Lo que la Fiscalía reveló ahora lo van a tener que manejar los juristas en todas sus dimensiones y consecuencias legales: fiscales, jueces, y abogados. No me voy a meter en este terreno. Pero encima de esto, es un asunto político, de Estado; y ético, del país. Este caso, igual que el de Saca, o sea el ‘caso Capres’ requiere que todos actúen aplicando la razón de Estado, más allá de venganzas, más allá incluso de la correcta aplicación de justicia, más allá sobre todo de intereses particulares o partidarios.
El fiscal general, más allá de sus cálculos de reelección, tiene que actuar con razón de Estado, igual que los jueces que tendrán que ver el caso, porque está en juego comprobar que el sistema de justicia y la independencia de los controles institucionales funcionan.
El FMLN, más allá de su interés de sobrevivencia política y electoral, debe de actuar con razón de Estado. De su actuación depende si la ciudadanía va a percibir que el sistema partidario funciona, que los partidos pueden corregir sus errores – o que los partidos son expresión de una casta política que hay que reemplazar.
Si
el FMLN no se desmarca claramente de Funes, pidiendo incluso perdón por
haber llevado a un ladrón a la presidencia bajo su bandera y sus
consignas de cambio, y por haberlo protegido hasta ahora, las
consecuencias serán fatales, no solo para su partido sino para el país.
El FMLN debe inmediatamente apartar de su gobierno a funcionarios que
han estado involucrados en esta trama mafiosa, empezando por Vanda
Pignato. El FMLN no debe permitir que este caso abone a la frustración
de amplios sectores con los partidos y al discurso demagógico y
anti-político de Bukele y Cia. La razón de Estado obliga al FMLN a
garantizar que de este caso surja una narrativa diferente y positiva:
una que muestre que el sistema de democracia representativa y de
partidos funciona; que los criminales son los malos políticos, no los
partidos; y que los partidos tienen capacidad de corrección, autocrítica
y renovación.La misma razón de Estado obliga a ARENA a proponer un gobierno que rompa con el sistema de corrupción instalado en Casa Presidencial, convertida en un sobregobierno todopoderoso, que puede manejar fondos sin transparencia y rendición de cuentas. Hay que desmontar el exagerado y pervertido presidencialismo armado por Saca y Funes. El segundo gobierno del FMLN, gracias al carácter diferente de Salvador Sánchez Cerén, pero también gracias a la mayor vigilancia de las instituciones y de la ciudadanía, no ha abusado de la misma manera de este poder tan concentrado de Casa Presidencial, pero tampoco lo ha desmontado. La razón de Estado obliga al próximo presidente reformar esta perversa forma de gobernar, volver a la institucionalidad de los ministerios y del Consejo de Ministros, desmontar el sobregobierno instalado en Capres, con sus secretarías, e instalar filtros y controles que hagan imposible el abuso de poder, incluyendo el enriquecimiento ilícito desde la presidencia.
El ‘caso Capres’, que es la síntesis de los casos Saca y Funes, o puede ser el punto de quiebre del sistema político, si no se maneja con responsabilidad, audacia y razón de Estado; o el punto de regeneración de la democracia que estamos construyendo.
Saludos,
Vea la Conversación de los Observadores sobre el tema
(MAS! / El Diario de Hoy)
