Carta a Edén Pastora

Estimado ‘Comandante Cero’:

Dicen que vas marchando otra vez. Esta vez no como mercenario a sueldo de los yanquis, como la última vez, cuando te convertiste de comandante sandinista en comandante de la contra.

Esta vez vas marchando con Mel Zelaya. Dijiste que para Mel Zelaya estás dispuesto a ir a tu tercera guerra civil. La primera fue la guerra sandinista contra Somoza, cuando te hiciste famoso como ‘Comandante Cero’ tomándote de asalto el Palacio Nacional en Managua. Tu segunda guerra era contra tus camaradas sandinistas, cuando la CIA te mandó a abrir el Frente Sur desde Costa Rica.

¡Y hoy quieres desatar una guerra civil en Honduras para restituir en la presidencia a Mel Zelaya!

Karl Marx dijo que la historia suele repetirse, aconteciendo la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Aunque nunca tuvista fama de gran pensador, lograste comprobar que Karl Marx estaba equivocado: los actos heroicos se repiten dos veces, primero como tragedia, y la segunda vez como bayuncada.

¡No jodás, Edén! Si aun te queda una pizca de dignidad, andá a tu casa a gozar de la pensión que te paga Daniel Ortega. El sí te necesita: como se quedó sin héroes, ya que todos le dieron la espalda, tiene que echar manos a los payazos como vos para acompañarlo en la tribuna de los comandantes revolucionarios...

Salud, Paolo Lüers

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Carta a Breny Cuenca, secretaria de Cultura del nuevo gobierno

Querida Breny,

hermana lejana extrañada, ¡bienvenida de regreso al país! Y felicidades por el trabajo que encontraste...

Como no ha habido tiempo de tomarnos un trago para celebrar tu llegada al país y al gobierno, ni para hablar, aprovecho este medio para mandarte algunas ideas para la política cultural.

¿Quién dice que en El Salvador no se puede crear una industria de cine y televisión y convertir el país en locación de producciones internacionales? Maquila, si querés, pero de alto nivel técnico-creativo y con miles de puestos de trabajo calificados... Y así en diseño, en multimedia, en internet...

Primer paso: Hacer realidad la Escuela de Cine. Una escuela autónoma, pero apoyada por políticas adecuadas del Estado. Además, un programa de miles de becas para todas las artes y profesiones que necesitamos para este tipo de industrias...

¿Quien dice que El Salvador no puede ser sede de un Festival Internacional de Teatro y Danza que nos pone en el mapa cultural del mundo, y que atrae miles de turistas año por año? Existe un festival de este tipo en Stratford, en Canada, uno de los más famosos del mundo, que ha logrado revitalizar toda una región. Los organizadores y financiadores de este festival quieren implementar una escuela y un festival de teatro en Suchitoto. ¿Vas a potenciar este proyecto?

¿Quién dice que no podamos lograr que El Salvador sea conocido en el mundo, ya no por la Mara Salvatrucha, sino por la calidad de nuestra Compaña Nacional de Danza, nuestra Orquesta Sinfónica, de nuestros diseñadores y teatreros?

¡Pongámosnos metas grandes! No nos propongamos el regreso a nuestras raíces, sino alcanzar nuestro posible futuro.

Nada más, querida Breny, tu amigo Paolo Lüers

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Aleteo y narcotráfico

¿Qué tienen en común los aleteros de tiburón y los traficantes de cocaína? Pues que los dos aprovechan los vacíos legales facilitados por las autoridades del Poder Ejecutivo para realizar sus fechorías en los muelles privados de Puntarenas.

No es casualidad que el dirigente pesquero ahora encarcelado por presunto narcotráfico, ha sido uno de los mayores opositores a nuestra campaña contra el uso ilegal de los muelles privados por parte de la flota extranjera que aletea tiburones.

Sistemáticas violaciones. Desde el año 2003, Pretoma ha denunciado hasta la saciedad que las autoridades no solo han faltado en su deber de hacer cumplir la ley, sino que facilitan su violación.

Según el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, las importaciones de productos deben ocurrir en muelles públicos, permitiendo el uso de muelles privados tan solo en casos excepcionales, como casos fortuitos.

El artículo 212 del mismo Reglamento faculta a la Dirección General de Aduanas a habilitar muelles privados, pero únicamente con fines turísticos no comerciales.

Estos artículos no son antojadizos, pues existen actividades de interés público que el Estado está en la obligación de tutelar, lo cual tan solo puede realizarse eficientemente donde existe infraestructura pública y rige la Ley General de la Administración Pública.

No obstante lo anterior, desde 1998 las autoridades del Incopesca, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas, se confabularon y consolidaron un plan para violar sistemáticamente la ley para no solo permitir, sino fomentar, el uso ilegal de los muelles privados por parte de la poderosa flota extranjera.

De hecho, desde hace más de tres años la Sala Constitucional ordenó a las autoridades recurridas, incluido el Ministerio de Ambiente, impedir el uso de muelles privados que no estén dotados de infraestructura pública. La orden fue secundada por la Contraloría, y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa recomienda su acatamiento inmediato.

Una y otra vez, las recurridas han decidido hacer caso omiso de las órdenes, y actualmente, estas embarcaciones continúan descargando sus productos en muelles privados, al amparo de resoluciones y reglamentos sin asidero legal, lo cual deja evidentemente desprotegido el interés público.

Advertimos en su momento que la situación no solo facilita aleteo, sino potencialmente la evasión de impuestos, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal, y hasta compromete la seguridad nacional.

Básicamente, la mesa está servida para evadir los controles estatales y realizar cualquier tipo de “chorizo” en los muelles privados de Puntarenas.

Oídos sordos. Hemos recurrido al ministro de Agricultura, Javier Flores; al ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez; a la viceministra Ingresos (Hacienda), Jenny Phillips; a la vicepresidenta Laura Chinchilla cuando fungía como tal, y hasta al mismísimo presidente Arias, pero nadie quiere hacer cumplir la ley en los muelles privados, bajo el alegato de que no están obligados a lo imposible.

¿Cuál imposible? A punta de denuncias legales, hemos logrado acabar con los mecanismos que han diseñado las recurridas para legitimar su accionar, y cerrar los muelles privados en cumplimiento de la ley en dos ocasiones, en el 2004 y en el 2006.

Lamentablemente, ambos cierres duraron tan solo dos semanas; el tiempo requerido por las recurridas para redactar más resoluciones sin asidero legal y otras artimañas legales para perpetuar la situación. Esto nos ha obligado a interponer más denuncias que se ventilan actualmente en los tribunales. Mientras tanto, la actividad ilegal continúa, como si nada.

Esperamos que lo ocurrido con el embarque de cocaína en tiburones le abra los ojos al Poder Ejecutivo, y como dijo el Fiscal General al referirse específicamente a este caso, “…que Costa Rica deje de hacer el ridículo”.

Bastante ridículo hizo ya el país cuando el expresidente Pacheco se ganó el “Premio Internacional Enemigo de los Tiburones 2005”, por no hacer cumplir la ley en los muelles privados y permitir el aleteo. La diferencia es que ahora el premio sería en combo: “Enemigo de los Tiburones y Amigo de los Narcotraficantes”.

Publicado en La Nación, 18 de julio de 2009.

Dos argumentos demagógicos

I.

Cuando -al fin- ha hecho algo realmente bueno e importante el nuevo presidente de la República, lo critican los guardianes de lo políticamente correcto. Cuando -al fin- la Asamblea Legislativa produjo algo positivo para el país, le caen encima los abogados de la inmaculada concepción. Cuando -al fin- los tan cuestionados partidos políticos deciden ponerse de acuerdo, colocando la institucionalidad del país encima de sus intereses partidarios, los acusan de usurpación de las funciones de la Asamblea los cerberos de la pureza.

Estoy hablando de la elección de los magistrados y del presidente de la Corte Suprema, resultado de una ardua pero muy productiva negociación entre los partidos políticos bajo mediación del presidente de la República. Y estoy hablando de la crítica que al presidente, a la Asamblea y a los partidos hace los puristas, por ejemplo Carlos Dada en su reciente editorial de El Faro.

Nuestros puristas no cuestiona el resultado, sino el procedimiento. Están de acuerdo con los magistrados electos, con su independencia y su competencia, con el equilibrio creado en la Sala de lo Constitucional. El pecado es de origen, como en el caso de los niños bastardos concebidos fuera del procedimiento normal que es el matrimonio y la posición de misionario.

La nueva Corte y sus magistrados no fue concebidos en el seno de Asamblea, sin en Casa Presidencial. Se duda de los padres: sospechan que no fueron los diputados que aparecen en el acta de nacimiento, sino hombres extraños como el jefe del ejecutivo y líderes partidarios que no disponen de curules en la Asamblea.

Tienen razón. Teóricamente no es Casa Presidencial donde se engendran acuerdos parlamentarios. Tampoco habla la Constitución de mediadores para llegar a la mayoría calificada. Correcto: Así como tampoco en la Constitución de Honduras se habla del presidente costarricense como mediador para asuntos internos de poder. Así como no estaba previsto en ninguna Constitución que la Iglesia y el Secretario General de la ONU mediaran entre guerrilla y gobierno para cambiar la institucionalidad de El Salvador...

El presidente no ha usurpado funciones de otros poderes constitucionales. No ha impuesto sus candidatos a magistrados. Si lo hubiera intentado, ARENA hubiera abandonado la mesa de concertación. O el Frente, quien sabe...

El presidente Funes ha facilitado un acuerdo entre partidos. Los partidos lo han convertido en acuerdo parlamentario. Cuando tengamos -algún día- una Asamblea electa de otra manera, donde los diputados actúen con más independencia de las cúpulas partidarias, ya no necesitaríamos que el presidente intervenga mediando para lograr mayorías calificadas. Mientras tanto, que bueno que interviene...


II.

Muchos comentaristas (entre ellos nuevamente el editorialista de El Faro), para criticar el recién concluido proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo comparan con la audiencia pública que en estos mismos días tiene lugar en el Comité Judicial del Senado en Washington para confirmar la nominación de la jueza Sotomayor a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Según estos comentaristas, la comparación de los dos procesos deja al descubierto la deficiencia de nuestra Asamblea. Mientras en Washington los senadores interrogan a los futuros magistrados en público ante las cámaras de televisión, en El Salvador no hay transparencia, no hay debate público sobre los méritos y las posiciones de los candidatos.

Es una argumentación bastante ligera, porque compara peras con manzanas. Además muestra poco conocimiento del sistema norteamericano de nombrar y confirmar magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En Estados Unidos los presidentes, sobre todo cuando pasan en la casa Blanca por dos períodos, determinan el carácter político e ideológico de la Corte Suprema. Cada vez que sale uno de los jueces -normalmente por muerte, ya que son cargos vitalicios-, el presidente mete a un juez que corresponde a sus preferencias. Preferencias filosóficas es el eufemismo que se suele usar, pero se sabe que son políticas y partidarias. Todo el mundo en Estados Unidos distingue entre ‘jueces liberales’, nombrados por presidentes demócratas, y ‘jueces conservadores’, nombrados por presidentes republicanos.

Es cierto que cada vez que el presidente nombra a un juez para la Corte Suprema, se celebra una audiencia exhaustiva en el Comité Judicial del Senado. Al final de esta audiencia, cualquier televidente conoce las opiniones del candidato sobre el aborto, el control de armas y otros temas controversiales. Parece un ejemplo de transparencia.

Parece. Pero de hecho el proceso de selección de candidatos es mucho más transparente en El Salvador. Primero, la elección de los abogados de la República, de la cual salen 15 candidatos a la Corte. Luego, los debates en el Consejo Nacional de la Judicatura, de los cuales salen los otros 15 candidatos. No existe nada parecido en Estados Unidos. El presidente y su círculo muy cercano escogen, sin transparencia ninguna, a los candidatos. A su conveniencia, para poner a la Corte Suprema en sintonía con las políticas del presidente. Es un proceso totalmente discrecional, secreto, donde el presidente no le debe explicación a nadie.

Una vez que el nombre del elegido por el presidente llega al Senado, comienza un proceso transparente, televisado en vivo. ¿Pero saben cuántos nombramientos presidenciales a la Corte Suprema ha rechazado el Senado en toda su existencia? ¡Sólo doce!

Es casi regla que el senado confirma los nombramientos del presidente. Aunque los debates son muy fuertes, al fin no son mucho más que un reality show. El ejecutivo requiere sólo mayoría simple para confirmar a los jueces. La Constitución de Estados Unidos no tiene un candado para evitar que un partido, con mayoría simple, determina la inclinación ideológica de la Corte Suprema.

Nuestros magistrados necesitan mayoría calificada en la Asamblea, o sea los partidos mayoritarios están condenados a ponerse de acuerdo. En Estados Unidos, es básicamente el presidente que define la correlación de fuerzas en la Corte - y todo el mundo lo acepta como normal...

No estoy haciendo ningún juicio sobre cuál sistema de elegir magistrados de la Corte Suprema es mejor. Son dos sistemas diferentes, cada uno con ventajas y desventajas.

Pero que no nos digan que el sistema de Washington es un ejemplo de transparencia cristalina, sólo porque en televisión aparecen unos viejitos haciendo preguntas incómodas, para luego confirmar el nombramiento del presidente. Y no me digan que el sistema nuestro es viciado, sólo porque en Casa Presidencial se ponen de acuerdo las cúpulas partidarias sobre los futuros magistrados. En la Casa Blanca se pone de acuerdo el presidente con sus asesores, y con nadie más. El resto es básicamente un reality show televisión.

(El Diario de Hoy/Observador)

Democracia en ruinas

No nos cansaremos de decir en este espacio editorial que los sucesos acaecidos en Honduras tienen una significación profunda para la democracia venezolana. El hecho de que las instituciones civiles hondureñas hayan reaccionado con tanta rapidez para hacer respetar su ley electoral, mantener el equilibrio de los poderes y parar a tiempo el plan chavista de instalar una asamblea constituyente para destruir desde adentro el sistema democrático, debe ser analizado objetivamente, más allá de la actuación militar.

Lo que aprendimos los venezolanos y todos los demócratas de América Latina, es que el truco de inventar una Constituyente para destruir las instituciones civiles es una de las jugarretas políticas más perversas que se haya conocido en las últimas décadas en la región. Ni siquiera a la CIA se le ocurrió semejante treta siniestra, aunque debemos reconocer que el comandante Fidel Castro sí supo prever estratégicamente que era un arma de doble filo para los desprevenidos pueblos del sur del Río Grande.

Que la Constituyente fuera en sus comienzos, y todavía, un arma de doble filo, significa que era posible usarla tanto para crear la falsa ilusión de que, a través de ella, la sociedad iba a dotarse de instituciones civiles cada vez más robustas y sinceras, o que también el Estado se convirtiera en un instrumento servil de las ambiciones de un militar orientado a erigirse en el único poder posible.

Esto último queda condensado en el intento de crear una república militar y autoritaria, basada en el incremento diario del odio, de la división social y política entre hermanos y de la entrega a una ideología caduca y extranjera como la cubana. Hoy más que nunca somos una nación frágil, incapaz de defenderse a sí misma ante los peligros del exterior, y sometida a una gran red de corrupción organizada a gran escala.

Ahora los jueces reciben órdenes directas del Poder Ejecutivo para argumentar sus sentencias, la Contraloría sólo investiga a los críticos del régimen y no a los corruptos que mercadean desde los ministerios y la industria petrolera, haciendo negocios entre hermanos, cuñados y suegras. Nada escapa al hambre de dinero de los nuevos ricos del comunismo del siglo XXI.

Aunque el Presidente no se da por enterado, los policías ya no se distinguen de los ladrones, los guardias nacionales son hoy las fuerzas represivas más odiadas, incluso por encima de la Disip y la DIM. Por si fuera poco la Fiscalía, la Defensoría y el Tribunal Supremo son el hazmerreír de los gobiernos serios del continente y de Europa. Venezuela se ha convertido en una nación de payasos, en un país que va por allí de chiste en chiste, de burla en burla y de humillación en humillación.

Por ello, hay que reconocer y darle apoyo total a los líderes de la oposición que, contra viento y marea, han ido a la OEA a colocar en la mesa de discusiones los desatinos de la revolución bolivariana, sus atropellos y las mentiras que su propaganda riega por el continente. En fin, a desenmascarar a Chávez.

(El Nacional, Venezuela)

Los nuevos crímenes

Este parece ser el mensaje del Gobierno: los delitos también pasan de moda. Pierden prestigio, dejan de ser importantes. Un asesinato ya no es lo que era hace años. Las balas perdidas ya sólo son un show mediático. Lo ha dicho el diputado Pedro Lander esta semana. "Los medios alteran la realidad (...) venden matrices de opinión sobre la inseguridad".

El problema real no es la violencia sino la manera de contar la violencia. Los homicidios sólo existen en la televisión.

Lo mismo ocurre con la corrupción. Si no fuera por los medios, nadie hablaría de la corrupción. Es un delito francamente demodé. Tan antiguo como un betamax, como la gelatina de frutas, como el papel carbón. Es pavoso, aburrido. A nadie le importa. La culpa es de los medios que se clavan en mencionar esa trivialidad. Eso no es periodismo: es sabotaje.

Porque ahora tenemos nuevos delitos. Nuevas formas de sospecha y, por supuesto, nuevas formas de vigilancia. Todo grupo que se proponga permanecer en el poder de manera indefinida, tarde o temprano termina produciendo sus propias enfermedades, sus paranoias particulares, sus crímenes. El gobierno bolivariano no es una excepción. Mientras seguimos esperando que le digan al país quién mató a Danilo Anderson, el Gobierno busca desesperadamente más delitos, más leyes, más culpas, más maneras de acorralar a los otros.

Los otros: he ahí otro indicador diferente para poder ponderar o valorar la calidad democrática de una sociedad.

Los otros, los distintos, los independientes, los diversos...

¿Existen? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Qué dicen? ¿Qué espacio tienen, en qué medio se expresan? Un proyecto dictatorial no entiende a los otros. No sólo no los tolera: ni siquiera los concibe. No puede aceptar su existencia. Eso es aún más importante que la definición de izquierda o derecha con la que pretenda arroparse cualquier proyecto totalitario. Los otros son sólo un objeto, un objetivo, del poder.

El ministro Rafael Ramírez suele ser muy contundente.

Habla poco pero cuando habla mete la lengua hasta el fondo.

Parece desconocer los matices, las estrategias discursivas.

Ya hace años, con su "rojo-rojito", resumió de manera brutal la voluntad de un Estado que apuesta decididamente por el apartheid político. Esta semana, de nuevo, ha soltado otra frase que delata, de forma escandalosa, la concepción que el Gobierno tiene de los ciudadanos y de sus libertades: quien no esté abierta y proactivamente con el Gobierno, puede ser considerado un conspirador.

¿Qué es un conspirador? Según esta definición, es cualquiera. Ya no se trata de abstenerse, de no firmar en contra del Presidente, de vivir y morir callado. Ahora el Gobierno exige más. Conspirador es aquel que no se pone la camisa roja. Es aquel que no apoya de manera decidida el proceso. No sólo el que critica, el golpista y oligarca, sino también aquel que quiere pasar agachadito, el que no se manifiesta a favor. La oferta de Ramírez es muy clara: de entrada, ser funcionario público equivale, ni más ni menos, a militar en el PSUV.

Quien no está con Chávez es un delincuente. Y al que no le guste, que se vaya. Ahora Venezuela es de todos.

Ya hace casi dos semanas, la fiscal Luisa Ortega Díaz planteó la creación de un instrumento legal que pueda sancionar los "delitos mediáticos". Forma parte de lo mismo. Se nos quiere imponer un tipo de sociedad fundada en la censura y en el miedo, regida por el juicio discrecional de un único poder ¿Quién decide qué es información y qué es opinión? ¿En qué quirófano se pueden separar ambas? ¿Con qué tabla se evalúan los contenidos mediáticos que supuestamente dañan la salud mental de los venezolanos? De nuevo: los otros existen. Y tienen derecho de producir y consumir distintas versiones de lo que ocurre. Así es la vida fuera de los cuarteles. Ya deberían saberlo. "Un Estado hambriento es más aterrador que un hombre hambriento", dijo Osip Mandelstam, poeta ruso, muerto en uno de los campos de trabajo del estalinismo. El Estado totalitario no se sacia nunca. Convierte su ansiedad en su destino.

Desea controlarlo todo, conocerlo todo, someterlo todo. Habla de democratizar el espacio radioeléctrico para, justamente, quedarse con él, monopolizarlo. Intenta regir las libertades en materia de opinión para criminalizar la diferencia. Declara que todo aquel que no es devoto es un conspirador, para convertir a los otros en enemigos. Ese es el sentido de su hambre: invadir, ocupar, suprimir a los otros.

Se acabó el relajo. Ya no se puede ser ni-ni. Si te quedas callado serás sospechoso.

Entre el "¡Patria, socialismo o muerte!" y el silencio, ahora también caben algunos años de cárcel.

(El Nacional, Venezuela)

State Ruled by Crime and Chávez Family


"This is what anarchy looks like, at least the type of anarchy where the family of Chávez accumulates wealth and power," said Ángel Santamaría, a Barinas cattleman whose 8-year-old son, Kusto, was held for ransom for 29 days.


BARINAS, Venezuela — Stretching over vast cattle estates at the foothills of the Andes, Barinas is known for two things: as the bastion of the family of President Hugo Chávez and as the setting for a terrifying surge in abductions, making it a contender for Latin America’s most likely place to get kidnapped.

An intensifying nationwide crime wave over the past decade has pushed the kidnapping rate in Venezuela past Colombia’s and Mexico’s, with about 2 abductions per 100,000 inhabitants, according to the Interior Ministry.

But nowhere in Venezuela comes close in abductions to Barinas, with 7.2 kidnappings per 100,000 inhabitants, as armed gangs thrive off the disarray here while Mr. Chávez’s family tightens its grip on the state. Seizures of cattle ranches and crumbling infrastructure also contribute to the sense of low-intensity chaos.

Barinas offers a unique microcosm of Mr. Chávez’s rule. Many poor residents still revere the president, born here into poverty in 1954. But polarization in Barinas is growing more severe, with others chafing at his newly prosperous parents and siblings, who have governed the state since the 1990s. While Barinas is a laboratory for projects like land reform, urgent problems like violent crime go unmentioned in the many billboards here extolling the Chávez family’s ascendancy.

“This is what anarchy looks like, at least the type of anarchy where the family of Chávez accumulates wealth and power as the rest of us fear for our lives,” said Ángel Santamaría, 57, a cattleman in the town of Nueva Bolivia whose son, Kusto, 8, was kidnapped while walking to school in May. He was held for 29 days, until Mr. Santamaría gathered a small ransom to free him.

The governor of Barinas, Adán Chávez, the president’s eldest brother and a former ambassador to Cuba, said this month that many of the kidnappings might have been a result of destabilization efforts by the opposition or so-called self-kidnappings: orchestrated abductions to reveal weaknesses among security forces, or to extort money from one’s own family.

“With each day that passes,” the governor said recently, “Barinas is safer than before.”

Through a spokeswoman, he declined to be interviewed.

In an election last year marred by accusations of fraud, Adán Chávez succeeded his own father, Hugo de los Reyes Chávez, a former schoolteacher who had governed Barinas for a decade with the president’s brother, Argenis, the former secretary of state in Barinas.

Another brother, Aníbal, is mayor of nearby Sabaneta, and another brother, Adelis, is a top banker at Banco Sofitasa, which does business with Adán’s government. Yet another brother, Narciso, was put in charge of cooperation projects with Cuba. The president’s cousin Asdrúbal holds a top post at the national oil company.

Politicians once loyal to the president who have broken with him and his family here contend that Mr. Chávez’s family has amassed wealth and landholdings through a series of deals carried out by front men.

One opposition leader, Wilmer Azuaje, detailed to prosecutors and legislators what he said was more than $20 million in illegal gains by the family since the president’s father was elected governor in 1998. But in a brief review of those claims, National Assembly, under the control of Chávez loyalists, cleared the family of charges of illicit enrichment.

“In the meantime, while the family wraps itself in the rhetoric of socialism, we are descending into a neo-capitalist chaos where all that matters is money,” said Alberto Santelíz, the publisher of La Prensa, a small opposition newspaper.

One reason for the rise in kidnappings is the injection of oil money into the local economy, with some families reaping quick fortunes because of ties to large infrastructure projects.

A new soccer stadium, built under the supervision of Adelis Chávez’s at a cost of more than $50 million, is still unfinished two years after its first game in 2007, joining other white elephants dotting Barinas’s landscape. Nearby lies the unfinished Museum of the Plains, intended to celebrate the culture of the president’s birthplace. A sprawling shopping mall stands half-completed after its backers fled a shakedown by construction unions.

More than a decade into the Chávez family’s rule in Barinas, the state remains Venezuela’s poorest, with average monthly household income of about $800, according to the National Statistics Institute. Kidnapping, once feared only by the wealthy, has spread in Barinas to include the poor. In one case this year of a 3-year-old girl kidnapped in the slum of Mi Jardín, the abductor, when told that the only thing of value owned by the girl’s mother was a refrigerator, instructed her to sell it to pay the ransom.

Kidnapping specialists here said the abductors were drawn from two Colombian rebel groups, a small Venezuelan guerrilla faction called the Bolivarian Liberation Front, other criminal gangs and corrupt police officers. Just a fraction of the kidnappings result in prison sentences.

“With impunity rampant in Barinas, how can our governor say with a straight face that people are kidnapping themselves?” asked Lucy Montoya, 38, a hardware store owner whose sister, Doris, a 41-year-old mother of three, was kidnapped in March.

Doris Montoya’s abductors have not freed her or communicated with her family since receiving ransom money in May, Lucy Montoya said, adding, “The government’s handling of this crisis is an affront to our dignity as human beings.”

Meanwhile, new figures show kidnappings climbing to 454 known cases in the first six months of 2009, including about 66 in Barinas, compared with a nationwide 2008 estimate of between 537 and 612. But officials acknowledge that the true figures are probably higher because many cases are never reported.

Here in Barinas, victims seethe over the inaction of the president and his family. “Our ruling dynasty is effectively telling us we are expendable,” said Rodolfo Peña, 38, a businessman who was abducted here last year. “The only other plausible theory,” he said, “is that they are too inebriated by power to notice the emergency at their feet.”

(The New York Times)

"El universo explota..."



(Spiegel-Online/SPAM)

La encrucijada hondureña

Sin tanta paja: No hay solución negociada para Honduras. No hay, porque del plan de siete puntos de Oscar Arias, cada bando declara no negociable uno. El presidente depuesto Manuel Zelaya no se puede comprometer a renunciar a la intención de convocar una Constituyente para abolir la prohibición de a reelección presidencial. Y el gobierno de Roberto Micheletti, la Corte Suprema y el Congreso no pueden aceptar el regreso de Zelaya a la presidencia.


Con esto, resultan improcedentes los dos puntos claves de la propuesta de Oscar Arias. A menos que uno de los dos bandos ceda.

Zelaya no puede ceder, porque perdería inmediatamente el único apoyo confiable que le ha quedado: el respaldo de Hugo Chávez y el ALBA. Zelaya depende de ellos en todo. Para él, regresar a la presidencia sin seguir gozando del apoyo del ALBA, no tiene ningún sentido. Sin el dinero que le proporciona Chávez, Zelaya no se sostiene en el exilio - y tampoco en el poder. Y sus ‘aliados’ del ALBA no están interesados en Manuel Zelaya, ni en la paz social de Honduras. Están interesados en Zelaya y el movimiento social hondureño como instrumentos para asegurar que Honduras se quede en el ALBA, que Honduras avance en el camino de la erosión de las instituciones de la democracia representativa. Para Hugo Chávez, el punto clave es la Constituyente, el cambio de sistema en Honduras. Si no sirve para eso, Zelaya le vale un comino.

Por eso Zelaya no puede aceptar el punto clave de la propuesta de Arias de desistir de la ‘cuarta urna’, del referéndum, de la Constituyente, de la reelección... Sería su suicidio definitivo. Sabe perfectamente que lo poquito que le queda de vida política después de su salida de Honduras, es prestado de Hugo Chávez. El pequeño ejército de activistas que a diario reclama en las calles su retorno, no es de él, es de Chávez. Regresar al poder aceptando condiciones inaceptables para Chávez, dejaría a Manuel Zelaya sin nada.

Por otra parte, las autoridades de Tegucigalpa no pueden ceder en el punto que para ellas es clave: el no retorno de Zelaya a la presidencia. Micheletti ya dijo que todo lo demás es negociable, incluyendo su propia presencia en Casa Presidencial, menos el retorno de Zelaya. Cediendo en este punto, en vez de resolverse, la crisis institucional de Honduras se agudizaría. El gobierno de facto de Micheletti tiene una sólo ventaja que le permite mantener cierta gobernabilidad: su llegada al poder –o sea el derrocamiento de Zelaya- resolvió el enfrentamiento entre los poderes constitucionales...

De esta manera, como era previsible, fracasó la mediación de Oscar Arias. Los dos puntos claves de su propuesta de siete acuerdos resultan improcedentes.

Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable: ¡nada!

Si no hay acuerdo sobre los dos puntos claves -el retorno al poder de Zelaya, y la suspensión del intento de convocar a una Constituyente-, quedan dos alternativas: Retoma el poder Manuel Zelaya sin consentimiento de los otros poderes del Estado, y trata de seguir adelante con la famosa “cuarta urna” para convocar una Constituyente. Eso significa confrontación con la Corte, el Congreso, la Fuerza Armada, los dos partidos mayoritarios...

O queda gobernando en Tegucigalpa un gobierno (con o sin Micheletti), que no goza del reconocimiento de la minoría que representa Zelaya, pero sí del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál de las dos opciones es más conflictiva y genera más inestabilidad para Honduras y sus vecinos? Parece obvio que la primera. Zelaya, para retomar el poder, tiene que pasar por choques violentos o, como algunos dicen, una guerra civil. El gobierno de facto, para mantenerse en el poder, sólo tiene que mantener la unidad de los sectores e instituciones que lo apoyan; mostrar capacidad de control sobre policía y ejército, para garantizar los derechos ciudadanos; y pagar el costo económico y político de las sanciones internacionales.

Una minoría, para tomar el poder, siempre necesita emplear más violencia que una mayoría para sostenerse. Así de simple.

La comunidad internacional tiene que decidir si está interesada en estabilidad y gobernabilidad en Honduras, o en restablecer un gobierno que produce división, ingobernabilidad, crisis institucional.

(El Diario de Hoy/Observador)

Carta a Rodrigo Ávila


Estimado Rodrigo:


Perdiste las elecciones, pero esto no significa que tenés que desaparecer del mapa. Hiciste bien de mantenerte al margen de la refundación de ARENA, dejando espacio a gente que no ha estado en el desmadre interno que en última instancia les hizo perder.

Pero no tenés porqué esconderte. O dejar que te escondan. No hiciste un mal papel en las elecciones. Supiste pelear y supiste perder.

El país no puede darse el lujo de perder los aportes de sus mejores políticos sólo porque perdieron elecciones. El país necesita construir sobre la experiencia colectiva. De ganadores y vencidos.

Hoy, cuando en el debate urgente sobre seguridad pública nadie parece tener norte, el país demanda que el hombre que ha sido el mejor director de policía intervenga, participe, pelee. El nuevo gobierno no tiene ni plan ni liderazgo para enfrentar los retos de la seguridad. Están improvisando. Están cometiendo cagadas, como negociar con los pandilleros las condiciones en las cárceles…

La nueva dirección de ARENA tampoco tiene mucha idea sobre el tema. Tenés la obligación de tomar la iniciativa y provocar un debate constructivo sobre cómo enfrentar la delincuencia y la violencia.

Si vos no, ¿quién?

Te saluda Paolo Lüers

(Más!)

¿Golpe de Estado en Guatemala?

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denunció que en Guatemala se estaba gestando un golpe de Estado en contra del presidente Álvaro Colom, al estilo del ocurrido en Honduras contra Manuel Zelaya, en el cual estarían involucrados militares y empresarios.

A su vez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a la oligarquía guatemalteca de haber asesinado a Rodrigo Rosenberg, con el objeto de derrocar al régimen de Colom.

Sin duda, los señalamientos de Chávez y Morales evidencian una clara identificación entre el gobierno de Guatemala y los gobiernos que integran el Alba (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba), todos de corte populista autoritario o dictatorial. Chávez y Morales no defienden a quien no se identifica con ellos, y si no que lo digan los gobiernos mexicano, colombiano y peruano.

Al igual que el “chavismo” en Venezuela, el oficialismo guatemalteco ha venido insistiendo en el complot y la conspiración para derrocar a Colom, antes y después del asesinato de Rosenberg.
Han sido los “caballitos de batalla” preferidos del oficialismo para acallar las críticas y descalificar las acciones legales en contra de sus actuaciones. Para el régimen de Colom, todos los adversarios, disidentes y críticos son “enemigos” y “desestabilizadores”. No existen términos medios: o se está con Colom o contra él.

El “chavismo”, bajo la denominación de “socialismo del siglo XXI”, es expansionista. Tanto es así que se ha denunciado que Chávez ha apoyado y financiado proyectos políticos en otros países, tales los casos de Perú, México, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros. Luego, defiende a los gobiernos que le son adeptos o afines a capa y espada.

En Guatemala, la paranoia del oficialismo no se justifica, porque no hay indicios ni evidencias de que pudiera estarse fraguando un golpe de Estado contra Colom. Ni siquiera en los días posteriores a la muerte violenta de Rosenberg, extremo que lo comprobó personalmente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien de paso exoneró a Colom de cualquier responsabilidad en el crimen del indicado abogado.

En conclusión, las declaraciones de Chávez y Morales deben ser entendidas como un “espaldarazo” para Colom y como una nueva manera de hostigar y atemorizar a sus adversarios, opositores y críticos.

Las tristezas de Nicaragua

El nicaragüense Gustavo Ochoa, de 23 años, que llegó en 2004 a Madrid, tiene una pena. "Hay mucho desconocimiento en el exterior de lo que ocurre en mi país", comenta. El estudiante de Psicología explica: "No hay comparación entre la vida aquí y la de Nicaragua. La gente se va no por buscar un futuro mejor, sino para buscar un futuro a secas".

Los datos respaldan su argumento. Nicaragua, el país más grande de Centroamérica, es el segundo más pobre del continente. Su producto interior bruto (PIB) por habitante apenas supera los 700 euros, según el Banco Mundial. El equivalente a un cuarto de su población (unos 5,6 millones de habitantes) vive en el extranjero y la democracia adolece de una preocupante debilidad institucional cuyo paradigma es el ataque a la prensa independiente.

30 años después del inicio de la revolución sandinista, "el Gobierno [del aún sandinista Daniel Ortega] ha concentrado las pautas publicitarias en medios de comunicación afines a su política y utiliza la publicidad oficial como un mecanismo de castigo contra la prensa crítica", según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Al respecto, Douglas Carcache, jefe de Información del diario nicaragüense La Prensa, afirma que en su país sí hay libertad de expresión, pero matiza que es una libertad bajo acoso: "El temor a las amenazas del Gobierno han conducido a algunos medios a la autocensura".

Rosario Murillo, primera dama y portavoz del Estado, controla la agenda política; ningún funcionario puede hablar con los periodistas sin su consentimiento. La información oficial no es transparente, pero es la única que hay. Francisco Chamorro, director de El Nuevo Diario, explica: "Dependemos de los medios de comunicación del Gobierno para saber lo que hace el presidente". Murillo justifica el bloqueo informativo con la excusa de que, al contrastarla, los medios independientes "corrompen" la información.... (leer nota completa en El País)

Sobre los fondos europeos y su implementación a la gestión de las Áreas Naturales Protegidos

Existen diversos fondos que la unión europea a diseñando para ayudar a los países miembros con PIB per capita inferiores a la media europea. Estos fondos en su mayoría están destinados hacia el agro, así su utilización en espacios naturales protegidos españoles se ve muy limitada. Aunque existen ciertos ejemplos en los que si se han visto vinculados. A partir de esta reflexión sobre España sería interesante analizar las politicas medioambientales salvadoreñas y ver como estas al fina de cuentas son quienes imponen las estratégias de conservación nacionales, pero primero una reflexión desde Europa y España.

Los fondos europeos están estructurados de la siguiente manera. El 50% del presupuesto es para la Política Agraria Comunitaria (PAC) estas son una sería de medidas destinadas a compensar (financiar) a agricultores en condiciones desventajosas con el del resto de Europa, esto se logra a través de una política de garantías, que incluye parte de un programa ambiental, así como un breve y pequeño apartado sobre política rural que lleva a la formación de planes de desarrollo rural que se ven alimentados por la políticas del primer pilar. Así también otros fondos que se implementan son las llamadas políticas estructurales que incluyen el 35 % del presupuesto, así se establecen políticas regionales, sociales y agrarias, dando forma a la creación de distintos fondos como el FEDER, FSE, FEOGA, Fondos de Cohesión, Iniciativas comunitarias (LEARDER+, INTERREG III, EQUAL y URBAN III).

La mayoría de estos casos se implementan en territorios pertenecientesa a la Red Natura 2000, que es una red de espacios naturales protetidos (ENP), lugares de interes comunitario (LIC) y zonas de espacial protección para las aves (ZEPA). Importante recalcar que existe una cofinanciación para los fondos destinados a la Red Natura, por lo que si no existe una voluntad expresa de los gobiernos nacionales difícilmente existirá dicha financiación, esto por su parte hace que dichas ayudas sean limitadas. Además de entrar en un claro conflicto de competencias entre la Unión Europera (EU), el estado miembro y los gobiernos locales (en el caso español más complicado debido a la existencia de las autonomías).

Existen también unos fondos destinados a iniciativas locales para el desarrollo Rural, estos fondos se conoces como LEADER, hasta este momento han comprobado ser una de las medidas mas eficaces, baratas y rentables. En estos fondos se esta examinando la vinculación de la iniciativa privada al extremo donante, lo cual en un primer grado parece deseable, en el extremo receptor se tiene que incentivar la inclusión de más participación privada para que no exista un monopolio de los gobiernos locales en cuanto a estos fondos. Otras medidas para incentivar el desarrollo local han sido los fondos LIFE; con un gran éxito también, estas medidas han resultado de las más provechosas, aunque han existido ciertas dificultades con los fondos LIFE-Naturaleza, los fondos LIFE-Medioambiente parecen estar funcionando muy bien.

El instrumento LIFE son los fondos que la UE a destinado para financiación de la Red Natura 2000, aunque estos son instrumentos de muy corta duración y ahora han sido ocupados nada más en proyectos modelo y no han sido ampliamente utilizados, si se destinaran más fondos a esta medida pues talvez pudiéramos presenciar una gran avance en la realización de la Red Natura 2000. Aunque existe la preocupación de la aplicabilidad de las fondos LIFE a LICs marinos.

Las medidas agroambientales ocupan muy poco presupuesto del asignado por la UE, para su correcta implementación deberíamos hablar de una ampliación de dichos fondos así como del establecimiento de etiquetas de calidad. Así como una disminución de los fondos del primer pilar de la PAC.

Las medidas de silvicultura, existen en algunos casos, depende si el espacio cuenta con zonas agrícolas donde la reforestación es compatible con la conservación, en el caso de pastos de dehesa o las extensiones de secano de Castilla y León, no es posible. Pero esto no es así en todas partes, así que estos fondos pueden ser aplicados a zonas forestales protegidas o manejadas, como las proximidades del Parque Natural del Moncayo en Aragón. Debería de desarrollarse más el artículo 32 que tiene una implicación más directa en la gestión y aplicación a la conservación.

Existen otras fondos de aplicación más sectorial como el FEDER, que se puede aplicar para la realización de planes de manejo y contratación de personal, el INTERREG que se aplica en los territorios fronterizos, el ISOP, FSE y los fondos I+D, los cuales se destinan a financiar proyectos de investigación y desarrollo, aunque en mi experiencia se dedican más a ciencia pura y que a ciencia aplicada.

Así caemos otra vez en la reflexión sobre la PAC. Con las nuevas medidas de desacoplamiento, no se sabe que resultados finales y como afectara a la vida rural y el medio ambiente. La modulación puede que potencie el desarrollo rural y la Ecocondicionalidad, termina siendo un manual de buenas prácticas y faltará ver la normativa vigente para ver su real aplicabilidad.

Entonces existen una serie de limitantes para la aplicación de los fondos europeos a los espacios protegidos, y es que la mayoría de ellos no esta diseñado para la conservación, aunque la tengan esta como algo tranversal y hallan una cuantas medidas diseñadas para esto, la verdad es que lo subsidios distorsionantes del mercando mundial se les ve poco sentido de conservación de la naturaleza y si acaso como medidas de mejora de la vida rural, aunque aun en este caso es difícil de ver esta aplicabilidad.

Como comentario final, los ejemplos de financiación de actividades en espacios naturales protegidos en Latinoamérica por lo menos resulto provechosa para desvelar la falta de idea que mucha cooperación tiene. Es muy difícil tratar de aplicar recetas sacadas de Europa a un contexto tan diferente como el de América Latina. Así faltaría hacer un análisis de las causas estructurales y no financiación tapadera de proyectos poco sostenibles.

Hallazgo en Casa Presidencial de Honduras: Zelayas de fibra de vidrio



(Heraldo, Tegucigalpa)

Chávez lo quiere todo

Durante algún tiempo hubo motivo para dudar; el presidente venezolano Hugo Chávez tuvo siempre un talante autoritario, pero en sus primeros años de Gobierno fue relativamente cauto. Hoy ya está, sin embargo, claro que lo quiere todo. Y por los graves errores de la oposición, que le regaló con su omisión en las urnas la Asamblea, puede permitirse hacerlo dentro de una legalidad a su medida. Así es como se va forjando el Estado que encarna el llamado socialismo del siglo XXI, sistema que, sin embargo, ya se conocía en la historia como capitalismo de Estado; un capitalismo, en buena medida social, pero regido por la más absoluta arbitrariedad, por los aleatorios deseos del líder.

El último avatar de esta ofensiva para la dominación de todos los resortes del poder será la aprobación, probablemente antes de fin de año, de la ley sobre la propiedad social, que así enunciada, no debe de sonar mal, puesto que hasta la Iglesia sostiene que ese derecho no puede ser nunca irrestricto. Pero ocurre que la ley, acogida con nutrida división de opiniones, es un ejemplo de cómo entiende Chávez la gobernación, pensada como está para legalizar a posteriori la estatalización o confiscación de industrias alimentarias y tierras de labor, así como tiene hoy ya en el punto de mira a los medios, con la anunciada revisión de las condiciones de emisión de cerca de 300 radios y televisiones del país.

La pugna latinoamericana entre chavismo y antichavismo abarca cada vez más teatros de acción, como el forcejeo diplomático sobre Honduras, en el que Venezuela opera, si bien con extraordinaria truculencia, junto a las democracias para exigir el restablecimiento de Manuel Zelaya en la presidencia contra los golpistas de Roberto Micheletti; y, a tenor de un informe del Congreso norteamericano, se extiende, por añadidura, al ominoso terreno del narcotráfico. Según estas fuentes, Venezuela se habría convertido en un gran puerto de embarque de la droga con destino a EE UU, lo que desmiente airado el presidente Chávez.

La última batalla, sin embargo, no se ha perdido todavía. Parte de la opinión nacional ha reaccionado muy críticamente contra la propuesta de ley sobre la propiedad, y la presidencia ha congelado para consultas el proyecto. Chávez aún no lo tiene todo. El autoritarismo avanza, pero ecos de la libertad y del pluralismo aún se hacen oír en Venezuela.

(El País, Madrid)

Many Nicaragua revolutionaries feel betrayed by the revolution

Reporting from Managua, Nicaragua — He is as old as the Sandinista revolution, 30 years. His father was such a true believer that he named him after a communist hero. Twice.

"My father still believes," said Marx Lenin Martinez, an aspiring computer technician. "I admired the original goals of the revolution, but today the Sandinistas are just like all politicians."

On July 19, 1979, a young Nicaraguan guerrilla commander with an idealistic swagger and a droopy black mustache helped overthrow a brutish dictator and captivate the world's imagination. Three decades later, older and not necessarily wiser, President Daniel Ortega has repulsed many followers and baffled others.

Although Sandinista loyalists like Martinez's father, Mario, still abound, far more common are the disillusioned, like Martinez himself -- those who believe today's version of Sandinista rule is a mockery of the original leftist revolution. "A farce," in the words of renowned Nicaraguan poet and novelist Gioconda Belli.

Most of the top Sandinista comandantes who led the revolution, along with other prominent militants, have long parted company with Ortega. They accuse him of reversing many of the revolution's gains and of using the presidency primarily to expand his own financial and political power base.

Critics charge that Ortega and his forces have systematically persecuted opposition politicians, dissidents and independent journalists, while striking deals with erstwhile enemies, including right-wing businessmen, in the interest of political expediency.

Ortega has created a kind of "co-government" with his wife, Rosario Murillo, who has never held an elected post. He benefits from millions of dollars from Venezuelan President Hugo Chavez, most of which evades central accounting procedures. Some is used to finance populist, vote-grabbing social programs, but it is a mystery where it all ends up. Mayoral elections last fall, in which Ortega's supporters won the lion's share, were widely seen as fraudulent, and Ortega has begun to explore ways he can change laws to succeed himself at the end of his term in 2011.

"The revolution is dead and buried," veteran Sandinista activist Sofia Montenegro said. "So much effort, so many lives sacrificed to create a process of democratization, a political constitution, elections . . . a legacy that they are destroying."

The revolution will forever have its place in history. It made Nicaragua the region's most tenacious Cold War foil for Washington during the Reagan administration. And it led to fundamental changes in a country where, more than in most of long-repressed Central America, citizens are not shy about demanding their rights. Today, an army and police force that were once purely partisan are considered models of professionalism.

But many of the revolution's brightest lights now worry that Ortega will plunge the country deeper into poverty and push a divisive agenda that will lead to more violence.

Dora Maria Tellez, a onetime guerrilla commander and member of the dissident Sandinista Renewal Movement, assailed what she calls Orteguismo, a faction used to sustain Ortega and his family in power. He spouts anti-imperialistic rhetoric to give a leftist patina to his government, she and others say, while making deals with the most conservative sectors of society and building up his own business interests.

The Times' requests for interviews with Ortega and Murillo for this article went unanswered. He has routinely dismissed his critics as disaffected oligarchs or reactionaries.

In July 1979, Ortega and other Sandinista militants rode a popular insurrection against dictator Anastasio Somoza into the seat of power. Those were heady, passionate days, the first time in the Americas, since the Cuban revolution 20 years earlier, that a nation rose up to overthrow its entrenched rulers (and the last time).

The Sandinistas ruled over a revolutionary experiment for the next decade, and fought U.S.-backed rebels for the last decade of the Cold War. Ortega called elections in 1990, and then unexpectedly lost them. He failed in successive attempts to return to the presidency until 2006, when he won election with just 38% of the vote.

His climb back to power involved an unsavory deal with former President Arnoldo Aleman, who was convicted of fraud and money laundering after his term ended in 2002 and sentenced to 20 years in prison. In a nutshell, Ortega purportedly promised to pardon Aleman if Aleman threw his support behind the Sandinistas; the deal would shelve allegations from Ortega's stepdaughter that he had molested her for years, a never-resolved case.

Even die-hard Sandinistas such as Marx Lenin's father, Mario, are uncomfortable with the deal, known as El Pacto. In the end, though, he says it was necessary.

"The alternative, of the right wing continuing [in office], would have been worse," said Mario Martinez, 50, in the three-room home he has lived in for 25 years. The son of a market vendor, Martinez says his children got educations and careers as engineers and teachers thanks to the revolution.

"Sandinismo taught me to be a fighter and a good citizen," he said as a hot breeze fluttered the floral curtains that serve as doors and a green parrot chattered from its cage.

Martinez's mother, Juana Aminta Mendez, 78, is also an unflinching Sandinista. Mother and son were wearing Che Guevara T-shirts during a recent visit; Marx Lenin was having none of it. His memories of the revolution have more to do with the clothes he couldn't buy and the obligatory military service that kept his father away when he was a boy.

Through the 1980s, Managua was a tired shell of a city. The earthquake-ruined center had never been repaired. Shortages, thanks to U.S. embargoes and Sandinista mismanagement, meant empty store shelves and long lines for fuel to cook and run cars.

Today, Managua's center has shifted a couple of miles north, along a major road now lined with restaurants , U.S.-style gas stations and a handful of sprawling malls. Intersections where beggars languish are anchored, remarkably, by casinos.

Nicaragua remains one of the poorest countries in the hemisphere, though it does not suffer the same sky-high crime rates of some of its neighbors.

Somewhere along the way, the Sandinista party under Ortega abandoned its trademark and ubiquitous red-and-black colors for what can only be described as a garish fuchsia. Hot-pink signs with Ortega's picture equate El Presidente with El Pueblo -- the people and the president are one.

To grasp power, Ortega formed an unlikely alliance with the conservative Roman Catholic Church hierarchy, notably with Cardinal Miguel Obando y Bravo, who had been one of the Sandinistas' fiercest critics in the '80s.

To win Obando's support, Ortega came out in favor of tightening Nicaragua's already tough abortion law: It is now illegal in Nicaragua even if the woman's health is threatened. In the '80s, Ortega had been a champion of women's rights and abortion rights.

"We have gone backward," said Ana Quiros, a public health advocate and longtime Sandinista.

"They are taking away rights and liberties, and we have gone full circle, back to dictatorship," Montenegro agreed. "We are fighting for the same things we were fighting for 30 years ago."

(The Los Angeles Times)

Las trampas de la memoria

Para quienes vivimos el 19 de julio de 1979 como protagonistas de esa historia, la fecha está grabada en nuestra nostalgia y nuestra memoria de manera indeleble.

Ver materializarse lo que parecía imposible, ver el país de uno despojarse de lastre y salir volando como un globo de colores al espacio de los sueños y los ideales es una experiencia imborrable. Nada puede mermar el brillo de esos días; son como diamantes prendidos en ese espacio íntimo donde existe la identidad, los hijos y las pasiones más fieras. Allí se planta la Patria en la vida de quien la rescata y defiende: Nicaragua es para siempre el rostro amado verde y rojo, azul y negro por quien uno estuvo dispuesto a morir.

Hace 30 años, cuando muy jóvenes pero agrandados por heroicas hazañas de todo tipo tomamos el poder, veníamos de una dictadura de 45 años. No conocíamos ni habíamos vivido jamás la democracia. Nuestro idealismo se había nutrido de una ideología igualitarista que soñaba con el fin de la explotación y con el establecimiento de un sistema que redistribuyera la riqueza. Hablábamos de “tomarnos el cielo por asalto”, citando a Marx y también creíamos en la “dictadura del proletariado”, el partido único de vanguardia, el centralismo democrático y el internacionalismo. Nuestra hazaña de haber conducido al país a emanciparse de la dictadura, nos llevó a auto-nombrarnos representantes de todo el pueblo y a pensar que quienes no compartían nuestra visión eran enemigos de los intereses populares. Así fue que dividimos nuestra pobre y atrasada realidad usando concepciones maniqueas, entre “burgueses, oligarcas y vende-patrias” y “patriotas, compañeros y sandinistas”. Unos representaban todo lo malo y nunca podían decir la verdad y otros representaban todo lo bueno y nunca podían equivocarse. Esa división arbitraria, la intolerancia a todo el que no aceptara estos predicados socavó la unidad que la lucha antisomocista había generado. El descontento derivó en apoyo a los grupos armados organizados, con la ayuda de Estados Unidos, a partir de los remanentes de la Guardia Nacional. Nicaragüenses humildes se volvieron tan enemigos de la revolución como los más adinerados y directamente afectados.

Poco democráticos fuimos. Casi ningún espacio concedimos al pensamiento crítico. La guerra se introdujo en la ecuación y Estados Unidos, con su larga historia de intervenciones en América Latina, jugó su papel nefasto al involucrarse en nuestra contienda interna, sirviéndole en bandeja de plata la censura y la represión a los más autoritarios entre nosotros.

La revolución terminó con un canto de cisne y sin rendir a plenitud sus frutos.

A tantos, sin embargo, para bien o para mal, les cambió la vida para siempre; desde quienes tuvieron oportunidades que jamás habrían sido suyas, a los que perdieron los acumulados de sus vidas y tuvieron que volver a empezar, hasta esos que murieron: los que jamás lograron ser cuanto podían haber llegado a ser. De manera que la revolución es lo mismo un espacio de alegría que uno de dolor para cada nicaragüense que la vivió. Su evocación es un nicho sagrado o una herida en la memoria de nuestro pasado reciente.

De 1990 para acá tendría que haberse producido un aprendizaje a fondo. Treinta años no pasan en vano. En Nicaragua, como en otros países, los pueblos optaron por la democracia y rechazaron la idea de que su libertad era el precio necesario para obtener justicia social. El hito histórico y democrático que significó el traspaso de poder a Violeta Chamorro por parte del FSLN, parece muy lejos de los planes del nuevo sandinismo Orteguista que retomó el gobierno en 2006.

Este constructo híbrido parece preso de una nostalgia enfermiza que lo ha llevado a considerar el tiempo transcurrido desde 1990 como inexistente. No sólo se apela a las viejas canciones, las viejas consignas, las tarimas y los discursos, sino que se vuelve a revivir la retórica maniquea y divisionista que tanta tragedia y abismo puso en nuestro pasado. Lo que es peor: a todas luces está claro que el Danielismo ha decidido no volver a ceder el poder por la vía electoral, no volver a “equivocarse” y ha cambiado las reglas del juego, según se vio en noviembre de 2008, para asegurarse que, sea como sea que vote el pueblo, el resultado les favorezca. Ya en su edad madura, estos ex- guerrilleros quieren empalmar el pasado con un presente “modificado” por ellos mismos, que los mantenga convencidos de su poder y aclamados por las masas que se encargan hábilmente de coaccionar para que los vitoreen.

Pero ya nada es igual. La revolución que fue, nunca volverá a repetirse.

Sin arrogancia, con madurez, en este treinta aniversario, habría que honrar los recuerdos, enmendar los errores y dirigir los esfuerzos a construir el futuro.

(El Nuevo Diario, Managua)

Un extraño momento

En estos días que se recuerda la derrota de la dictadura somocista y la entrada triunfal de las columnas guerrilleras a Managua, se repite constantemente en la televisión (ahora principalmente en el canal oficialista y sus canales aliados) la imagen de la Junta de Gobierno entrando en un camión del Cuerpo de Bomberos a la Plaza de la República, que en ese instante era rebautizada como Plaza de la Revolución.

Hay una cosa curiosa en esas imágenes que al menos yo no había notado sino hasta el año pasado. De los cinco miembros de la Junta de Gobierno: Violeta Barrios, Alfonso Robelo, Sergio Ramírez, Moisés Hassan y Daniel Ortega, sólo este último viste uniforme militar.

No es de extrañarse que los tres primeros vistan de civil, eran luchadores civiles. Lo que me ha llamado la atención es la vestimenta de los otros dos personajes, que revela, digamos, de cuerpo entero, sus personalidades.

Moisés Hassan llegaba de civil. Aunque Hassan fue un hombre que combatió fuertemente en el Frente Interno (Managua) y en los últimos días de la guerra siguió combatiendo en Masaya, y ni entonces ni después anduvo de militar.

Ortega, en cambio, miembro del Frente Sandinista desde 1967 aproximadamente, cae preso en 1968, no capturado en combate, sino por un “ajusticiamiento”, como le llaman ellos. Luego pasa siete años preso, hasta 1974, cuando es liberado por la toma de la casa del ministro somocista José María Castillo Quant. Se va para Cuba y regresa brevemente a Nicaragua en el 75, clandestino, en momentos en que la represión somocista era feroz y la actividad guerrillera estaba reducida al mínimo, por la represión y por la división interna del Frente Sandinista.

Luego Ortega vuelve a salir y opera clandestino en Costa Rica. Participa de nuevo brevemente en una escaramuza en Las Segovias en 1977 que termina en fracaso y vuelve a Costa Rica. No ingresa de nuevo a Nicaragua sino una semana y días antes del 19 de julio. Llega a León, ya cuando los guerrilleros, liderados por Dora María Téllez han expulsado a la Guardia Nacional, con todo y el temible “Vulcano”, el general Gonzalo Evertz.

Hago este recuento que he investigado con destacados dirigentes de la insurrección no para cuestionar la valentía de Ortega como luchador antisomocista. Aunque él “no haya visto mucha acción militar”, como me dijo uno de los que me explicó la carrera guerrillera de Ortega, sí hay que reconocer que se requiere mucho valor para permanecer, por las razones que sea, en la lucha clandestina, sobre todo después de siete años de cárcel. Claramente expuso su vida no pocas veces.

Pero sobre lo que me interesa reflexionar es ese “extraño momento” en que Ortega, llegando a León —me lo imagino— entra a un cuarto de civil y sale vestido de militar.

La tensión de la guerra primero y la euforia del triunfo después hicieron que el detalle pasara inadvertido, pero en otras circunstancias se habría interpretado que Ortega se había disfrazado.

Lo que 30 años después hace fácil esta comparación es la actitud de Hassan, quien jamás vistió de militar durante el gobierno y se retiró en 1988, cuando la nomenclatura sandinista era todavía dueña de vida y hacienda en Nicaragua.

Yo no soy siquiatra, pero me imagino que la extraña acción de Ortega se puede interpretar como alguien que no sólo está reclamando su rango, sino que revela la visión que él tenía de lo que venía para Nicaragua.

(La Prensa, Managua)