"Con este mandato, la CIDH cuestiona la legitimidad de la práctica generalizada de la justicia salvadoreña de mantener a acusados en detención preventiva durante toda la fase de investigación e instrucción, que bajo el actual régimen de excepción puede prolongarse hasta por 4 años."
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Esto cambia sustancialmente la situación de estos dos presos políticos, que se encuentran encarcelados e incomunicados en cárceles salvadoreñas. En dos resoluciones casi idénticas, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de López y Anaya. La CIDH considera que se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”. Por tanto, la Comisión “solicita al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida, integridad personal y salud de Ruth López y Enrique Anaya”. Esto significa una obligación jurídica para el gobierno salvadoreño. Es un elemento nuevo para el gobierno salvadoreño frente al derecho internacional.
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Con esto, la CIDH declara que el estado de estricta incomunicación en el cual el gobierno salvadoreño mantiene encarcelados a Ruth López por 135 días y a Enrique Anaya por 114 días es violatorio al derecho internacional.
También la CIDH declara que “considerando la excepcionalidad de la prisión preventiva y la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud valorada en la presente resolución, se proceda con revisar la continuidad de la prisión preventiva (...), incluyendo la posibilidad de otras medidas alternativas a la detención preventiva”.
Con este mandato, la CIDH cuestiona la legitimidad de la práctica generalizada de la justicia salvadoreña de mantener a acusados en detención preventiva durante toda la fase de investigación e instrucción, que bajo el actual régimen de excepción puede prolongarse hasta por 4 años.
Aunque con esas resoluciones la CIDH solo ha mandado al Estado salvadoreño en dos casos específicos que suspenda la incomunicación, garantice los derechos a la defensa y otorgue medidas alternativas a la detención, esto cambia la situación de miles de personas que se encuentran en detención provisional e incomunicación en las cárceles salvadoreñas. No solo los presos políticos que se estiman que son unos 80, sino cualquier detenido bajo el régimen de excepción puede pedir las mismas medidas cautelares a la CIDH. Esto cambia la situación jurídica de decenas de miles de personas que se encuentran prolongadamente en detención preventiva e incomunicadas con sus defensores y familias.
Las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son jurídicamente válidas, aunque no tengan un carácter vinculante. La CIDH no tiene instrumentos para obligar al gobierno a cumplir sus medidas cautelares. Sin embargo, al no cumplir el gobierno salvadoreño las medidas dictadas por la CIDH, Ruth López y Enrique Anaya (y cualquiera que solicite las mismas medidas cautelares) pueden demandar al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí las resoluciones sí son vinculantes para el Estado.
Si el gobierno de Nayib Bukele decide no hacer caso a la resolución de la CIDH, corre el peligro de ser condenado por la Corte Interamericana. Es un riesgo serio con posibles consecuencias graves en el ámbito internacional.
Con su demanda ante la CIDH, Ruth López y Enrique Anaya han ganado una importante batalla jurídica y moral al régimen de Nayib Bukele. Ahora depende de la sociedad civil salvadoreña y de la comunidad internacional de obligar a Bukele a cumplir con el derecho internacional. El derecho internacional prevalece, porque en El Salvador la Corte Suprema de Justicia no cumple con su obligación de dictar medidas cautelares que protejan a los ciudadanos salvadoreños.
Saludos,
