viernes, 19 de septiembre de 2025

No aguantan el ácido de la crítica y del humor los Trump y Bukele. Carta de Paolo Luers

 

"Las constituciones nacionales y el derecho internacional no otorgan a nadie el derecho al poder ilimitado, y para esta razón garantizan la libertad de prensa y expresión, como contrapeso necesario al poder." 

En la voz del autor



Publicado en MAS!  El DIARIO DE HOY, sábado 20 de septiembre 2025

En Estados Unidos está garantizada la libertad de expresión y de prensa por la primera enmienda constitucional. A pesar de esto, esta libertad está siendo sistemáticamente violada por Donald Trump. Demandó a CBS, a ABC, al New York Times, al Wall Street Journal por sumas astronómicas. Extorsionó a CBS, usando la supervisión federal de fusiones corporativas, para censurar su programa 60 Minutes y suspender al conductor de Late Night Show, Stephen Colbert. Extorsionó a ABC a suspender su programa “Jimmy Kimmel Live”. Trump no aguantó el humor ácido de Colbert y Kimmel...


En El Salvador, la libertad de expresión y de prensa está garantizada por el artículo 6 de la Constitución, pero está siendo sistemáticamente violada y restringida por Nayib Bukele. Mandó a encarcelar a críticos de su reelección y sus violaciones de la Constitución y del Estado de Derecho, como el constitucionalista y columnista de este diario, Enrique Anaya, y la investigadora de la corrupción gubernamental, Ruth López. Obligó a salir al exilio a los reporteros del Faro y muchos otros periodistas.


Igual que los dictadores de Rusia, Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Nicaragua, Nayib Bukele y Donald Trump saben que la libertad de expresión y una prensa libre son una amenaza al poder concentrado en sus manos. Y tienen razón: La libertad de los ciudadanos a disentir -y expresarlo públicamente- y la libertad de los periodistas a criticar a los gobernantes y revelar sus abusos del poder y su corrupción son una amenaza al poder, tienen la función constitucional de desafiar y controlarlo. Las constituciones nacionales y el derecho internacional no otorgan a nadie el derecho al poder ilimitado, y para esta razón garantizan la libertad de prensa y expresión, como contrapeso necesario al poder. 

 

Pero los Trump y los Bukele no aceptan contrapesos a su poder. No aceptan límites a su poder. No aceptan obstáculos a su poder. Por esto odian a la profesión periodística, que por definición es independiente, crítica y una molestia al poder. Si no, es propaganda.

 

Si los gobernantes, en su afán de preservar su poder, no aguantan el ácido y censuran o incluso persiguen a sus críticos, es el mejor reconocimiento a nuestra labor. Bukele ha convertido a los periodistas del Faro en estrellas reconocidas con incontables premios internacionales. Trump ha convertido a Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Bill Owens, el ex productor de 60 Minutes, en figuras más populares que él mismo.

 

Lo que Bukele y Trump, imitándose mutuamente, hacen con sus ataques a sus críticos es el mejor reconocimiento a su labor. A corto plazo, el periodismo está en aprietos, pero ganando en claridad, calidad y autoridad ética. A la larga, el periodismo va ganando a sus detractores y persecutores. 

 

En Estados Unidos, la más eficiente crítica a Donald Trump, aparte de la labor investigativa de los grandes periódicos y 60 Minutes, es el humor. La sátira es el formato más efectivo. Trump no aguanta que se burlen de él y que hagan que la gente se ría de él. Lo saca de quicio. Lo hace cometer errores.

 

En El Salvador, aparte del caricaturista Alecus, todavía no ha salido alguien como Kimmel o Colbert que sea capaz de hacer que la gente detecte lo ridículo de Bukele y su pomposidad. En un país tan dado a la jodarria, es cuestión de tiempo que salga. 

Saludos, 




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miércoles, 17 de septiembre de 2025

Carta a los ofendidos: Abramos el debate sobre las elecciones. De Paolo Luers

 

"En última instancia, se trata de dar al ciudadano, que ya no ve cómo expresar su descontento y su rabia contenida por el temor, la única forma de expresarse que le queda: el voto."

En la voz del autor



Publicado en MAS!  El DIARIO DE HOY, jueves 18 de septiembre 2025


Estimados amigos:

Hay que hablar de las elecciones. Hay que abrir un diálogo entre todos los ofendidos, afectados, amenazados por el régimen gobernante para ponerse de acuerdo ¡-esta vez si!- sobre cómo mejor aprovechar la coyuntura electoral que viene en 2027. Aprovechar para que la gente que ahora no tiene espacios abiertos y seguros para expresar su descontento pueda hacerlo mediante su voto.


No habrá elecciones libres y justas. No habrá árbitro confiable, porque ya no existe autoridad electoral independiente. Habrá fraude, aún más que en el 2024, en la elección de las papeletas planchadas. Y respecto a la elección presidencial, hay una inconstitucionalidad que contamina todo: Bukele buscando otra reelección, para quedarse en el poder hasta el 2033 – o más, como ya no reconoce límites.

 

Muchos dicen que estas son razones suficientes para que la oposición no participe, por lo menos no en la elección presidencial. Malcolm Cartagena, uno de los mejores expertos en materia electoral (a la par de Ruth López y Eugenio Chicas, que por decisión de los mil veces malditos están encarcelados), hizo en este Diario un análisis jurídico, llegando a la conclusión de que la oposición debe desconocer la elección presidencial y boicotearla. Su análisis jurídico es impecable, pero no me convence la conclusión. Participar o no participar no es un dilema jurídico, es un asunto político. Hay que decidirlo con criterios políticos. Y para poder hacerlo, primero se necesita un debate político, una concertación política entre todos los actores de la oposición y todos los sectores sociales afectados y ofendidos por la dictadura. 


Estoy consciente de que la dictadura, con sus intimidaciones, amenazas y persecuciones, ha logrado cerrar el espacio para la libre expresión y organización. Para imponer silencio han encarcelado al constitucionalista y columnista Enrique Anaya, al pastor y cooperativista José Ángel Pérez, al abogado y medioambientalista Alejandro Hernández, a la investigadora de la corrupción gubernamental Ruth López – y han obligado a salir del país a Cristosal y al Faro y muchos otros. Muchos, que antes fueron a marchas de protesta, se expresaron libremente en las redes sociales, denunciaron los abusos gubernamentales, en esta situación prefieren quedar callados. Pero que estén callados no significa que ya no existan. Ahí están -  y siguen rechazando la destrucción de la democracia, la arrogancia de los gobernantes, la corrupción. Los líderes de estos sectores, aunque no estén dando la batalla pública, pueden participar en un diálogo nacional para construir una plataforma conjunta, amplia y plural para aprovechar la coyuntura electoral. ¿Aprovechar para qué? No para ganar, porque esto es imposible en las condiciones actuales, en las cuales todas las instituciones y fondos del Estado están del lado de un partido y de un líder. 

 

Si no es para ganar, ¿para qué participar? Principalmente porque el único espacio que el gobierno no puede cerrar es el electoral. Para aprovechar este espacio y llenarlo de contenidos adversos a la dictadura, debe haber candidatos opositores. Para las alcaldías hay todas las razones para entrar en la competencia, porque es el eslabón más débil, más desprestigiado del oficialismo; para las diputaciones también, porque se necesitará personas que sepan usar la tribuna parlamentaria para hablar a la ciudadanía. Pero todo esto tendrá poco impacto, si la oposición no tiene a una persona que, con el respaldo de todos, entre en el ring y rete directamente a Bukele en la elección presidencial. 

 

En última instancia, se trata de dar al ciudadano, que ya no ve cómo expresar su descontento y su rabia contenida por el temor, la única forma de expresarse que le queda: el voto. Hagan fraude, hagan cualquier truco y cualquier intimidación, no le pueden negar al ciudadano que emita su voto contra la dictadura. Las mujeres que tienen hijos presos y otros hambrientos necesitan la oportunidad de votar contra las políticas antipopulares. Los que tienen angustia por sus pensiones necesitan canalizar su protesta. La mayoría popular que se opone a la minería necesita una manera de expresar su inconformidad con la complicidad del gobierno con los destructores del medio ambiente. 

 

Sólo para satisfacer esta necesidad de dar a la ciudadanía un canal seguro para expresarse, vale la pena ponerse de acuerdo y entrar en la lucha electoral, sin ilusiones de ganar, simplemente porque es la única forma de lucha que queda. Si la oposición sabe cómo llevarla y logra estimular el voto de protesta, se abrirán otros espacios.

 

Esta es mi opinión. Que se abra el debate entre todos los ofendidos.

Saludos, 




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El “modelo Bukele” de seguridad y sus costos ocultos. Columna Transversal de Paolo Luers

 

"Antes de hacer caso al canto de sirenas, que promete seguridad y paz social a través del “modelo Bukele”, los pueblos de las Américas deben preguntar con qué precio oculto vienen estas promesas populistas."



Publicado en  El DIARIO DE HOY, miércoles 17 de septiembre 2025

En los círculos de la extrema derecha del continente americano hablan con entusiasmo de la “ejemplar fórmula”, con la cual en El Salvador se está combatiendo la delincuencia, convirtiéndolo en el “país más seguro del hemisferio”. Como en todas partes uno de los problemas más sentidos de la población- tal vez el principal- es la inseguridad, los populistas están levantando la bandera del “modelo Bukele” para posicionarse para futuras elecciones  – y para crear una sólida fuerza populista a la derecha de los partidos conservadores. 


En Estados Unidos, Bukele se ha convertido en el darling del movimiento MAGA y aliado principal de Trump. Lo usan para justificar la militarización de la seguridad pública que han ensayado en Los Angeles y Washington, DC y quieren imponer en las principales metrópolis gobernadas por los Demócratas.

En México, es el diputado Arturo Ávila, del partido gobernante Morena, quien promueve el “modelo Bukele” de Seguridad. Este político, nombrado en 2024 vocero de la bancada oficialista, ha proveído a Bukele de vehículos blindados todoterreno marca “Yagu”, producidos por su empresa IBN Military Industries. Tienen equipamiento militar, como drones, visiones nocturnas y cámaras. Pero en El Salvador no cumplen ninguna función militar de defensa nacional, tampoco de la lucha contra las pandillas o el narcotráfico. Son usados en operativos antimotines y, sobre todo, para intimidar. Los colocan en las plazas de las colonias y cerca de marchas de protesta para provocar miedo. 


Pero principalmente es la extrema derecha mexicana la que promueve las recetas y la imagen de Bukele. Hay dos personajes que se preparan a correr por la presidencia con la bandera de Bukele y su “modelo de Seguridad”. Uno es el productor de cine Eduardo Verástegui, quien se hizo popular con la producción de la película “Sonido de Libertad” sobre la trata de niñas. El otro es Ricardo Salino Pliego, el magnate de TV Azteca, Banco Azteca y Grupo Elektra. Un peso pesado, que este 15 de septiembre ya ensayó con un mensaje de video el tradicional Grito de la Independencia, que cada año da el presidente de la República desde el balcón del Palacio Nacional. Salinas es un hombre bien conectado con Casa Presidencial de Bukele... 

 

Claro, los aliados del presidente salvadoreño Nayib Bukele no hablan del hecho de que se reeligió violando la Constitución y que luego mandó a reformarla para abrirse el camino a la reelección ilimitada. Lo que explotan es el problema no resuelto por Morena del poder territorial de los carteles y prometen solucionarlo a lo Bukele. Pero tampoco explican bien en qué consiste el modelo Bukele de Seguridad.

 

Los que propagan este modelo no explican que el logro más grande de Bukele, su combate a las pandillas, fue precedido por un pacto electoral con las pandillas. En 2015, cuando Bukele fue candidato a la alcaldía de la capital, todavía bajo la bandera del FMLN, heredó de este partido el acuerdo pactado con las pandillas, con el cual había ganado la elección presidencial de 2014. Bukele transformó este acuerdo transitorio y frágil en un pacto sólido que le ha durado7 (¡siete!) años, ayudándole a ganar tres elecciones: la d alcalde capitalino n 2015; la presidencial en el 2019;  y la elección legislativa del año 2021, que le dio la supermayoría necesaria para sustituir al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sólo cuando tuvo asegurado el control total de los órganos del Estado, sin instancias de control y sin oposición, rompió al pacto con las pandillas y les declaró la guerra en el 2022. 

 

Pero este capítulo supuestamente glorioso -la eliminación de las pandillas y la conquista de la seguridad en El Salvador- tampoco lo explican bien los aliados derechistas de Bukele en ambas Américas, ni Donald Trump, ni Marco Rubio, ni sus amigos en América Latina. No explican que el “modelo Bukele” no funcionaría si antes no se hubiera eliminado la independencia del sistema judicial y de la fiscalía general. Este modelo de Seguridad Pública tampoco hubiera funcionado sin que se hubiera aprobado, mes por mes, desde marzo de 2022 hasta la fecha, el Estado de Excepción, que suspende los derechos civiles y procesales de cualquier acusado. La pérdida del derecho de los ciudadanos a un debido proceso y al acceso a una defensa efectiva tiene como resultado que de los 90 mil detenidos bajo el régimen de excepción la tercera parte es absolutamente inocente. Esto, igual que la pérdida de la independencia judicial, no es “daño colateral” del modelo Bukele, es su esencia. Es la condición indispensable que tendría que cumplir un gobierno para aplicar la receta mágica de la política de Seguridad de Bukele. Cualquier gobernante que quiere acceder al poder propagando el “modelo Bukele”, tiene que estar dispuesto -y capaz- a romper con el orden constitucional, con el Estado de Derecho y con el respeto a los Derechos Humanos. Los ensayos de Trump de ver cómo se puede aplicar el “modelo Bukele” y militarizar la seguridad pública demuestran esta realidad: sólo lo podrá hacer a gran escala si logra romper con la independencia judicial en los Estados Unidos – y con las garantías constitucionales de autonomía de los estados y los gobiernos locales.

 

El “modelo Bukele” está hecho para dictaduras, no para democracias con separación de poderes y con jueces independientes. Para funcionar exitosamente, este modelo de Seguridad requiere que una sociedad esté dispuesta a renunciar a sus derechos fundamentales. El Salvador es el ejemplo de que esto puede funcionar con unas narrativas populistas que logran activar y manipular las frustraciones y aspiraciones de las masas, pero solamente si están acompañadas por una represión sistemática capaz de intimidar a la gente y perseguir sin piedad a la disidencia. La cantidad de presos políticos en El Salvador y de defensores de Derechos Humanos, políticos opositores, líderes sociales y periodistas exiliados ilustra esta realidad.

 

Antes de hacer caso al canto de sirenas, que promete seguridad y paz social a través del “modelo Bukele”, los pueblos de las Américas deben preguntar con qué precio oculto vienen estas promesas populistas.





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