Carta a Mauricio Funes
Estimado señor presidente:
Estimado señor presidente:
El Gobierno ha manifestado sus intenciones de transformar al Canal 10 y Radio Nacional en medios públicos. Buena idea, siempre que se entienda que "medio público" significa autonomía, independencia, profesionalidad y pluralidad. Significa que los medios estatales por ley dejen de depender del Gobierno y pasen al control de una instancia rectora autónoma, en la cual está representada toda la pluralidad de la sociedad: partidos gobernantes y opositores, gremiales empresariales y sindicatos, iglesias, universidades, municipalidades, medios de comunicación y asociaciones de periodistas…
Un ejemplo: La Ley de Radio y Televisión de Bavaria, uno de los 16 estados que conforman la República Federal de Alemania, establece que en el Consejo de Radiodifusión que controla los canales de televisión pública y las radios públicas "los representantes del Gobierno y de la Legislatura no superarán un tercio de sus miembros".
El principio de la televisión pública es: El Estado financia los medios, pero en cuanto a su control administrativo y editorial las instancias estatales (Ejecutivo, Parlamento) se limitan a tener una participación minoritaria en la entidad rectora. Con este principio de autonomía son concebidos todos los canales públicos prestigiosos del mundo: BBC, Televisión Española, Radio Netherland, Deutsche Welle, ARD y ZDF en Alemania.
Cualquier otra forma de concebir los medios estatales, sin esta autonomía administrativa y editorial y sin el mandato legal a la pluralidad, en vez de aportar a la democratización y la vigencia de las libertades de expresión y de información, lleva a lo contrario. Los ejemplos son más que conocidos: Radio Habana, la televisión cubana, los canales estatales en Venezuela, Telesur… e incluso la triste historia de Canal 10 y Radio Nacional bajo el control de los gobiernos de ARENA y ahora del FMLN.
La falta de autonomía no sólo genera falta de credibilidad, sino al mismo tiempo una terrible e insufrible falta de creatividad y calidad profesional.
¿Está el Gobierno de Funes y el FMLN dispuesto a ceder el control de los medios estatales? ¿Está el Gobierno dispuesto a aumentar su inversión en estos medios, pero al mismo tiempo aceptar una ley que le quite el poder sobre ellos y lo entrega a un Consejo autónomo, plural? Si es así, bienvenida sea la iniciativa del secretario de comunicaciones David Rivas, y los medios de comunicación, los gremios de periodistas, las escuelas de periodismo, los gremios laborales y empresariales, vamos a apoyar este proyecto y participar activamente en su concreción. Pero si no es así (si quieren crear medios públicos que nacen de la fusión entre los medios estatales y las radios comunitarias, apostando a una concepción ideologizada), todos nos vamos a oponer, no vamos a permitir que fondos públicos sean destinados a este fin.
¿Cómo puede el Gobierno mostrar que su concepto de medios públicos es democrático y plural? Muy simple: que por decreto presidencial crea un Consejo de Radiodifusión plural y autónomo con la tarea de preparar la Ley de Medios Públicos, el esquema de programación y de financiamiento para la futura Radio Nacional y Televisión Nacional, el estatuto de autonomía… Un medio público confiable no nace del Gobierno, sino de la sociedad.
Si el Gobierno delega la creación de esta ley y de los futuros medios públicos a un Consejo, en cual tendrá participación, pero no control; en el cual estarán representados directores de medios comerciales, empresarios y sindicalistas, los partidos según su representación en la Asamblea, la academia, las iglesias principales del país, entonces se vuelve realista el sueño de una televisión pública autónoma, profesional, comprometida con el pluralismo y la libertad de expresión.
Para aclarar el concepto, me permito nuevamente citar de la Ley de Radio y Televisión de Alemania:
Sobre la línea editorial: "En todos los temas de interés público se tendrán en cuenta las diferentes opiniones en la programación global de manera equitativa y adecuada".
Sobre propaganda electoral: "Se concederá un espacio de emisión adecuado a todos los partidos que participen en las contiendas electorales".
Sobre libertad de expresión: "Los empleados de la Radio y Televisión Pública no podrán reflejar en los programas producidos los intereses unilaterales de un partido ni de intereses sectoriales. Sin embargo, podrán manifestar en columnas propias y programas de opinión su opinión personal".
Estimados jueces y magistrados:
Estimado Jonás:
Por más títulos resonantes que te pongan (Director General de Protección Civil, Secretario de Vulnerabilidad…), siempre te voy a decir cariñosamente Jonás. Así te conocí en 1981, en Morazán.
Ponencia en la Universidad Católica de Santa Ana
En vez de tratar de buscar respuestas en teoría política, voy a acercarme al tema desde mi experiencia personal. La teoría es importante, pero difícilmente comunica con la gente. La experiencia personal sí.
Yo me he considerado, desde temprana edad, “de izquierda”. ¿Pero qué significaba esto en concreto para un estudiante de bachillerato en la Alemania de la post-guerra?
Vea la ponencia completa en el sitio de la Universidad Católica
| El presidente habló – y todo queda confuso. Uno lee el comunicado que Casa Presidencial emitió sobre la reforma a la Ley de Tarjetas de Crédito y el escrito que mandó a la Asamblea – y piensa que la está vetando. Pero no. Argumenta que está mal y fuera de lugar toda esta reforma, con la cual los diputados de FMLNGANA quieren intervenir el mercado de tarjetas de crédito. Pero en vez de vetarla, la observa y deja abierta la posibilidad que sus dos partidos, con los mismos votos, la ratifiquen.El presidente da plena razón a los argumentos de los bancos y de la empresa privada que se oponen a esta ley (porque vuelve inviable mantenerles el crédito a casi 400 mil usuarios de tarjetas), pero no se atreve a vetar y así dar a la oposición la herramienta para evitar la ratificación y posterior aplicación de esta mala ley. Acuérdense cuál es la diferencia entre veto y observación: Cuando el presidente veta una ley, la Asamblea necesita mayoría calificada para ratificarla. Cuando sólo la observa, basta minoría simple para ratificar. Para esta ley de intervención en el mercado bancario, que fija por decreto el interés que pueden cobrar los bancos, no existe mayoría calificada. ARENA, PCN y PDC no están de acuerdo. Conclusión: al no vetar y limitarse a observar la ley, el presidente deja al criterio de FMLNGANA ratificar o no esta ley. No hace uso de su derecho constitucional ni cumple su deber constitucional de vetar una ley cuando está convencido que es dañina para el país y para los mismos usuarios. El presidente no está haciendo su trabajo. Si decide observar una ley, tiene que hacer observaciones puntuales, incluyendo propuestas concretas de cómo mejorar su redacción. Pero en este caso, sus observaciones son generales. Lo que plantea el presidente no es cómo mejorar esta ley, sino que toda esta ley, como está concebida, no sirve. Que hace falta otra ley totalmente diferente, cuyo sujeto no sería la emisión de tarjetas de crédito y los intereses que se cobran, sino las prácticas de usura en general. Pero si el residente llega a esta conclusión, por lógica tiene que vetar la ley, y con esto dar a la oposición la oportunidad de evitar que entre en vigencia. Precisamente esto no se atreve hacer Funes, porque no quiere que los populistas del FMLN le acusen de ‘ceder ante la presión de los bancos que quieren desangrar al pueblo...’ Otra vez se muestran el oportunismo y la falta de liderazgo del presidente. Básicamente maneja un doble discurso, diciendo al FMLN: “Yo no estoy vetando su decreto, si quieren ratifíquenlo”; y al mismo tiempo diciendo al sector privado: “Yo observé el decreto, expresé mis preocupaciones, pero no me hicieron caso…” Además del oportunismo del presidente, el escrito presidencial con las observaciones a la reforma de la Ley de Tarjetas de Crédito demuestra otra cosa igualmente preocupante: la incompetencia de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Nuevamente la Asamblea recibe un escrito presidencial incongruente, mal redactado, que demuestra graves deficiencias en el análisis jurídico. Funes no ha decidido no dotar a Casa Presidencial de un equipo jurídico profesional, con capacidad de proveer al mandatario de análisis crítico y profundo y de propuestas de soluciones jurídicamente sólidas. Más bien ha preferido rodearse con un equipo débil y sumiso que obviamente nunca le confronta con las implicaciones jurídicas y políticas de las movidas políticas que quiere hacer. El equipo jurídico de Casa Presidencial tendría que ser un contrapeso para evitar que los malos consejos de sus amigos llevan al presidente a tomar decisiones jurídicamente erróneas y políticamente cuestionables. Uno no puede criticar a un presidente por no ser experto en asuntos legales, pero sí por rodearse de malos asesores y no crear contrapesos. (El Diario de Hoy/Observador Político) |