Carta al dúo canciller & fiscal: Yo no fui, fue Teté, pégale, pégale al quien fue

Señores:
Es vergonzante ver como dos de los funcionarios más importantes para defender los intereses del Estado se tiran la pelota en el caso Odebrecht-Funes. O mejor dicho, el escándalo Odebrecht-Joao Santana-Lula-Vanda-Funes.
  • Odebrecht: el magnate brasileño de construcción, que sobornó a presidentes candidatos en toda América Latina;
  • Joao Santana: el publicista de Lula y Funes, quien confesó haber conseguido los 3 millones de dólares para la campaña de Funes (por cierto a su cargo);
  • Lula: el presidente de Brasil, quien se encargó de pedir a su chero Odebrecht que suelte estos 3 millones para su otro chero Funes;
  • Vanda: la que quería ser primera dama y sirvió de intermediaria entre Lula y Funes, según la confesión de Santana;
  • Funes: el hombre que hicieron presidente con fondos ilegales.
Todo esto ya se sabía desde hace meses, y quedó confirmado cuando Santana negoció con la fiscalía brasileña y le puso del dedo a sus cheros Lula, Vanda y Mauricio.

También lo sabe el fiscal general Douglas Martínez, así como sabe del transe de Funes con Astaldi, la empresa que abandonó el proyecto Chaparral con 129 millones autorizados por el presidente Funes. Pero Funes, escondido en Managua, todavía no está siendo acusado penalmente, ni en el caso Chaparral, ni por el enriquecimiento ya comprobado por la cámara de lo civil – y tampoco en el caso Odebrecht.

Dice el fiscal
que no puede hacer nada, porque no le han mandado la documentación, dado que Cancillería no le tramita el acuerdo formal con Brasil. Y dice el canciller que tal trámite nunca ha existido. Tiene la desfachatez de mandar una carta al Diario de Hoy, que había citado las declaraciones del fiscal general, y exigir “la rectificación de la noticia”.

Igual de vergonzosas son las declaraciones del fiscal, que EDH publicó junto a la carta del canciller. Los dos se están tirando la pelota – y mientras tanto nadie hace nada para investigar y llevar a la justicia el caso Odebrecht-Funes, o sea del financiamiento de campaña con fondos de procedencia ilegal. Así, entre varios cocineros, se cocina la impunidad.

El fiscal, en todos sus cantinflescos alegatos, no menciona que él fue invitado por la fiscalía de Brasil a una reunión con los fiscales de los países donde gobernantes o candidatos recibieron fondos ilegales de Odebrecht para coordinar la investigación. Pero don Douglas no fue, con la absurda excusa que salió muy caro el viaje. Mucho más caro nos sale que el caso Funes queda en el aire.

En vez de ir a recoger la documentación ofrecida, el fiscal le tira la pelota al canciller, y este se la devuelve fingiendo demencia. Mientras tanto, su amigo y mentor Mauricio Funes, feliz en Managua, gastando la fortuna con la cual salió de Casa Presidencial.

Menos mal que el fiscal, en la misma conferencia, dice que aun no sabe si quiere reelegirse. Igual que Hugo Martínez aun no ha decidido si va a correr por la candidatura presidencial. Hagan el intento, señores, y recibirán la factura por este burdo juego de apariencias.

Saludos,
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(MAS! / El Diario de Hoy)

La batalla por la esencia de Costa Rica. Columna Transversal

Mezclando política y religión siempre sale un coctel venenoso. ¿Quién hubiera pensado que entre todos los países centroamericanos Costa Rica se iba a intoxicar? ¿La Costa Rica que siempre hemos envidiado, con razón, por su cultura de tolerancia, pluralismo y civilidad?


Pasé en Costa Rica por un mes, visitando a mi esposa, conociendo la costa caribeña, y observando la campaña electoral en su recta final. No había mucho que observar, me sorprendió la tranquilidad, la falta de angustias y agresiones, la ausencia de barras armadas de banderas. Vaya, pensé: Estos ticos no sufren de esta enfermedad nuestra de siempre, ante cualquier elección, sentir que todo está en juego y en peligro, que el país se va al barranco cuando gane el otro…

Había 13 candidatos a presidente, pero todos sabían que era una carrera entre cuatro: los candidatos de los dos partidos de la tradición bipartidista; el candidato del partido sorpresa que en última elección le había arrebatado el poder al bipartidismo; y un candidato ‘bully’ predicando la antipolítica mezclada con mano dura y su cruzada contra la corrupción, que tenía a medio mundo asustado. No mucho, porque todos me decían: incluso si este ‘bully’ llegara a colarse en la segunda ronda, todos se van a unir contra él, y nada esencial va a cambiar. Con los partidos institucionales, que en vez de dos ahora son tres (el gobernante Acción Ciudadana, de centroizquierda; más Liberación Nacional y los Socialcristianos, que marcan dos versiones de centroderecha) no puede haber cambios radicales.

Hasta que un día, en media de la recta final de la campaña, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una sentencia que obliga a Costa Rica a permitir el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Se despertaron los ticos de su apatía electoral, y comenzó un debate apasionado, en el cual ya no cabían los temas y los problemas centrales que antes se discutían de manera civilizada. El tema único a partir de ese momento: el matrimonio gay, los ‘valores tradicionales’ versus los derechos civiles, familia versus perversión, dictados religiosos contra cultura de tolerancia y respeto a diversidad…

Explotó el coctel molotov hecho de la mezcla de política y religión. En medio de esta conmoción, los 4 candidatos que podían llegar a la segunda ronda, se sintieron obligados a tomar posición. Los dos candidatos de centroderecha, Antonio Álvarez (Liberación), Rodolfo Piza (Socialcristianos) y el ‘bully’ de la antipolítica, el abogado Juan Diego Castro, todos dijeron: Estamos en contra del matrimonio gay, pero es una sentencia que de alguna manera Costa Rica tendrá que cumplir. El candidato socialdemócrata Carlos Alvarado, siendo el único que siempre ha estado a favor de liberalizar la legislación y permitir el matrimonio gay, manifestó su satisfacción. Pero de repente surgió un quinto: el pastor evangélico Fabricio Alvarado. Nadie lo había tomado en cuenta ni en debates ni en encuestas, su partido con el nombre patético de Restauración Nacional ni siquiera tiene cuadros políticos o profesionales para cubrir ministerios, su esposa se había hecho famosa con un video viral hablando en lenguas en un culto. Pero fue el único que en esta situación dijo: Jamás voy a aceptar el matrimonio gay, prefiero que Costa Rica salga del sistema interamericano antes de aceptar este pecado.

Y en Costa Rica, el país pluralista de la civilidad y tolerancia, este predicador evangélico fue catapultado al estrellato y terminó ganando la primera ronda. Por lógica, el otro candidato que creció, y quien también llegó a la segunda ronda, fue el que representa la posición opuesta, respaldando la sentencia. Los otros tres candidatos, teniendo posiciones wishi-washi, de “sí, pero no” y “no, pero sí”, se hundieron. El tema del matrimonio gay con todas las pasiones religiosas que despierta, había desplazado el tema central de Costa Rica, su crisis fiscal, y catapultó a la “pole position” para la carrera final a un predicador ultra radical, quien no habla de finanzas públicas ni economía, sino solo de “restauración” nacional y de valores tradicionales.

Ahora viene una campaña final que obviamente será entre conservadurismo religioso y cultura liberal de tolerancia y pluralidad. Ahora les toca a los ticos, en vez de buscar consensos sobre como resolver su crisis fiscal, buscar una mayoría para defender sus tradiciones democráticas contra un retroceso político y cultural. Las cúpulas de los partidos de centroderecha tienden a negociar un pacto con el predicador, aspirando a llenar ellos el vacío de gobernabilidad de un gobierno dirigido por un predicador sin partido. Los jóvenes, los intelectuales, los artistas, independientemente de sus tendencias ideológicas-políticas, van a movilizarse para defender las libertades culturales sin los cuales no podrán respirar. Lo que viene no será una batalla entre izquierda y derecha, sino entre dos culturas, una abierta y liberal y la otra cerrada y autoritaria.

Y de repente, contra todos los pronósticos, sí está en juego la esencia de Costa Rica. Estado laico versus fundamentalismo religioso.
(MAS! / El Diario de Hoy)


Carta a los diputados: Si el gobierno manda al carajo a Naciones Unidas, manden al carajo al gobierno

Estimados diputados: Por segunda vez nuestro país fue examinado en materia de Derechos Humanos. Por segunda vez reprobó. En noviembre 2017 nos visitó, por primera vez desde la guerra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al concluir su visita, exigió al presidente que suspenda las “medidas extraordinarias” y las “ejecuciones extrajurídicas”, porque ambas prácticas violan el Estado de Derecho.

El gobierno no hizo caso. Por el contrario: Solicitó a la Asamblea la prolongación, por un año más, de las “medidas extraordinarias”, aplicadas a los 20 mil internos de 6 centros penales.

La ONU no aceptó esta respuesta. Hace unos días, mandó al país a su Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales. Luego de muchas reuniones y experticias, ella confrontó al presidente con el mismo examen y la misma exigencia: las “medidas extraordinarias” son violatorias a los Derechos Humanos y tienen que ser suspendidas. Las ejecuciones extrajurídicas tienen que ser castigadas.

Por segunda vez, el gobierno mandó al carajo a Naciones Unidas. No solo insiste en que la Asamblea le autorice un año más de “medidas extraordinarias”, sino plantea que deberán convertirse en ley permanente. Y siguen desmintiendo que en nuestro país existen ejecuciones extrajurídicas, a pesar de que son documentadas por medios de comunicación, la Procuraduría de DDHH e incluso la Fiscalía.

Por suerte la última palabra no la tiene el presidente y mucho menos su ministro de Seguridad. La última palabra la tiene la Asamblea. Solo ustedes pueden decretar la prolongación de este Estado de Excepción que el gobierno aplica al sistema penitenciario, suspendiendo derechos garantizados en la Constitución, en la Ley Penitenciario y en convenios internacionales. Derechos no solo de los internos, sino de sus familiares, sus hijos, y sus defensores.

Si el gobierno quiere echarse encima la condena internacional, ustedes pueden y deben corregir este error. Pueden evitar que El Salvador quede marcado como país violatorio de los Derechos Humanos. Por esto es imperativo que no aprueben nuevamente las “medidas extraordinarias”, porque obviamente no han cumplido su razón de ser: resolver una emergencia.

No tienen por qué aceptar el paquete cerrado que el gobierno les mandó. Pueden abrirlo y examinar cada una de las medidas. Pueden aprobar el bloqueo los señales telefónicas en los penales, y suspender las medidas que han sido condenadas por los representantes de Naciones Unidas: el encierro total que provoca epidemias de tuberculosis y equivale a prácticas de tortura; la restricción absoluta del acceso a aire y sol y de las visitas de familiares, y las restricciones ilegales al derecho a la defensa.

No se hagan cómplices de prácticas que ya han sido condenadas por las instancias internacionales. Saludos,

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(MAS! / El Diario de Hoy)

Carta a los que se asustaron por el caso de San Patricio

Estimados amigos:
El Gobierno nos está vendiendo un nuevo mito: el de San Patricio. No se lo compren.

Según ellos, el reciente enfrentamiento de San Patricio (donde lamentablemente murió un agente de la PNC y salieron lesionados 8 más) fue una emboscada – y nos hacen creer que esto marca una nueva etapa en el conflicto con las pandillas. Esto es una trampa para justificar sus fracasos y para conseguir apoyo para prolongar sus políticas fracasadas.

Lo que pasó en San Patricio no fue una emboscada. Tampoco fue un operativo ofensivo de la pandilla. Fue un enfrentamiento más. En estos enfrentamientos, que se dan todos los días cuando la PNC detecta una concentración de pandilleros y cerca el lugar, normalmente mueren dos, tres o cinco pandilleros.

La única diferencia fue que esta vez las bajas no solo las tuvo la pandilla, sino también la Policía, porque esta vez se toparon con dos pandilleros que, al verse cercados, no se rindieron, sino que ofrecieron resistencia hasta morir. Esto es el comportamiento de alguien quien sabe que de todos modos va a morir. Lo sabe, porque ya conoce el padrón operativo de la Policía: topar para matar, no cercar para detener. Alguien que está convencido que rendirse no es opción, porque de todo modos le van a pegar un tiro, va a preferir morirse combatiendo.

La relatora especial de Naciones Unidas, Agnes Callamard, advirtió ayer sobre esta clase de abusos.

Lo de San Patricio no marca una nueva fase en el modo de operar de las pandillas, sino es consecuencia del modo de operar de la PNC.

Lo mismo pasó en la guerra de los 80. Los guardias nacionales, al verse atacados y superados por la guerrilla, ofrecieron resistencia hasta morir, porque estaban convencidos de que, al rendirse, no les iban a perdonar la vida. Lo mismo pasó con los combatientes guerrilleros. Esto solo comenzó a cambiar cuando ambos bandos llegaron a la conclusión de que era preferible respetar la vida de quienes se rindieran. A partir de ahí, de alguna manera la guerra se “humanizó”.

Es obvia la decisión de priorizar los operativos de aniquilamiento por sobre operativos de detención. Por esto, muchos están hablando de una militarización de la Policía. La consecuencia lógica será que vamos a ver más casos como el de San Patricio, donde los pandilleros no se van a rendir, sino a morir combatiendo, no sin provocar bajas a la Policía. Y en algún momento, tarde o temprano, su respuesta será irse a la ofensiva. Entonces, sí veremos patrullas policiales o militares emboscadas, cosa que hasta la fecha, afortunadamente, no la hemos visto.

El Gobierno está compensando su poca eficiencia en la lucha contra las pandillas con más operativos de aniquilamiento. Más violencia, en vez de más inteligencia y eficiencia. La ciudadanía y la oposición tienen que pensar en serio si se dejan chantajear para apoyar políticas fracasadas que profundizan el conflicto, o si exijamos políticas orientadas a fortalecer el carácter institucional y la eficiencia de las respuestas policiales a la delincuencia. En Colombia, lo que prevaleció fue el concepto de “seguridad democrática” o “seguridad institucional”. Nosotros vamos en la dirección contraria.

Piénsenlo. Saludos,

44298-firma-paolo
(MAS! / El Diario de Hoy)