Carta al doctor Héctor Dada

Estimado Héctor:


Era cuestión de tiempo, pero no te quedó alternativa: tuviste que renunciar al gobierno. Así como hace 32 años, cuando renunciaste a un gobierno mal llamado  Junta Revolucionaria. En aquel histórico marzo del 1980 llegaste a la conclusión que no pudiste seguir prestando legitimidad a un gobierno que sólo aprovechaba tu imagen de hombre honesto – y hacía las cosas más deshonestas...


Meme Ungo, Enrique Álvarez Córdoba y Salvador Samayoa ya habían renunciado a este gobierno nada revolucionario en enero del 1980, pero tú todavía creías en las buenas intenciones de los gobernantes. Entraste cuando otros salieron.

¿Te recuerdas del texto de tu renuncia, leído por monseñor Romero al pueblo el 9 de marzo del 1980?:  “El desarrollo de una revolución democrática va en camino de ser totalmente desnaturalizado (...) No puede seguir representando a ese Instituto Político en el más alto nivel de Gobierno (...) Mi ética política me impide continuar cuando sé que esa línea no detendrá la desnaturalización del proceso que he señalado. Es por ello, Señores, que me veo en la indeclinable obligación de presentar mi irrevocable renuncia.”

Tu renuncia –tardía pero demoledora- puso en crisis al gobierno, porque le quitó el último manto de decencia. Ahora por segunda vez te tocó abandonar un gobierno que sólo estaba interesado en escudarse detrás de tu prestigio de hombre de honor y principios. Por segunda vez, para salvar este prestigio, tuviste que renunciar. Y por segunda vez, te tardaste mucho, pero al final das un golpe certero. Esta vez no por la insoportable  represión, de la cual no pudiste ser cómplice en el 1980, sino por la insoportable corrupción y perversión de la política, de las cuales tampoco quieres ser cómplice hoy en día.

Welcome back, Héctor, te dice Paolo Lüers
(Más!/EDH)

Casas y Riesgos

Aunque El Salvador está situado dentro del corredor de huracanes, históricamente nunca ha sido el más afectado directamente por estos. Sin embargoes necesario considerar que una depresión tropical situada en el Golfo de México puede generar intensas lluvias que repercutan directamente sobre el territorio salvadoreño, como el caso de la depresión tropical E-12, que azotó nuestro país en noviembre de 2011. Aun así, los daños ocasionados por estos han sido significativos  a lo largo de la historia, entre los años 1902 y 2010, el impacto económico ascienden a un total de $16,000 millones de dólares según la OFAD/CRED International Disaster Database.

En El Salvador el 88.7% del territorio, es considerado área de riesgo según la GFDRF 2009 Banco Mundial, siendo la vivienda popular y vivienda rural la que por lo general  resulta mayormente afectada año tras año. Eso puede ser explicado debido a una diversidad de factores entre los que podemos mencionar que históricamente y por su ubicación geográfica, El Salvador no es sometido a dramáticos cambios climáticos tales como frío o calor extremos,  y a la población rural le ha bastado con hacerse de chozas para el resguardo de la familia. Sumado a esto, normalmente este sector poblacional no cuenta con los recursos económicos para la construcción de una vivienda digna y no ha logrado  más que un techo improvisado para resguardarse de la intemperie.  Esta tipología histórica de la vivienda improvisada coloca a sus habitantes en situaciones de alto riesgo en caso de catástrofes naturales como lo son: inundaciones, deslaves o terremotos ya que dichas estructuras son incapaces de resistir cualquiera de estos eventos.

Es necesario crear conciencia que esta práctica de reconstruir cada año, la vivienda destruida el invierno anterior frena por completo cualquier posibilidad de superación personal o familiar. Se vuelve imprescindible la necesidad de modificar la tipología de vivienda especialmente en zonas de riesgo de inundación, como por ejemplo las tierras del Bajo Lempa que  se encuentran en riesgo inminente.

A pesar de ser un país tropical, en El Salvador no se implementan sistemas de viviendas que datan de hace ya décadas en otros países y que han dado excelentes resultados, como es el caso de la vivienda elevada. En la mayoría de países tropicales, especialmente en zonas costeras y riveras, se implementan diseños que implican elevar la vivienda a más de un metro del nivel de terreno natural que les pueda proporcionar resguardo en caso de inundación tanto a los habitantes como a sus pertenencias. Pero existen otras ventajas que proporciona la vivienda elevada: disminuye el riesgo de plagas (ej. Roedores y zancudos), proporciona un resguardo seco en caso de inundación, mismo motivo por el cual se mejorarían las condiciones de salubridad posteriores a una catástrofe de este tipo, además  la altura brinda un ambiente más fresco y cómodo para habitar, etc. Si a esta vivienda se le agregan otros elementos propios de la arquitectura bioclimática como sistemas naturales de climatización y aprovechamiento de las condiciones ambientales, es posible obtener una vivienda más digna y más segura a un costo muy bajo.

Pero el cambio no debe limitarse a la forma sino también a la calidad de los materiales y sistemas constructivos. No se puede seguir pensando en soluciones temporales que se vuelven perpetuas y que al corto tiempo están generando nuevas pérdidas irreparables en vidas humanas y pérdidas económicas.

Podemos partir del hecho que mientras continuemos  con los mismos hábitos y limitaciones en la construcción de vivienda popular y vivienda rural, solo podemos esperar los mismos resultados. Es urgente que se le proporcione a la población de escasos recursos, soluciones innovadoras y prácticas que de ser necesario puedan ser implementadas por los mismos usuarios. Estas soluciones pueden ser promovidas y difundidas en forma gratuita para evitar que el factor económico sea una limitante que restrinja la propagación de la información a los sectores más necesitados.

Cada vez se vuelve más complicado pensar en soluciones como la movilización de estos pobladores a zonas más seguras, en tierras que si bien es cierto se encuentran en menor riesgo de desastre, pero que a la vez no garantizan la subsistencia de los pobladores al no constituir un medio de producción con las condiciones adecuadas para el cultivo o crianza de animales.

En conclusión podemos mencionar que existe en el país una necesidad urgente de modificar la tipología tradicional de la vivienda y de los sistemas constructivos para zonas de riesgo y sobre todo zonas de riesgo inminente, si pretendemos lograr una mejora sustancial en la calidad de vida y en la mitigación de desastres naturales.

Sabemos con certeza que es posible hacerlo, puesto que ya tiene décadas funcionando en otros países tropicales y sabemos que los costos no difieren mucho de los programas de vivienda mínima que actualmente ejecuta el gobierno, así que no deberían existir limitaciones técnicas o económicas para no poner nuevos planes en marcha.

Publicado Industrias Magazine (pag 38 y 39) Marzo 2012 http://industriaelsalvador.com/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=21

Carta a Astor Escalante

Estimado Astor:


Lástima que no te puedo felicitar por haber sido electo fiscal general. Por varias razones no tiene caso felicitarte: primero, porque no estoy seguro si esta usurpación  de la Asamblea saliente va a resistir un examen de constitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional. Y segundo, porque vos perdiste la oportunidad de consagrarte con tu profesión y con la institucionalidad del país – negándote a aceptar una elección viciada... Te hubieras convertido en el héroe de todos que defendemos la independencia y decencia de las instituciones.

Yo entiendo tu deseo de volver a la fiscalía para mostrar que esta institución puede ser más eficiente. Conozco tu capacidad profesional. El problema es que aceptaste que te metieran en un juego sucio, del cual no podrás salir con la solvencia moral y la independencia necesarias para reformar la fiscalía.

Vos sabés mejor que cualquier otro que este trabajo de fiscal general -para hacerlo bien- no puede hacerse sin independencia. En el 2009, vos llegaste a la fiscalía porque el presidente Saca te metió. Trataste de mejorar la fiscalía, pero perfectamente sabes que sólo la preparación profesional, la buena voluntad y la decisión de hacerlo bien no son suficientes. Me extraña y entristece que uno de los penalistas con más experiencia y más ganas de mejorar la fiscalía haya aceptado llegar nuevamente en condiciones que no permitirán tu independencia. Uno tiene que aprender las lecciones...

Todavía hay tiempo. El nuevo fiscal general no tiene que asumir hasta septiembre. Tenés varios meses para reflexionar y decidir hacer lo correcto para el país: renunciar a un cargo al cual fuiste nombrado dentro de un tamal mal hecho y que intoxicará la credibilidad de todos que salieron electos. Tenés varios meses para recapacitar y para hacer espacio para que la nueva Asamblea, con toda la legitimidad que se ha ganado en las elecciones de marzo pasado, elija a un fiscal general con la solvencia e independencia para hacer las reformas necesarias.

Saludos, Paolo Lüers
(Más!/EDH)

Observador político: Martes negro

Todo lo aprobado en la noche del ‘martes negro’ tiene vicio de ilegitimidad, porque no tenía que ser la Asamblea saliente que tomara estas decisiones. Menos la elección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental que sí era deuda legislativa de la Asamblea saliente. Pero incluso a esta elección jurídicamente incuestionable se le pegó el tufo a podrido, porque lo metieron en el mismo tamal intoxicado con ingredientes podridos.


Los nuevos magistrados, el nuevo presidente del Tribunal de Ética, y el que en medio año va a asumir el cargo de fiscal general van a tener que vivir con esta falla de origen: Todos son electos por una mayoría recién desautorizada por los votantes. Pecado original, en términos religiosos. Sucumbieron ante la tentación. No escucharon el llamado de muchos a no aceptar sus cargos si son electos por la Asamblea saliente.

Pero hay dos decisiones impuestas este ‘martes negro’ por la maquinaria de la peor Asamblea en la historia de la post-guerra que además de carente de legitimidad son claramente inconstitucionales: la decisión de apartar al magistrado Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional; y la elección por cinco meses adelantada de un nuevo fiscal general.

Para dejar más claro lo especial de estas dos casos: Estas decisiones también hubieran sido inconstitucionales si las tomara la Asamblea nueva, cuyo mandato nadie puede cuestionar. ¿Por qué?

El mandato de Belarmino Jaime como presidente de la Sala y de la Corte plena espira en julio de este año 2012. Fue electo presidente en el 2009 por tres años. Pero en el mismo acto fue electo magistrado de la Sala de lo Constitucional por 9 años, y la Asamblea no ha llevado a cabo el debido proceso para sustituirlo en este cargo. La Asamblea cometió una barbaridad: designaron a dos nuevos magistrados (Ovidio Bonilla Flores y José Argueta Manzano) a una Sala donde sólo había una vacancia (por la salida de Nestor Castaneda, a quien sí se terminó su mandato de 9 años).

Es obvio que la actual Sala de lo Constitucional tiene el deber de aceptar cualquier demanda contra esta inconstitucionalidad – y de emitir una sentencia que la corrija, antes de la fecha de los relevos en la Corte. Para dejarlo claro: Esta demanda no será contra la designación de un nuevo presidente de la Sala y de la Corte, sino contra la remoción de Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional. Ovidio Bonilla, con toda la hipoteca de la falla de origen, podrá asumir la plaza que dejó vacante Castaneda, y además la presidencia de la Sala. Es legal que alguien sustituya a Belarmino Jaime como presidente, pero es ilegal que otro lo sustituya como magistrado de la Sala.

El caso de la elección adelantada (¡por 5 meses!) de un nuevo fiscal general es una clara usurpación de funciones. Es como si la Asamblea saliente, aprovechando una mayoría que en la nueva ya no existe, decidiera elegir ahora al próximo Procurador de Derechos Humanos, cuyo mandato caduca en el 2013. O de una vez reelegir al presidente de la Corte de Cuentas que acaban de nombrar en el 2011. Si se puede adelantar la elección de un funcionario por medio año, también por un año o dos años.

Esta elección adelantada del fiscal general también requiere de un examen de constitucionalidad por parte de la Sala de Constitucional. Por supuesto, de la Sala que está ejerciendo ahora, no de la Sala amañada que quisieron poner en la medianoche del ‘martes negro’.
(El Diario de Hoy)

Carta a la Asamblea Legislativa saliente

Estimados diputados:


Último llamado a la cordura: ¡No hagan ninguna locura en los últimos días de su mandato como legisladores! No hagan nada que no les corresponde, por ejemplo elegir magistrados y fiscal general. Dejen esto a la Asamblea entrante. Para esto la elegimos. Y la elegimos diferente a la actual Asamblea, con otras mayorías...

Por otra parte, no dejen de cumplir lo que sí es deber suyo: elegir un presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, cargo vacante por seis meses por culpa de ustedes. También de la Asamblea actual, antes de cerrar la legislatura 2006-2012, esperábamos que encamine las urgentes reformas constitucionales para que las ratifique el nuevo parlamento: las reformas a la Corte de Cuentas y al Tribunal Supremo Electoral.  Ahora más bien parece que por la inoperancia de esta actual Asamblea, el país va a perder otros tres años más sin avanzar en estas reformas esenciales para la democracia.

Estas reformas deberían haber debatido y construido ustedes durante las últimas semanas de su mandato, en vez de conspirar contra la Sala de lo Constitucional y de ver cómo le roban a la siguiente Asamblea su derecho de elegir a los nuevos magistrados y al nuevo fiscal.

Pero no, angustiados por la pérdida del control absoluto de la Asamblea que sufrieron en las recientes elecciones, los partidos del gobierno cambiaron la agenda legislativa natural de una Asamblea saliente y se enfrascaron en ver cómo pervertir aún más el sistema de justicia, en detrimento de la independencia de la corte y de la fiscalía.

El día de hoy ustedes abren la última sesión plenaria de la Asamblea saliente. Todavía hay tiempo para rectificar y para salir de esta legislatura 2009-2012 con cierta dignidad. Resuelvan algunas de las grandes deudas legislativas que han acumulado en tres años. Y dejen en paz a la Corte y a la Fiscalía General. Dejen que La nueva Asamblea se encargue de fortalecer estas instituciones y su independencia. La elegimos precisamente para esto. El hecho que en la nueva Asamblea no podrán elegir magistrados y fiscal sin ponerse de acuerdo con la oposición, expresa el mandato popular. No lo violen, por favor.

¿Quiénes pueden detener el atropello que esta Asamblea está al punto de cometer? Los diputados de Concertación, del PES y de CD, y los diputados decentes que todos sabemos que existen dentro del FMLN. Tengan el valor de hacer lo correcto.

Saludos, Paolo Lüers
(Más!/EDH)

El tamal tóxico

El tamal se está haciendo, a pesar de que sus ingredientes apestan y su consumo intoxicará la institucionalidad del país. Se está cocinando a fuego lento, a pesar de toda la oposición - la parlamentaria de una impotente ARENA y la extraparlamentaria de una crecientemente amplia coalición de organizaciones y personajes de la sociedad civil, gremios empresariales, sindicatos, universidades.


La próxima semana será decisiva: La Asamblea Legislativa está convocada para el martes 24 una sesión abierta que puede durar hasta medianoche del 30 de abril – o hasta que todo el combo esté aprobado: elección de los 5 magistrados de Corte Suprema y sus suplentes; elección del presidente de la Corte Suprema; posiblemente remoción del actual presidente y/u otros integrantes de la Sala de lo Constitucional; elección del fiscal general, aunque entraría en función hasta en septiembre; acuerdo sobre nombramiento del fiscal adjunto; acuerdo sobre la Junta Directiva y la presidencia de la nueva Asamblea; elección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental.

Cualquiera que cocina sabe que sólo hace falta un solo elemento podrido para que salga tóxico el tamal entero. Entonces, si en el combo legislativo uno o varios elementos son viciados, saldrá viciado todo el paquete y cada uno de los elementos metidos e instituciones afectadas. Ningún funcionario elegido dentro del combo y ninguna institución que dirigirá tendrá legitimidad ni credibilidad ni capacidad de actuar con independencia.

El primer elemento podrido es el hecho de adelantar las elecciones. Todas las elecciones incluidas en el combo (excepto la presidencia del Tribunal de Ética) corresponden a la Asamblea recién electa, porque solo ella refleja la actual voluntad popular. La nueva Asamblea refleja la voluntad popular luego de tres años de gobernar el FMLN+GANA. La Asamblea saliente es expresión de lo que fue la voluntad popular cuando empezó este gobierno, y además alterada por el transfugismo y la compra de voluntades legislativas. No es aceptable, bajo ningún concepto, que esta aritmética desfasada y manipulada decida sobre el tipo de corte y fiscalía que tendremos durante el periódico legislativo 2012-2015.

Pero cuidado: Está bien que todo el mundo esté enfocado en evitar las elecciones adelantadas. Pero no podemos perder de vista los contenidos específicos del tamal. Hay que rechazar el combo como tal. Pero también hay que abrir el paquete y analizar cada uno de los elementos: los nombres de cada personaje que quieren imponer para la corte y la fiscalía - y el atentado que están planificando contra la Sala de lo Constitucional.

En este examen hay que concentrarse en dos elementos: ¿A quién quieren imponer como fiscal general? ¿Quién es el candidato que tiene que elegirse ahora, porque no pasaría el filtro de la mayoría calificada actualizada en la las elecciones del 2012? Y segundo: ¿Se van a atrever a cometer una ilegalidad que equivale a un golpe de Estado: desarmar la Sala de lo Constitucional removiendo sus integrantes?

Hay que objetar todo el tamal, pero en particular los ingredientes específicos que harán tóxico al conjunto. Hay que objetar que cocinen el tamal en la Asamblea saliente, pero hay que armar un especial berrinche contra dos actos que la sociedad no debe dejar pasar: la elección de un fiscal general comprometido con los intereses de la coalición FMLN-GANA, y que va a garantizar impunidad para todos los actos de corrupción durante los gobiernos de Saca y Funes. Un fiscal que además esté dispuesto a utilizar el enorme poder de la fiscalía para callar a críticos y opositores. En este sentido no es suficiente que la sociedad civil y la opinión pública haya logrado bloquear la llegada de Guillermo Gallegos a la fiscalía. Este hombre, sin duda, hubiera sido un especial peligro para la legalidad. Pero tampoco hay que permitir que en vez de Gallegos llegue un fiscal puesto por Gallegos, GANA y los Saca. Puesto por ellos o llegado a ser electo en base de compromisos con ellos.

Incluso personas que siempre he considerado honestas, como Romeo Barahona, Astor Escalante y Manuel Chacón, darán miedo si aceptan el cargo bajo estas condiciones y en base de negociaciones con los partidos que acaban de perder en las urnas la mayoría calificada necesaria para poner fiscal. Por esto les reitero el llamado de no aceptar una elección hecha por la Asamblea saliente.

La otra intentona que no hay que dejar pasar es el desmontaje de la Sala de lo Constitucional. Remover a magistrados de esta Sala para evitar futuras sentencias incómodas equivale a un golpe de Estado. Lo que debe hacer la Asamblea (la recién electa), es reelegir o no reelegir a Belarmino Jaime como presidente de la Corte y de la Sala. Si no lo reelige, siempre queda como magistrado de la Sala. Además a la Asamblea le toca elegir a cinco nuevos magistrados y designar uno para llenar la vacante que el magistrado Castaneda deja en la Sala de lo Constitucional. Cualquier cosa que va más allá de esto, sería ilegal. Ni la Asamblea entrante ni mucho menos la saliente tiene facultad de remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Son electos para 9 años específicamente para esta Sala. Que el presidente de la República diga lo contrario, sólo es muestra de su ignorancia y su menosprecio a la independencia de la Corte.
 (El Diario de Hoy)