Cuando -al fin- ha hecho algo realmente bueno e importante el nuevo presidente de la República, lo critican los guardianes de lo políticamente correcto. Cuando -al fin- la Asamblea Legislativa produjo algo positivo para el país, le caen encima los abogados de la inmaculada concepción. Cuando -al fin- los tan cuestionados partidos políticos deciden ponerse de acuerdo, colocando la institucionalidad del país encima de sus intereses partidarios, los acusan de usurpación de las funciones de la Asamblea los cerberos de la pureza.
Estoy hablando de la elección de los magistrados y del presidente de la Corte Suprema, resultado de una ardua pero muy productiva negociación entre los partidos políticos bajo mediación del presidente de la República. Y estoy hablando de la crítica que al presidente, a la Asamblea y a los partidos hace los puristas, por ejemplo Carlos Dada en su reciente editorial de El Faro.
Nuestros puristas no cuestiona el resultado, sino el procedimiento. Están de acuerdo con los magistrados electos, con su independencia y su competencia, con el equilibrio creado en la Sala de lo Constitucional. El pecado es de origen, como en el caso de los niños bastardos concebidos fuera del procedimiento normal que es el matrimonio y la posición de misionario.
La nueva Corte y sus magistrados no fue concebidos en el seno de Asamblea, sin en Casa Presidencial. Se duda de los padres: sospechan que no fueron los diputados que aparecen en el acta de nacimiento, sino hombres extraños como el jefe del ejecutivo y líderes partidarios que no disponen de curules en la Asamblea.
Tienen razón. Teóricamente no es Casa Presidencial donde se engendran acuerdos parlamentarios. Tampoco habla la Constitución de mediadores para llegar a la mayoría calificada. Correcto: Así como tampoco en la Constitución de Honduras se habla del presidente costarricense como mediador para asuntos internos de poder. Así como no estaba previsto en ninguna Constitución que la Iglesia y el Secretario General de la ONU mediaran entre guerrilla y gobierno para cambiar la institucionalidad de El Salvador...
El presidente no ha usurpado funciones de otros poderes constitucionales. No ha impuesto sus candidatos a magistrados. Si lo hubiera intentado, ARENA hubiera abandonado la mesa de concertación. O el Frente, quien sabe...
El presidente Funes ha facilitado un acuerdo entre partidos. Los partidos lo han convertido en acuerdo parlamentario. Cuando tengamos -algún día- una Asamblea electa de otra manera, donde los diputados actúen con más independencia de las cúpulas partidarias, ya no necesitaríamos que el presidente intervenga mediando para lograr mayorías calificadas. Mientras tanto, que bueno que interviene...
II.
Muchos comentaristas (entre ellos nuevamente el editorialista de El Faro), para criticar el recién concluido proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo comparan con la audiencia pública que en estos mismos días tiene lugar en el Comité Judicial del Senado en Washington para confirmar la nominación de la jueza Sotomayor a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Según estos comentaristas, la comparación de los dos procesos deja al descubierto la deficiencia de nuestra Asamblea. Mientras en Washington los senadores interrogan a los futuros magistrados en público ante las cámaras de televisión, en El Salvador no hay transparencia, no hay debate público sobre los méritos y las posiciones de los candidatos.
Es una argumentación bastante ligera, porque compara peras con manzanas. Además muestra poco conocimiento del sistema norteamericano de nombrar y confirmar magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En Estados Unidos los presidentes, sobre todo cuando pasan en la casa Blanca por dos períodos, determinan el carácter político e ideológico de la Corte Suprema. Cada vez que sale uno de los jueces -normalmente por muerte, ya que son cargos vitalicios-, el presidente mete a un juez que corresponde a sus preferencias. Preferencias filosóficas es el eufemismo que se suele usar, pero se sabe que son políticas y partidarias. Todo el mundo en Estados Unidos distingue entre ‘jueces liberales’, nombrados por presidentes demócratas, y ‘jueces conservadores’, nombrados por presidentes republicanos.
Es cierto que cada vez que el presidente nombra a un juez para la Corte Suprema, se celebra una audiencia exhaustiva en el Comité Judicial del Senado. Al final de esta audiencia, cualquier televidente conoce las opiniones del candidato sobre el aborto, el control de armas y otros temas controversiales. Parece un ejemplo de transparencia.
Parece. Pero de hecho el proceso de selección de candidatos es mucho más transparente en El Salvador. Primero, la elección de los abogados de la República, de la cual salen 15 candidatos a la Corte. Luego, los debates en el Consejo Nacional de la Judicatura, de los cuales salen los otros 15 candidatos. No existe nada parecido en Estados Unidos. El presidente y su círculo muy cercano escogen, sin transparencia ninguna, a los candidatos. A su conveniencia, para poner a la Corte Suprema en sintonía con las políticas del presidente. Es un proceso totalmente discrecional, secreto, donde el presidente no le debe explicación a nadie.
Una vez que el nombre del elegido por el presidente llega al Senado, comienza un proceso transparente, televisado en vivo. ¿Pero saben cuántos nombramientos presidenciales a la Corte Suprema ha rechazado el Senado en toda su existencia? ¡Sólo doce!
Es casi regla que el senado confirma los nombramientos del presidente. Aunque los debates son muy fuertes, al fin no son mucho más que un reality show. El ejecutivo requiere sólo mayoría simple para confirmar a los jueces. La Constitución de Estados Unidos no tiene un candado para evitar que un partido, con mayoría simple, determina la inclinación ideológica de la Corte Suprema.
Nuestros magistrados necesitan mayoría calificada en la Asamblea, o sea los partidos mayoritarios están condenados a ponerse de acuerdo. En Estados Unidos, es básicamente el presidente que define la correlación de fuerzas en la Corte - y todo el mundo lo acepta como normal...
No estoy haciendo ningún juicio sobre cuál sistema de elegir magistrados de la Corte Suprema es mejor. Son dos sistemas diferentes, cada uno con ventajas y desventajas.
Pero que no nos digan que el sistema de Washington es un ejemplo de transparencia cristalina, sólo porque en televisión aparecen unos viejitos haciendo preguntas incómodas, para luego confirmar el nombramiento del presidente. Y no me digan que el sistema nuestro es viciado, sólo porque en Casa Presidencial se ponen de acuerdo las cúpulas partidarias sobre los futuros magistrados. En la Casa Blanca se pone de acuerdo el presidente con sus asesores, y con nadie más. El resto es básicamente un reality show televisión.
Estoy hablando de la elección de los magistrados y del presidente de la Corte Suprema, resultado de una ardua pero muy productiva negociación entre los partidos políticos bajo mediación del presidente de la República. Y estoy hablando de la crítica que al presidente, a la Asamblea y a los partidos hace los puristas, por ejemplo Carlos Dada en su reciente editorial de El Faro.
Nuestros puristas no cuestiona el resultado, sino el procedimiento. Están de acuerdo con los magistrados electos, con su independencia y su competencia, con el equilibrio creado en la Sala de lo Constitucional. El pecado es de origen, como en el caso de los niños bastardos concebidos fuera del procedimiento normal que es el matrimonio y la posición de misionario.
La nueva Corte y sus magistrados no fue concebidos en el seno de Asamblea, sin en Casa Presidencial. Se duda de los padres: sospechan que no fueron los diputados que aparecen en el acta de nacimiento, sino hombres extraños como el jefe del ejecutivo y líderes partidarios que no disponen de curules en la Asamblea.
Tienen razón. Teóricamente no es Casa Presidencial donde se engendran acuerdos parlamentarios. Tampoco habla la Constitución de mediadores para llegar a la mayoría calificada. Correcto: Así como tampoco en la Constitución de Honduras se habla del presidente costarricense como mediador para asuntos internos de poder. Así como no estaba previsto en ninguna Constitución que la Iglesia y el Secretario General de la ONU mediaran entre guerrilla y gobierno para cambiar la institucionalidad de El Salvador...
El presidente no ha usurpado funciones de otros poderes constitucionales. No ha impuesto sus candidatos a magistrados. Si lo hubiera intentado, ARENA hubiera abandonado la mesa de concertación. O el Frente, quien sabe...
El presidente Funes ha facilitado un acuerdo entre partidos. Los partidos lo han convertido en acuerdo parlamentario. Cuando tengamos -algún día- una Asamblea electa de otra manera, donde los diputados actúen con más independencia de las cúpulas partidarias, ya no necesitaríamos que el presidente intervenga mediando para lograr mayorías calificadas. Mientras tanto, que bueno que interviene...
II.
Muchos comentaristas (entre ellos nuevamente el editorialista de El Faro), para criticar el recién concluido proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo comparan con la audiencia pública que en estos mismos días tiene lugar en el Comité Judicial del Senado en Washington para confirmar la nominación de la jueza Sotomayor a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Según estos comentaristas, la comparación de los dos procesos deja al descubierto la deficiencia de nuestra Asamblea. Mientras en Washington los senadores interrogan a los futuros magistrados en público ante las cámaras de televisión, en El Salvador no hay transparencia, no hay debate público sobre los méritos y las posiciones de los candidatos.
Es una argumentación bastante ligera, porque compara peras con manzanas. Además muestra poco conocimiento del sistema norteamericano de nombrar y confirmar magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En Estados Unidos los presidentes, sobre todo cuando pasan en la casa Blanca por dos períodos, determinan el carácter político e ideológico de la Corte Suprema. Cada vez que sale uno de los jueces -normalmente por muerte, ya que son cargos vitalicios-, el presidente mete a un juez que corresponde a sus preferencias. Preferencias filosóficas es el eufemismo que se suele usar, pero se sabe que son políticas y partidarias. Todo el mundo en Estados Unidos distingue entre ‘jueces liberales’, nombrados por presidentes demócratas, y ‘jueces conservadores’, nombrados por presidentes republicanos.
Es cierto que cada vez que el presidente nombra a un juez para la Corte Suprema, se celebra una audiencia exhaustiva en el Comité Judicial del Senado. Al final de esta audiencia, cualquier televidente conoce las opiniones del candidato sobre el aborto, el control de armas y otros temas controversiales. Parece un ejemplo de transparencia.
Parece. Pero de hecho el proceso de selección de candidatos es mucho más transparente en El Salvador. Primero, la elección de los abogados de la República, de la cual salen 15 candidatos a la Corte. Luego, los debates en el Consejo Nacional de la Judicatura, de los cuales salen los otros 15 candidatos. No existe nada parecido en Estados Unidos. El presidente y su círculo muy cercano escogen, sin transparencia ninguna, a los candidatos. A su conveniencia, para poner a la Corte Suprema en sintonía con las políticas del presidente. Es un proceso totalmente discrecional, secreto, donde el presidente no le debe explicación a nadie.
Una vez que el nombre del elegido por el presidente llega al Senado, comienza un proceso transparente, televisado en vivo. ¿Pero saben cuántos nombramientos presidenciales a la Corte Suprema ha rechazado el Senado en toda su existencia? ¡Sólo doce!
Es casi regla que el senado confirma los nombramientos del presidente. Aunque los debates son muy fuertes, al fin no son mucho más que un reality show. El ejecutivo requiere sólo mayoría simple para confirmar a los jueces. La Constitución de Estados Unidos no tiene un candado para evitar que un partido, con mayoría simple, determina la inclinación ideológica de la Corte Suprema.
Nuestros magistrados necesitan mayoría calificada en la Asamblea, o sea los partidos mayoritarios están condenados a ponerse de acuerdo. En Estados Unidos, es básicamente el presidente que define la correlación de fuerzas en la Corte - y todo el mundo lo acepta como normal...
No estoy haciendo ningún juicio sobre cuál sistema de elegir magistrados de la Corte Suprema es mejor. Son dos sistemas diferentes, cada uno con ventajas y desventajas.
Pero que no nos digan que el sistema de Washington es un ejemplo de transparencia cristalina, sólo porque en televisión aparecen unos viejitos haciendo preguntas incómodas, para luego confirmar el nombramiento del presidente. Y no me digan que el sistema nuestro es viciado, sólo porque en Casa Presidencial se ponen de acuerdo las cúpulas partidarias sobre los futuros magistrados. En la Casa Blanca se pone de acuerdo el presidente con sus asesores, y con nadie más. El resto es básicamente un reality show televisión.
(El Diario de Hoy/Observador)
