sábado, 31 de agosto de 2019

¿Por qué se han reducido los homicidios? De Mario Vega


Publicado en El DIARIO DE HOY, 31 agosto 2019


Sin lugar a duda que los homicidios han descendido en El Salvador en los últimos dos meses. En julio el promedio diario fue de 5 y, en lo que va de agosto, es de 4. Esa es una buena noticia que no se vivía en el país en los últimos años y es solo comparable con el proceso de pacificación llamado popularmente «la tregua» que se desarrolló entre 2012 y 2013.
Pero, además, de acuerdo con la FGR, las denuncias de desapariciones también se han reducido de diez a siete diarias. Son muy buenas noticias que significan vidas únicas, sobre todo de jóvenes, salvadas y libradas de la dura incertidumbre de verse desaparecidas. Mucho dolor que se ha evitado.
Precisamente porque la reducción de homicidios es una noticia tan alentadora y esperanzadora es que se debe indagar en lo que la ha hecho posible con el propósito de darle sostenibilidad y profundizarla. La razón que se aduce en la publicidad electoral del ejecutivo es que se trata del resultado de la implementación de lo que se ha llamado el Plan Control Territorial.
Lo extraño es que los homicidios han descendido tanto en los 16 municipios donde se ha implementado el Control Territorial como en los 246 donde no se ha hecho. Incluso en el mes de junio los homicidios se redujeron mucho más en los municipios sin el Plan Control Territorial. Fue hasta julio cuando la reducción fue mayor en los 16 municipios seleccionados. El conjunto de estos elementos hace pensar que las razones para la baja homicida se deben buscar fuera del Plan Control Territorial.
La otra razón aducida por el director de la PNC, Mauricio Arriaza, sobre el despliegue policial en el territorio nacional es algo que se ha mantenido sin mayor alteración por muchos años y no es una variable que pueda aportar a la explicación del fenómeno.
Entonces ¿por qué se han reducido los homicidios? Desde la perspectiva cristiana la esperanza nos induce a soñar con que se trate de una reflexión por parte de las pandillas en la que han comprendido que no tiene sentido continuar añadiendo dolor y sufrimiento a los pobres del país. Que han decidido desmontar su estructura de muerte y desarticular sus redes delictivas, como en varias ocasiones lo han manifestado a periodistas. Esa es la esperanza cristiana.
Pero, si así no fuera, es deseable que el gabinete de seguridad conozca la auténtica razón. Sea cual sea, se trata de una ventana de oportunidad que se ha abierto de una manera que no se daba desde hace 7 años. Oportunidad que debe aprovecharse para la reconstrucción del tejido social. Pero, el tejido social no se reconstruye sin los elementos que componen lo social: escuelas, asociaciones, municipalidades, gremiales, universidades, iglesias, directivas comunitarias, etc.
No es posible fortalecer el tejido social sin invitar a la sociedad a sumarse a un esfuerzo tan loable. Como muchas veces se ha dicho: la violencia es el resultado de cómo la sociedad está estructurada. El ejecutivo solo no podrá resolver un problema de donde la voluntad social juega un papel esencial.
No hay duda de que el ejecutivo debe asumir el liderazgo, pero un liderazgo para convocar a las diferentes expresiones sociales para contribuir a que la reducción de los homicidios se sostenga con transparencia en tanto se comienza a trabajar en serio para desmontar las causas de la violencia.

Carta a los 10%. Somos minoría, ¿¡y qué!?. De Paolo Luers


Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 31 agosto 2019


Dice La Prensa Gráfica, en su portada, que “Nayib Bukele tiene 90% de aprobación”.
¿Qué hace la oposición cuando el hombre que les venció en las elecciones presidenciales obtiene el 90 % de aprobación al terminar sus primeros 3 meses?
1. ¿Tirar la toalla?
2. ¿Adaptar sus posiciones a las aprobadas por el 90%?
3. ¿Convertirse en la expresión de la minoría (los 10% que no están apoyando al gobierno) y conectar con las dudas que tiene la mitad de los 90% a pesar de darle ahora el beneficio de la duda al nuevo gobierno?
Bueno, de hecho la opción 2 resulta siendo idéntica a la 1: significa tirar la toalla. Adaptarse al cambio de época (de rumbo, de discurso, de paradigma, o como quieran llamarlo…) significa abandonar la lucha, y la identidad política propia. Y además, lleva todas las de perder. Si la oposición comienza a hablar igual (como ya lo está haciendo), ¿por qué alguien va a votar por la copia si ya tiene el original?
En cambio, quien logre expresar con el valor de ir contra corriente las razones del 10% de la ciudadanía que no apoya el discurso del gobierno y quien además sepa conectar con las dudas que existen entre los 90% (que tampoco es una masa amorfa de seguidores), se establece como minoría, pero una minoría coherente; una minoría con identidad y una minoría que va a crecer, porque esta correlación de 9 a 1 en la opinión pública tampoco se va a sostener en el tiempo. Los 90% de repente se van a hacer 70%, luego 50% y ¿quién va a representar a los que se comiencen a sentirse defraudados de las “nuevas ideas”, si todos se han dejado ir en la corriente populista?
En una situación como la actual, la oposición de todos modos será minoría por un buen rato, sea como sea que se comporte. La cuestión es si será una minoría temerosa, desdibujada y tendencialmente sumisa, que trata de sobrevivir portándose bien (con oportunismo) con el nuevo poder o una minoría valiente, combativa y coherente que desafiando al poder va cambiando la correlación de fuerzas en la opinión pública.
Se dieron cuenta que estoy hablando de ‘la oposición’, no de partidos específicos. Lo que estoy señalando es cierto tanto para ARENA, que tiene que redefinirse, como para Nuestro Tiempo, que tiene que terminar de definirse. Ambos están ante el mismo dilema.
Y no sólo ellos, también los medios y cada uno de los que escribimos sobre política. ¿Ir con la ola o nadar contra corriente? ¿Dejarse vencer del miedo de ser minoría o asumirlo con orgullo?
Los discursos que oigo en ARENA, en los gremios empresariales, en los tanques de pensamiento están entre cautelosos y oportunistas, entre confusos y sumisos. Me preocupa igual el silencio de Nuestro Tiempo y de muchos voceros de la sociedad civil organizada y tantos otros que no están de acuerdo en cómo el gobierno maneja los temas de seguridad, CICIES, partida secreta, propaganda, relación con la Asamblea y los demás poderes.
Necesitamos voces claras. No importa que sean pocas y que por el momento no tengan respaldos masivos. El único antídoto a la demagogia es la racionalidad. Pero tiene que expresarse con coherencia y con coraje. Seamos una minoría incómoda. Es lo más constructivo que podemos hacer. 
Saludos, 


viernes, 30 de agosto de 2019

El discurso de la servidumbre voluntaria. De Manuel Hinds


Publicado en EL DIARIO DE HOY, 30 agosto 2019


Étienne de la Boètie escribió en 1552-1553 en “El Discurso de la Servidumbre Voluntaria” las siguientes líneas:
“Yo quisiera meramente entender cómo es que sucede que tantos hombres, tantos caseríos, tantas ciudades, tantas naciones, sufren bajo un tirano que no tiene otro poder que el que ellos mismos le dan; un tirano que puede hacerles daño sólo en la medida en la que ellos muestran la voluntad de cargar con él; que no podría hacerles ninguna herida excepto si ellos prefieren aguantarlo en vez de contradecirlo.”
La curiosidad se origina en que para de la Boètie la libertad es natural en el ser humano y cederla es una perversión. ¿Qué es lo que hacen los aspirantes a tiranos para que la gente deje que se la quiten? La respuesta de de la Boètie es que estos aspirantes crean un encantamiento en los ciudadanos, combinando espectáculos (lo que los romanos llamaban circo) con propaganda orientada a hacer sentir a la población que el líder será la fuente de todo lo bueno, que es sabio, justo y benevolente, y que todos sus rivales son malos, tontos y de mala fe. Sutilmente, el aspirante a tirano también va acostumbrando a la gente a no ser libres violando las instituciones para ir dejando claro que el que manda es él y que su poder no lo adquiere del pueblo porque el pueblo es él.
Al mismo tiempo, el aspirante a tirano va formando un grupo clientelar para reprimir al pueblo cuando sea necesario, pagado con recursos obtenidos del pueblo mismo. Esta necesidad se presenta siempre en las tiranías porque, como dijo Maquiavelo, “…La naturaleza de la gente es variable, y es fácil convencerlos de algo, pero difícil de mantenerlos en esa persuasión. Por eso, las cosas deben arreglarse de tal manera que cuando ellos ya no creen voluntariamente, uno los pueda hacer creer a la fuerza.” Esta combinación, encantamiento más poder de coerción construido ocultamente, es la clave para que la gente entregue su libertad.
¿Cómo puede el pueblo deshacerse de un tirano? Partiendo de la base de que los tiranos sólo pueden mantenerse con el poder que el mismo pueblo le entrega, de la Boètie prescribe el retiro de ese poder para que el tirano se caiga. Pero de la Boètie reconoce que esto es fácil cuando todavía el aspirante a tirano no ha logrado formar su guardia clientelar para el momento del desencanto, pero casi imposible cuando ya lo ha armado – como pasó en Venezuela con el Socialismo del Siglo XXI y en Nicaragua con los Ortega.
Esto no pasó en El Salvador, aunque el FMLN, colega ideológico de estos dos regímenes, estuvo en el poder diez años y trató repetidamente de enrumbar al país hacia un régimen totalitario.
¿Por qué los salvadoreños pudimos hacer lo que los venezolanos y los nicaragüenses no pudieron, aunque ellos han querido tanto hacerlo que muchos han dado sus vidas para conseguirlo?
La respuesta es que en El Salvador mantuvimos nuestras instituciones vivas, incluyendo los derechos fundamentales del individuo, de tal modo que cuando llegó el momento de votar, el voto todavía valía y las instituciones para hacerlo valer allí estaban.
En su entusiasmo inicial, venezolanos y nicaragüenses descuidaron las instituciones democráticas para que los líderes súper héroes – Chavez, Maduro y Ortega – tuvieran todo el poder. Pero éstos usaron ese poder para armar una fuerza coercitiva que aplastó a los ciudadanos cuando ellos quisieron retirarles su apoyo. Los ciudadanos de esos países descubrieron entonces que los que habían pedido su apoyo para destruir las instituciones democráticas con el pretexto de vencer a las supuestas fuerzas negras del país, se habían volteado y convertido en las fuerzas más negras en su historia, matando gente para mantenerse en el poder. Es una historia que se ha repetido mucho en el mundo entero. El poder cambia a la gente.
La lección es que, por mucho entusiasmo que despierte un presidente, los salvadoreños deben de defender firmemente sus instituciones, que son su única garantía de que un líder idolatrado no se convierta en un tirano.
De la Boètie debería de ser lectura obligatoria en el país y en toda América Latina, en donde todavía hay mucha gente que apuesta a los caudillos y no a las instituciones como fuentes de desarrollo, libertad y democracia.

“Dueño de ti… dueño de qué… dueño de nada”. De Joaquín Samayoa


Publicado en EL DIARIO DE HOY, 30 agosto 2019

La reciente elección presidencial fue una catástrofe para los dos partidos que habían llegado a posicionarse, desde hace tres décadas, como contendientes únicos en las luchas por tomar el control del Órgano Ejecutivo del Estado salvadoreño. Me atrevo a decir que ARENA jamás vio venir una derrota de semejantes proporciones. Estaban preocupados por el fenómeno Bukele (nunca atinaron cómo hacerle frente); sabían que podían perder, pero ni en sus peores pesadillas pasó por sus adormitadas mentes algo tan terrible como lo que ocurrió.
¿Por qué un partido longevo en sus andares políticos no pudo evitar un desenlace tan desfavorable? ¿Por qué un partido todavía fuerte (aunque ya menguante) en las elecciones legislativas y municipales del año anterior se derrumba tan estrepitosamente y queda reducido a escombros? Ya se dijo bastante en los abundantes intentos de responder ésas y otras interrogantes. Mi explicación es bastante sencilla. Al partido ARENA lo terminaron estrangulando la soberbia y la actitud excluyente de sus dirigentes.
El COENA de Mauricio Interiano no supo leer la realidad y tampoco quiso escuchar, menos permitirles una participación relevante, a quienes tenían una visión diferente. Aun sin tener que sufrir el desgaste de gobernar en la era del FMLN, aun con la ventaja de un FMLN totalmente desprestigiado, ARENA fue incapaz de aprovechar esos diez años para fortalecerse y prepararse para retomar la presidencia en 2019. Entraron ya bastante fraccionados al proceso interno para elegir a su candidato presidencial y, como si hubieran tenido un inmenso capital político que pudieran darse el lujo de despilfarrar, manejaron con los pies ese proceso y provocaron divisiones y descontentos aún más profundos en sus filas.
Las semanas y meses siguientes a la debacle en la elección presidencial, el COENA dio abundantes muestras de no haber aprendido la lección. Siguieron alimentando conflictos internos por apego a su maltrecho poder o por simple y llana soberbia. Y así llegaron a la elección de sus nuevas autoridades, luego de varios intentos fracasados por lograr integrar una planilla de consenso, alienando cada vez más a sus bases y, sobre todo, a los que ofrecían las mejores posibilidades de provocar la genuina e impostergable renovación de un partido visiblemente agotado.
El domingo recién pasado, menos del 20% de los militantes inscritos en el padrón de ARENA acudieron a la cita.
Probablemente muchos de los que se presentaron a votar por las nuevas autoridades lo hicieron con poca convicción o entusiasmo. La noticia al cabo de esa jornada no fue el nombre del ganador, que se daba por cierto desde antes del evento. La noticia fue la extremadamente baja cantidad de personas que mostró algún interés en el futuro de su partido, o algún grado de convicción de que los resultados de esa elección tendrían alguna relevancia.
ARENA tiene un nuevo presidente, pero la pregunta que todos nos hacemos es qué tiene el nuevo presidente. Y aquí es donde inevitablemente viene a la mente esa terrible frase de la canción que José Luis Rodríguez (el Puma) hizo famosa hace casi cuatro décadas, la canción que tal vez tendrá que cantar con mucha melancolía el nuevo presidente del COENA: “Dueño de ti… dueño de qué… dueño de nada,” cuando caiga en la cuenta de que, al intentar conducir a su partido, estará acariciando “una piel sin alma,” contemplando “un reflejo de la luna sobre el agua”.
Por mera fuerza inercial y por los intereses de todo tipo de los cacicazgos locales, ARENA podría obtener en 2021 la mitad de los diputados que obtuvo en 2018. Los encantos del presidente Bukele no son fácilmente transferibles a sus candidatos en una elección como la de 2021. Por su parte, el FMLN está también en tiempo de vacas flacas y tampoco será un gran contendiente. Por consiguiente, el éxito del nuevo COENA habrá de medirse por la cantidad de diputados por encima de esa cifra que el partido logre agenciarse en la próxima elección. Igual con los gobiernos municipales.
Más importante todavía, el éxito del nuevo COENA se verá si logra obtener y mantener una fracción pequeña pero coherente y articulada en la Asamblea Legislativa durante el período 2021-2024, lo cual le daría nuevamente posibilidad de obtener buenos resultados en las elecciones generales (presidente, alcaldes y diputados) de 2024.
Como están las cosas, Gustavo López Davidson tiene un formidable desafío. Reconstruir su partido con una nueva visión, sin mucho apoyo de sus financistas tradicionales de ARENA y en una coyuntura en la que mucha gente, incluido el liderazgo empresarial, parecen satisfechos con la presidencia de Nayib Bukele y no sienten la necesidad, aunque la hay, de buscar y apoyar un proyecto político más genuinamente democrático.
Hay que reconocer que, en el actual clima político, no es fácil ser partido de oposición (en el sano sentido del término) o intentar frenar las inclinaciones hacia el poder absoluto que ya se observan en el nuevo régimen. Pero si ARENA se sacude esa responsabilidad o se contenta con ser oposición blanda para evitarse problemas, cada vez le será más difícil justificar su existencia y conservar un espacio político para continuar operando.

miércoles, 28 de agosto de 2019

Carta a los nobles guerreros por la transparencia: Cualquier exceso es dañino. De Paolo Luers


Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 29 agosto 2019


Muy estimados amigos:
Tengo mucho respeto por quienes en tiempos difíciles han batallado bajo la bandera de la transparencia. Lo hicieron cuando Tony Saca se reía de esta idea loca de combatir la corrupción transparentando la función pública. Lo hicieron cuando Funes intentó arrebatarles su bandera, instalando en Casa Presidencial una Secretaría de Transparencia que se convirtió en tapadera de su corrupción. 

Ustedes lograron bastante: Se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, y miles de ciudadanos comenzaron a hacer uso de su nuevo derecho a conocer las intimidades del poder. Las instituciones estatales tuvieron que abandonar, pasito por pasito, su tradicional cultura de secretividad  y abrir sus archivos. Y lo más importante: Se comprobó la tesis de que la transparencia es un arma efectivo para combatir la corrupción. Ninguno de los avances contra la corrupción hubiera sido posible sin su necia lucha por la transparencia.

Pero igual que en el caso de los medicamentos más maravillosos, como los antibióticos, el exceso resulta dañino.

Uno de los logros de la presión ciudadana contra la impunidad, de la cual ustedes fueron parte activa, fue que la Corte Suprema se viera obligada a reactivar su Sección Probidad, la cual durante años no había cumplido su tarea de investigar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. 

Pero de repente la oficina de Probidad se vio ante un fenómeno que estaba al punto de paralizar sus labores. Fue inundada de miles de trámites que solicitaban conocer los informes que Probidad elabora sobre los exámenes a los cuales sometió las declaraciones patrimoniales de miles de funcionarios y exfuncionarios.

Aparte del serio peligro de quedar paralizada la Sección Probidad, surgieron otras interrogantes: ¿Tiene el ciudadano derecho de conocer estos informes que obviamente contienen los datos patrimoniales del funcionario? ¿No se viola al funcionario su derecho a la privacidad de sus datos cuando se divulgan los pormenores de la situación patrimonial de él, su familia y sus empresas?

Estoy convencido que es correcto que cualquier funcionario esté obligado de declarar todo lo relacionado con su patrimonio. Es incómodo, es como desnudarse – pero es necesario. Como es necesario que se someta a tratamiento el que adolece de ciertas enfermedades contagiosas ¿Pero ante quién tiene que desnudarse, ante un especialista obligado a confidencialidad - o ante el público?

La respuesta es obvia: Mientras no haya indicios de enriquecimiento ilícito, nadie está obligado a bajarse los pantalones ante sus vecinos, en plaza pública. Su derecho a privacidad merece plena protección.

Por esto es correcto que la Corte Suprema haya decidido no entregar al público los informes de Probidad, a pesar de una orden emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública. 

No entiendo la indignación que ustedes están manifestando contra esta decisión. Puede ser que no le compete al Pleno de la Corte Suprema tomar esta decisión. Esto que lo evalúen los juristas. En última instancia caerá donde debe de decidirse: en la Sala de lo Constitucional - y estoy seguro que llegarán a la misma conclusión a la cual nos lleva la razón común: Los informes de Probidad, que contienen toda la información patrimonial del funcionario, no son de carácter público. Una vez que estos informes lleguen a un tribunal, porque hay indicios de ilegalidades, sea el juez que decida si serán reservados o públicos.

¿Cómo la sociedad va a convencer a sus mejores profesionales y líderes a asumir las responsabilidades del servicio público, si los obligamos a desnudarse públicamente? 

Cuando se hace de las causas nobles cruzadas semi-religiosas con exigencias absolutas, se cometen excesos e injusticias. La lucha por la transparencia sólo tiene sentido dentro de un concepto integral del Estado de Derecho que igualmente tiene que proteger al individuo y sus derechos. La lucha contra la corrupción no nos puede llevar a generalizar una presunción de culpabilidad, desde la cual a cualquier funcionario y político lo veamos como potencial corrupto. Si ustedes son sinceros, esto es precisamente uno de los riesgos que les han impedido meterse en política para componer al país.

Seamos firmes, pero racionales. 

Saludos,


¿Un caso de autodestrucción? De Manuel Hinds


Publicado en EL DIARIO DE HOY, 29 AGOSTO 2019


¿Un regreso al pasado? 
El gobierno quiere pasar una serie de modificaciones a la Ley LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública), que regula las compras y adquisiciones del sector público. Esto ha desatado un torrente de críticas de todos los sectores, que señalan el retroceso que esta reforma, que no tiene razón de ser, causaría al país.
En esta columna me enfoco en los problemas que estas reformas causarían al gobierno mismo y la Presidencia de la República, que son tantos y tan paralizantes que lo hacen a uno preguntarse por qué el Presidente podría presentar reformas tan autodestructivas para su propia gestión.
Ahora las compras están descentralizadas en unidades ubicadas especializadas en ca da institución del estado, coordinadas en un sistema nacional para asegurar la consistencia de los criterios aplicados en sus operaciones. Este sistema reemplazó a la nefasta Proveeduría General de la República, que compraba y atrasaba todo como un cuello de botella, y creaba grandes oportunidades de corrupción, causadas no sólo por el volumen de las operaciones sino también por las complicaciones y confusión causadas por la compra de miles de cosas distintas, que requieren de conocimientos diferentes para comprarlas, por individuos que saltaban de comprar libros a cobalto para el control del cáncer a palas para Obras Públicas en la misma mañana.
En ese torbellino de órdenes de compra, éstas desaparecían como en una espiral de la cual era difícil conseguir que reemergieran. Sólo el poner una solicitud arriba de miles de otras era ya en sí una oportunidad de corrupción. Había muchas más. Las reformas básicamente llevarían las compras de regreso a este sistema.
¿Qué se pretende?
Como toda ley, la LACAP puede mejorarse. Pero las reformas propuestas no incluyen las partes que pueden mejorarse. Al contrario, sus propuestas desmejoran la ley en muchas dimensiones y muy sustancialmente.
Las leyes de compras y contrataciones tratan de encontrar un equilibrio entre la protección contra el abuso y la corrupción y la promoción de eficiencia en las compras del estado. Es decir, estas leyes buscan crear un ambiente en el que las compras se realicen lo más rápida y eficientemente posible mientras se controla el uso de los fondos estatales de tal manera que se reduzca al mínimo las posibilidades de corrupción.
Así, leyes como éstas pueden mejorarse de dos maneras: una, volviendo los procesos más expeditos y eficientes sin disminuir el control de los fondos, o aumentar el control de los fondos sin disminuir la eficiencia.
Las reformas propuestas harían lo completamente opuesto: disminuirían el control de los fondos, abriendo nuevas y enormes oportunidades de corrupción, mientras que a la vez disminuirían fuertemente la eficiencia y la rapidez de las compras.
Adicionalmente, las reformas causarían un problema de organización interna del órgano ejecutivo. En términos del manejo del gobierno, el ministerio más poderoso es sin duda el de Hacienda, ya que necesariamente todos los fondos estatales deben pasar por una sola institución para introducir orden en las operaciones financieras. La Constitución misma ordena que todos los fondos pasen por una caja central.
Las reformas aumentarían brutalmente el poder de ese ministerio, que controlaría no sólo estas funciones sino también todas las compras del estado, algo que no es necesario centralizar y que, como se discute abajo, en realidad debe mantenerse descentralizado.
Esto disminuiría sustancialmente la capacidad de ejecución de todas las unidades del gobierno mismo, que es lo mismo que decir que disminuiría la capacidad de ejecución del Presidente.
Las reformas propuestas
Las reformas harían lo siguiente. Primero, concentrarían el poder de las compras totales del estado en una unidad en el Ministerio de Hacienda, que no haría las compras mismas, pero establecería un directorio de contratistas calificados que serían los únicos de los que los distintos ministerios y otras unidades del estado podrían comprar.
Hacienda también establecería los términos, condiciones, y demás requisitos que serían definidos en las bases de licitación correspondientes. Es decir, en Hacienda decidirían de quiénes se pueden comprar y en qué condiciones todas las medicinas, los materiales y contratos de Obras Públicas, los servicios especializados para controles de plagas, las cámaras para control de tráfico, los insumos para hacer análisis de ADN, los libros de la Biblioteca Nacional, los materiales necesarios en los museos y en las excavaciones de sitios arqueológicos, los vestidos de los bailarines de ballet, etc. Es la negación de las ventajas de la especialización y de la cercanía de los que compran con los que ordenan las compras.
Pero la unidad en Hacienda también evaluaría a las propuestas de compras, que es la segunda reforma, para lo cual se tomaría un máximo de 60 días. ¿Se imaginan las peticiones diarias de las unidades de compras de más de 1,500 instituciones estatales para por favor aprobarme esto ya, que es urgente? Y el poder del funcionario a cargo, recostándose en la silla y diciendo, “Vamos a ver, vamos a ver…”
La tercera reforma es darle a Hacienda el poder de revisar sus propias decisiones, pero eliminando la apelación, de tal manera que todas decisiones y el control de éstas se concentrarían en Hacienda. Sólo alguien que no ha trabajado en el gobierno deja de entender el poder gigantesco que esto concentraría en Hacienda, que sería capaz de elevar cualquier proveedor a las alturas de los millones, y de destrozar a otros, y de luego decir que sus decisiones han sido correctas, sin tener el riesgo de que alguien apele a otra institución-todo con un toque de una pluma de un funcionario que no tendría que responder a nadie.
Pero hay otra reforma que cierra la impunidad que Hacienda tendría en el tema de compras: las reformas, inexplicablemente, eliminarían a la Fiscalía como representante del estado en contratos de bienes inmuebles (propiedades)-un punto que puede ser inconstitucional porque la constitución la nombra como representante judicial del estado sin excepciones. Esta medida inexplicable debilitaría todavía más lo controles sobre el sistema de compras.
Hay otras cosas muy preocupantes en las reformas, como la creación de las Compras de Baja Cuantía, que serían como las de caja chica, sin controles más allá de una factura, sólo que con sumas hasta de $6,000. Pero sólo estos temas ya mencionados son suficientes como para preguntarse bajo qué lógica se están proponiendo reformas que atrasarían las compras, crearían enormes burocracias y trámites burocráticos, confundirían los procesos, y crearían infinitas oportunidades para corrupción.
La presidencia disminuida 
Los efectos de pasar estas reformas se sentirían muy rápidamente, primero en términos de atrasos y confusiones enormes en las compras de 1,500 unidades estatales, y de quejas de proveedores potenciales dejados por fuera de los procesos de compra por falta de conocimiento de los que establecerían las listas de proveedores, o por otras razones peores.
Con el tiempo, se sentiría la rigidez del sistema, especialmente en las compras de los insumos tecnológicos, cada vez más importantes, por falta de conocimiento de los sectores tecnológicos de salud, o de educación, o de transporte por parte de la unidad centralizada en Hacienda.
Los proveedores y las provisiones en estos sectores cambian continuamente, demasiado rápido para burócratas centralizados que sentirían que ellos tienen el poder y que los que quieren comprar son sus súbditos. Luego se volvería obvio que las oportunidades de corrupción se han aumentado.
¿Por qué retrasar las compras, bajar su eficiencia y aumentar el riesgo de corrupción sin obtener ningún beneficio para nadie? El primer perdedor de estas reformas sería el gobierno mismo, que se entramparía todavía más que lo que ya lo entrampó el FMLN.

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Tres nuevas formas de contratar bienes y servicios del Estado


lunes, 26 de agosto de 2019

Carta a propósito de la ‘verdadera oposición’: Una polémica constructiva.. De Paolo Luers


Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 27 agosto 2019


Estimados amigos:
 En medio de la crisis de identidad de ambos partidos, FMLN y ARENA, y de la ausencia de debates internos de los partidos sobre su rol frente al nuevo gobierno, todo el mundo se siente motivado a opinar y hacer recomendaciones sobre cómo deberían redefinir el concepto de oposición. Así apareció el concepto de ‘oposición constructiva’ y de repente un término realmente atrevido: ‘la verdadera oposición’. Como si la oposición que se ha ejercido en el país en las décadas de la postguerra hubiera sido destructiva y, por tanto, no verdadera. Como si la única oposición verdadera es la constructiva, sin tomar en cuenta si el gobierno es constructivo, destructivo o verdadero…
No podemos tener una discusión sobre ‘oposición constructiva’ sin hablar al mismo tiempo de ‘gobierno constructivo’. No se puede definir en abstracto cómo tiene que ser la oposición. Dependiendo del carácter y la actuación del gobierno tiene que definirse cómo ejercer la oposición.
Dicho de otra manera, la oposición no puede ser constructiva si el gobierno no lo es. ¿Qué significa destructivo y constructivo? ¿En relación a qué algo es constructivo o destructivo? Estos términos solo tienen sentido si se refieren a la construcción de acuerdos y de gobernabilidad. Constructivo es quien aporta a la construcción de acuerdos. Destructivo es quien dificulta o imposibilita la construcción de acuerdos para la gobernabilidad.
La gobernabilidad la tiene que construir el Gobierno. Si no tiene mayoría legislativa, como es al caso del gobierno de Nayib Bukele, es el Gobierno el que tiene que ir al encuentro de los otros partidos para conseguir en la Asamblea Legislativa las aprobaciones de leyes, presupuestos y préstamos necesarios para llevar a cabo sus políticas. La oposición tiene que tener la disposición de ser flexible si lo es el gobierno. Si el gobierno no es flexible y abierto a concertar, la principal tarea de la oposición es evitar que el gobierno se pueda imponer, u obligarlo a ceder y negociar. Mal entendida, una actitud constructiva puede ser lo más destructivo…
No es la oposición la que de antemano tiene que modificar sus planteamientos y criterios para que sean compatibles con los del Gobierno. Le toca al gobierno flexibilizar sus propuestas hasta lograr las mayorías legislativas necesarias. Uno puede llegar al gobierno convenciendo a una mayoría relativa de ciertas propuestas. Pero mientras no se tiene la capacidad de construir la mayoría social y legislativa necesaria, no son factibles. Gobernar es el arte de construir estas mayorías. Los procesos de construcción de consensos son complicados y a veces tediosos, pero buscar atajos o imposiciones solo complica el proceso. Si el gobierno no está dispuesto a convencer a los demás o a flexibilizar sus propuestas en aras de llegar a acuerdos, está creando una crisis de gobernabilidad.
No entiendo los permanentes llamados a los partidos a ejercer una oposición constructiva. La tendencia que estoy observando no es que exista un exceso de oposición al gobierno de Bukele. El peligro es más bien que nadie llena el vacío de oposición.
Tenemos un gobierno que no oculta su menosprecio al concepto de la concertación con los partidos de oposición e incluso con los órganos del Estado que no controla. Ejemplo: El intento de instalar una entidad de la importancia de una Comisión Internacional que investigue la corrupción sin siquiera hablar con los partidos, con el Fiscal General y con la Corte Suprema. Si analizamos bien este ejemplo, llegamos a la conclusión que tenemos un gobierno destructivo: prefiere la confrontación por encima de la concertación. Piensa que la confrontación y su consecuencia, una crisis institucional que bloquea sus propias iniciativas, le da más rédito político en el campo comunicativo-propagandístico que la negociación política con ‘los mismos de siempre’, sus partidos e instituciones.
Regresemos a la pregunta sobre la ‘verdadera oposición’. En abstracto, no existe. Depende del gobierno que uno tenga que encarar. Frente a un gobierno destructivo, la oposición tiene que ser muy firme y vigilante. Así como un hijo malcriado, para componerse, requiere de padres firmes que no le cedan a sus antojos y berrinches, a un gobernante caprichoso con tendencias de soberbia autoritaria hay que pintarle la raya y exigirle conciliar sus exigencias con la legalidad y con los intereses de los demás.
Esto llamaría yo ‘oposición responsable’.
Saludos, 



Solidaridad con el sueño de libertad de Hong Kong. De Cristina López


Publicado en EL DIARIO DE HOY, 26 agosto 2019


Ha sido imposible ignorar las demostraciones masivas que se han estado llevando a cabo en Hong Kong, alargándose por ya más de once semanas. Los manifestantes visten de negro, se aglomeran en cantidades impresionantes (cientos de miles) y han llegado a tomarse espacios públicos de vital importancia para la economía local de la zona administrativa especial y la de China, el país en el que se encuentran, como el aeropuerto.
Lo que desencadenó la protesta fue la oposición a una medida legislativa que serviría como tratado de extradición, permitiendo enviar a residentes de la zona-semiautónoma de Hong Kong a Taiwán y a la China continental cuando así fuese requerido por necesidades procesales.
Por supuesto que en Hong Kong, que goza de una condición jurídica especial en comparación al resto de China en la que se conceden a sus ciudadanos una suerte de derechos civiles y libertades individuales de las que no gozan el resto de chinos, la oposición a una medida que podría poner fin a algunos de los privilegios de los que gozan, fue masiva. (Ejemplos de estos privilegios incluyen la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, cierta autonomía electoral y la libertad de un internet no censurado, además de un sistema judicial independiente y más parecido al sistema legal británico que heredaron de haber sido colonia británica, que al autoritarismo judicial de China.)
El gobierno chino ha reaccionado a las protestas de Hong Kong de una manera predeciblemente autoritaria, tratando las quejas de los manifestantes como ilegítimas, acusándoles de ser parte de una conspiración extranjera para debilitar el poder global de China y enfrentando a los manifestantes de maneras desproporcionadamente violentas por parte de la policía. En justicia, los manifestantes tampoco han mantenido el pacifismo durante la duración total de las protestas, pero el poder de las autoridades policiales chinas no se compara al de un grupo de civiles, en su mayoría desarmados.
Aunque los manifestantes han logrado como concesión que la pieza específica de legislación acerca de la extradición sea suspendida temporalmente, la razón universal de las protestas es ahora, más bien, el estatus de la zona administrativa como un lugar que permite a sus residentes libertades que no tienen el resto de ciudadanos chinos.
Desafortunadamente, académicos y expertos coinciden en que difícilmente China concederá más libertades que las ya existentes y que por desgracia, la posibilidad de abrir la zona administrativa a la democracia electoral y política, sería impensable.
Aparte, la condición especial de la que goza Hong Kong tampoco fue diseñada por las autoridades Chinas para mantenerse en perpetuidad: según el acuerdo existente (conocido como “un país dos sistemas”) esta dualidad terminaría definitivamente en 2047. Sin embargo, hay más de un ejemplo que demuestra que el gobierno autoritario de China no está dispuesto a esperar a 2047 y desde ya ha optado por iniciar la persecución política de disidentes o activistas pro-democracia en Hong Kong: ha habido arrestos y desapariciones misteriosas.
La generación de jóvenes que no han conocido otra realidad fuera de “un país, dos sistemas” con toda razón se encuentra dispuesta a no dar su paso a torcer. Y en vista de que el fin (por lo menos en papel) de las libertades de las que gozan solamente está a 28 años, es difícil no apoyar la pasión con la que están luchando por su futuro.

Verdadera oposición. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, ex presidenta del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 26 agosto 2019 


En El Salvador estamos acostumbrados a que la oposición política se resista a todo lo que diga el gobierno solo porque sí, limitándose a criticarlos o simplemente llevarles la contraria aunque las propuestas sean buenas. A eso se han cerrado, a ser una oposición sin propuestas. Muchos de sus integrantes parece que actúan de manera reactiva y dispersa, basándose en la coyuntura nacional semanal y haciendo críticas sin mayor reflexión. No han sido una verdadera oposición.
La existencia y garantía de la diversidad de pensamiento es primordial en un Estado de Derecho. Esta se representa fundamentalmente a través de los partidos políticos. Así, los grupos que realizan la función de oposición política a los gobiernos de turno son importantes, pues se constituyen como un mecanismo de control del poder y una garantía de la pluralidad de ideas. En El Salvador tenemos décadas sin que exista una verdadera oposición política, que sea propositiva, constructiva y que no rechace propuestas gubernamentales con la simple finalidad de entorpecer el trabajo del Ejecutivo.
Cuando el FMLN era oposición hizo propuestas que al llegar al gobierno las olvidó por completo; ahora se enfrasca en defender los errores de sus dos gobiernos. En los últimos diez años en los que ARENA era el contrapeso al gobierno del FMLN, se dedicó a ser una oposición reactiva sin tener una batalla definida por la ciudadanía, sin objetivos claros y sin presentar alternativas concretas a los problemas de país.
Los partidos de oposición no pueden justificarse en ese calificativo para simplemente llevar la contraria sin dar mucho pensamiento a sus actuaciones.
Una oposición política propositiva es sana en cualquier república democrática. Para que ésta tenga un sentido valioso debe ser crítica, pero también ayudar a avanzar con propuestas constructivas para el país. Como lo manifestó la Sala de lo Constitucional en una de sus más recientes resoluciones, la diversidad de opiniones, la pluralidad de valores, criticidad de pensamiento y la competencia permanente de visiones alternativas, dejan de ser males o peligros para el desarrollo social y se reconocen como valores indispensables para el progreso de la civilización humana.
En este caso, para el progreso de nuestro país.
No es posible que ARENA y el FMLN pretendan mantener su línea de trabajo tal y como lo han venido haciendo las últimas décadas. No pueden seguir defendiendo lo indefendible al interior de sus filas, ni resistirse a reconocer los yerros del pasado; deben buscar limpiar cara de los actos reprochables que se gestaron durante sus gobiernos. La grandeza de cualquier persona radica en hacerse responsable de sus errores y corregir verdaderamente el rumbo de su camino. Esto incluye a los partidos políticos y a sus integrantes.
Necesitamos un cambio radical de pensamiento en los partidos que hacen oposición. En el año previo a la época electoral es el momento propicio para que los partidos pongan sus barbas en remojo y corrijan el rumbo que han llevado en los últimos años; además, que tengan apertura a la renovación de caras e ideas. Las personas que llevan años incrustadas en las dirigencias deberían ceder el espacio a personas nuevas que den aire fresco a los pensamientos tradicionales dentro de dichos institutos políticos.
Los partidos políticos como ARENA y el FMLN deberían estar conscientes de las lecciones del pasado 3 de febrero. La población ya no está dispuesta a hacerse del ojo pacho por los errores cometidos por sus funcionarios y representantes, sino que pasarán la factura en las urnas. La renovación de pensamiento y de la forma de trabajo ya no es opcional, es una obligación si quieren sobrevivir como partidos a las próximas elecciones.

domingo, 25 de agosto de 2019

Una negociación: la única salida posible para Venezuela. De Alberto Barrera Tyszka

No existe otra alternativa para salir de la crisis en la que se encuentra el país. Lo que está en juego es su supervivencia. Negociar es incómodo, pero también es imprescindible.

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CreditCreditFoto: Meridith Kohut para The New York Times

Publicado en THE NEW YORK TIMES/español, 25 agosto 2019 


Alberto Barrera Tyszka, escritor,
guionista y columnista
venezolano
CARACAS — Negociar es un verbo incómodo. En el mundo donde el verbo ganar se impone y extiende cada vez más sus límites, incluso hasta en el terreno de los afectos y de la amistad, una negociación puede ser percibida como una simple versión educada de una derrota. Es obvio que nadie negocia por gusto pero, también, es evidente que en la abrumadora mayoría de los conflictos la única salida es un acuerdo.
El caso de Venezuela no es la excepción. Sin embargo, el tiempo pasa, la tragedia para la mayoría de la población aumenta y todos los factores en pugna siguen sin llegar a un acuerdo. En los diferentes bandos, parece haber fuerzas empeñadas en sabotear una negociación. La única posibilidad de salida de la crisis que tiene el país se encuentra en momento muy frágil.
Desde hace meses, guiados por la iniciativa del gobierno de Noruega, se viene construyendo en Barbados un espacio posible para un acuerdo. Pero la nueva ronda de sanciones impuestas a Venezuela por el Departamento de Estado estounidense, en agosto, han representado un paso atrás en el camino de una solución concertada a la crisis venezolana. Los representantes de Nicolás Maduro abandonaron la mesa de negociación y, de manera inmediata, como si fuera el dispositivo de una iglesia eléctronica, activaron un viejo truco: la narrativa del bloqueo, la retórica antiimperialista.

CreditLeonardo Fernández/Associated Press

El bloqueo gringo funciona como un libreto melodramático. Frente a él, los otros argumentos siempre parecen más complicados y farragosos. Se requieren estadísticas, datos o el respaldo de investigaciones periodísticas para explicar cómo la naturaleza del modelo, la ineficiencia política y la enorme corrupción del chavismo son las causas de la tragedia venezolana. Mucho más fácil es señalar a Donald Trump. Frente a las sanciones, el gobierno tiene un relato. La oposición, no. Y no importa que su relato sea simple o anticuado, sigue funcionando. El presidente de Estados Unidos no es un político. También él está más cerca del estereotipo que de la complejidad. Es un hombre irritante, con opiniones y modos indefendibles.
Se trata de un espectáculo simbólico largamente deseado por el chavismo. Forma parte, además, de uno de los escasísimos éxitos de la Revolución cubana: la historia de la isla ha demostrado que la eficacia del relato es más sólida y rentable que la del bloqueo económico. Aunque los arrincone económicamente y tenga efectos devastadores para la población, las sanciones —al menos en términos de discurso y propaganda— solo favorecen al oficialismo. Cuentan, además, con la mirada crítica del resto de la comunidad internacional. La propia Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, salió alertando sobre las consecuencias que podrían tener estas medidas unilaterales sobre una población ya suficientemente vulnerada por la crisis.
Pero además de esto, también hay que contar con el avasallante dominio sobre el flujo de información que tiene el gobierno de Maduro. Su control mediático sobre el país es casi total. El cerco noticioso que impone a la población no solo se basa en la censura sino también en la producción y distribución de una realidad paralela, la creación de una objetividad basada en la ficción. Actualmente, ni siquiera es posible acceder de forma natural a las plataformas de los diferentes medios digitales independientes.
Esta semana, en la inauguración de una terminal de autobuses en la costa cercana a Caracas, el gobierno obligó a todas las estaciones de radio y de televisión a transmitir el acto oficial. Nicolás Maduro, acompañado de su esposa y de otros funcionarios, paseó por el local, señalando tiendas y ficcionalizando la vida cotidiana de cualquier ciudadano: aquí pueden venir —decía— y comprarse un pantalón, hacer una diligencia en el banco, adquirir un pasaje para ir de vacaciones. La enorme mayoría de los venezolanos no puede hacer ninguna de estas cosas. Para ese mismo día, el sueldo mínimo mensual era de 2 dólares. La realidad es presentada como un espejismo, como una posibilidad de futuro —obra genial y generosa de la Revolución— truncada por el atorrante míster Trump.
¿Está acaso Estados Unidos repitiendo el mismo error que lo ha hecho fracasar, durante décadas, con el régimen cubano? Suponer que la presión cada vez mayor sobre el régimen erosionará la lealtad militar o generará una implosión en contra de Maduro puede ser una estrategia equivocada. Las consecuencias de las sanciones, en una buena medida, dependen también de la naturaleza moral del adversario. El chavismo, desde hace mucho, ha demostrado que puede jugar a la destrucción sin ningún miramento. En política, la falta de escrúpulos es muy eficaz.


Es tentador atornillarse en el purismo. Hay quienes, dentro de la oposición, creen que una negociación solo legitima y ayuda al régimen de Maduro. Estos sectores se han dedicado a boicotear cualquier esfuerzo en la dirección de un acuerdo. Es cierto que, anteriormente, en procesos similares, el gobierno solo ha usado el diálogo como excusa, como oportunidad para ganar tiempo. Pero también es cierto que nunca antes el oficialismo se había encontrado tan arrinconado internacionalmente. Por otro lado, las propuestas alternativas a la negociación solo son acciones políticas que dependen de otros: que el propio Maduro renuncie o que haya una invasión militar extranjera. Ninguna de estas dos opciones es viable. La radicalidad también puede ser una zona de confort. Mucho más difícil y complejo es negociar.
Lo primero que ha debido enfrentar este proceso de negociaciones en Barbados son las resistencias que hay en todos los bandos, tanto fuera como dentro del país. El problema pasa por situarse en un modo distinto ante el otro y ante la idea misma de un pacto. Hay que entender y aceptar que ninguno de los sectores en pugna obtendrá realmente lo que quiere, lo que busca, lo que necesita. La única manera de ganar es perdiendo algo. Si no hay un futuro repartido, no habrá un futuro para nadie. Lo que está en juego finalmente es la supervivencia del país. Hacer política es ceder. Negociar es incómodo. Pero también es imprescindible.