Delega la Fiscalía las investigaciones al gobierno? Columna Transversal de Paolo Luers

Publicado en EL DIARIO DE HOY, domingo 23 agosto 2020

Hace poco tuve una controversia amable con una gran amiga (qué bueno que no siempre pensamos igual). Muchos dijimos que el fiscal general había desinformado, igual que el presidente de la República, en el caso Intratext, diciendo que se trataba de una evasión de $293 millones, cuando el mismo requerimiento fiscal habla de $5.33 millones. Ella dijo que fue un error, que el fiscal general ya había admitido y que es diferente a desinformar, es decir, dar una información mala a propósito. Yo le contesté que “El problema es que no le creemos. Bukele cometió el mismo ‘error’. Difícil creer en coincidencias…”.

Pensándolo bien, llego a la conclusión de que mi amiga puede haber tenido razón. A lo mejor el fiscal general no estaba mintiendo conscientemente; simplemente no conocía el fondo del caso. Por una simple razón: es uno de los casos que no nacen de una investigación propia de la Fiscalía, sino de una supuesta investigación de una entidad del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Hacienda. El ministerio llevó esta caso, con toda la documentación, a la Fiscalía. Hasta ahí no hay problema: el gobierno, como cualquier otro, puede hacer llegar demandas o avisos a la Fiscalía. La cosa se vuelve problemática cuando la Fiscalía no hace su trabajo y no hace su propia investigación, antes de presentar cargos ante un juzgado.

Lo que tiene que hacer la Fiscalía (y lo tiene que asegurar el fiscal general) es someter la documentación entregada por un ministerio a un minucioso examen, incorporando otros elementos, incluyendo elementos de descarga. ¿Por qué es tan crucial e indispensable esto? Porque los ministerios son entidades políticas cuya acción puede estar contaminada por intereses partidarios, sobre todo en una situación tan polarizada como lo ha creado la administración Bukele en el país, y aún más cuando se acercan elecciones.

Este examen la Fiscalía no lo ha hecho en el caso Intratext, en el cual el gobierno acusa a una empresa bajo régimen de zona franca de evasión de impuestos -con gran despliegue propagandístico, en el cual sistemáticamente mencionan el nombre de Javier Simán. Ni siquiera ha examinado si el caso que le entregó el Ministerio de Hacienda cumple un requisito indispensable: que todos los pasos administrativos ante el Ministerio, ante el Tribunal de Apelaciones y ante la Sala de lo Contencioso estén agotados antes de que la Fiscalía pueda tomar acción penal. Ni hablar del examen de los datos que el Ministerio de Hacienda entregó a la Fiscalía. El hecho de que la Fiscalía y su titular se pudieron equivocar tan drásticamente con el monto de la presunta evasión ilustra esto. Confundir los $293 de ganancia presuntamente gravada con los $5.33 millones impuesto que presuntamente había que pagar sobre este monto no es un errorcito que puede pasar a cualquiera, sino muestra un profundo desconocimiento del caso que acaban de presentar al juzgado, incluso emitiendo una orden administrativa de captura y tratando al gerente de la empresa como si fuera un capo como el Chapo.

El mismo comunicado con el cual la Fiscalía rectifica su “errorcito” de los $293 millones demuestra que los fiscales no tienen conocimiento propio del caso y sus datos, sino simplemente dependen de lo que el ministerio les entregó. Dice: “De acuerdo al aviso entregado por el ministerio de Hacienda, se evadió el pago de impuesto sobre la renta por no haber declarado $293 millones en concepto de ingresos gravados…”. Ojo, no dice “de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía”. La cosa es que no había investigación propia, apenas comienza, pero no antes sino después de presentar la acusación y ordenar una captura.

Lamentablemente, no es un caso aislado. La misma negligencia se muestra en el caso de la permuta de armas, donde la Fiscalía acusó y mandó a arrestar a Gustavo López Davidson, dueño de la empresa de armas Centrum, y los ex ministros de Defensa, Atilio Benítez y David Munguía Payés. El mismo esquema: el presidente acusa mediáticamente a López Davidson, en este momento presidente de ARENA; el ministerio hace una “investigación interna” y entrega toda una documentación a la Fiscalía para avisar de delitos cometidos. La Fiscalía, sin hacer un examen minucioso de los datos, documentos, testimonios que entregó el ministerio de Defensa, redacta un requerimiento fiscal basado en las “pruebas” proporcionadas por el gobierno y abre ante un juzgado la acción penal.

El fiscal general, como máximo y único responsable de las actuaciones de todos sus fiscales adjuntos, tiene que poner a funcionar un mecanismo riguroso y confiable de examinar todos los casos antes de autorizar la acción penal. Sobre todo dos clases de casos: los que ha heredado de administraciones anteriores de la Fiscalía General; y los casos cuya documentación proviene de entidades interesadas y posiblemente motivadas por intereses políticos-partidarios. Si el fiscal general no instituye este tipo de filtros, no solo se hace culpable de negligencia sino posiblemente de complicidad en intentos de usar la justicia con fines políticos.

Y la otra conclusión: Si en la Fiscalía no funcionan estos filtros, se vuelve más indispensable que los apliquen los medios de comunicación y los jueces.

Carta al ministro de Defensa: El deshonor de un soldado. De Paolo Luers

 

El ministro de Defensa René Marino Monroy entrando a la Asamblea Legislativa, acompañado por el candidato del partido Nuevas Ideas para la alcaldía de San Salvador, Mario Durán

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, sábado 22 agosto 2020

Estimado señor contralmirante René Merino Monroy:

El honor es un concepto esencial para la Fuerza Armada. Es su alma. Sólo pueden asumir la responsabilidad de llevar armas a nombre del Estado mujeres y hombres de honor. Sólo pueden asumir el mando sobre unidades armadas personas de honor. Su pérdida causa baja deshonorable.

Usted perdió el honor al mentir. Un oficial que miente ante un órgano del Estado que tiene el derecho constitucional de interpelar e interrogarlo, no puede continuar siendo miembro del Alto Mando, ni servir de ministro de Defensa Nacional. Es su deber renunciar al gabinete y al uniforme. No lo va a hacer, porque está seguro tener el respaldo total y absoluto del presidente de la República. Pero no tiene el respaldo de la Constitución.

La mentira: No recibí ninguna orden del presidente para el dispositivo militar en la Asamblea, el 9 de febrero. Los efectivos militares actuaron en el contexto del procedimiento del Estado Mayor Presidencial para brindar seguridad al presidente de la República.

Esto es falso. Ningún procedimiento de seguridad para el mandatario incluye la presencia masiva en el Salón Azul de unidades con armas largas y que no están bajo el mando del Estado Mayor Presidencial.

De todos modos, si fuera el procedimiento rutinario a cargo del Estado Mayor Presidencial, ¿por qué se apersonaron usted y el Director General de la PNC y asumieron el mando? Si el 9 de febrero no pasó nada que requería instrucciones del presidente, ¿a qué se refería usted cuando en la noche anterior dirigió un mensaje de Twitter al presidente, diciéndole: “Estamos esperando órdenes de nuestro Comandante General Nayib Bukele”?

Todas sus demás mentiras (y las contínuas respuestas evasivas) se derivan de la mentira madre, en la que usted incurrió al negar que el presidente le dio las instrucciones y usted las trsladó a los efectivos militares a que tomaran control del recinto parlamentario. 

Con esta mentira madre usted protege al presidente y se protege usted mismo, porque al reconocer que el presidente ordenó ocupar militarmente la Asamblea lo acusaría de un delito grave; y al reconocer que usted trasladó estas órdenes confesaría el mismo delito. Porque su deber como soldado hubiera sido rechazar una orden tan claramente ilegal.  

Si de protegerse de posibles acusaciones penales se trataba, por lógica usted tenía que negar incluso la existencia de un operativo militar y alegar que sólo se trataba de asegurar la seguridad y vida del presidente. Dos alegatos absurdos. 

Ambos, el presidente y usted, cometieron el 9 de febrero graves delitos que tocará a la fiscalía definir y acusar en su momento, o sea cuando ya no les proteja el fuero que gozan. Ayer tuvo usted, ante la Asamblea y la nación, la oportunidad de oro de salvar su honor, haciéndose cargo de su responsabilidad de las graves violaciones de la Constitución que cometieron el 9 de febrero. No tuvo el valor ni la dignidad de hacerlo. Usted prefirió cambiar su honor de militar fiel a la Constitución contra una actitud de un militante fiel a un líder partidario. Son dos lealtades incompatibles, y usted escogió mal.

Es por esto que le digo que perdió el derecho de vestir el uniforme y dirigir a la Fuerza Armada. Porque personas como usted la dirigen al pasado militarista.

Saludos,

Lea también la Carta a los diputados: Tópenlo al cerco

Carta a los diputados: Tópenlo al cerco. De Paolo Luers

El ministro de Defensa, contralmirante René Merino Monroy, dando el informe de su gestión en la Asamblea Legislativa

Publicado en MAS! y EL DAIRIO DE HOY, jueves 20 agosto 2020 

Estimados amigos:
Al fin el ministro de Defensa mañana tendrá que rendir cuentas ante la Asamblea, a la cual ofendió e insultó el 9 de febrero, ocupándola con fuerzas de asalto, permitiendo al presidente de entrar al Salón Azul, ocupar ilegalmente el lugar del presidente del Legislativo y proclamar que ha tomado control del parlamento.

 

Sólo les pido que lo traten con respeto, aunque él no respetó a la institución legislativa, pero no con guantes de seda. Lo grave de los hechos del 9 de febrero requiere que lo topen al cerco y dejen claro que el país que ustedes representan no tolera que sus militares se presten a juegos golpistas, en el mal entendido que tienen que cumplir órdenes del presidente aunque sean inconstitucionales.

 

Y ahí estamos ante la esencia del problema que van a discutir mañana con el contralmirante René Merino Monroy: ¿Quién ordenó al ministro de Defensa movilizar tropas fuertemente armadas para tomar control de la Asamblea? ¿Y cómo es posible que un oficial de nuestra Fuerza Armada haya cumplido esta orden ilegal, aunque toda la doctrina ética militar de la postguerra le dicta lo contrario?

 

Este problema se anunció el día que el presidente formalmente asumió su cargo de Comandante General de la Fuerza Armada, el 1 de junio 2019, y en vez de jurar ante la tropa que va a defender el rol constitucional de la Fuerza Armada, su carácter apolítico y no partidario, hizo a los soldados jurar lealtad a él: “Como su Comandante General les voy a dar una orden. Y les pido que hagan un juramento.: ¿Juran defender a nuestra patria de las amenazas externas e internas, de los enemigos externos e internos? ¿Juran cumplir las órdenes de su Comandante General y juran ser leales hacía este servidor? ¿Juráis?”

 

Muy parecido fue la extraña manera en que este mismo día en la Plaza Barrios hizo jurar a miles de activistas de Nuevas Ideas. Cuando a él le tocó jurar que va a defender la Constitución, hizo jurar al ‘pueblo’ defenderlo a él y su proyecto político “contra todos los enemigos, obstáculos y muros”. Tampoco olvídense de la arenga que el candidato Bukele hizo en la UES, anunciando que para exigirle a los diputados aumento del presupuesto para la universidad él como presidente y Comandante en Jefe iba a marchar a la Asamblea con ‘el pueblo’, la Fuerza Armada y la Policía.

 

El ministro de Defensa, como máximo representante del Alto Mando Militar, hubiera tenido que señalar al presidente, ese mismo día cuando le entregó el bastón de mando, que el compromiso de la Fuerza Armada es con la Constitución y no con el presidente cuando este emite órdenes que contravienen la Carta Magna. Obviamente no lo hizo. La prueba de fuego fue el 9 de febrero – y el ministro falló. En la noche antes de la toma de la Asamblea, cuando ya conocía el plan del presidente de ocupar la Asamblea, el ministro de Defensa publicó su consentimiento en Twitter: “Estamos esperando órdenes de nuestro Comandante General Nayib Bukele.” Y su colega, el Director General de la PNC Mauricio Arriaza confirmó al presidente vía Twitter que en la misma noche del 8 de febrero se había reunido con los altos jefes de la PNC y que estaban listos para lo que ordenara. De paso les pregunto: ¿Por qué Arriaza no fue interpelado junto a Merino Monroy?

 

A la base de la crisis constitucional que ustedes van a discutir con el ministro de Defensa está el peligroso concepto asumido por Bukele que él como presidente, como Comandante General de la Fuerza Armada y como máximo responsable de la PNC puede hacer uso de las dos instituciones armadas para sus luchas personales y partidarias. Lo grave es que los oficiales al mando de estas instituciones armadas se prestan a estos juegos del poder.

 

Tanto Merino Monroy como Arriaza deberían de renunciar. Su permanencia al mando de la Fuerza Armada y de la PNC pone en peligro la República. En esencia, esto es lo que ustedes tienen que discutir con el ministro de Defensa cuando se presente ante la Asamblea. 

 

Saludos, 

Carta al ministro de Hacienda: No comemos su cuento. De Paolo Luers

 

Conferencia de prensa de los ministros de Haciendo y Seguridad, domingo 16 agosto

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, MARTES 18 agosto 2020

Hace poco, alguien (creo que fue Erick Iván Ortiz, el aventado candidato a diputado de Nuestro Tiempo) puso en Twitter: “Nos gobierna una agencia de publicidad”. Me encantó este tuit. Solo que ahora, a la luz de los hechos de los últimos días, haría una pequeña modificación: “Nos gobierna un gigantesco troll center”, porque las agencias de publicidad se rigen por un código ético básico…

Veamos lo que pasó el domingo pasado. En la tarde se conoció que fue allanada la oficina de la fábrica de textil Intertext en Soyapango y al mismo tiempo detenido el representante legal de esa empresa. La acusación de la Fiscalía: evasión fiscal. El monto de impuestos en disputa: $5.33 millones.

Pero las cuentas de Twitter de la Fiscalía General y del presidente hablaron de un monto defraudado al fisco de $293 millones. FGR: “FGR ordena detención por evasión de impuestos por más de $293 millones.”Bukele inmediatamente retomó esta mentira, y luego de verla en el tuit presidencial, uno tras otros de sus ministros la repitieron.

Tal vez ni el fiscal general ni el presidente tienen la cabeza amueblada para darse cuenta que una evasión fiscal de $293 millones solo la podría realizar una empresa que tenga utilidades de aproximadamente $1,000 millones, y que en El Salvador no existe una empresa tan exitosa. No vamos a esperar que el exadministrador de discotecas (que por cierto las quebró) sepa hacer operaciones matemáticas tan avanzadas o distinguir entre renta gravada y el monto del impuesto a pagar sobre ella. Vamos a darle el beneficio de la duda y asumir que fue ignorancia en vez de mentira.

¿Pero el ministro de Hacienda? Fue él quien, todavía en el cargo de viceministro de ingresos, llevó el caso Intratext a la Fiscalía, con todas su cifras y documentos. Es imposible que se equivoque de manera tan grotesca. Sin embargo, en una conferencia de prensa armada la misma noche de domingo, el ministro de Haciendo José Alejandro Zelaya dijo literalmente: “Son $293 millones que debemos de recuperar”, y agregó que con el dinero defraudado por malos empresarios se podría haber financiado el combate a la epidemia y la reapertura económica.

Claro, ¿cómo pensar que un ministro de este gabinete contradiga a su presidente? Si el jefe da línea al troll center que nos gobierna de que hay que decir a todos los vientos que son $293 millones, ningún ministro se va a salir del huacal. 

De estas declaraciones intencionalmente falsas del ministro, la misma noche, editaron un video con musiquita y lo lanzaron por las redes sociales. Aunque luego se conocerá la verdad, el golpe mediático que necesitaban está dado.

Hay otro aspecto de esta conferencia de prensa que vale la pena destacar. La dio el ministro de Hacienda junto con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Este, por su parte, se hizo acompañar de sus principales jefes policiales. Pero no fue suficiente esto: rompiendo todas las normas legales y éticas, llevaron al detenido del caso (al representante legal de Intratext), amarrado y vigilado como si fuera el mero Chapo Guzmán, a que aparezca ante los ministros y las cámaras. Un detenido por la PNC tiene que ser puesto a disposición de la justicia, no del gabinete de gobierno.

Usted, ministro Zelaya, no solo supo perfectamente que el monto en disputa entre Hacienda y Intratext no es de $293, sino de $5.33 millones. Por oficio también sabe que Javier Simán, desde hace años, ni siquiera es accionista de esta empresa. Pero se queda callado, viendo que desde su gobierno acusan al presidente de ANEP de esta supuesta evasión de impuestos. Ustedes saben también que Salvador Simán murió hace 14 años, pero siguen mencionándolo como accionista principal de la empresa. 

Y, por supuesto, como ex auditor y ex jefe de Ingresos, usted también sabe perfectamente que van a perder este caso, porque no hubo evasión, aplicando correctamente las leyes. Pero esto no importa, porque cuando pierdan el caso ya habrán pasado las elecciones del 2021.

Saludos,