Se sabe también que volvió muy entusiasmado con lo que vio, en Vietnam, durante su viaje a aquel país para asistir en abril de 2005 a los festejos conmemorativos del 30º aniversario de la toma de Saigón por los tanques del general Giap y los guerrilleros del Vietcong. Entusiasmo, por cierto, que contrasta con la reacción del hermano mayor de Raúl, quien supuestamente lamentó que los vietnamitas se hubieran vuelto revisionistas y partidarios del capitalismo. Y sobre todo es casi una perogrullada afirmar que Vietnam constituye un ejemplo mucho más adecuado y viable para Cuba que China -una analogía imposible- para salir del atolladero en el que se encuentra.

Pero el esquema vietnamita representa igualmente una opción atractiva para aquellos Gobiernos que buscan hacer negocios con La Habana y normalizar sus relaciones con ella, sin correr los riesgos que podrían implicar una exigencia de democratización: un éxodo migratorio masivo o un enfrentamiento directo. Así, reformas económicas con altos niveles de crecimiento en el horizonte, aunado a un control político total del poder y de la estabilidad por parte de las Fuerzas Armadas y del Partido Comunista, parecería ser la mezcla ideal anhelada por Raúl Castro y muchos de sus amigos y aliados, hipotéticos o reales, para la isla: he allí la tentación vietnamita.

Por desgracia, incluso un sobrevuelo breve y distante de la experiencia de Vietnam sugiere que la emulación cubana consiste probablemente en un sueño guajiro. Habría muchos factores que explicaran por qué, pero como prenda basten tres botones. En primer lugar, la sociedad vietnamita constituye un conglomerado mucho más jerarquizado, homogéneo y aislado del resto del mundo que la cubana; el país ha derrotado lo que denomina cinco ataques imperiales a lo largo de los siglos (los mongoles, los Han, de China, Francia, Estados Unidos, y de nuevo, los chinos de la República Popular), gracias a su disciplina y su sentido de sacrificio absolutamente inverosímiles.

Contrario senso, y quizá para bien, la sociedad cubana reviste exactamente los rasgos opuestos: la diversidad, el caos, el calor humano y la hospitalidad, la práctica perenne de "resolver", y su coexistencia más o menos pacífica, durante mucho más tiempo que sus vecinos, con tres manifestaciones de dominio externo, a saber: España durante el siglo XIX, EE UU hasta 1959, y la URSS durante los siguientes 30 años. Todo ello nos conduce al segundo factor.

En Vietnam se ha consolidado la propiedad privada a lo largo y ancho de la economía. Abarca la tierra, la vivienda, los negocios pequeños y grandes, los millones de motonetas, y las decenas de millones de teléfonos celulares; en Cuba prácticamente no existe. Debido a los rasgos culturales anteriormente descritos, el pueblo vietnamita parece haber aceptado un intercambio que otros pueblos no tolerarían: el libre acceso a la propiedad privada, a múltiples bienes de consumo, y a una prosperidad relativa, sin ningún acceso a ninguna libertad de ningún tipo. A algunos cubanos quizá también les agradaría este quid pro quo, pero a muchos más tal vez no, razón por la cual, por lo menos a lo largo de los últimos dos años, Raúl Castro no se ha atrevido a permitir la propiedad privada de casi nada, por temor a perder el control del proceso sucesorio. Acaba de ofrecerle a los cubanos la oportunidad de volver al campo y recibir pequeñas extensiones de tierra en usufructo por 10 años; tierras que no pueden poseer, vender, alquilar o hipotecar. Veremos si esto seduce a alguien. Sí seduciría a muchos la plena propiedad de su casa, pequeños negocios, tierras, o un acceso generalizado a las comunicaciones, ya que tal vez decidirían conversar interminablemente con otros cubanos y venderles sus bienes a otros cubanos, también: los que residen del otro lado del estrecho de Florida.

Se trata, por supuesto, del tercer factor, y no es despreciable. La población de Vietnam alcanza 85 millones de habitantes; dos millones y medio de vietnamitas se hallan fuera de su país, muchos en EE UU, pero muchos otros repartidos por todo el mundo. Algunos quieren volver, otros no; a algunos se les permite la adquisición de propiedades en su patria anterior, a otros no; pero no representan un elemento significativo de la ecuación económica, política o internacional de su país.

En cambio, existe aproximadamente un millón y medio de cubanos en el exilio, casi todos ellos concentrados en Miami, a 150 kilómetros de La Habana; representan casi el 15% de la población cubana total, y mantienen vínculos notablemente cercanos con sus familiares en la isla, a pesar de medio siglo de dificultades y obstáculos en materia de viajes, remesas y comunicaciones.

Este exilio cubano jamás obtendrá la satisfacción de haber derrocado a Fidel Castro, pero muy posiblemente pueda disfrutar de la oportunidad de comprar un tajo considerable de su legado. Impedírselo por la fuerza probablemente resulte imposible; convencerlo por las buenas de que desista de hacerlo, o persuadir a los cubanos de la isla de no vender sus propiedades hipotéticamente recién adquiridas, también se antoja improbable. Por tanto, si Cuba persiste en seguir el camino de Vietnam, cambiando para seguir igual, quizá acabe en el peor de todos los mundos posibles: sin una verdadera economía de mercado nacional, y sin un sistema político democrático.

(Publicado en El País, Madrid. El autor es ex-canciller de México.)