Carbon tax preferable to cap and trade

Two recent Star Tribune pieces address the need for comprehensive energy/carbon policy. The first argued that congressional indecision is counterproductive for both investment and the environment ("Midwest hurt by energy dithering," Dec. 27). The second, from two Copenhagen participants, urged enactment of federal cap-and-trade legislation ("Copenhagen a good first step," Dec. 28).

Certainty on carbon is needed to accelerate renewable investment. But cap and trade is the wrong way to achieve it.

Instead, efforts need to be redirected toward a better approach: a carbon tax.

In theory, cap and trade works by setting a limit on overall emissions (the cap), requiring emitters to purchase emission permits, then allowing those permits to be bought, sold, arbitraged, etc., on a newly created "carbon market" (the trade). A market is said to produce reductions more efficiently than traditional command-and-control regulations.

Supporters point to the success of a similar scheme for sulfur dioxide emissions. While sulfur emissions have decreased, addressing greenhouse gas emissions through cap and trade is orders of magnitude more complicated. And Europe's experiment with carbon markets suggests it won't reduce carbon emissions.

So why is cap and trade favored by many? Two reasons:

First, supporters aren't motivated by an unbending confidence in free markets. Instead, they support cap and trade because they don't have to call it a tax -- which they have accepted from the start to be politically impossible.

Second, Wall Street supports cap and trade. The "evolving carbon market" is predicted to become the world's largest commodities market -- far bigger than corn, citrus, gold or pork bellies -- supposedly growing to more than $3 trillion by 2020.

Orginal de Star Tribune:

Continua en: http://www.startribune.com/opinion/commentary/81790957.html?page=2&c=y

Is the U.S. doing enough for Haiti?

With conditions in Haiti growing worse by the hour, the Obama administration has pledged $100 million and is sending 5,000 troops to help in relief efforts there. Should the U.S. be doing more? Does it have an obligation different from other nations? Should the U.S. take on a nation-building project in Haiti?

(The New York Times)

1992 y 2010

Es un mal chiste que Tony Saca y sus 13 enanos hayan elegido la fecha 16 de enero para lanzar su partido.

Por más bulla que hagan hoy, el 16 de enero siempre será el día que los salvadoreños pusimos fin a la guerra civil y firmamos la paz.

¿Realmente serán tan ingenuos para pensar que pueden eclipsar a su némesis Freddy Cristiani eligiendo para su show esta fecha tan vinculada al presidente arenero que firmó la paz y abrió el camino a la democracia?

Digo ingenuo, porque siguen subestimando a Freddy Cristiani y su capacidad de convencer (o si fuera necesario, obligar) a los grupos de poder de la derecha a que acepten (o incluso le ayuden empujar) reformas trascendentales.

Lo hizo negociando la paz y las reformas implícitas en los Acuerdos de Paz, consiguiendo que al final hasta los guerreros más reacios alrededor del mayor D'Aubuisson y el alto mando militar aceptaran y apoyaran las transformaciones de 1992.

Y aunque muchos no lo logran ver todavía, ahora don Alfredo está haciendo lo mismo nuevamente: Está consiguiendo el apoyo de la empresa privada y de los fundadores de ARENA para que el partido se deshaga de su bagaje de corrupción, anticomunismo radical y defensa cerrada del estatus quo, para convertirlo en el motor de la reforma, del crecimiento económico, del progreso, y de la lucha por erradicar la pobreza.

Como en 1992, hay resistencias fuertes. Como en 1992, hay quienes abandonan ARENA porque no quieren las reformas (o sólo las quieren como eslogan populista). Como en 1992, otros se quedan pasivos porque no creen en la factibilidad de las transformación del partido y del país, o porque esperan quién se impone...

Como en 1992, la apertura y la cordura y la moderación se van a terminar imponiendo. No necesariamente por las convicciones democráticas y reformistas de la derecha. Simplemente porque, como en 1992, no hay alternativa.

De esto Freddy Cristiani está convenciendo, poco por poco, a los areneros tradicionales y los empresarios, metiéndolos en la corriente de la apertura del partido y de la reforma al país.

Así que, por más que los seguidores de Antonio Saca traten de robarse la fecha del 16 de enero, no al ex presidente Cristiani, sino a todos los que seguimos actuando bajo la lógica de los Acuerdos de Paz y de la construcción conjunta de la democracia, es imposible, porque va contra el sentido y la dirección de la historia.

La fecha del 16 de enero es incompatible con un proyecto que sustituye la reforma por la demagogia, la lucha contra la pobreza por el clientelismo populista, y la construcción de acuerdos nacionales por el transe de voluntades políticas.

¿Y el FMLN y el presidente? Aunque este día 16 de enero aparecen en fiestas separadas, en el fondo coinciden en celebrar la fecha del 16 de enero como el día que comenzó la derrota de ARENA que se consumaría finalmente en las elecciones presidenciales de 2009.

Para el Frente y Funes, la fecha histórica del arranque de la refundación democrática de la nación salvadoreña no es el 16 de enero del año 1992, cuando se firmó la paz, sino el 1 de junio, cuando asumió el primer gobierno de izquierda.

ARENA, por su lado, debería aprovechar la fecha del 16 de enero y los Acuerdos de Paz como nuevo ancla para ubicar su partido definitivamente en aguas de moderación, de reforma y de la construcción conjunta de la democracia, y para impedir que sea arrastrado por corrientes peligrosas, ni del populismo de una supuesta 'derecha popular' ni tampoco de un conservadurismo inmóvil.

Así que este 16 de enero no habrá capacidad de unirnos en una fiesta nacional que exprese unidad en torno a los principios y rumbos conjuntamente definidos en los Acuerdos de Paz.

(El Diario de Hoy)

Carta a los firmantes de la paz

Estimados amigos:

No sé cómo ustedes celebrarán este cumpleaños de sus hijas, la paz y la democracia. Me imagino que con los mismos sentimientos que todos tenemos cuando nuestras hijas se vuelvan adultas: orgullo y temor...

Porque ustedes no sólo firmaron la paz. La hicieron. La negociaron. La chinearon. La defendieron contra los escépticos en ambos lados y contra ataques e intentos de secuestros.

Como buenos padres, ustedes creyeron en sus hijas -la paz y la democracia-, cuando para muchos parecían condenados a muerte natal. Nos hicieron creer en ellas y defenderlas.

Hoy la paz y la democracia cumplen 18 años. Teóricamente son adultas. Pero siguen necesitando de sus padres. Necesitan, para desarrollarse y poder defenderse solas, de la sabiduría de David Escobar Galindo y Freddy Cristiani, del espírito crítico de Joaquín Villaobos y Salvador Samayoa, de la calidad humana de Ana Guadalupe Martínez y Fermán Cienfuegos, de la influencia que Salvador Sánchez Cerén ejerce en el Frente...

Estar juntos no hace buenos padres. La responsabilidad lo hace. Si no pueden actuar y celebrar juntos, no importa. Pero deben seguir asumiendo responsabilidad para defender y guiar a sus hijas, cada uno por su lado, con lo que mejor puede aportar. Y no se preocupen, todos somos compadres, listos para asistir. Listos también, como buenos compadres, para decirles cuando la están regando con sus hijas...

¡Felicidades!

Paolo Lüers

(Mas!)

Brutal e insuficiente

(editorial publicado el 12 de enero 2010)
Con la devaluación del bolívar decretada el viernes, Hugo Chávez ha logrado un récord mundial. Venezuela es ya el único país del mundo en el que operarán tres tipos de cambio: el que se aplica a alimentos y otros productos de primera necesidad (2,6 bolívares por dólar); el general (4,3) y el del mercado negro (6,20).

La devaluación era inevitable, por la continua erosión de la posición internacional de la economía venezolana. Y es aparentemente brutal, por cuanto supone una pérdida de valor de su moneda del 50%. Su magnitud tiene que ver con la tozudez de mantener durante años un tipo de cambio artificial de 2,15 bolívares por dólar, para evitar el coste del ajuste. Aunque, ironía de la realidad, la divisa ha perdido durante el mandato chavista, desde 1999, el 87% de su valor.

Pero al mismo tiempo es insuficiente porque el bolívar se seguirá negociando en el mercado negro, con las mismas ineficiencias y corrupciones en los mercados de cambio y en general en las compraventas de productos importados. Es también insuficiente (y, por tanto, efímera) porque no va acompañada de otras medidas, presupuestarias, fiscales y salariales, que son las que afianzan en el largo plazo los beneficios de una devaluación. La medida no se justifica como compensación de los menores ingresos derivados del descenso del precio mundial del petróleo, de 126 dólares en su pico máximo de julio de 2008 al entorno actual de los ochenta, pues el caudillo populista se encontró al inicio de sus mandatos con un precio del crudo entre 10 y 11 dólares el barril.

La incompetencia de su política económica se resume así en dos datos: el producto estrella de su exportación se ha multiplicado por ocho, y el valor de su moneda se ha dividido por nueve.

A corto plazo, la devaluación duplicará los ingresos públicos derivados de la exportación petrolera, lo que servirá para financiar los gastos sociales del presidente en un año electoral. Pero también alimentará la ya insólita inflación del 25% en perjuicio del consumo popular.

Combinada con la obligación legal de solicitar permiso para repatriar dividendos, perjudica desde ya a grandes empresas internacionales instaladas en el país, especialmente las españolas. La inepcia política y la inseguridad jurídica se dan así la mano en desfavor de casi todos, incluidos los ciudadanos, que verán reducido el valor de los salarios a la mitad
.

Columna transversal: La regañada de un gurú

Al fin vino un gurú para decirles la verdad a los dirigentes de la derecha partidaria y económica: O cambian la distribución de las riquezas en el país, o ponen en peligro la democracia. O se convierten en motor de las reformas necesarias al sistema social, institucional y político del país, o vendrán otros para imponer un sistema diferente.

No es que nadie haya dicho esto antes. Pero nadie escuchó. Por lo menos no mientras la derecha estaba en el poder. Todo siguió igual en los centros de mando de ARENA, de ANEP, de la Cámara de Comercio, hasta después del descalabro electoral de marzo de 2009.

Hoy cuando vino a El Salvador el politólogo Francis Fukuyama, de la Universidad John Hopkins de Washington, autor del famoso y polémico libro "¿El fin de la historia?", estaban dadas la condiciones para que el mensaje llegue y sea entendido y atendido.

El mensaje que el doctor Francis Fukuyama expuso en El Salvador no es nuevo. Lo nuevo es que proviene de la boca de alguien que se ha hecho famoso como teórico del neoconservadurismo, en lo político, y del neoliberalismo, en lo económico.

Fukuyama dijo a la élite académica, económica y política de El Salvador, que el principal peligro para la democracia en América Latina proviene del hecho que los beneficios del crecimiento económico --tan exitosamente provocados por las políticas de apertura económica en toda América Latina-- y de la institucionalización de la democracia, no han llegado equitativamente a las mayorías empobrecidas.

Esto no significa, como quieren decirnos los abogados de nuevos experimentos socialistas, como Hugo Chávez, Rafael Correa y el FMLN, que haya fracasado la estrategia del crecimiento. Pero sí ha fracasado la teoría del derrame, que decía que al lograr suficiente crecimiento, automáticamente los beneficios iban a derramarse sobre toda la sociedad y resolver el problema de la pobreza. La economía puede producir el derrame. Pero se requiere de voluntades y acciones políticas --del empresariado y del Estado-- para que produzcan más equidad.

Fukuyama vino a decirnos que para reducir la inequidad y la pobreza y así fortalecer e inmunizar la democracia se necesita un Estado y un empresariado que asuman en serio la responsabilidad social. Esto incluye un pacto fiscal que garantice que tanto los impuestos como los gastos del Estado son dirigidos a reducir la brecha social.

Posiblemente algunos de los dirigentes empresariales que se encontraban en el auditorio, donde Francis Fukuyama expuso sus opiniones a invitación de Fusades y Fundemas, no se habían percatado que el famoso politólogo últimamente se había desmarcado de los neoconservadores como Cheney, Wolfowitz, Rumsfeld y Bush. Vi varias caras bien alegres mientras Fukuyama fustigaba como obsoletos los regímenes autoritarios de China, Venezuela y Cuba. Pero vi las mismas caras un poco asustadas, cuando el invitado les dijo que regímenes como el de Hugo Chávez o Evo Morales existen porque los empresarios de América Latina no han tenido la voluntad de corregir la pésima distribución de la riqueza en sus países.

Tengo la sospecha que no es casualidad que Francis Fukuyama entró al auditorio flanqueado por Alfredo Cristiani, Roberto Murray Meza y Antonio Cabrales. Lo más seguro es que ellos trajeron a Fukuyama para que entregara a la élite económica y política del país precisamente este mensaje: O cambian de visión, o ponen en peligro la democracia alcanzada con los Acuerdos de Paz y su implementación exitosa. O asumen políticas tendientes a corregir las inequidades existentes y reducir la pobreza, o serán desplazados por movimientos populistas al estilo chavista.

Trajeron a Fukuyama en el momento adecuado. Si lo hubieran traído antes de las elecciones de 2009, su mensaje hubiera caído en saco roto, como todos los llamados de atención y advertencia que muchos hicimos y que una dirigencia arenera sorda desatendió sistemáticamente. Hoy el mismo mensaje, reforzado por la figura y la calidad académica de Fukuyama, encuentra oídos abiertos tanto en ARENA como en ANEP, porque --al fin-- ambos ya iniciaron su difícil tránsito hacía la renovación de sus liderazgos y sus visiones.

(El Diario de Hoy)

Silenciar a un blogger

Hace años leí un estudio de la Organización Internacional del Trabajo en el que se consideraba la profesión de periodista como la segunda más riesgosa a nivel mundial, sólo superada por la de aquellos que realizan pruebas de vuelos con nuevos modelos de aviones. No sé si en la investigación estaban incluidos los cazadores de cocodrilos o los guardaespaldas, pero todo el estudio se había hecho en los años noventa, cuando todavía no había bloggers.

Ser periodista no tiene en Cuba los riesgos que corren los profesionales de la prensa en otros países. Aquí no les disparan a los redactores de noticias, ni los secuestran, sino más bien les envenenan la profesión. ¿Para qué eliminar físicamente a un individuo que escribe verdades incómodas si pueden anularlo con el plumón rojo del censor? ¿Para qué matarlo si tienen todos los recursos para domesticarlo? La muerte profesional no incide en las estadísticas, si acaso en la frustración de quienes –como yo- un día proyectaron su destino unido a la información. El que elije dedicarse a la noticia en esta Isla sabe que todos los medios están en manos del poder, llámesele a éste lo mismo Estado, partido único o Máximo Líder. Sabe que tendrá que decir lo que sea conveniente y necesario, y que no será suficiente que aplauda si no lo hace con devoción, con mucho entusiasmo. En estos casos el riesgo es enorme para la conciencia.

Desde hace más de veinte años hay en nuestra isla un nuevo tipo de reportero. El adjetivo “independiente” los diferencia de los oficiales. Ellos enfrentan otros riesgos, disfrutan de otras oportunidades. Como es de suponer, muchos no cursaron estudios universitarios, pero aprendieron a contar lo que escondía la prensa partidista, se hicieron especialistas en la denuncia, se cultivaron en el lado oculto de la historia. En la primavera del año 2003 todo lo que parecía peligro y riesgo se convirtió en castigo. Muchos de ellos fueron a la cárcel a cumplir penas de diez, quince, veinte años. La mayoría está todavía tras las rejas.

Los bloggers llegamos después, entre otras razones porque la tecnología ha tenido una lenta aparición entre nosotros. Me atrevería a decir que las autoridades no se imaginaban que los ciudadanos apelarían a un recurso planetario para expresarse. El gobierno controla las cámaras de los estudios de televisión, los micrófonos de las estaciones de radio, las páginas de revistas y periódicos que se localizan en el territorio insular, pero allá arriba, lejos de su alcance, una red satelital -satanizada pero imprescindible- ofrece a quien se lo proponga la posibilidad de “colocar” sus opiniones de forma prácticamente ilimitada.

Les llevó tiempo comprenderlo, pero se están dando cuenta. Ya saben que para silenciar a un blogger no pueden usar los mismos métodos que lograron acallar a tantos periodistas. A estos impertinentes de la web nadie puede despedirlos de la redacción de un diario, ni prometerles una semana en Varadero o un auto Lada como compensación, mucho menos podrían captarlos con un viaje a Europa del Este. A un blogger, para anularlo, hay que eliminarlo o intimidarlo y esa ecuación ha comenzado a entenderla el estado, el partido… el General.

(Blog Generación Y, Cuba)

El hijo del presidente Funes amenaza con 'dar verga' a un periodista

"¿Vos creés que no te puedo dar verga? ¡Me vale verga que me estés grabando, te puedo dar verga!" La amenaza salió de la boca de Carlos Funes, el hijo mayor del presidente de El Salvador, Mauricio Funes. Y fue dirigida a un periodista llamado Sergio Arauz como respuesta a una investigación periodística publicada en el periódico digital El Faro.

La reacción del hijo del presidente ha salido a la luz este lunes, pero tuvo lugar el pasado 4 de enero, cuando le telefoneó para explicitar su malestar por una nota de la que el periodista era coautor. Fueron al menos 10 minutos de plática.

"Empezó como un reclamo más, pero hubo un momento en el que comenzó a subir el tono, y terminó diciéndome eso", dijo Arauz a ELMUNDO.es/America. "Lo que le molestó fue una parte en la que aparece citado, y él interpretó como que daba a entender que estaba haciendo algo ilícito", agregó.

En concreto, la parte de la nota que generó el enojo fue el párrafo en el que se consigna que el hijo del presidente trabajó en el área de comunicaciones durante la campaña electoral de su padre, y que, una vez asumida la Presidencia de la República, Mauricio Funes no tuvo inconveniente contratarlo como asesor en el Gobierno.

Intento de agresión

Tres días después, el jueves 7 de enero, un empleado de la seguridad personal del hijo del presidente se encontró con el periodista en un bar, lo agarró por la barbilla, lo provocó y lo amenazó. Las personas presentes evitaron que la agresión pasara a mayores.

"Creo que es importante señalar que el presidente, a través de su secretario privado, Francisco Cáceres, me pidió disculpas, nos aclaró que la agresión no tiene nada que ver con su política de Gobierno, y me aseguró que no iba a volver a ocurrir", dijo Arauz con la idea de zanjar el tema.

Mauricio Funes llegó al Gobierno de la República el pasado 1 de junio bajo la bandera de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Ganó en las urnas con la promesa del "cambio" en las formas y en el fondo sobre las políticas realizadas en los 20 años consecutivos que la derecha estuvo en el poder.

Funes era periodista hasta que fue oficializado como candidato. Fue corresponsal de CNN en El Salvador, pero su popularidad creció gracias a su faceta de entrevistador en un programa televisivo que se emitía todas las mañanas.

La investigación

Más allá de la reacción de su hijo, la investigación publicada por El Faro supone el primer escándalo de la era Mauricio Funes sobre el manejo de fondos públicos. En distintas entregas, el medio ha confirmado que el Gobierno contrató sin licitación pública a una sola empresa para que le produzca toda la publicidad institucional de 2010.

Esa empresa se llama Polistepeque Comunicación y Marketing y es la filial en El Salvador de Polis Propaganda & Marketing, con sede en Brasil y cuyo propietario es Joao Santana. Santana está considerado un especialista en comunicaciones, y en su currículum destaca el haber limpiado la imagen del Partido de los Trabajadores del presidente brasileño Inazio Lula da Silva.

Funes y Lula son amigos personales. La relación se cimentó sobre el hecho de que la actual esposa de Funes y Primera Dama de la República, Vanda Pignato, es la representante para Centroamérica del Partido de los Trabajadores.

Joao Santana fue el asesor de Funes durante la campaña electoral, al punto de que le agradeció su apoyo en el discurso de la noche de la victoria electoral. Santana empleó al hijo de Carlos Funes antes de que este pasara a trabajar para el Gobierno.

El argumento que dio el Gobierno para otorgar sin licitación a la empresa de Santana la millonaria cuenta que supone la publicidad gubernamental fue este: en el país no hay otra empresa tan especializada, que tiene "creativos de prestigio y reconocimiento internacional y premiados al más alto nivel regional o mundial".

(El Mundo, España)

La pérdida de la virginidad

El gobierno Funes está enfrascado en armar un monopolio que concentra la publicidad gubernamental de una manera nunca vista.

Hay un equipo en Casa Presidencial que está presionando a las dependencias de comunicación de todos los ministerios y autónomas a que encarguen todos los trabajos de producción audiovisual y gráfica, así como las campañas publicitarios y la pautación en los medios a una sólo empresa. Se llama Polistepeque, SA. de CV. y está registrada a nombre de los asesores brasileños que condujeron la campaña electoral de Mauricio Funes.

Un asesor argentino, que vino al país como parte del equipo de los brasileños, tiene oficina y salario en casa Presidencial, pero también es parte de Polistepeque SA de CV. Igual Carlos Funes Velasco, hijo del presidente.

Polistepeque está en el proceso de gestión de su licencia como agencia de publicidad. Sólo con esta licencia, que otorga la Asociación de Medios Publicitarios, una agencia puede pautar con los medios cobrando comisiones sobre los montos pautados.

Todos los involucrados -los medios publicitarios, la industria publicitaria, los funcionarios públicos que manejan fondos públicos para campañas de publicidad, las instituciones que velan por la transparencia de la administración pública- tienen que enfrentar la situación de que aquí está naciendo una agencia que nace con el cliente más grande del país, el ejecutivo.

Existe el peligro que ahí, desde el mero centro del poder, está surgiendo un monopolio para la publicidad gubernamental.

La manera cómo hay que enfrentar este peligro no puede ser negándole a Polistepeque la licencia, a la cual tiene derecho en el momento en que cumpla todos los requisitos establecidos. Un peligro de este tipo se enfrenta políticamente, obligando al gobierno transparentar su política de comunicación y de contrataciones.

Muchos publicistas se están quejando que varios ministerios han congelado las producciones y pautaciones con las productoras y agencias, hasta que se venzan los contratos. Otros ya están contratando a Polistepeque SA de CV.

Entre los productores y publicistas es un dicho común que el grupo de Saca, que manejaba montos inéditos de publicidad gubernamental, ya se comportó como unos tiburones insaciables, pero dejaron que el pastel se repartiera entre varios y que incluso los pequeños comieran algo.

No había justicia, pero había tanto que alcanzaba para todos... En cambio, este gobierno de apellido Cambio quiere comer todo el pastel y dejar a todos los demás afuera.

Parece que no sólo se trata de querer controlar el mercado. Se trata de control, de poder, de estrategia política.

Que bueno que por un pleito interno -la sustitución y la posterior reacción encachimbada del presidente de ANDA- salió a la luz pública la manera como Casa Presidencial está obligando a los ministerios y autónomas (como CEL y ANDA) a desechar el método de las licitaciones públicas y manejar todas sus campañas vía contratación directa.

Esto ya es grave en sí. Pero es aun peor: Casa Presidencial ordena la contratación directa, pero de una sólo empresa - y esta empresa está vinculada a intereses económicos de asesores y familiares del residente.

El famoso acuerdo oficial ("Resolución Conjunta de Contratación Directa para la Adquisición de Servicios - Código RCD/001/2009"; disponible en la Web bajo http://siguientepagina.blogspot.com/2010/01/polistepeque.html), salió a la luz pública porque el ex-presidente de ANDA, luego de su destitución, declaró que él se negó a firmar este documento - y lo hizo público.

Desde que asumió la presidencia de ANDA, me convencí que urgía su sustitución, por la manera poco profesional y muy ideológica de conducir esta entidad. Pero algo hizo bien don Francisco Gómez: Destapar la operación Polistepeque.

Para mi, Polistepeque es un Watergate para Mauricio Funes. El gobierno 'del cambio', al redactar este documento que concentra toda la publicidad gubernamental en manos de una empresa además vinculada al presidente, no sólo cometió una estupidez (de poner en papel membretado el delito), sino perdió su virginidad.

(El Diario de Hoy)

No todo lo que termina en ía es Ciencia

El origen del conocimiento científico se inicia en Egipto y Mesopotámica y consistió en el estudio empírico de la naturaleza, o sea sobre lo que nos rodea. Sin embargo, fueron los Griegos en el siglo VI a través de Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Eratostenes y muchos otros, que las características fundamentales de los fenómenos naturales fueron específicamente estudiadas. Posteriormente, en los siglos 16th  y 17th, en lo que se considera la época moderna de la civilización humana, se da lo que se conoce como la revolución científica y el desarrollo del método científico que consiste en una serie de técnicas para desarrollar el conocimiento o integrar el conocimiento ya desarrollado, síntesis.

 

Es de todos conocido como la ciencia en el siglo 17th se dividió en las diferentes ramas del conocimiento, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dejare fuera del comentario lo que se conoció anteriormente como filosofía natural (metafísica, lógica, epistemología, ética y estética), por motivos de espacio descriptivo, no obstante, se tiene que establecer que las ciencias naturales estrictamente se dedican al estudio de la naturaleza, incluyendo el ser humano como especia animal, la otra rama, las ciencias sociales se dedican al estudio del comportamiento humano, dos áreas completamente diferentes sin embargo enfocadas en el desarrollo del conocimiento, porque esencialmente ciencia proviene del latín “scientia” y eso es lo que significa.

 

Vamos al punto. Sinceramente encuentro una desconexión en sus argumentos. Cuando usted argumenta....En Copenhague y antes de Copenhague, no han fracasado ni la ciencia del clima ni la ecología. Han fracasado los políticos del catastrofismo climático disfrazados de científicos, apoyados por científicos fraudulentos.  Realmente, me perdona pero no encuentro lógica. Los científicos presentan sus investigaciones a los respectivos representantes políticos, jefes de Estado, para que ellos en nuestro nombre tomen las decisiones necesarias para proteger el medio ambiente. Ahora, estoy de acuerdo que hay jefes de Estado que no debieron estar presentes ni mucho menos ser jefes de Estado por autocráticos o dictatoriales, pero eso es un proceso político que concierne sus respectivas naciones y su gente, como lo es el proceso político en las negociaciones como mediar con el problema ambiental; que nada tiene que ver con la credibilidad de los científicos que estudian el cambio climático.

 

Yo creo que es sano por el bienestar de todos separar en nuestras percepciones lo científico de lo político, ciencia y religión, ética y la manipulación. Cuando el Santo Papa Benedicto XVI nos dice  que el respeto de la naturaleza está "estrechamente relacionado" con el respeto a la persona humana, pues "el libro de la naturaleza es único" y que "una correcta concepción de la relación del hombre con el medio ambiente no lleva a absolutizar la naturaleza ni a considerarla más importante que la persona misma, estoy completamente de acuerdo.

 

El ser humano tiene que vivir en armonía con la naturaleza, el ser humano es la naturaleza misma. El ser humano tiene dos realidades, la física y la espiritual, las cuales son inseparables, sin embargo existe una realidad absoluta que nos indica que si continuamos nuestros patrones de consumo necesitaríamos 3 planetas para saciar nuestro apetito voraz por los recursos naturales: agua, tierra, aire, etc.

 

No se trata que si China o India y los países emergentes tienen el derecho o no al desarrollo económico para mejorar los condiciones de vida de sus habitantes, sino que ese proceso se haga dé manera que las futuras generaciones puedan contar con sus propias fuentes de recursos naturales y alcanzar un desarrollo todavía mas alto que él nuestro a través de la ciencia y la tecnología, eso estimado doctor se llama desarrollo sostenible.

 

Ahora bien, cuando usted expresa....que gente tan diversa como el Papa Benedicto XVI, un montón de científicos no creyentes y sagaces periodistas como los del Wall Street Journal en USA, los de libertad digital en España, o el prestigioso intelectual francés Guy Sorman, supieron ver lo que se preparaba en la Cumbre de Copenhague contra la verdadera ciencia, la libertad humana y la autonomía de las naciones. 

 

Curiosamente este día aparece un articulo donde el Papa Benedicto XVI denuncia el fallo de los lideres mundiales por su inhabilidad en encontrar un consenso y firmar un tratado que limite las causas del cambio climático, agregando que la paz mundial depende en salvaguardar la creación de Dios. El link es este (Pope Denounces World Leaders' Failure To Forge Climate Treaty: http://buzz.yahoo.com/article/1:95ec266b244de718b80c652a08af06fa:1f3756e82da7635297dab59256a5e4a5/Pope-Denounces-World-Leaders-Failure-To-Forge-Climate-Treaty)

 

Más parece que nos empecinamos en establecer dudas creando la percepción de que existe una conspiración en contra del mercado, la libertad y la libertad de expresión. ¿Quiénes son los científicos no creyentes que usted expresa doctor? En verdad la ética tiene que influir en la ciencia, sin embargo, esta ni el conocimiento que produce se minimiza por nuestra habilidad o susceptibilidad en creer en algo espiritual o no. Pero si pensamos que el mundo se terminara al final del año y muy pronto se producirá un rapto de los buenos y los incrédulos sufriremos las consecuencias, esta conversación no tiene sentido... sigamos contaminando. No obstante esa es una valoración religiosa no científica.

 

Bendito el Wall Street Journal, sin el no estaríamos informados del que hacer económico, pero este no es un periódico de ciencia, es de asuntos económicos. Guy Sorman, es un economista y desde ese contexto él puede opinar sobre los costos y los impactos que un tratado sobre el cambio climático puede tener sobre la economía mundial, pero de ahí a la ciencia del cambio climático hay mucha distancia.

 

Cuando el Papa Benedicto nos habla que hemos roto la armonía entre el hombre y la naturaleza lejos de ver una conspiración yo infiero que hemos abandonado toda nuestra sensibilidad con nuestros semejantes y lo que nos rodea. Porque si nos consideramos buenos cristianos entonces seriamos solidarios con todos los que sufren, especialmente con los más vulnerables, los que beben agua contaminada, los que por escasos recursos viven en zonas de riesgo, los refugiados de Verapaz, los que subsisten con un dólar, etc, etc., la dominación no tienen limites.

 

Desde el contexto espiritual, el hombre hereda la tierra y todo lo que conlleva, el agua, los animales, etc. Creced y multiplicaos y hacer uso de todo lo disponible. Cómo pretendemos separar la degradación ecológica, la contaminación del aire, del agua, la deforestación, el cambio climático etc., etc. ¿Hasta cuando vamos aceptar nuestras responsabilidades? ¿Acaso hay otros seres parte de nosotros influenciando el medio ambiente?  Somos los únicos organismos capaces de cambiar y dominar la naturaleza y eso conlleva cierto grado de responsabilidad, honestidad primordialmente.

 

Científicamente sabemos que la tierra a pasado por periodos de congelamiento y calentamiento.

También se sabe que la tierra estuvo completamente cubierta por agua, empero estos fueron procesos naturales cuya realización tardo miles talvez millones de años para que sucedieran y desaparecieron. No somos ni hemos sido los únicos seres que hemos habitado el planeta tierra, hay evidencias de muchos otras especies que desaparecieron por no adaptarse a las condiciones climáticas. Pero lo que esta ocurriendo actualmente esta pasando tan aceleradamente que las mismas especies se ven imposibilitadas en adaptarse a los cambios por la rapidez con que estos ocurren.

 

Ciertamente la conspiración de un gobierno mundial no podrá ser menos fantasía...al menos, por ahora se ha frustrado un golpe que en sus metas más ambiciosas llevaba a la formación de un Gobierno Mundial, presentado como salvador y en realidad esclavizante de nuestras vidas. Gracias a la burbuja terminada de estallar en Copenhague, allí perdieron los políticos y científicos que falsearon datos y resultados; perdieron la inmensa burocracia y los medios "informativos" que los apoyaron; perdieron esos anticapitalistas europeos que, tras el rotundo fracaso del comunismo, aparecieron disfrazados de verdes ecologistas. 

 

Debe entenderse, que los problemas asociados con el cambio climático son globales. Las emisiones de carbono en China, India, Canadá, EU, Francia, Inglaterra no tienen frontera nos afectan a todos los ciudadanos del planeta tierra, contaminantes o no. No tienen identidad propia y la única forma de resolver el problema es regulando la cantidad de emisiones de los países que emiten. De esta manera serán los mismos ecosistemas, los árboles, el mar, los encargados de regular naturalmente los excesos de carbono.

 

Es curioso que se asocie el tratado de Kyoto o Estocolmo con el espantapájaros del gobierno mundial. Pero se guarda absolutamente silencio con las organizaciones supra- nacionales como la OMC, etc., que es más influyente en la vida del individuo. Que Ricardo Navarro sé auto proclame creyente en lo que se conoce como “deep ecology” y pertenezca al FMLN en ninguna manera descalifica la ciencia del cambio climático, ni los científicos que estudian el fenómeno, ni la ciencia misma. Hablando de libertades....expresarse  es su derecho.

 

Que Hugo Chávez, Fidel Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, Correa y otros dictadores se proclamen medio ambientalistas o ecologistas de ninguna manera descalifica ni resuelve el problema del cambio climático. Soy escéptico tanto con los que lo niegan el cambio climático como de aquellos que sé arropan en este. No hay diferencia de carácter entre aquellos que dominan la naturaleza y de aquellos que dominan al ser humano.

 

Aceptar que hay cambios que están ocurriendo aceleradamente requiere coraje, como también requiere tener una mente abierta al entendimiento y en la habilidad del ser humano a cambiar.

Por miles de años el hombre uso el bronce para fabricar utensilios que fueron usados en agricultura y armas de guerra, a medida que evolucionamos, encontramos otros elementos más eficientes que el bronce, sin embargo todavía usamos el bronce en nuestras vidas cotidianas.

 

Similarmente, tengo la certeza que se encontraran energías limpias, se crearan los consensos políticos y que se sustituirán el petróleo y carbón natural como fuentes de energía contaminante.


Como también tengo la certeza que después de miles de años en el futuro todavía usaremos el petróleo y el carbón en nuestras vidas diarias.

Atentamente,

 

 

Eric López

Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales, Colegio Séneca

Licenciatura en Estudios Ambientales, Universidad de York

Maestria en Planeamiento Urbano y Regional, Universidad de York   

Carta a nuestros compatriotas en Los Ángeles

Queridos guanacos de Los Ángeles:

¡Al fin tendrán un cónsul en LA que no ande con pajas de promoción de relaciones comerciales y protección a los inmigrantes, como normalmente hacen los cónsules. Al fin tendrán un cónsul que va a trabajar para lo estratégico: el fortalecimiento del partido en la segunda ciudad salvadoreña más importante, donde vive más de un millón de guanacos.

Después de un montón de cónsules que han trabajado para ARENA, el gobierno sería tonto de no poner un comisario político del FMLN. El ex-diputado del PC -disculpe, del FMLN- Walter Durán parece el hombre ideal para esto. En vez de perder tiempo con andar en la montaña, como buen cuadro comunista se preparó para su futuro como funcionario, burócrata y conspirador.

Tampoco perdió el tiempo valioso de su juventud organizando comités de solidaridad, como tantos dirigentes de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos que ahora estaban listos para asumir los consulados del gobierno ‘del cambio.’

No, Walter Durán llega a Los Ángeles como los famosos ‘oficiales’ graduados en el bloque Socialista, que al final de la guerra llegaron a El Salvador para asumir el mando de las tropas guerrilleras. Walter Durán llega a California para administrar la victoria...

Así que no se preocupe la mitad de la población salvadoreña en Los Ángeles que no simpatiza con el FMLN. Con Durán van a estar igual de fregados que la otra mitad que sí está vinculada al Frente. Ambos grupos no tendrán quien los represente en el consulado. Walter Durán no viene a representar a unos ni a otros, sino para representar al Partido Comunista que no tuvo quien lo representaba en California.

Lástima que no podrá estar cuando reciban al cónsul,

Paolo Lüers

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Learning from Europe

As health care reform nears the finish line, there is much wailing and rending of garments among conservatives. And I’m not just talking about the tea partiers. Even calmer conservatives have been issuing dire warnings that Obamacare will turn America into a European-style social democracy. And everyone knows that Europe has lost all its economic dynamism.

Strange to say, however, what everyone knows isn’t true. Europe has its economic troubles; who doesn’t? But the story you hear all the time — of a stagnant economy in which high taxes and generous social benefits have undermined incentives, stalling growth and innovation — bears little resemblance to the surprisingly positive facts. The real lesson from Europe is actually the opposite of what conservatives claim: Europe is an economic success, and that success shows that social democracy works.

Actually, Europe’s economic success should be obvious even without statistics. For those Americans who have visited Paris: did it look poor and backward? What about Frankfurt or London? You should always bear in mind that when the question is which to believe — official economic statistics or your own lying eyes — the eyes have it.

In any case, the statistics confirm what the eyes see.

It’s true that the U.S. economy has grown faster than that of Europe for the past generation. Since 1980 — when our politics took a sharp turn to the right, while Europe’s didn’t — America’s real G.D.P. has grown, on average, 3 percent per year. Meanwhile, the E.U. 15 — the bloc of 15 countries that were members of the European Union before it was enlarged to include a number of former Communist nations — has grown only 2.2 percent a year. America rules!

Or maybe not. All this really says is that we’ve had faster population growth. Since 1980, per capita real G.D.P. — which is what matters for living standards — has risen at about the same rate in America and in the E.U. 15: 1.95 percent a year here; 1.83 percent there.

What about technology? In the late 1990s you could argue that the revolution in information technology was passing Europe by. But Europe has since caught up in many ways. Broadband, in particular, is just about as widespread in Europe as it is in the United States, and it’s much faster and cheaper.

And what about jobs? Here America arguably does better: European unemployment rates are usually substantially higher than the rate here, and the employed fraction of the population lower. But if your vision is of millions of prime-working-age adults sitting idle, living on the dole, think again. In 2008, 80 percent of adults aged 25 to 54 in the E.U. 15 were employed (and 83 percent in France). That’s about the same as in the United States. Europeans are less likely than we are to work when young or old, but is that entirely a bad thing?

And Europeans are quite productive, too: they work fewer hours, but output per hour in France and Germany is close to U.S. levels.

The point isn’t that Europe is utopia. Like the United States, it’s having trouble grappling with the current financial crisis. Like the United States, Europe’s big nations face serious long-run fiscal issues — and like some individual U.S. states, some European countries are teetering on the edge of fiscal crisis. (Sacramento is now the Athens of America — in a bad way.) But taking the longer view, the European economy works; it grows; it’s as dynamic, all in all, as our own.

So why do we get such a different picture from many pundits? Because according to the prevailing economic dogma in this country — and I’m talking here about many Democrats as well as essentially all Republicans — European-style social democracy should be an utter disaster. And people tend to see what they want to see.

After all, while reports of Europe’s economic demise are greatly exaggerated, reports of its high taxes and generous benefits aren’t. Taxes in major European nations range from 36 to 44 percent of G.D.P., compared with 28 in the United States. Universal health care is, well, universal. Social expenditure is vastly higher than it is here.

So if there were anything to the economic assumptions that dominate U.S. public discussion — above all, the belief that even modestly higher taxes on the rich and benefits for the less well off would drastically undermine incentives to work, invest and innovate — Europe would be the stagnant, decaying economy of legend. But it isn’t.

Europe is often held up as a cautionary tale, a demonstration that if you try to make the economy less brutal, to take better care of your fellow citizens when they’re down on their luck, you end up killing economic progress. But what European experience actually demonstrates is the opposite: social justice and progress can go hand in hand.

(The New York Times)

La candidatura de Alemán

El doctor Arnoldo Alemán prácticamente ya se ha posicionado como candidato presidencial para las próximas elecciones nacionales, las que de acuerdo con la Constitución se deben realizar el primer domingo de noviembre de 2011.

Alemán no cede a nadie el liderazgo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que es la principal fuerza de oposición formal porque cuenta con la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional y tiene además numerosos representantes en los diferentes escalones de otros poderes e instituciones del Estado. Además, de manera visible Alemán está haciendo una cuantiosa inversión económica y manejando una habilidosa estrategia propagandística, para proyectarse como el adalid de la unidad liberal y demás fuerzas opositoras. Y al menos aparentemente, ha colocado en una posición subordinada a Eduardo Montealegre, cuyo movimiento político liberal surgió precisamente como una alternativa democrática y ética al liberalismo arnoldista desacreditado por el pactismo y la corrupción.

En estricto sentido democrático y de derecho, el doctor Alemán no tiene ningún impedimento para volver a ser candidato a la Presidencia de Nicaragua. La Constitución establece en su artículo 147 que quien ya fue Presidente de la República puede volver a serlo una segunda vez —pero ninguna otra más—, siempre y cuando no sea en períodos sucesivos. Por otro lado, Alemán tampoco tiene impedimento judicial pues la sentencia a veinte años de prisión que le fue impuesta por delitos de corrupción, se la revocó la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia dictada en enero del año pasado, a cambio de que el PLC le concediera al FSLN el control del Poder Legislativo ordinario de la Asamblea Nacional.

Quien definitivamente, conforme a derecho, no puede volver a presentarse como candidato presidencial es Daniel Ortega, porque está ejerciendo actualmente la Presidencia por segunda ocasión —la primera fue en el período de enero de 1985 a abril de 1990—, además de que, como ya mencionamos anteriormente, por mandato constitucional nadie puede aspirar a la Presidencia de la República en dos períodos consecutivos. Ortega no puede volver a ser candidato presidencial ni siquiera amparado en la falsa resolución judicial que dictaron seis magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia, el 19 de octubre del año pasado, la cual es una aberración jurídica que carece absolutamente de validez, pues sólo mediante una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional es que se puede modificar la disposición sobre la reelección contenida en el artículo 147 de la Constitución.

En realidad, la inhibición de Arnoldo Alemán para volver a ser candidato presidencial y presidente de Nicaragua es de carácter moral. Pero también de sentido político común, puesto que es un hecho comprobado que la mayor parte de los ciudadanos nicaragüenses opositores, inclusive en el sector liberal, lo descalifican y rechazan su pretendida candidatura presidencial. Es más, al único contrincante al que podría vencer Daniel Ortega —o cualquier otro candidato del FSLN— en una elección libre y limpia, sería precisamente a Arnoldo Alemán, según lo demuestra la última encuesta de M&R Consultores.

Lo cierto es que si el doctor Arnoldo Alemán le tuviera cariño al pueblo nicaragüense, como suele decirlo y repetirlo en sus discursos y declaraciones; si le preocupara la suerte de Nicaragua y quisiera que se recuperara la democracia que él mismo entregó en bandeja de pacto a Daniel Ortega y el FSLN, lo que debería de hacer es dejarle el campo libre a otros dirigentes del PLC y del liberalismo en general, o de cualquier otra corriente política democrática, para que aspiren a dirigir los destinos de la nación y recuperar la democracia.

Pero es obvio que Alemán no dejará a un lado sus ambiciones personales, sólo por amor a la Patria, la democracia y la libertad. Alemán está empeñado en volver a ser candidato presidencial y nadie se lo puede impedir. En este caso, tal vez la elección primaria pudiera ser la única fórmula para que el mismo pueblo opositor decida democráticamente quién debe ser su candidato presidencial. Siempre y cuando, por supuesto, se garantice hasta donde sea posible que los ciudadanos podrán expresarse libremente en las primarias y que su voluntad será respetada.

Lograr algo tan difícil como eso en las degradadas condiciones políticas de Nicaragua tan degradadas éticamente, es el reto que las fuerzas democráticas del país, políticas y de la sociedad civil, tienen que resolver para que Nicaragua pueda volver a ser República, como lo quería Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y lo necesita de manera apremiante el pueblo nicaragüense.

(La Prensa/Nicaragua)

Mi padre en el museo de los Ortega Murillo

En una de las siete paredes en círculos del nuevo “Museo de las Victorias”, frente al Estadio Nacional, me encuentro con la fotografía emblemática de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, caminando sobre los escombros de Managua. Dan ganas de llorar verlo allí sin poder defenderse, ni opinar en ese lugar símbolo de lo que con su vida combatió.

Paradójicamente está allí por ser periodista asesinado en su indoblegable lucha contra la corrupción e incesante búsqueda de la democracia con justicia social, una profesión ahora perseguida por los Ortega Murillo, dueños de la historia en ese espacio espejo de sus ambiciones. Sin duda, a mi padre lo pusieron en ese lugar porque está muerto y no puede decir que lo mataron no sólo por ser periodista, sino porque encarnaba todo lo contrario al somocismo, el que ahora encarnan Ortega y su familia.

Daniel Ortega aparece allí de visita en todos los frentes de guerra, pero al lado de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal luce totalmente vencido por el poder absoluto, por la corrupción de los negocios estado-familia, la abolición de la institucionalidad junto con Alemán, vencidos por el nepotismo, el abuso del poder y las ambiciones familiares dinásticas con que imponen su voluntad sobre Leyes y Constitución.

Mi padre en esos escombros del danielismo es la figura del ciudadano firme en su reclamo por la República de Nicaragua. En cambio Ortega, se parece más a su predecesor Anastasio Somoza Debayle, a quien imita hasta en la sonrisa de las fotografías rosadas que empapelan Managua, la Plaza de la Revolución y la entrada a este recinto en el que la familia presidencial organiza el olvido de la lucha contra la dictadura y pone en práctica el famoso principio franquista de aplaudir la muerte y matar la inteligencia.

Son así porque Ortega y Murillo, en su proceso de conversión de revolucionarios a millonarios autócratas, necesitan deshacerse de sus anteriores vestiduras y de cualquier antecedente que desafíe sus pretensiones dinásticas. En ese lugar la pareja confirma cumplir con una ley histórica que dice que quienes olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Efectivamente, la visión de los Ortega Murillo da una de esas risas que produce el dolor de verlos pretender ser dueños del futuro queriendo cambiar un pasado de lucha contra un sistema dictatorial y corrupto como en el que ellos ahora se reproducen.

Ese recuerdo de unidad por la democracia ahora los irrita, los ofende y los lleva al ridículo de mutilar en el pabellón del Frente Occidental, la fotografía de la comandante Dora María Téllez que dirigió la toma de León. La cortaron por la mitad del cuerpo, le quitaron la cabeza y sólo dejaron sus piernas afuera de otro retrato que le pusieron encima y que por cierto es una toma de Masaya y no de occidente. Purgas así se han producido en todas las versiones de regímenes totalitarios y el común denominador es el deseo de liquidar completamente a los adversarios no sólo políticamente, sino anímica y psicológicamente.

En la toma de Estelí que se luchó por semanas no aparece ningún dirigente, solamente “El Zorro”, porque igual que mi padre está muerto y no puede volver a rebelarse ante el nuevo Somoza engendrado por su propio partido. Seguro, por esa misma razón es que sí pusieron la foto de Camilo Ortega, hermano caído del Presidente. Sin embargo, en el caso de su otro hermano, el General de Ejército Humberto Ortega (1979-1994), según la historia oficial no participó en la insurrección contra Somoza, porque no aparece por ningún lado.

En este espejo gráfico del poder absolutista y excluyente de Ortega y Murillo, sandinistas, no sandinistas como mi padre, y toda una generación unida por la democracia en la lucha contra la primera dinastía, volvemos todos juntos a ser víctimas del atropello diario a la dignidad de un pueblo que quisieran dejarlo hasta sin memoria para desarticular el poder de crítica en las nuevas generaciones y así perpetuarse en el poder.

La respuesta a ese regreso al pasado es la Unidad Nacional, como la que levantó el sacrificio de PJChC hace treinta y dos años contra Somoza y veinte años después mi madre, Violeta Chamorro, de frente contra Ortega. Los Ortega Murillo pueden aplaudir la muerte de los que no podrían volver a rebelarse, pero no matar las ideas de un Pedro Joaquín Chamorro quien hoy se encarna en la unidad nacional de la sociedad civil que asume su compromiso con el mandato de que “Nicaragua volverá a ser República”.

(La Prensa/Nicaragua. La autora es periodista.)

El otro Estado

Hace algún tiempo escuché al presidente de México, Felipe Calderón, explicar a un grupo reducido de personas, qué lo llevó hace tres años a declarar la guerra total al narcotráfico, involucrando en ella al Ejército. Esta guerra, feroz, ha dejado ya más de quince mil muertos, incontables heridos y daños materiales enormes.

El panorama que el presidente Calderón trazó era espeluznante. Los cárteles se habían infiltrado como una hidra en todos los organismos del Estado y los sofocaban, corrompían, paralizaban o los ponían a su servicio. Contaban para ello con una formidable maquinaria económica, que les permitía pagar a funcionarios, policías y políticos mejores salarios que la administración pública, y una infraestructura de terror capaz de liquidar a cualquiera, no importa cuán protegido estuviera. Dio algunos ejemplos de casos donde se comprobó que los candidatos finalistas de concursos para proveer vacantes en cargos oficiales importantes relativos a la Seguridad habían sido previamente seleccionados por la mafia.

La conclusión era simple: si el gobierno no actuaba de inmediato y con la máxima energía, México corría el riesgo de convertirse en poco tiempo en un narco-estado. La decisión de incorporar al Ejército, explicó, no fue fácil, pero no había alternativa: era un cuerpo preparado para pelear y relativamente intocado por el largo brazo corruptor de los cárteles.

¿Esperaba el presidente Calderón una reacción tan brutal de las mafias? ¿Sospechaba que el narcotráfico estuviera equipado con un armamento tan mortífero y un sistema de comunicaciones tan avanzado que le permitiera contraatacar con tanta eficacia a las Fuerzas Armadas? Respondió que nadie podía haber previsto semejante desarrollo de la capacidad bélica de los narcos. Éstos iban siendo golpeados, pero, había que aceptarlo, la guerra duraría y en el camino quedarían por desgracia muchas víctimas.

Esta política de Felipe Calderón que, al comienzo, fue popular, ha ido perdiendo respaldo a medida que las ciudades mexicanas se llenaban de muertos y heridos y la violencia alcanzaba indescriptibles manifestaciones de horror. Desde entonces, las críticas han aumentado y las encuestas de opinión indican que ahora una mayoría de mexicanos es pesimista sobre el desenlace y condena esta guerra.

Los argumentos de los críticos son, principalmente, los siguientes: no se declaran guerras que no se pueden ganar. El resultado de movilizar al Ejército en un tipo de contienda para la que no ha sido preparado tendrá el efecto perverso de contaminar a las Fuerzas Armadas con la corrupción y dará a los cárteles la posibilidad de instrumentalizar también a los militares para sus fines. Al narcotráfico no se le debe enfrentar de manera abierta y a plena luz, como a un país enemigo: hay que combatirlo como él actúa, en las sombras, con cuerpos de seguridad sigilosos y especializados, lo que es tarea policial.

Muchos de estos críticos no dicen lo que de veras piensan, porque se trata de algo indecible: que es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron. Que ellos están aquí para quedarse. Que, no importa cuántos capos y forajidos caigan muertos o presos ni cuántos alijos de cocaína se capturen, la situación sólo empeorará. A los narcos caídos los reemplazarán otros, más jóvenes, más poderosos, mejor armados, más numerosos, que mantendrán operativa una industria que no ha hecho más que extenderse por el mundo desde hace décadas, sin que los reveses que recibe la hieran de manera significativa.

Esta verdad vale no sólo para México sino para buena parte de los países latinoamericanos. En algunos, como en Colombia, Bolivia y Perú, avanza a ojos vista y en otros, como Chile y Uruguay, de manera más lenta. Pero se trata de un proceso irresistible que, pese a las vertiginosas sumas de recursos y esfuerzos que se invierten en combatirlo, sigue allí, vigoroso, adaptándose a las nuevas circunstancias, sorteando los obstáculos que se le oponen con una rapidez notable, y sirviéndose de las nuevas tecnologías y de la globalización como lo hacen las más desarrolladas transnacionales del mundo.

El problema no es policial sino económico. Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias. Las victorias que la lucha contra las drogas pueden mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes. Y afecta a todas las clases sociales. Los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones. Y a las democracias del Tercer Mundo, como un cáncer, las va minando.

¿No hay, pues, solución? ¿Estamos condenados a vivir más tarde o más temprano, con narco-Estados como el que ha querido impedir el presidente Felipe Calderón? La hay. Consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal como vienen sosteniendo The Economist y buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países del mundo sin ser escuchados. En febrero de 2009, una Comisión sobre Drogas y Democracia creada por tres ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, propuso la descriminalización de la marihuana y una política que privilegie la prevención sobre la represión. Éstos son indicios alentadores.

La legalización entraña peligros, desde luego. Y, por eso, debe ser acompañada de un redireccionamiento de las enormes sumas que hoy día se invierten en la represión, destinándolas a campañas educativas y políticas de rehabilitación e información como las que, en lo relativo al tabaco, han dado tan buenos resultados.

El argumento según el cual la legalización atizaría el consumo como un incendio, sobre todo entre los jóvenes y niños, es válido, sin duda. Pero lo probable es que se trate de un fenómeno pasajero y contenible si se lo contrarresta con campañas efectivas de prevención. De hecho, en países como Holanda, donde se han dado pasos permisivos en el consumo de las drogas, el incremento ha sido fugaz y luego de un cierto tiempo se ha estabilizado. En Portugal, según un estudio del CATO Institute, el consumo disminuyó después que se descriminalizara la posesión de drogas para uso personal.

¿Por qué los gobiernos, que día a día comprueban lo costosa e inútil que es la política represiva, se niegan a considerar la descriminalización y a hacer estudios con participación de científicos, trabajadores sociales, jueces y agencias especializadas sobre los logros y consecuencias que ella traería? Porque, como lo explicó hace veinte años Milton Friedman, quien se adelantó a advertir la magnitud que alcanzaría el problema si no se lo resolvía a tiempo y a sugerir la legalización, intereses poderosos lo impiden. No sólo quienes se oponen a ella por razones de principio. El obstáculo mayor son los organismos y personas que viven de la represión de las drogas, y que, como es natural, defienden con uñas y dientes su fuente de trabajo. No son razones éticas, religiosas o políticas, sino el crudo interés el obstáculo mayor para acabar con la arrolladora criminalidad asociada al narcotráfico, la mayor amenaza para la democracia en América Latina, más aún que el populismo autoritario de Hugo Chávez y sus satélites.

Lo que ocurre en México es trágico y anuncia lo que empezarán a vivir tarde o temprano los países que se empeñen en librar una guerra ya perdida contra ese otro Estado que ha ido surgiendo delante de nuestras narices sin que quisiéramos verlo.

(El Pais/Madrid)

Doce mitos de la guerra contra el narco



Una nube de mitos flota alrededor de la guerra de mayor impacto político en la últimas décadas:desde aquellos que dictan que no se debió confrontar al crimen organizado, hasta aquellos que indican que la participación del ejército en las actividades antinarcóticos es negativa. En estas páginas Joaquín Villalobos desmonta los argumentos de una mitología que impacta en la opinión a partir de estadísticas pobres y comparaciones discutibles

narco

Desde la Revolución de 1910 México no había conocido una violencia con tanto impacto político como la que vive actualmente. A finales de la década de los ochenta Estados Unidos tuvo éxito en reducir el volumen de droga que se movía por la ruta Caribe desde Colombia a Miami. Esta ruta permitía a los cárteles colombianos exportar mariguana y cocaína directo a Estados Unidos, sin intermediarios. México pasó así a ser el territorio más importante para el tránsito de drogas hacia la Unión Americana y se produjo una expansión del narcotráfico, que rompió con el largo periodo de paz en que habían vivido los mexicanos.

Entender, debatir y estar dispuestos a pagar los costos que implica reducir el poder del crimen organizado y frenar su violencia, todo ello bajo condiciones democráticas, es algo nuevo para una sociedad acostumbrada a la poca deliberación y al orden impuesto desde arriba que vivió México durante varias décadas. Esta condición histórica ha creado dificultades para entender la información y los resultados de la guerra que está librando el Estado mexicano contra los narcotraficantes, y ello ha dado lugar al surgimiento de mitos sobre la guerra y la violencia. Algunos de estos mitos resultan del indispensable y justo debate político democrático. Sin embargo, aunque se trata de un problema complejo que requerirá tiempo para ponerlo bajo control, no hay razones para ser pesimistas.


1. “No se debió confrontar al crimen organizado”

Cuando la violencia comenzó a crecer por la guerra entre cárteles, el gobierno del presidente Fox dio inicio a la intervención de fuerzas federales en los primeros estados que tenían problemas (Tamaulipas, Guerrero, etcétera). Frente al agravamiento de la violencia en otros estados el gobierno del presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico y dio continuidad a la intervención federal. Surgieron entonces críticas sobre falta de inteligencia previa, se calificó de reactivas las operaciones e incluso se dijo que el gobierno actuaba por interés político y que las operaciones gubernamentales habían empeorado el problema. Algunos consideraban que lo mejor era tapar los efectos mediáticos de la violencia y dejar que todo continuara manejado por supuestos “acuerdos locales”. Sin embargo, esos “acuerdos” no eran entre iguales, sino entre criminales y funcionarios intimidados por la ley de “plata o plomo” que estaba dejando policías asesinados y presidentes municipales y gobernadores atemorizados. La idea de no combatir de frente al narcotráfico supone, ingenuamente, que éste no es contagioso ni expansivo, y que no alcanzaría al Distrito Federal. La realidad es que una de las primeras batallas ha sido recuperar el aeropuerto de ciudad de México que para los narcos es tan importante como Nuevo Laredo o Ciudad Juárez.

México está atrapado entre el mayor consumidor de drogas del mundo, al norte, y la región más violenta del mundo (Guatemala, Honduras y El Salvador), al sur, a consecuencia del tráfico de drogas. Por lo tanto, resulta muy difícil pensar que es posible aislarse, abstraerse del problema y suponer que no pasaría nada. El narcotráfico es un delito global que está extendiéndose en casi toda América Latina, afectando también a Europa del Este, al norte de África y algunas regiones de Asia. El crecimiento de las clases medias urbanas y el aumento del consumo de drogas están directamente relacionados, no hay una razón sólida para que las clases medias mexicanas puedan ser excluidas del incremento en el consumo, algo que ya está afectando seriamente a Brasil. No hacer nada podría haber llevado a México a una situación similar a la que enfrentó Colombia a finales de los ochenta. Son muchos los ciudadanos y funcionarios colombianos que aceptan, abiertamente, que la situación en su país “tocó fondo” porque esperaron demasiado tiempo para actuar.

El nivel de violencia actual en México deja bien claro que el monstruo era real, fuerte y peligroso. Ante un escenario así hay dos principios fundamentales para actuar: determinación y velocidad. Determinación para no retroceder frente a la reacción violenta de los cárteles y frente al temor que se abriría en la sociedad; y velocidad para contener y recuperar terreno. En realidad no hacía falta inteligencia previa, los cárteles actuaban en las calles con una impunidad cínica. El primer paso era quitarles ventajas, tranquilidad y oportunidades a sus “negocios”, se habían abierto tanto que la presencia de fuerzas federales en el terreno produciría resultados inmediatos, tal como ha ocurrido. En una primera fase lo masivo debía privar sobre lo cualitativo. Ahora se están abriendo retos más complejos como la reconstrucción policial y el componente social de la estrategia, pero sin ganarle terreno a los cárteles no puede pensarse ni en la reconstrucción de instituciones ni en planes integrales. Es necesario actuar para hacer transitar al narcotráfico de amenaza a la seguridad nacional a un problema policial.


2. “México está colombianizado y en peligro de ser un Estado fallido”

Estas afirmaciones se realizan sin usar datos comparativos serios. México sufre una violencia localizada en seis de sus 32 estados y tiene una tasa nacional de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Venezuela tiene 48, Colombia 37, Brasil 25, Guatemala, Honduras y El Salvador están arriba de 50. El estado de Chihuahua, el más violento de México, está en este momento en su punto más álgido con una tasa de 143 homicidios, le siguen Sinaloa con 80, Durango con 49, Baja California 44 y Michoacán 25. A inicios de los noventa Medellín, la ciudad más violenta de Colombia, mantuvo una tasa de 320 durante varios años y, en ese mismo periodo, Cali tenía 124, Cúcuta 105 y Bogotá, la capital, 80. Colombia ha vivido dos guerras en 25 años, las cuales le han costado más de 200 mil muertos y dos millones de desplazados, y continúa en conflicto.

El volumen, extensión, raíces históricas, códigos culturales y complejidad de la violencia colombiana ha sido —y todavía es— muy superior a la que vive México. En Colombia los niveles de penetración que alcanzó el narcotráfico en la política, el ejército, la policía, los negocios y la sociedad fueron mayores a los que existen actualmente en México, donde no se puede hablar de una narcopolítica. Los cárteles y narcoguerrillas colombianas golpearon con actos terroristas a personajes e instituciones de los poderes políticos, económicos y mediáticos vitales del país. En 1989 Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia, fue asesinado por el narcotráfico y tres candidatos más fueron asesinados en ese periodo. El propio presidente, Álvaro Uribe, ha sobrevivido a varios atentados y el vicepresidente, Francisco Santos, estuvo secuestrado por Pablo Escobar. Hechos como éstos no han ocurrido y es muy difícil que ocurran en México, donde no han existido territorios con ausencia de Estado durante 40 años como en Colombia; el Estado mexicano ha sido más bien omnipresente y fuerte y el colombiano ausente y débil.

En Río de Janeiro, Brasil, de enero a junio de 2009 murieron 65 policías en enfrentamientos con criminales y su tasa de homicidios es de 38 por cada 100 mil habitantes; recientemente los narcotraficantes derribaron en combate un helicóptero policial en barrios del norte de la ciudad y murieron 12 policías. En 2006 Sao Paulo sufrió ataques simultáneos a puestos policiales, oficinas de gobierno y puntos de interés económico por parte de las pandillas dedicadas al narcomenudeo. El Distrito Federal, en contraste, tiene una tasa de sólo cinco homicidios por cada 100 mil habitantes y jamás han ocurrido hechos tan graves como los de las ciudades de Colombia o Brasil. México tiene un problema de seguridad en la periferia de sus centros vitales y Brasil lo tiene, y muy grave, en sus dos principales ciudades: Río Janeiro y Sao Paulo. Sin embargo, Río será sede de los Juegos Olímpicos y no se dice que allí hay una guerra o que Brasil pueda ser un Estado fallido. Si la idea de territorios fuera de control del Estado se empleara mecánicamente para definir Estados fallidos, habría más de una decena de éstos en el continente americano y tendría, incluso, que revisarse cuál sería la condición de algunas zonas de ciudades estadunidenses que albergan a un millón de pandilleros.

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México tiene una resonancia mediática y una importancia geopolítica superior a la de Colombia, Venezuela o Brasil, por lo tanto, lo que ocurre en su territorio impacta mucho más sobre la percepción dentro y fuera del país. No es lo mismo Medellín o Río de Janeiro que Ciudad Juárez, la proximidad con Estados Unidos hace una enorme diferencia. Un ejemplo de esto fue la llamada “insurrección o guerrilla zapatista”; si comparamos militar, política y socialmente ese movimiento con las insurgencias armadas de Sur y Centroamérica, el “zapatismo” no podría ser considerado guerrilla y mucho menos insurrección. Sin embargo, logró un gran impacto mediático nacional e internacional con una sola acción armada en 1994.


3. “El intenso debate sobre la inseguridad es señal de agravamiento”

El debate y la complejidad en los procesos de toma de decisiones en las democracias avanzadas son señales de estabilidad, pero en las democracias emergentes son percibidos como debilidad e incertidumbre, porque todavía se añora el orden de forma consciente o inconsciente, que sin deliberación se lograba por vía autoritaria. El debate sobre las estrategias que se diseñan para enfrentar los problemas de seguridad son normales en un entorno democrático y ese debate es más intenso y libre cuanto menor es la amenaza a los poderes vitales del país. La oposición, los intelectuales y la prensa necesitan y deben actuar críticamente de oficio, esto es parte de la democracia.

El narcotráfico es un fenómeno que coopta o destruye las instituciones, que elimina las libertades democráticas y que somete a los ciudadanos a los poderes mafiosos. Donde el crimen organizado es fuerte no hay crítica ni libertad de expresión. Por lo tanto, cuando hay debate, cuando los ciudadanos y los líderes de opinión pueden criticar al gobierno, significa que el poder del Estado domina sobre cualquier poder mafioso. En México los poderes centrales no están afectados ni inhibidos por los cárteles, esto ocurre de forma parcial sólo en unos pocos estados.

En Colombia, cuando se estaban diseñando indicadores para medir el nivel de éxito de la estrategia de seguridad democrática en zonas que durante largo tiempo habían estado dominadas por diversidad de grupos armados, se concluyó que uno de los mejores indicadores de éxito de los planes de seguridad era aquel que medía las demandas y quejas de los ciudadanos, ya que esto comprobaba que se había derrotado al miedo y restablecido a los ciudadanos sus libertades democráticas. Es un error pensar que la existencia de un amplio y álgido debate sobre la seguridad y los métodos para enfrentar la violencia son, por sí mismos, una señal de gravedad y de deterioro, cuando en realidad lo grave sería el silencio.


4. “Los muertos y la violencia demuestran que se está perdiendo la guerra”

El narcotráfico es un enemigo bien armado, muy violento, sin barreras morales y con un gran poder corruptor. Creer que este problema se puede resolver sin confrontación y sin violencia es una gran ingenuidad. A este enemigo sólo es posible someterlo usando la fuerza del Estado y, cuando ello ocurre, se incrementa su resistencia y se agudizan sus propias guerras internas; con lo cual aumenta, inevitablemente, el número de personas que pierden la vida.

En toda guerra hay muertos y éstos son un indicador del estado de la guerra misma. Las guerras se ganan generando bajas al enemigo y se pierden cuando se tienen más bajas de lo que el entorno político social propio puede tolerar. Es comprensible que éste sea un tema difícil para ser explicado ante la opinión pública por los funcionarios del Estado, pero la realidad es que quien está teniendo más muertos, capturas y deterioro moral en sus filas es quien va perdiendo la guerra, y en el caso de México son los narcotraficantes.

La lucha contra el narcotráfico no puede leerse como una guerra “clásica” en la cual hay contendientes claramente definidos; los cárteles son un enemigo fragmentado, que genera una violencia anárquica; son múltiples grupos que combaten al mismo tiempo entre sí y contra el Estado. La mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del proceso de autodestrucción de los cárteles, que se profundiza cuando el Estado los confronta. En este tipo de guerra esto es un progreso, en Medellín los cárteles se autodestruyeron bajo el acoso del Estado, por razones que fueron desde disputas por territorios, control de rutas, hasta problemas personales. El proceso de autodestrucción atomiza a los cárteles y obliga a que su reclutamiento comience a descender hacia grupos de jóvenes marginales más inexpertos y ambiciosos, y con ello aumenta su violencia y se acelera su autodestrucción.

El problema es que, en la fase intermedia de la guerra, la presión política demanda una reducción de la violencia, y esto no ocurre hasta que se cumplen tres premisas: 1. Que el Estado tenga mayor dominio social y territorial que los cárteles en sus zonas de operación; 2. Que los delincuentes se hayan debilitado en su capacidad de reciclar sicarios; 3. Que esta debilidad los convierta en un problema marginal para el Estado. En el caso de México todavía falta tiempo para que se reduzca la violencia. Pero hay un proceso de autodestrucción que se está acelerando y esto es un indicador positivo. El general Naranjo, jefe de la Policía Nacional de Colombia dice que “cuando se sabe que el narcotráfico ha penetrado fuertemente en la sociedad, el principal problema no es la violencia, sino la no violencia” porque ello implica que los narcotraficantes controlan a la sociedad. La creencia de que por cada delincuente muerto surgen dos nuevos es ilógica, la codicia por el dinero no genera capacidad infinita para reciclar pistoleros, éstos también necesitan habilidades, experiencia y preparación que no se repone de un día para otro.


5. “Tres años es mucho tiempo, el plan ya fracasó”

Igual que con otras afirmaciones, la demanda por resultados rápidos se sustenta en factores emocionales y no en un análisis objetivo de la realidad. En el sentido más general podemos decir que el tiempo que se requiere para controlar el problema es directamente proporcional al tamaño y las raíces históricas del narcotráfico en México, y en ese orden es necesario tener como referentes a otros países que tienen problemas similares. El tamaño del problema del narcotráfico para México está determinado por su vecindad con Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, y por las consecuencias de esto en términos de demanda, flujos de dinero y armas. En cuanto a las raíces del fenómeno, el problema comenzó a gestarse, en algunos estados —particularmente en Sinaloa—, desde hace muchos años, pero la mayor expansión de los cárteles comenzó hace 15 años por el cierre de la ruta Caribe. En el caso de México los referentes para comparar tiempos podrían ser países como Colombia, Italia, Brasil y quizás algunos del norte de África.

Colombia sigue en guerra y a Medellín, su ciudad más violenta, le ha costado 16 años y 70 mil muertos comenzar a revertir una situación de deterioro que tuvo a la sociedad en vilo; Italia lleva muchas décadas de lucha contra las mafias sin que ésta haya llegado a su fin; Brasil, durante ocho años de gobierno de Lula, no pudo resolver, todavía, el problema de las pandillas, y en el norte de África el deterioro es ascendente y casi sin control. Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar con propiedad que México, en tres años, ha obtenido progresos más rápidos con costos más bajos que todos estos países.

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Los resultados de las operaciones en México en los últimos tres años constituyen récords mundiales. Se han destruido 227 laboratorios, decomisado 389 millones de dólares, 30 mil 500 armas de guerra, 24 mil 900 armas cortas, 409 aeronaves, 310 embarcaciones, 22 mil 900 vehículos y cinco mil toneladas de drogas que incluyen 90 mil kilogramos de cocaína, 4.8 millones de kilogramos de mariguana, cuatro mil 500 de metanfetaminas, 27 mil de efedrina y 18 mil de pseudoefedrina. Se han extraditado 286 narcotraficantes, la gran mayoría de ellos a Estados Unidos, y capturadas 89 mil 500 personas que incluyen siete líderes, 47 financieros, 60 lugartenientes, dos mil 61 sicarios y 600 funcionarios involucrados. El dinero es casi el monto del Plan Mérida; para cargar la droga se necesitarían varios trenes o 250 furgones; las armas son más que las de los ejércitos de El Salvador y Honduras juntos; las aeronaves equivalen al 50% de la flota de American Airlines; las embarcaciones son el doble de la armada de México y los vehículos superan a las flotas de policía y ejército de todo Centroamérica. Los primeros logros de un plan son los golpes a las estructuras delictivas, no la reducción de la violencia, sin lo primero no se puede alcanzar lo segundo.


6. “Los ataques que realizan los narcos prueban que son poderosos”

En todas las guerras el azar y la casualidad juegan un papel, a veces en contra y a veces a favor. En toda guerra se ganan y se pierden batallas, pero a la larga, lo que determina el resultado es quién tiene la iniciativa estratégica y quién está golpeando la moral, las fuerzas y los medios materiales de su contrario. En el caso de México todos estos factores están a favor del Estado, aunque de forma esporádica los cárteles sorprendan con acciones y golpes que generan temor y tienen un gran impacto mediático y político. Los ataques de los cárteles son reactivos, sin una lógica racional estratégica y producto de venganzas irracionales. La regla básica en toda guerra es que el acoso y la presión sobre un enemigo conducen a éste a la desesperación, al error e incluso al terrorismo. Los cárteles actúan de forma defensiva y no ofensiva, la política de éstos es cooptar policías, no matarlos. Cuando combaten directamente contra el Estado facilitan el trabajo, porque ayudan a cohesionar moralmente a los miembros de las fuerzas del Estado.

En el tipo de conflicto que enfrenta el Estado mexicano los cárteles son fuertes cuando controlan sin combatir y pueden pasar desapercibidos para la mayoría de la población. Por el contrario, cuando reaccionan y se vuelven visibles, su posibilidad de controlar y operar libremente se debilita y los enfrentamientos internos aumentan; esto no es una muestra de fortaleza sino de debilidad, a pesar de que la violencia salga a flote y genere incertidumbre social. Por ejemplo, cuando los cárteles empezaron a usar submarinos para transportar droga se hizo una lectura errada. La percepción simple fue que los narcotraficantes demostraban su enorme capacidad y poderío construyendo submarinos. Sin embargo, lo que no se dijo fue que la capacidad de introducir drogas abiertamente vía puertos y aeropuertos se estaba cerrando, y por ello recurrían a mecanismos más complejos y difíciles de operar que transportaban menos droga. En este sentido “más sofisticado” no implica, necesariamente, una mejoría, no importa cuán impresionante resultase la fabricación de submarinos, que en este caso, por cierto, fue bastante precaria.


7. “Primero hay que acabar con la corrupción y la pobreza”

En muchos análisis atender y reducir la corrupción y la pobreza son actividades que se consideran como premisas para resolver la inseguridad que genera el narcotráfico, y con ello se invalida el papel que juega la coerción. Este mito parte de un planteamiento cierto: el problema de la seguridad requiere planes integrales que atiendan todas las aristas del asunto, desde la utilización de la fuerza del Estado, hasta la atención de los temas sociales que intervienen en la seguridad. Sin embargo, en una condición de extrema emergencia como la que viven algunos estados de México, si se pone de antemano resolver la pobreza y la corrupción como precondiciones para tener un entorno seguro tendríamos que aceptar que la situación no tiene remedio alguno, ya que estaríamos poniendo la meta de resolver la pobreza como camino para mejorar la seguridad que en este momento es el problema más importante para los ciudadanos. En seguridad la dosis de prevención y represión en un plan depende de la situación. Establecer por definición que lo uno debe privar sobre lo otro es un error que parte de visiones ideológicas de la seguridad en la cual se dice que las derechas priorizan reprimir y las izquierdas prevenir. Cualquiera puede ser el prioritario, pero eso debe determinarlo la realidad, no una posición política.

No hay una relación territorial o social entre pobreza y narcotráfico. El narcotráfico es un delito de la codicia que recluta pobres, pero que depende de las ventajas geográficas que proporcionan rutas y territorios con posibilidades para la producción y el tráfico. Busca controlar puntos estratégicos de ventaja para su “negocio”. Las redes de narcomenudeo para distribución sí se ubican más claramente en la geografía de la pobreza urbana, pero el narcotráfico no necesariamente. Por ello el problema más grave está en la frontera norte. Además, no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad. Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro, igual podemos comparar a la India con Estados Unidos o analizar cómo el enorme gasto social de Venezuela va de la mano con el agravamiento de la inseguridad para los más pobres en ese país.

Por otra parte, la naturaleza de la corrupción política, y la que genera el narcotráfico son totalmente distintas, la primera puede abrir la puerta a la segunda, pero la corrupción política no supone el riesgo de violencia y muerte, que sí está presente con la corrupción vinculada al narcotráfico. La regla de “plata o plomo” que siempre termina en “plomo o plomo” parte de los tres principios de acción del narcotráfico: violencia, crimen y muerte. Un político corrupto quiere enriquecerse, pero no morirse. Es evidente que la cultura de la corrupción resulta útil a los narcotraficantes, pero no puede pensarse que la corrupción política y la dinámica de cooptación, control, violencia y muerte que imponen los delincuentes son la misma cosa, puesto que responden a lógicas completamente distintas. Es ingenuo pretender que para mejorar la seguridad en el corto plazo se necesita primero una reconstrucción ética que acabe completamente con los códigos de corrupción que se gestaron en América Latina durante un largo periodo.

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El debate principal es ¿por dónde debemos comenzar en una emergencia? En ese sentido, no se puede entrar a una zona dominada por poderes mafiosos con planes de asistencia tipo “Madre Teresa” y tampoco es previsible incentivar la participación ciudadana en zonas donde el narcotráfico tiene atemorizada a la sociedad. En primera instancia se necesita la recuperación del control por parte de las fuerzas del Estado, es decir, romper el poder intimidatorio de los cárteles, es el centro de gravedad del problema y ello coloca a la coerción como la prioridad. En Medellín la guerra la ganó el Estado hace más de 10 años, y es hasta ahora que se observan los resultados exitosos de los planes integrales, con plena participación ciudadana y cambios culturales en los barrios donde un día gobernó Pablo Escobar.


8. “Detrás del narcotráfico hay poderosos políticos y empresarios”

Este mito está basado en las teorías conspirativas que no consideran el contexto ni la historia, sino información casi siempre fruto de la especulación. Este tipo de teorías alimenta telenovelas, películas y literatura para el entretenimiento, pero por repetición termina convirtiendo cualquier mentira en una verdad que se vuelve universal sin necesidad de comprobación. Hace algunos años una telenovela muy exitosa y muy bien realizada llamada Nada personal sugería que el capo principal en México era el presidente de la República. Muchos estadunidenses también adictos a estas teorías suponen que “todos los mexicanos son corruptos y sus autoridades son todos capos” y esto es lo que reproduce Hollywood. En contraparte, algunos mexicanos piensan “que el negocio de la droga se maneja desde Wall Street”. Estos argumentos son fáciles de creer y difundir aunque no tengan fundamento racional. El narcotráfico suele surgir de las actividades de contrabandistas de clase media baja con poca educación, que construyen sus organizaciones a partir de grupos familiares como forma de asegurarse lealtades (“la familia”), y reclutan socialmente hacia abajo. Sus organizaciones tienen la violencia y la muerte como forma de dirimir todo tipo de conflictos (personales, de mercado, familiares y territoriales), porque sus actividades no tienen marco legal y, por lo tanto, no pueden usar los tribunales y las leyes. Los castigos extremos y las muertes ejemplares son sus únicos instrumentos de “justicia”. Cuando se fortalecen financieramente se expanden socialmente y entonces comienzan a intimidar, someter o utilizar a funcionarios públicos y/o empresarios. Primero cooptan policías hasta que le quitan al Estado el poder coercitivo y luego van sobre el sistema judicial, la prensa, los poderes económicos y políticos.

En ese proceso terminan colocándose arriba de la pirámide social y siendo ellos el poder, pero teniendo la violencia y la muerte como medios de ejercerlo. Así ocurrió en Colombia, en Chicago en los años treinta, en Italia durante décadas, y así ha ocurrido en Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, etcétera. La naturaleza de un empresario o de un político es diferente e incompatible con la del mafioso. Que el segundo pueda someter a los primeros es factible, pero que los primeros puedan convertirse en los segundos no resulta sensato; aunque existan algunos casos aislados, esto no es la regla. Niveles de penetración como los que se han comprobado en Italia ocurrieron luego de muchas décadas de poder mafioso, pero en México el fenómeno delictivo es comparativamente joven.


9. “La única salida es negociar con los narcotraficantes”

Este mito está relacionado con la creencia de que la negociación fue el método empleado por anteriores gobiernos para mantener la paz, y entonces se concluye que la violencia estalló cuando el nuevo gobierno abandonó este método. Se argumenta que la violencia cesaría si se negocia con los delincuentes. Éste es un enfoque en extremo simplista para entender el pasado y para suponer una solución en el presente.

El narcotráfico no ha sido siempre un problema de seguridad nacional. Se transformó en una amenaza estratégica al fortalecerse financieramente a partir de la segunda mitad de los noventa. En el pasado los narcos eran un problema policial de segundo orden y para lidiar con ellos se requería una lógica operacional local y no una estrategia de Estado. Durante muchos años no fueron un tema central ni para México ni para nadie. Durante los setenta y ochenta la tolerancia al problema fue universal y hasta la CIA y Cuba lo instrumentaron y subvaloraron como amenaza. Lo que se conoce como “negociaciones” posiblemente sea parte de las leyendas que dejaron algunos jefes policiales o políticos locales cuando lidiaban, desde un Estado fuerte, con un problema menor.

Ahora estamos frente a una realidad distinta en la cual los cárteles buscan imponer su autoridad por encima del Estado con la ley de “plata o plomo”. El narcotráfico es ahora una amenaza estratégica. No se puede decir que algunos posibles arreglos que existieron en el pasado entre mandos policíacos y delincuentes sean equivalentes a una negociación del Estado con los narcotraficantes de hoy y, en segundo término, porque resulta imposible que la autoridad de cualquier país realice acuerdos con delincuentes que rigen su comportamiento por los principios de violencia, crimen y muerte.

Una negociación supondría que los cárteles son un enemigo coherente con control sobre sus estructuras y con reglas y límites, pero la realidad es que el narcotráfico es un enemigo fragmentado, sin control sobre su gente y sin reglas en el uso de la violencia. La idea de negociar con los cárteles es una fantasía. Colombia, por ejemplo, negoció con Pablo Escobar y otros cárteles, ofreciéndoles ventajas si se sometían a la justicia y el desenlace fue la ridiculización absoluta de la autoridad y las cárceles convertidas en centros de mando y operación de lujo con protección pagada por los ciudadanos para que Escobar siguiese sembrando violencia y muerte en el país.


10. “La estrategia debería dirigirse a la legalización de las drogas”

La legalización es un debate sobre cómo aminorar el problema, porque con las drogas no existe camino ideal. Se trata en realidad de escoger entre daños de salud pública o violencia. Su legalización no las vuelve socialmente deseables. Teniendo como punto de partida el principio del mal menor, la idea de legalizarlas es correcta y a futuro seguramente esto dejará de ser un mito. Lo que es un mito en la actualidad es pretender que esta estrategia pueda ser puesta en marcha con éxito por los países afectados por la violencia que genera la producción y el tráfico de drogas. La legalización de las drogas requiere un acuerdo simultáneo con los países consumidores. Sin la participación de Estados Unidos y Europa una estrategia de este tipo, aplicada en México o Colombia, por ejemplo, sería un suicidio para la seguridad de estos países. Esto es injusto, pero el problema no es de ética sino de realidad.

No se trata sólo de un conflicto político internacional entre la inseguridad de los países que producen y trafican versus la hipocresía de los países que consumen, sino que la distorsión generada sería altamente explosiva. La disposición de droga en México y Colombia es infinitamente superior a su demanda y la situación en Europa y Estados Unidos es inversa. Por lo tanto, legalizar la droga en los primeros sin que se haya hecho en los segundos supondría un fortalecimiento de estructuras criminales en Colombia y México, porque el negocio central seguiría siendo la exportación ilegal ante la enorme diferencia de precios. Legalizar equivaldría a dar plenas libertades a grupos criminales en países con grandes debilidades institucionales. Si en la condición actual existen pequeños Estados en Latinoamérica y África en riesgo de caer en manos de mafias, esto se agravaría y se multiplicaría con una legalización unilateral.

Aunque resulte duro decirlo, la realidad es que Estados Unidos y Europa continúan jugando la carta de la tolerancia al consumo porque los niveles de violencia de los delincuentes dedicados a distribuir drogas en sus calles no se ha convertido todavía en una amenaza estratégica. Pero esa violencia está creciendo, Estados Unidos ha encarcelado a más de dos millones de personas por delitos vinculados con las drogas y tiene un millón de pandilleros, gran parte de los cuales se dedican a la venta de drogas. Quizás cuando esa violencia se vuelva intolerable para Europa y Estados Unidos, la idea de la legalización de las drogas comience a discutirse en serio como estrategia multilateral. Por el momento hay que mantener estrategias de control de daños en nuestros países y denunciar el daño que nos provocan los países consumidores. El tema de la legalización está avanzando con la mariguana, pero aún es un tema difícil como acuerdo entre gobiernos.


11. “La participación del ejército es negativa y debe retirarse”

El mito sobre la negatividad de la participación del ejército parte de supuestos como: que la seguridad interna no es su tarea; que no está preparado para esas labores; que se pone en riesgo su imagen; que termina violando los derechos humanos; que es peligroso darles poder a los militares, y otras ideas similares. Todos estos y otros argumentos están fundamentados en riesgos potenciales, dudas y desconfianzas que en algunos casos son ideas predominantemente subjetivas. Ninguno toma en cuenta los problemas objetivos que han obligado a usar al ejército: la dimensión de la amenaza que implican los cárteles; el poder de fuego, número de sicarios y nivel de organización de las estructuras delictivas; la crisis moral y los problemas de cooptación de las policías estatales y municipales en las zonas conflictivas; la limitada cantidad de personal de que dispone la Policía Federal; el carácter transnacional del problema del narcotráfico y, finalmente, el arraigo, la fuerza social y el dominio territorial que tiene el crimen organizado en algunos lugares de México. No es lo mismo enfrentar este problema con 30 mil hombres que con más de 200 mil.

El narcotráfico plantea un reto que supera el orden policial, constituye una amenaza a la soberanía del Estado que tiene además características transnacionales. Si el ejército se retira los narcotraficantes recuperarían terreno muy rápidamente, la amenaza cobraría dimensiones superiores, la violencia se dispararía y podría alcanzar a la ciudad de México. Paradójicamente, como ya se mencionó arriba, otro tipo de críticas hablan del riesgo de llegar a un “Estado fallido”, pero el mito sobre la retirada del ejército se ubica en el otro extremo, porque supone que el problema no es tan grave y bien podrían resolverlo las policías municipales y estatales. Es difícil imaginar que México pueda, en las décadas venideras, enfrentar otra guerra peor que los narcotraficantes. La solución estratégica es la reconstrucción, reforma y fortalecimiento de las policías, pero mientras eso avanza es indispensable usar al ejército.

En toda Latinoamérica los ejércitos pueden ser indispensables para responder al tipo de amenaza que plantea el crimen organizado, y los derechos humanos en la actualidad por encima de requerimientos éticos, se han vuelto parte fundamental de la eficacia operacional tanto para policías como para militares. Las guerras modernas están sometidas, inevitablemente, a una severa fiscalización mediática, política y judicial. El Estado sólo puede preservar la legitimidad en el uso de la fuerza si es capaz de usar el poder coercitivo en esas condiciones. Es decir que esto es ahora una condición universal permanente para emplear la fuerza y no debe ser un obstáculo para no emplearla. Para recuperar seguridad Colombia multiplicó la fuerza de su ejército. Por contraste, Guatemala está cayendo en manos del crimen organizado porque no puede reconstruir al suyo.


12. “Lo más efectivo y rápido para combatir al crimen es la justicia por cuenta propia”

Entre los cárteles no hay reglas y sus diferencias son resueltas mediante la “muerte ejemplar”. El Estado, por su parte, busca procurar justicia, no asesinar, y debe conservar la ventaja moral y social frente a los delincuentes. El inicio de una violencia paramilitar, basada en el mismo principio de la “muerte ejemplar”, convierte al Estado en otro actor violento y sin reglas que terminaría siendo identificado como tal por el crimen organizado, con lo cual se aceleraría, se agravaría y se multiplicaría la violencia. La idea de que asesinar delincuentes representa una vía más rápida para recuperar seguridad es falsa. El crimen organizado constituye un cuerpo social numeroso; no son individuos, sino grupos con cierto apoyo. Una confrontación letal puede terminar dividiendo más a las comunidades, con lo cual la duración del problema se alargaría en vez de acortarse.

Por otro lado, una confrontación de este tipo puede redireccionar gran parte de la acción violenta de los narcotraficantes hacia instituciones, funcionarios públicos y sus familias, con lo cual la violencia del crimen organizado dejaría de ser fundamentalmente autodestructiva. La tarea del Estado es restablecer la autoridad y asegurarse el monopolio de la violencia. La organización de grupos paramilitares constituye una delegación de autoridad a grupos privados que debilita la autoridad del Estado. La experiencia internacional demuestra que el paramilitarismo es un grave error. Los casos de Colombia y Guatemala son muy claros, en el primero se agravó el conflicto y en el segundo el Estado ha sido casi derrotado.

(Nexos/México. El autor fue miembro de la Comandancia General del FMLN durante la guerra. Ahora es consultor para la resolución de conflictos internacionales.)