Muchos detractores tiene la "tregua pandillera" y la política del Gobierno de facilitar su complicada gestión y luego el aún más complejo proceso de hacerla sostenible: los protagonistas de las políticas de seguridad de los últimos 10 años, incluyendo los dos años y medio bajo la presidencia de Funes; los enemigos de David Munguía Payés en la izquierda, que no quieren que un militar tenga éxito en Seguridad Pública, luego de su propio fracaso en la dirección de esta rama; sus enemigos en la derecha, que nunca le perdonan a este militar su entrada al Gobierno de Funes.
Es una alianza curiosa, en la cual los que gritaron "militarización" y "violación a los Acuerdos de Paz", se unen con ex-militares, que nunca aceptaron como positivo que luego de la guerra perdieran el control del aparato de seguridad.
Algunos de estos detractores están haciendo lo posible para obstruir y hacer fracasar la nueva política de Seguridad, sobre todo su elemento realmente novedoso y (hasta la fecha) exitoso: abrir espacios para la generación de entendimientos, primero entre las diferentes pandillas y sus liderazgos, luego entre ellas y la sociedad, y en algún momento con el Estado.
Algunos de los detractores activos incluso están operando desde adentro del Gobierno, de la PNC, de Centros Penales, del mismo ministerio de Seguridad, de la "comunidad de inteligencia". Sobre todo en los sectores recientemente desplazados del control de sus respectivas instituciones. Son ellos quienes casi diariamente nutren a los medios de información y desinformación, para crear la sensación de que en realidad no existe tal reducción de homicidios; que las pandillas siguen asesinando, pero desapareciendo los cuerpos; que están extorsionando al Estado exitosamente y consiguen "privilegios" en las cárceles, y que están aprovechando estas "concesiones" para fortalecer sus organizaciones y alcanzar nuevos niveles de criminalidad.
Muchos medios --muy independientemente de su orientación ideológica-- caen en la trampa de estas filtraciones, las publican sin realizar los debidos procesos de investigación y confirmación. Esto incluye el diario donde tengo el privilegio de escribir, pero que (a diferencia a los demás) también abre espacios para puntos de vista diferentes y otras maneras de procesar la información relacionada con "la tregua". Mis reportajes desde las cárceles y entrevistas con los dirigentes de las pandillas, publicados en este rotativo, son muestra de esta apertura y sana pluralidad de enfoques.
Cuando hablo de detractores que buscan desacreditar y obstaculizar "la tregua" y las políticas gubernamentales que permitieron y facilitaron su generación y ahora buscan su consolidación y ampliación, no estoy descalificando, de ninguna manera, el escepticismo que expresan amplios sectores de la sociedad, de la clase política y de los creadores de opinión pública.
Por ejemplo, muchos empresarios se mantienen escépticos ante todo este proceso, porque temen con razón que el Gobierno busca trasladar la responsabilidad a la empresa privada. A este escepticismo aportó mucho la manera cómo el presidente de la República maneja el tema. Los llamados a un "Gran Acuerdo Nacional", sus discursos y convocatorias, lejos de ayudar a que sectores de la sociedad se involucren (cada uno en su campo genuino de acción y sin asumir las responsabilidades a los cuales el Estado no puede renunciar), son obstáculos. Los empresarios, con toda su experiencia con las trampas que les pone el presidente, no quieren ser parte de un "Acuerdo Nacional" con un mandatario que usa estas convocatorias para el chantaje de los supuestos "socios", o para usos mediáticos.
El escepticismo es justificado, porque ninguno de los principales protagonistas de este nuevo proceso de paz (con excepción de la Iglesia Católica) tiene un record de confiabilidad: ni el Gobierno, ni mucho menos los pandilleros, que durante años han causado un enorme daño a la sociedad. Yo también vi el inicio de "la tregua" con la misma cautela. Pero al observar lo que realmente estaba pasando y al confrontar a todos los protagonistas con mis dudas, debatiendo con ellos, tuve que cambiar paulatinamente mis percepciones: Este proceso de reducción de la violencia es real, los números lo confirman, y ya trasciende el compromiso inicial de las pandillas a suspender la violencia entre ellas mismas.
Todos los usuarios del transporte público y de las escuelas públicas, así como todo el personal adscrito a tareas de seguridad y sus familias, ya sienten que "la tregua" los está beneficiando. Esto obviamente no significa que esté garantizada su sostenibilidad, ni mucho menos la posibilidad de que este proceso se consolide, se amplíe y nos conduzca a una verdadera pacificación que incluya el cese de las extorsiones y la definitiva reinserción de los miles de pandilleros a la sociedad. Pero ojo: Esto ya no sólo depende de la voluntad de los pandilleros (que me convencí que es mucho más genuino, fuerte y paciente que nos imaginamos), sino igualmente de nuestra disposición y nuestra audacia de tomarlos de su palabra, aceptando el reto que están tirando a la sociedad, y a la vez retándolos a entrar en un proceso serio e irreversible de paz.
Para que esto se vuelva realidad, toda la sociedad tiene que repensar sus percepciones creadas en 10 años de confrontación total y cruel entre pandillas y sociedad-Estado. Yo me encuentro en este proceso, pienso y escribo ahora de manera diferente que hace apenas un año sobre el fenómeno de la violencia y de las pandillas.
Regreso al sector privado. El escepticismo justificado e incluso necesario no significa que no pueda hacer lo que empresarios hacen: evaluar oportunidades de inversión en campos hasta ahora (por buenas razones y también por falta de visión) excluidas de su cálculo: cárceles privadas o público-privadas; maquilas anexas a los centros penales, operadas por el sector privado, aprovechando y al mismo tiempo reorientando la fuerza laboral existente, organizada y posiblemente altamente motivada en la población reclusa. Experiencias que, en caso que funcionen y sean incluso rentables, luego se pueden reproducir en las comunidades históricamente conflictivas y marginadas...
Para esto no se necesita un Acuerdo Nacional. Se necesita que el sector privado haga lo que sabe hacer, con criterios no de caridad, sino de inversión. Sólo que al mismo tiempo aportaría a solucionar el problema de Seguridad que tiene paralizado nuestro crecimiento económico. Y que el Estado haga, con decisión y eficiencia, lo que es su deber: encargarse de las infraestructuras de las cárceles, ahora inhumanas, y proveer a los internos no de "concesiones" ni "privilegios", sino de los servicios básicos de salud y educación que durante décadas se les ha negado.
Cada uno en lo suyo, en vez de perder tiempo hablando de acuerdos y pactos que en el fondo nadie quiere. El debate serio está abierto. El futuro de "la tregua" se va a decidir en la opinión pública, no en salas de Casa Presidencial.
(El Diario de Hoy)
