El punto de partida es la visión. De Carmen Aída Lazo

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 noviembre 2019

“Si no sabes a donde vas, cualquier camino te llevará ahí…” (Lewis Carroll).

Recientemente, desde la ESEN dimos a conocer lo que pretendemos sea un aporte para el país, con la presentación del libro “Una propuesta para el progreso de El Salvador. Tareas pendientes para el desarrollo económico”. Preguntas que naturalmente surgen cuando se produce un documento como este son: ¿por qué un libro más de este tipo? ¿Acaso no está ya el país sobre diagnosticado? ¿Cuál es la novedad y cuáles son los mensajes principales?

Respecto a la primera pregunta (¿por qué una propuesta más para el desarrollo), la respuesta es que nos motivó la realidad y también la oportunidad. La realidad porque, como ha sido ampliamente documentado y comentado, El Salvador ha estado a la zaga en la región en términos de crecimiento económico, lo que se traduce en una insuficiente generación de empleos de calidad —que limita las posibilidades de progreso de las familias salvadoreñas— y actúa como una fuerza que expulsa del país a miles de salvadoreños cada año. Y esta tendencia no se ha revertido: el crecimiento de este año es bajo (2.3%), los empleos formales se han reducido en lo que va del 2019 y las perspectivas de crecimiento para 2020 son prácticamente las mismas.

El reconocimiento de esta realidad vuelve pertinente todo esfuerzo para trata de abonar a la discusión sobre cómo revertir esta situación. Una necesidad que es acentuada por las enormes transformaciones globales en los mercados laborales y los modelos de negocios, derivadas de la revolución digital.

Por otro lado, está la oportunidad, pues consideramos que como país estamos en un momento favorable para comenzar a hablar del largo plazo, para que colectivamente discutamos la importancia de definir una visión que trascienda el ciclo político, y se acompañe de acciones que se ejecuten con disciplina y paciencia. Esta necesidad de discutir el país que queremos construir en 10, 15, o 20 años es oportuna, pues debemos admitir que lo que prevalece es el cortoplacismo: se dedica mucho más tiempo y energía a reaccionar a la coyuntura, a la noticia del momento, que a discutir los temas trascendentales para nuestro bienestar de mediano y largo plazo. ¿En verdad creemos que podremos dejar la inercia del bajo dinamismo sin una visión compartida? ¿Sin una hoja de ruta y sin apuestas claras? La repuesta es que no, el progreso económico no es obra del azar ni se da de forma espontánea.

De hecho, una de las secciones del documento la dedicamos a comentar rasgos comunes que comparten países que lograron crecer sostenidamente partiendo de puntos de partida similares a El Salvador. Hemos incluido los casos de Singapur, Corea del Sur, pero también el interesante caso de República Dominicana, que desde hace más de 10 años ha venido trabajado en su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. El rasgo distintivo es que estas naciones se embarcaron en estrategias de desarrollo con visión de largo plazo, con respaldo político al más alto nivel, con estrategias pragmáticas y disciplinadas en las que se puso al centro la formación de capacidades y habilidades de las personas.

Además de querer motivar una discusión en diferentes actores de nuestra sociedad en torno a la visión y apuestas de largo plazo, el estudio pone especial énfasis en la importancia de impulsar una transformación productiva, para así poder alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. Esto significa que necesitamos apuntarle a una estructura productiva y exportadora más diversificada y sofisticada. Solamente produciendo bienes y servicios de mayor valor agregado podremos aumentar la calidad y cantidad de los empleos.
Ahora bien, ¿cómo identificar oportunidades de transformación? En el estudio, proponemos hacer apuestas fundamentadas en datos. Por eso recurrimos al Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, que facilita la comprensión de las posibilidades de diversificación al mostrar en cuáles bienes un país ya tiene ventajas comparativas reveladas, es decir, en cuáles bienes ya tiene un posicionamiento en el comercio mundial, y a partir de ello, hacia cuáles bienes puede orientar su diversificación.

Las tres secciones del documento responden a las preguntas que nos hicimos en el equipo: 1. ¿Qué podemos aprender de analizar estrategias implementadas por otros países? Aquí planteamos cinco lecciones, que incluyen la relevancia del liderazgo, la centralidad de la inversión en la gente y la orientación hacia afuera. 2. A la luz de esas experiencias, ¿cuáles son las brechas o taras pendientes que persisten en El Salvador? Estas tareas pendientes son: elevar la competitividad y el crecimiento, mejorar las capacidades de las personas, reducir las brechas territoriales y propiciar la transformación productiva. 3. ¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una estrategia de desarrollo para nuestro país? Acá proponemos una estrategia con acciones horizontales (condiciones habilitantes del desarrollo), acompañada de una institucionalidad para implementar la estrategia.

No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí buscamos estimular la discusión sobre el rumbo del país y dar a conocer las apuestas que —a nuestro juicio— permitirían romper la inercia de bajo dinamismo económico. Queremos también animar a diferentes segmentos de la sociedad a participar en este debate, pues la complejidad y magnitud de los desafíos que enfrentamos exige que nos unamos en torno a metas comunes. El punto de partida es la visión. Comencemos ya.

Les invitamos a ver más detalles de la propuesta en:

UNA PROPUESTA PARA EL PROGRESO DE EL SALVADOR

 

Hoy más que nunca: no a la autocensura. De Carmen Aída Lazo

Carmen Aída Lazo, decana de Economía de la ESES.
Ex-candidata a la vicepresidencia de la República

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 10 septiembre 2019

A poco más de 100 días de inicio del nuevo Gobierno, hay decisiones y posturas de la administración Bukele que merecen ser aplaudidas y otras que merecen ser cuestionadas. Es normal que haya quienes enfaticen lo positivo, y otros resalten lo negativo, en función de su afinidad o no con los que ahora ostentan el poder, o a partir de su conocimiento o familiaridad con las diferentes políticas públicas anunciadas o en proceso de formulación.

En lo particular, percibo como aspectos positivos en estos primeros 100 días: las buenas intenciones que se han expresado con el fin de mejorar el clima para hacer negocios en el país, la mayor importancia que parece haber tomado el combate al crimen e inseguridad en las prioridades de política, la identificación de algunos proyectos con potencial de incidir positivamente en el país (como Surf City o el impulso al comercio electrónico). Como aspectos negativos, en cambio, puedo señalar: la no presentación de las declaraciones de probidad a tiempo por parte de la mayoría de funcionarios, persistencia de nepotismo y amiguismo en la designación de puestos clave, uso nuevamente de la partida de gastos reservados (partida secreta) y la reciente decisión de impedir la entrada a Casa Presidencial de dos medios digitales (El Faro y la revista Factum) a la conferencia de prensa en la que se anunció el proceso de creación de la CICIES. Esto último es una clara y alarmante amenaza a la libertad de expresión.
Este no es un artículo sobre la valoración de los primeros 100 días de este gobierno, por ello no pretendo que la lista de aspectos positivos y negativos sea exhaustiva. Es un artículo que tiene como objetivo hacer un llamado a buscar la racionalidad y ecuanimidad en los análisis que se realizan sobre el rumbo del país, pero sobre todo una exhortación a evitar la autocensura, es decir, a no expresar nuestras opiniones y valoraciones críticas por temor a las consecuencias que ello nos pueda acarrear.

Hay dos principales razones por las cuales muchas personas —inclusive en posiciones de liderazgo e incidencia— han optado por evitar cualquier cuestionamiento público a las decisiones gubernamentales. Una primera razón es el temor a los ataques y críticas en las redes sociales que se generan cada vez que uno osa hacer un señalamiento cuando se percibe que éste va en contra del gobierno en turno. Hay personas que se me han acercado y me han dicho frases como “quisiera decir lo que pienso, pero al ver el nivel de agresividad en las redes, me desanimo”. Mi respuesta es que no podemos permitir que nos ganen la moral. Todo lo contrario, las redes sociales fueron concebidas inicialmente como vehículos de expresión, no como campos de batalla en los que la ridiculización y las ofensas contra quienes piensan diferente están a la orden del día. A pesar de que los ataques de los partidarios del nuevo gobierno muchas veces rayan en lo absurdo, no nos podemos dejar intimidar.

A manera de ejemplo, hace algunas semanas señalé lo innecesario e indebido del nepotismo y recibí más de 600 comentarios, la mayoría de ellos sin estar siquiera relacionados con el tema en cuestión, sino solo enfocándose en descalificaciones e insultos. El nivel de toxicidad es tal que uno puede sentirse tentado a dejar de opinar, cuando más bien debería ser lo contrario: deberíamos dejar de tomar en serio la mayoría de esos comentarios y desarrollar una verdadera inmunidad ante esta agresividad digital, que, como alguien me dijo, por ratos nos hace recordar el esplendor del fascismo y el nazismo. Armémonos de valor y no sucumbamos ante el miedo a ser víctima de comentarios, muchas veces anónimos, que buscan herir y autocensurar.

Si bien es cierto el miedo a los ataques digitales es una razón relativamente nueva para la autocensura, la otra razón ha estado ahí siempre: el temor al daño que puede tener en los propios intereses expresar nuestra opinión, daño que se puede traducir en denegar un permiso gubernamental, alargar innecesariamente el otorgamiento de un permiso, aislar a una empresa o institución de ciertas oportunidades, etc. Lo cierto es que quienes ejercen el poder tienen diferentes mecanismos para desalentar la crítica, aun cuando esta crítica sea justificada. Es importante tener muy claro que no es lo mismo afirmar “demos el beneficio de la duda y acompañemos al nuevo gobierno en los proyectos que beneficien al país”, a sostener: “no digamos nada mientras no dañe nuestros intereses, aun cuando se amenace el balance de poderes y se vulneren las instituciones”. En otras palabras, no es lo mismo apoyar manteniendo una postura crítica, que adoptar una política de autocensura.

Todos esperamos de los liderazgos de la sociedad civil, de las gremiales, de los tanques de pensamiento, una posición de apertura, de objetividad, de apoyo al nuevo gobierno en los proyectos que ayuden a sacar adelante al país. Pero no esperamos sumisión e incondicionalidad, no esperamos que renuncien a su responsabilidad de señalar los errores, más aún cuando estos pueden vulnerar aspectos tan centrales sobre los que se construye nuestra democracia, como la libertad de expresión.

Defendamos la libertad de expresión, comenzando por ejercer la propia. Evitemos autocensurarnos.

Por un Presupuesto enfocado en resultados. De Carmen Aída Lazo

Carmen Aída Lazo, decana de Economía de la ESESN,
ex candidata a la vicepresidencia

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 14 agosto 2019 

Decía el economista Milton Friedman que uno de los mayores errores consiste en juzgar las políticas y programas de los gobiernos por sus intenciones, en lugar de hacerlo por sus resultados.

En las últimas décadas —y con el afán de ganar mayor legitimidad ante la población—, los gobiernos de muchos países han ido adoptando políticas públicas diseñadas con un enfoque que prioriza el logro de resultados. Es lo que se ha venido a conocer como “políticas basadas en evidencia”. Se trata de un enfoque principalmente promovido por organismos internacionales y agencias de cooperación que busca definir con claridad y precisión los objetivos y metas de las políticas estatales, así como llevar a cabo una cuidadosa medición de los resultados obtenidos. La idea central es que, aplicando un método riguroso y analítico, se lograrán ir construyendo políticas públicas que brinden mejores bienes y servicios a la población. Se afirma que, al recurrir más a evidencia, a datos, despojamos —al menos parcialmente— a los programas gubernamentales de una discusión excesivamente subjetiva y muchas veces ideologizada, ayudando así a construir políticas más robustas.

De esta manera, un gobierno que tiene una visión clara de las necesidades más apremiantes de la población se dará a la tarea de diseñar programas en los que exista una conexión causal clara entre las prioridades, los objetivos que pretende alcanzar y las intervenciones estatales. Al recurrir a un enfoque que privilegia la evidencia, en lugar de preguntar ¿cuánto fue el presupuesto que se destinó a X o Y intervención?, el énfasis de las preguntas se formula en términos de resultados: ¿cuáles son las intervenciones o programas más efectivos para reducir la deserción escolar? ¿Cuál es el impacto —en términos de dinamización de la economía— de la construcción de una nueva calle en una determinada zona? ¿Qué tan efectiva fue una campaña de salud? ¿Qué tan eficaz es un determinado programa de formación en mejorar las oportunidades laborales de los beneficiarios?

En definitiva, esta orientación hace más transparente y eficaz la gestión gubernamental, y de ahí el llamado a que busquemos impulsar su adopción progresiva en nuestro país. El Salvador tiene aún mucho camino por recorrer para contar con programas y políticas eficaces que transformen positivamente la vida de los salvadoreños. Necesitamos que la decisión de eliminar, mantener o modificar un programa gubernamental sea tomada a partir de una valoración objetiva de su impacto, en lugar de depender exclusivamente de la opinión y percepciones de los funcionarios a cargo de su implementación. A manera de ejemplo, el programa más popular de los últimos años ha sido la entrega de paquetes escolares. Sin embargo, el programa se implementó sin una estrategia para medir su impacto.

Dada la ausencia de metas concretas y medición de resultados en muchos programas gubernamentales, el Presupuesto de la República se constituye en la herramienta que refleja la expresión de las prioridades de políticas públicas del país. El presupuesto asignado a una política o programa —y su nivel de ejecución— usualmente es utilizado como indicador de la relevancia que tiene para el gobierno en turno.

Y es por eso que resulta importante que los ciudadanos nos familiaricemos con algunos aspectos básicos del Presupuesto, pues su análisis y discusión no debiese estar reservado únicamente a los economistas y/o expertos en dicha temática. Es por esa razón que resulta fundamental comprender la distribución de recursos plasmada en el mismo. Entonces, ¿qué nos es recomendable saber sobre el Presupuesto? A continuación, algunos elementos:

1. Responsabilidad. La elaboración del Presupuesto corresponde al poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. Este lo presenta para aprobación de la Asamblea Legislativa en septiembre de cada año. Si el Presupuesto no implica endeudamiento para el país, basta para su aprobación con la mayoría simple (43 votos); caso contrario, requiere mayoría calificada (56 votos). Es importante señalar que los diputados no pueden incrementar el monto del Presupuesto enviado por Hacienda.

2. Transparencia. La Encuesta de Presupuesto Abierto de la International Budget Partnership (IBP) coloca a El Salvador entre los países que brinda información presupuestaria limitada. De hecho, El Salvador se ubicó en 2017 en la última posición entre los países de Centroamérica en términos de la participación pública en el proceso presupuestario. Esto significa que aún hay mucho por hacer para que el país avance en la transparencia de las finanzas públicas . Un paso pendiente y trascendental en esta línea sería la eliminación de la partida de gastos reservados (mejor conocida como partida secreta), pues ningún gasto público debe quedar al margen de los mecanismos de fiscalización.

3. Magnitud. El gráfico muestra la evolución de los gastos e ingresos del Estado en los últimos años. En la última década los ingresos aumentaron, pasando de 4,000 millones en 2008 a poco más de $6,000 millones en 2018, mientras que los gastos han aumentado en cerca de $2,150 millones —un 50%— en el mismo período. Dado que los gastos han superado a los ingresos, el país ha mantenido déficits fiscales, que se traduce en mayores niveles de endeudamiento. De hecho, el tamaño de la deuda pública total pasó de $9,700 millones en 2008 a casi $19,000 millones en 2018, equivalente al 72% del PIB del 2018. (Ver gráfica adjunta).

Fuente: Banco Central de Reserva Las variables se expresan en dólares corrientes. Los datos de 2018 son preliminares.

 4. Composición del gasto. De cada dólar de gasto público, aproximadamente 42 centavos se destinan al pago de salarios de empleados públicos, 17.5 centavos a bienes y servicios, 15 centavos al pago de intereses. Solamente 11.5 centavos se destinan a inversión. El gasto que más ha aumentado en la última década es el costo de la planilla, el cual ha crecido en cerca de $1,000 millones, superando los $2,600 millones en 2018. Hoy en día, El Salvador es uno de los países de América Latina donde los salarios representan el mayor porcentaje del Presupuesto.

5. Calidad del gasto. Es posible y necesario mejorar sustancialmente la calidad del gasto del Estado. El Informe del BID titulado “Mejor gasto para mejores vidas” plantea que hay que ir más allá de la discusión estándar entre aumentar impuestos o recortar el gasto, y sugiere que los países de América Latina se enfoquen en “gastar mejor cambiando de un gasto despilfarrador e ineficiente a un gasto eficiente que contribuya al crecimiento sin agudizar la desigualdad” . Estimaciones presentadas por los autores en dicho informe ubican a El Salvador como el segundo país con mayores ineficiencias técnicas (es decir con mayores niveles de despilfarro gubernamental), solo superado por Argentina. La estimación para el caso de nuestro país alcanza el 6.5% del PIB, mientras que en Argentina llega al 7.2 y el promedio de América Latina se estima en 4.4%.

Visto todo lo anterior, es necesario que el Gobierno tome la decisión de migrar hacia un “Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados” que permita una mejor articulación del Presupuesto con los objetivos del Estado. De esta manera, en lugar de medir el éxito de un programa por cuánto se gastó en él, se mediría por lo que efectivamente se logró en términos de provisión de bienes y servicios.

Sin embargo, y pese a que El Salvador ha recibido en los últimos años apoyo de la cooperación internacional para pasar a un presupuesto por resultados, el Ministerio de Hacienda ha postergado su puesta en marcha, minando con ello la posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público.

En septiembre la nueva administración enviará el Presupuesto 2020 a la Asamblea Legislativa y entonces tendremos más elementos para valorar sus prioridades y conocer si deciden adoptar medidas que lo doten de mayor transparencia y eficacia. Dejaremos para otro artículo la tarea de analizar la estructura tributaria.

1 Algunas recomendaciones específicas que plantea la IBP pueden encontrarse en: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/el-salvador-open-budget-survey-2017-summary-english.pdf

2 Al respecto ver “Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos” (BID, 2018).