Carta a los hijos del general Benítez: “Big brother is watching you”

La hija, la esposa y el hijo del general Atilio Benítez en su conferencia de prensa en el Diagnóstico

Emma y José:
Les voy a ser franco: En este país, uno nunca sabe por quién se puede poner la mano al fuego. No les puedo decir categóricamente que su papá, el general Atilio Benítez, es inocente de las acusaciones que le hace el fiscal general Douglas Meléndez y que ahora se van a analizar en el antejuicio ante la Asamblea Legislativa. Pero conociendo a su papá y su record, me parece altamente improbable que haya manchado su trayectoria militar convirtiéndose en la cabeza de una “red de traficantes de arma”, como lo pinta la fiscalía. Pero bueno, esto se va a determinar en juicio, siempre que sea justo e imparcial, y siempre cuando los diputados de oposición no cometan la injusticia de querer joder al general para pegarle un golpe al gobierno al que sirvió de ministro de defensa.

Pero lo que sí está fuera de cualquier duda es la inocencia de ustedes, sus hijos. Entonces, me pregunto (o más bien le pregunto al gobierno de los Estados Unidos): Cuando los hijos del general Benítez, que viven en el exterior, emprendieron viaje a El Salvador para estar con su padre ante las acusaciones que enfrenta y ante el quebranto de salud que sufre, ¿por qué razón fueron interceptados por oficiales consulares norteamericanos para invalidarles las visas? Para que quede claro: Ellos no estaban viajando vía Estados Unidos. Esto pasó en el aeropuerto de Panamá, donde hicieron escala, viajando uno desde Alemania a San Salvador, y la otra desde Colombia a nuestro país. En suelo panameño, funcionarios consulares de Estados Unidos esperaban a los hijos del general, quien ha sido distinguido por los Estados Unidos de América con la Estrella de Bronce.

Esta distinción se la ganó en Irak, por acciones consideradas heroicas por sus camaradas de armas norteamericanos. ¿Cómo y cuándo se convirtió en enemigo para que Estados Unidos decidiera investigar los movimientos hasta de sus hijos?

Claro que Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene derecho de decidir a quiénes deniega, otorga o invalida sus visas. Está bien que se la quitaron al general Benítez, por el hecho que enfrenta acusaciones en El Salvador. ¿Pero a toda su familia, y de esta manera tan dramática, en suelo panameño? Esto sí requiere de una explicación.

Igual requiere de explicación, y no de flojos intentos de desmentido y distracción, el hecho que la embajadora de Estados Unidos se haya tomado la molestia de hablar a varios de los diputados para que reviertan la decisión de no autorizar el antejuicio contra el general Benítez. El hecho que algunos diputados del FMLN denunciaron esto de manera ofensiva y para llevar agua a su molino anti-imperio, no borra que todo el mundo sabe que es cierto que estas llamas se hicieron – y con éxito. No le reclamo a la embajadora de haber expresado que mejor se haga el antejuicio, más bien tiene razón: lo mejor es que se lo hagan – pero bien hecho, de manera justa y -esto sí- sin injerencias indebidas de nadie…

Que nadie de los diputados que recibieron las llamadas (ni tampoco los otros, que se enteraron de boca de los que sí las recibieron) quiera decirlo en público, solo demuestra una verdad vergonzosa: nuestros padres de la patria tienen miedo de la embajada. Son sumisos. Repito: No lamento que la embajadora haya hecho estas llamadas, tiene todo el derecho de expresarse. Lamento la poca transparencia en todo esto.

Algunos me han dicho: Mire, si los gringos intervinieron de esta manera un poco inusual (las llamadas a los diputados, el monitoreo de toda la familia, las visas, el comunicado reiterando el apoyo de Estados Unidos a la lucha contra la impunidad…), entonces a lo mejor hay mucho más en este caso contra el general – cosas que no sabemos, pero los gringos sí…

Pero asumir esto es la peor forma de presunción de culpabilidad, absolutamente contraria a la Constitución y a la decencia que dicta la presunción de inocencia. Pero porque conceder al gobierno de otro país el derecho de influir en procesos jurídicos, no con evidencias (lo que sería legítimo y bienvenido), sino simplemente con señales de poder: las llamadas, las visas, y “big brother is watching you”…

Les quiero decir a ustedes que no merecen nada de esto. Merecen que a su padre se le haga un juicio justo, sin injerencias ni precondenas mediáticas.

Un abrazo,
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(MAS!/El Diario de Hoy)

 

Carta a los maestros, enfermeros, médicos, policías y bomberos del país

Estimados trabajadores públicos:
Ustedes son los que nos brindan los servicios públicos elementales, pero estratégicos, que un Estado debe a sus ciudadanos: educación, salud y seguridad.

En los países más desarrollados, lo de ustedes son las profesiones de servicio público más prestigiosas y mejor remuneradas. Y no les pagan bien porque tienen más desarrollo y más pisto, es al revés: estos países son más desarrollados y tienen más recursos porque a tiempo apostaron por salud, educación y seguridad -y a los profesionales que proveen estos servicios. A su formación profesional, a su bienestar, a su prestigio en la sociedad, a sus condiciones de trabajo, a las inversiones necesarias servir bien a los usuarios.

Aquí no. Aquí el Estado y la sociedad tratan con negligencia y a veces con menosprecio a las profesiones que deberían tener absoluta prioridad. Por esto estamos trabados en el subdesarrollo. Vayan a visitar Costa Rica para ver la diferencia…

Cada rato, esta negligencia hace crisis social y política. A veces la crisis se enciende por el pésimo estado de hospitales, escuelas, delegaciones policiales o estaciones de bomberos -y los correspondientes equipos. A veces la crisis se enciende por que a ustedes no les cumplen las obligaciones salariales, de prestaciones o de bonos que ha asumido el Estado. Como ahora: por esto tenemos huelgas en escuelas y hospitales, y peligro de huelga hasta en la policía. El Gobierno dice: No hay pisto, no puedo cumplir con los bonos prometidos, con las prestaciones obligatorias o con los escalafones salariales que les corresponden por ley.

Y ustedes dicen, con todo derecho: Entonces, que el Gobierno revise sus prioridades. Porque sí hay pisto para otras cosas que ni siquiera son obligaciones por ley del Estado. Ninguna ley obliga al Estado a poner relieves prehispánicos en los túneles; a construir nuevos edificios para la Asamblea y para la fiscalía; a pagar seguros privados a los funcionarios de la Corte, de la Asamblea y de las autónomas; a pagar por cenas y viajes de diputados, ministros; a contratar asesores y asesores de asesores… y mucho menos a pagar todo lo que pagan de las cajas discrecionales de la presidencia de la República, de la Asamblea y de la Corte Suprema.

Si el Estado tiene un problema de caja, no puede comenzar a recortar en los gastos que le corresponden por ley, sino en otros que corresponden a su agenda electoral o partidaria.

Los escalafones de salud, educación y PNC son obligaciones establecidos por ley. Y muchos de los bonos son obligaciones establecidos por convenios. Hay quienes dicen que los escalafones, sobre todo el de Salud, son “impagables, injustos y hasta escandalosos”.

Bueno, si alguien piensa que un escalafón, establecido por ley, es “impagable y injusto”, que cambie la ley, pagando el costo político que esto significa. Ante las leyes y otras obligaciones legales (por contratos o por promesas públicas hecha por el Gobierno) solo hay dos opciones: cumplirlas o cambiarlas. Simplemente incumplir obligaciones que tiene el Estado como patrón y como proveedor de servicios públicos no es opción. Mucho menos con el argumento “Sorry, me quedé sin pisto”.

El Gobierno tiene que revisar sus prioridades: Si realmente quiere dar prioridad a mejorar la calidad de los servicios públicos que da a los ciudadanos, tiene que invertir en las instituciones y los profesionales que los brindan. Esto significa mejores instalaciones y equipos para hospitales, escuelas, policía y bomberos -pero también mejores salarios para los profesionales que ahí trabajan.

Y ustedes tienen todo el derecho de exigir ambas cosas: más inversión en sus instituciones -y que les cumplen las obligaciones a cada uno de ustedes. Y si el Gobierno no responde a estas exigencias, que pague el costo político de su incapacidad y su falta de voluntad.

No se dejen intimidar. Saludos,

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(MAS!/El Diario de Hoy)



La toma de Caracas

El jueves 1 de septiembre, la oposición venezolana se va a tomar Caracas. Suena beligerante, pero todos los líderes nacionales, locales y sectoriales que se juntaron para convocar a la ‘Toma de Caracas’ han enfatizado en su carácter pacífico. Si el 1 de septiembre se convierte en un día negro depende enteramente del gobierno que ya ha amenazado con bloquear con despliegues policiales y militares las arterias del país y de la ciudad.


De todos los rincones del país se encaminan marchas sobre la capital. Miles de personas caminando cientos de kilómetros, y aprovechando su paso por pueblos y ciudades para hacer crecer la marcha. Ya no es un asunto de los partidos opositores y sus dirigentes, se ha vuelto un asunto de la ciudadanía que ya no aguanta el caos económico y social creado por el régimen de Nicolás Maduro. La gran mayoría de los venezolanos, independiente de su afiliación ideológica, solo quiere que esta pesadilla termine.

La única manera de terminar esta pesadilla antes de que lleve al país a al caos total es el referéndum revocatorio, con el cual la posición pretende conseguir la destitución de Nicolás Maduro y su gobierno chavista. Esto lo permite la Constitución venezolana.

El problema es que la Constitución establece ciertos plazos. En concreto: Si el referéndum de revocación del presidente tiene lugar este año (y gana), habrá elecciones presidenciales. Si el régimen logra retrasar el referéndum hasta enero, siempre tendrá que renunciar Maduro, pero asumiría la vicepresidencia.

Entonces, el pleito sobre la fecha es un pleito sobre cambio de gobierno o cambio de régimen. Y para resolver la grave crisis económica y social de Venezuela, se necesita un cambio de régimen. Por esto la gente marcha sobre Caracas, a pesar de todas las amenazas.

De hecho, uno de los principales organizadores de la ‘Toma de Caracas’, Yon Goicoechea, quien hace tres días fue secuestrado por la policía política SEBIN. A gente como Yon Goicoechea le temen los chavistas, por que como líder estudiantil se puso a la cabeza de una movilización nacional de estudiantes que hizo perder a Hugo Chávez el referéndum del 2009 para aprobar su Constitución Socialista.

El régimen chavista, desde su control de todas las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional de Elecciones y la Corte Suprema de Justicia, ha puesto todas las trabas posibles e imposibles, legales e ilegales, para que el referéndum revocatorio no se pueda celebrar antes de terminar el año. La respuesta de la oposición es la ‘Toma de Caracas’, y la respuesta de la ciudadanía son las marchas sincronizadas sobre la capital.

Lo más peligroso para el régimen chavista es que alrededor del referéndum de revocatoria los diferentes liderazgos de la oposición se han vuelto a unificar. Lo que en los últimos años fueron serias disputas sobre estrategia y liderazgo entre los que propusieron conseguir ‘la salida’ de Maduro con movilizaciones, y los otros que apostaron a una salida constitucional, ahora se han encontrado en un punto que los une: una salida constitucional, el refer´ndum de revocatoria, y para conseguir que se haga a tiempo, todos apuestan a la calle y movilización pacífica. Los chavistas echaron preso al dirigente de ‘la salida’, Leopoldo López (y otros dirigentes afines a él), pero solo para darse cuenta que el dirigente de la supuesta tendencia moderada, el gobernador de Miranda Henrique Capriles, se puso a la cabeza de la movilización popular en pro de la revocatoria.

Nuevamente se forjó la unidad entre los dos líderes más carismáticos y capaces de la oposición: Henrique Capriles y Leopoldo López, y de sus partidos, Primeo Justicia y Voluntad Popular. Y yo siempre, desde que conocí a estos dos hombres y sus altibajos de unidad y competencia, les dije: Juntos, ustedes dos son invencibles.

Lea también:
Oposición venezolana pide a la ONU que observe marcha antigubernamental
Fernando Mires: Antes del 1S
Henrique Capriles sobre la marcha del jueves: “La Toma de Caracas será masiva”

ULTIMA HORA:
Mensaje de la Secretaría General de la OEA
en ocasión de las manifestaciones del 1 de septiembre


(El Diario de Hoy-Observadores)


Carta a la jueza en la mira del populismo

Estimada jueza Evelyn Jiménez:
De un día al otro usted se convirtió en blanco de la frustración que mucha gente ha acumulado sobre nuestro sistema judicial. En redes sociales le dijeron de todo: corrupta, vendida… para solo citar las clasificaciones más decentes. Pero lo más preocupante: Todo esta ‘lluvia de porquería’ fue instigada por declaraciones de los fiscales del caso.

¿Por qué usted se convirtió en enemiga pública? Simplemente porque le tocó la papa caliente del caso Quique Rais/Luis Martínez. Simplemente porque usted se negó a declarar a estos personajes (tan detestables como los demás imputados) culpables antes del juicio. Yo, como ciudadano, tengo derecho de asumir que estos empresarios, fiscales, jueces y abogados acusados en este caso son corruptos y prepotentes. Lo asumo. Cuando Luis Martínez fue celebrado como el ‘fiscal general con valor’, y cuando muchos que ahora exigen que usted lo encarcele estaban promoviendo su reelección, yo señalé que estaba usando la Fiscalía para extorsionar y chantajear. Quiero verlo condenado.

Pero usted, como juzgadora, tiene que actuar bajo el imperativo constitucional de la presunción de inocencia. Y como pude observar, esto es exactamente lo que hizo en esta audiencia histórica contra Rais, Martínez y Cía.

Usted hizo lo que pocos jueces se hubieran atrevido: no aceptar que una fiscalía (que actuaba con todo el apoyo de una opinión pública frustrada con la impunidad histórica) convirtiera la audiencia inicial en un juicio adelantado para precondenar a los imputados.

¿Cuáles fueron los pecados suyos que la convirtieron en blanco de la ira de la Fiscalía y de la opinión pública? No admitir que en esta audiencia inicial (que por ley no era para evaluar pruebas ni mucho menos para concluir en la culpabilidad de los imputados) se reprodujeran los audios de las llamadas telefónicas que la Fiscalía ofrece como pruebas principales contra los imputados. Si entiendo bien, usted tuvo por lo menos dos razones de no hacer caso a la presión de los fiscales para que se escucharan estos audios: primero, le tocará al Juzgado de Instrucción decidir si estas grabaciones son admisibles, ya que la ley mandaba que hace tiempo tenían que haber sido destruidas por vencerse el plazo que da la Ley de Intervención Telefónica. No es competencia del Juez de Paz decidir si son admisibles como pruebas.

Tengo entendido que usted, en un primer momento, accedió a escuchar los audios, pero sin decidir de antemano si serían pruebas admisibles. Pero luego se encontró con una segunda razón de no permitir estos audios en su audiencia: Resulta que lo que la Fiscalía le entregó, era una versión editada de las grabaciones. Usted tuvo doblemente razón de no admitir una prueba ‘editada’ con el criterio de la Fiscalía.

Pero solo esto era suficiente para que los fiscales pusieran en duda su integridad como jueza, y llegaron al descaro de exigir que a la audiencia asistiera la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema para investigar a una jueza que aplica la ley en vez de remendar los errores técnicos de la Fiscalía.

Su otro pecado: Conceder a los imputados medidas sustitutivas a la detención. Muchos reclamaron que muchos imputados, sobre todo de pocos recursos, están esperando su juicio en las bartolinas, mientras que Luis Martínez, Quique Rais y Cía. salen libres con una fianza. Es muy correcta esta crítica, que siempre se le ha hecho al sistema judicial. Pero el problema no es que en este caso usted decidió conceder medidas sustitutivas; el problema que hay que denunciar, es que en muchos casos se aplica ilegalmente la presunción de culpabilidad – y a los imputados se les niega el derecho de esperar su juicio y preparar su defensa en libertad. Los fiscales siempre piden que se mantenga la detención, es su manera equivocada de medir su éxito, y demasiados jueces les hacen caso – y por esto tenemos miles de detenidos sin condena causando hacinamiento en las bartolinas y los penales.

Usted hizo lo correcto: Cuando no hay una razón fuerte que obligue a mantener a los imputados en detención, hay que concederles libertad con medidas restrictivas.

Es lamentable que el simple hecho que una jueza aplique bien la ley, incluso teniendo el valor de ir contra la corriente de la opinión pública, la convierta en blanco de presiones y ataques indebidos. Los jueces no pueden trabajar bien bajo presión popular. Tienen que ser independientes, no solo del gobierno y otros poderes, sino también de la presión de la calle y de las redes sociales.

Es por esto que me preocupa la tendencia a un ‘populismo judicial’. La Fiscalía no puede promover sus acusaciones acudiendo a la movilización popular, mucho menos a las frustraciones y resentimientos acumulados. En este caso esto afecta a unos imputados que todos consideramos culpables, pero mañana puede afectar a cualquiera que va contra la corriente.

No la conozco, señora jueza, no sé si es buena jueza o no, pero sentí la necesidad de apoyarla contra la ola de ataques. Más bien se trata de proteger a la justicia.

Saludos,

44298-firma-paolo 
(MAS!/El Diario de Hoy)