La Sala declaró inconstitucional la Amnistía del 1993. Me parece una decisión errada y peligrosa, hecha con criterios anacrónicos que desconocen la lógica de la transición de la guerra a la paz.
Los crímenes cometidos durante la guerra, por ambos bandos, son reprochables y las víctimas tienen derecho a reclamar justicia. Pero el crimen más grande hubiera sido prolongar la guerra. Así que cuando la paz parecía alcanzable, se nos planteó un conflicto entre dos imperativos jurídicos y éticos: el derecho de las víctimas a la justicia; y el deber del Estado y de la sociedad entera de parar la guerra. La sociedad salvadoreña privilegió el interés nacional por sobre el derecho individual de las víctimas. Así nació la amnistía como instrumento de hacer viable el cese al fuego y la incorporación de los combatientes de ambos lados al nuevo país a construir. Bajo el tutelaje de la comunidad internacional y sus organismos, El Salvador aplicó un mandato de los Convenios de Ginebra que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial rigen los conflictos armados: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado.”
Pero bueno, la amnistía fue declarada inconstitucional, y la sentencia es inapelable. Nos toca a todos ser responsables y evitar que esto tenga un costo impagable para el país.
Cuando en 1992 se formó la Comisión de la Verdad, hubo una decisión de la Comandancia General del FMLN: Como líderes político-militares de la guerrilla se iban a hacer cargo, ante la Comisión de la Verdad y el pueblo, de los crímenes que sus fuerzas han cometido.
A la hora de la verdad, sólo los comandantes del ERP cumplieron. Interrogados por los comisionados sobre los asesinatos de los alcaldes dijeron: “No busquen responsables, nosotros asumimos la plena responsabilidad.” Por esto aparecen señalados en el Informe.
Los demás comandantes no se hicieron cargo de nada. Por esto Schafik, José Luis Merino, Salvador Sánchez Cerén, Medardo González, no salen mencionados en el Informe. Tampoco ningún miembro del Alto Mando de las Fuerzas Armadas se hizo cargo de ningún crimen cometido por sus fuerzas.
El país enfrentará una situación crítica a partir de la decisión de derogar la amnistía y abrir espacio para que sean investigados y enjuiciados los crímenes señalados en el Informe de la Comisión de la Verdad - y otros que la Comisión no logró documentar, como por ejemplo las ejecuciones sumarias de unos mil combatientes y colaboradores de las FPL a manos de sus compañeros. Espero que esta vez los ex comandantes de la guerrilla y de la Fuerza Armada que hayan ordenado y encubierto crímenes tengan la valentía y el patriotismo de hacerse cargo y ahorrar al país años de investigaciones, acusaciones, y contraacusaciones.
Todos los que durante años hicieron campaña contra la amnistía, siempre dijeron que no se trata de alcanzar venganza y castigo, sino la verdad.
Entonces, establezcamos lo más antes posible la verdad. Que cada uno diga lo que bajo su mando pasó y costó dolor a miles de víctimas civiles. Que cada uno se haga cargo de los excesos horribles que se cometieron: secuestros y desapariciones, masacres y asesinatos de civiles.
Los comandantes del ERP, quienes ya lo hicieron ante la Comisión de la Verdad, que lo vuelvan a hacer. Los comandantes de las FPL y del PC, que rompan su silencio y pidan perdón a sus víctimas de sus secuestros, asesinatos y “limpiezas”. Lo mismo los miembros del Alto Mando militar y los civiles que organizaron escuadrones de muerte…
Nos daremos cuenta que los culpables de los crimen cometidos durante la guerra, a partir del 1992 han trabajado por la paz, por la democratización y por la reconciliación. La sociedad e incluso las víctimas les van a perdonar, y les van a reconocer a todos su fiel cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Claro que sé que esta llamado es demasiado idealista y que no muchos van a actuar así. Pero con unos pocos que lo hagan, todos ganaremos como país.
(MAS!/El Diario de Hoy)
