Payasadas peligrosas. Columna Transversal de Paolo Luers

Publicado en EL DIARIO DE HOY, domingo 10 enero 2021

Una vez que Trump entendió que tenía que abandonar la Casa Blanca y el poder, decidió heredarle una crisis constitucional a su país, que -según él- tan ingratamente le dio la espalda. Que se joda el Congreso, incluyendo los senadores republicanos, que estaban abandonando el barco para no hundirse con el capitán. 

Preparar una acción que ponga en crisis al sistema constitucional de Estados Unidos no es tan fácil, ni siquiera para el inquilino de la Casa Blanca, supuestamente el hombre más poderoso del mundo. Resulta que Trump ya no tenía tanto poder. Una semana antes de la toma del Capitolio del 6 de enero, salió un pronunciamiento firmado por 10 ex ministros de Defensa de administraciones republicanas y demócratas, señalando con contundencia que Trump no puede poner la Fuerza Armada en función de su berrinche contra su derrota electoral. Estos señores, muchos de ellos con mucha influencia dentro de los militares de alta, no estaban hablando sobre un peligro hipotético, sino sobre una amenaza real que habían detectado y que los obligó a actuar. Y lo desarmaron. Le quitaron a Trump la capacidad de armar una crisis institucional.

Entonces, su intento de generar una crisis constitucional no le funcionó, y lo único que parió en el intento fue una parodia, como señala Horacio Castellanos Moya en su columna en El País. Peligrosa, pero siempre una parodia, un evento de ópera barata, un espectáculo grotesco con actores extravagantes, sacados de los grupúsculos más patéticos del neo fascismo, de las sectas de supremacía racial blanca, y de los lunáticos tejedores de teorías de conspiración. Esto es lo que vimos en televisión, y era obvio que esto no era el inicio de una insurrección, ni siquiera de un motín, sino el punto final del capítulo tragicómico de un hombre desquiciado ocupando la presidencia de Estados Unidos.

Asaltante del Capitolio

Asaltante del Salón Azul

Esta salida patética de Trump del poder no generó ninguna crisis del orden constitucional, sino por lo contrario, lo fortaleció. Luego de este show, le saldrá más fácil a Joe Biden cumplir su tarea de superar las divisiones del país, que tuvieron su máxima expresión en la presidencia de Trump y su triste final. 

Aquí es diferente. El evento que todo el mundo compara con el asalto al Capitolio, la toma del Salón Azul del Legislativo del 9 de febrero, no fue el punto final de un capítulo triste, sino el punto de partida de un proceso autoritario, cuyo desenlace todavía no conocemos. El Salón Azul no fue asaltado por unos lunáticos, sino por unidades militares y policiales. Estas unidades no actuaron como rebeldes, o amotinados, sino bajo el mando y la coordinación de sus respectivos máximos jefes – y ellos bajo el mando del presidente de la República.

Este evento también tenía su toque de ópera bufa, cuando el presidente de la República se sentó en la silla del presidente del Legislativo para decir “Ya ven quien está en control” y luego pasó un minuto entero fingiendo rezar y pedir consejos a Dios. Fue una parodia, pero en esencia fue un acto de exhibición de poder que sí causó una crisis institucional que el país aun no ha superado. 

Lo del 9 de febrero en la Asamblea Legislativa no fue un acto de vandalismo criminal como en el Capitolio, sino un caso de ataque al orden constitucional y de sedición, aunque el fiscal general no ha tenido el valor de tipificarlo así. 

Usar la Fuerza Armada y la policía para atentar contra la independencia del órgano legislativo tiene otra dimensión política y jurídica que incitar a una banda de locos violentos a poner en escena sus sueños en una parodia de insurrección. Aunque el asalto al Capitolio fue más violento que el asalto al Salón Azul, este último fue un ataque mucho más grave a la institucionalidad democrática. Por dos razones: primero, el 9 de febrero no fue el punto final de una presidencia derrotada, sino el punto de salida de un movimiento autoritario. Segundo, Trump chocó contra una institucionalidad fuerte, que no le permitía comprometer la Fuerza Armada, y por esto el 6 de enero le salió como payasada, mientras que Bukele, luego del 9 de febrero, logró avanzar peligrosamente en la militarización de la sociedad y la politización de la fuerza militar.

A Trump ya lo pararon. A Bukele nos toca pararlo el 28 de febrero. 

Carta a mis amigos salvadoreños: Divididos en la guerra, unidos por la paz. De Paolo Luers

San Fernando/Morazán, 1981

 

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, sábado 9 enero 2021

Queridos amigos:

Mañana cumplo 40 años de haber llegado a El Salvador. Y a pesar de todo, nunca me he arrepentido de haberme quedado. Tanta gente sueña con irse, y yo sigo luchando para vivir feliz en El Salvador a pesar de las campañas de intolerancia y odio; a pesar que hay gente en el gobierno que prometen quitarme la ciudadanía salvadoreña y expatriarme.

Vine a El Salvador el 10 de enero del 1981, día que “oficialmente” comenzó la guerra. Vine como reportero, luego renuncié a mi corresponsalía para incorporarme a la guerrilla. Al terminar la guerra, renuncié a la militancia, para poder regresar al oficio del periodístico independiente. Construí una familia y adopté la nacionalidad salvadoreña, sabiendo que con esto perdería la alemana. Me siento salvadoreño, ni más ni menos que cualquier otro que tiene 40 años de vivir en este país. Cuando en Twitter algún joven despistado me dice que no tengo derecho de opinar sobre el país y su gobierno, porque soy extranjero, le contesto que tengo más tiempo que él de vivir en El Salvador, y además voluntariamente, por decisión propia, no por casualidad…

Viví la guerra de cerca, no me la contaron. Igual viví de cerca el proceso que gradualmente nos llevó a la convicción de que en vez de buscar derrotar o incluso aniquilar al otro bando, deberíamos buscar una salida negociada y un acuerdo nacional para transformar al país en paz. 

Al salir del frente de guerra de Morazán y regresar a la capital en 1986 me di cuenta que esta convicción fue compartida por amplios sectores de la sociedad, incluyendo a muchos integrantes de la Fuerza Armada y de ARENA. A partir de ahí me dediqué a apoyar las negociaciones de paz, así como lo hicieron muchos, dentro y fuera de los dos bandos enfrentados. 

Algunos pagaron esta decisión con su vida, como José Antonio Rodríguez Porth, ministro de la presidencia de Alfredo Cristiani, e Ignacio Ellacuría, el entonces rector de la UCA. Ambos fueron asesinados en 1989 para descarrilar el proceso de paz, uno por los intransigentes dentro del Frente, otro por los intransigentes dentro de la Fuerza Armada.

Lo que realmente me motivó a quedarme en El Salvador no fue la guerra sino la manera en la que logramos hacer la paz. A una guerra uno se va, y al terminar se regresa a su casa. Pero la paz no es un punto final, es un punto de partida, una tarea inconclusa. Me quedé para concluir y defender la paz. Y esto voy a seguir haciendo, hoy que tenemos un presidente que declara que el proceso de paz fue una farsa.  

Me satisface mucho que en la lucha en defensa de los Acuerdos de Paz y de la democracia, que a partir de ellas hemos construido, me he vuelto a encontrar con tantos excompañeros de lucha y exadversarios, pero también con muchos jóvenes que aprendieron de la historia. 

A todos ellos los saludo, 

Carta a los alcaldes: ¿Se dejarán robar el FODES? De Paolo Luers

24 de septiembre 2020, protesta de trabajadores municipales

 

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, jueves 7 enero 2021

Estimados alcaldes:

El gobierno les debe 8 meses de FODES. Casi 300 millones de dólares. En términos fiscales, esto se llama ‘impago”. En términos penales, se llama “malversación de fondos”. En términos populares, se llama “robo”.

Son fondos que no pertenecen al gobierno central, sólo se encuentra de paso en sus arcas. Hacienda cobra los impuestos, y por ley tiene que pasar el 8% de sus ingresos corrientes a ustedes. Si el gobierno retiene estos fondos y se los gasta para otros fines, el ministro de Hacienda está cometiendo delito. Los juristas llaman a esos delitos de maneras enredadas, pero en última instancia son robos.

El responsable penal es el ministro, pero todos sabemos que el verdadero culpable es el presidente…

Como alcaldes, ustedes son los representantes de los municipios y sus habitantes, o sea de las víctimas de este robo. ¿Han ido a la Fiscalía General a denunciar al ministro de Hacienda? ¿Existe una investigación penal?

Otra pregunta: ¿Cómo es posible que dejen pasarle al gobierno este robo sin toparlo al poste todos los días hasta obligarlo a soltar ese dinero? Hicieron una movilización masiva hace un par de meses, que sí demostró el descontento popular contra la política del gobierno de ahogar financieramente a los gobiernos municipales. Ese día tuvieron al gobierno a la defensiva.

Lograron unir a los alcaldes y concejales de diferentes partidos, junto a los trabajadores municipales y las comunidades afectadas. Pero luego. ¿qué pasó? Recibieron excusas y algunas promesas, pero no su dinero.

Es mentira cuando el gobierno dice que no tiene dinero para pagar el FODES. El mismo presidente del Banco Central informó a la Asamblea que los fondos existen, igual que el dinero para los veteranos de guerra. Los millones de FODES están en el presupuesto aprobado.

El gobierno no los desembolsa como parte de su estrategia electoral. Como ellos sólo tienen un par de alcaldías, en manos de GANA, y todas los demás municipios están gobernados por alcaldes de la oposición al gobierno, quebrar las finanzas de los municipios conviene al partido Nuevas Ideas.

Los gobiernos municipales no pueden realizar sus inversiones y programas sociales, ni siquiera pueden pagar sus salarios, ni prestar todos los servicios a las comunidades, pero al mismo tiempo vienen las dependencias y ministerios del “noble gobierno” a repartir alimentos, medicinas, y a arreglar las calles que el alcalde no pudo reparar por que no le han pagado el FODES…

Entonces, lo que está haciendo el gobierno con el FODES, aparte de malversación es manipulación electoral. Depende de ustedes no dejarles pasar esta maniobra. Si de algo tiene pánico este gobierno es que se exprese descontento popular. Ustedes, los municipios, las comunidades, son la base popular de la sociedad.

Si ustedes se movilizan hasta que el gobierno se vea obligado a desembolsarles los fondos que por ley les corresponden, van a tener mucho más apoyo del que se imaginan. 

Saludos, 

Carta al Superintendente financiero: Cuando tiene razón, tiene razón . De Paolo Luers

 

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, martes 5 enero 2021

Estimado Gustavo Villatoro:
Podemos ser muy críticos y opositores, pero cuando un funcionario del gobierno hace algo correcto, hay que reconocerlo. 

Muy contra corriente, algunos hemos señalado por años que en el contexto de la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero se han dado abusos inaceptables, promovidos por actitudes de excesivo recelo de parte de la fiscalía. Uno de los abusos más comunes ha sido que los bancos, al sólo recibir de la fiscalía solicitudes de información financiera, les cerraron sus cuentas a los clientes mencionados y les cancelaron sus préstamos y tarjetas. Nunca se supo si los bancos actuaron así por órdenes de la fiscalía o de la Superintendencia del Sistema Financiero, o por propia iniciativa, o simplemente para quedar bien con estas autoridades. Llegaron incluso al colmo de suspender las cuentas de personas que han sido mencionados en reportes mediáticos. 

Me enteré de que quedaron sin cuentas bancarias incluso ciudadanos cuyos nombres fueron mencionados en casos ni siquiera relacionados con delitos de corrupción. Les dieron la ‘muerte civil’ sin ninguna orden judicial, ni siquiera con una instrucción formal de la fiscalía, sin ninguna posibilidad de apelación.

Ahora usted ha instruido a los bancos de suspender estas prácticas. Fue una decisión correcta y necesaria. Lo felicito.

Lastimosamente, hacer lo correcto no siempre es lo más popular. El rechazo popular a la corrupción es tan profundo que muchos sólo ven sospechosos. Pero no somos un pueblo de corruptos. Este recelo excesivo ya no deja espacio para la presunción de inocencia, que es un pilar del Estado de Derecho.

Cuando usted hizo publico su instructivo a los bancos, ordenándoles de suspender la práctica de llevar listas negras y cerrar cuentas sin ninguna orden judicial, hubo reacciones adversas incluso de organizaciones con larga trayectoria de defensa de los derechos del ciudadano contra los abusos de este gobierno. 

FUNDE es una organización con mucho mérito en la lucha contra la corrupción, pero igualmente en la lucha contra abusos del Estado contra sus ciudadanos. Sin embargo, en este caso no supieron balancear correctamente estas dos preocupaciones. El vocero de FUNDE en temas de corrupción, Wilson Sandoval, rechazó el instructivo de la Superintendencia con el extraño argumento que la prevención pesa más que la presunción de inocencia. Para él, en este contexto de la cancelación de cuentas bancarias, “el argumento de la presunción de inocencia es uno meramente político”. 

Que me disculpen mis amigos de FUNDE, esta es una posición insostenible. Para prevenir delitos no se puede violar la presunción de inocencia de los ciudadanos, mucho menos meterlos en listas negras que les excluyen de servicios tan esenciales como los bancarios.

Espero que usted, con todo el poder de la Superintendencia, imponga a los bancos que acaten su nuevo instructivo y dejen de dar ‘muerte civil’ a ciudadanos que sólo han sido mencionados por la fiscalía o por medios de comunicación. Espero también que Raúl Melara respalde esta corrección de una política equivocada y abusiva promovida por anteriores fiscales generales.

 

Saludos,

La respuesta de Wilson Sandoval, publicada el día siguiente en El Diario de Hoy:

La respuesta a la respuesta, de Paolo Luers

 Lo siento, pero usted no desvirtuó mi argumento. No aporta ninguna razón por la cual es necesario y legítimo cerrar cuentas bancarias a un ciudadano, por el sólo hecho que su nombre sale mencionado en una investigación periodística. Imagínese: Si mañana uno de los "periódicos", radios o canales de TV controlados por el gobierno dice que Wilson Sandoval está involucrado en una estafa, el día siguiente le van a cancelar sus cuentas y tarjetas.

Tomar esta medida tampoco sería legítimo si se toma porque alguien ha sido acusado en un requerimiento de la fiscalía. La acusación de la FGR no constituye prueba de nada. Si la fiscalía tiene indicios que el acusado puede usar sus cuentas para fines ilícitos, que los presente al juez y este incluya la cancelación de cuentas en sus medidas cautelares.

La presunción de inocencia solo puede ser suspendida por órdenes judiciales, no por instrucciones de la fiscalía, ni mucho menos por decisiones de los bancos basadas en "menciones" por parte de la fiscalía o de medios de comunicación.