Columna transversal: Cuatro de los ocho logros de la paz están en peligro

En una charla con jóvenes universitarios, me preguntaron cuáles eran los logros más importantes de los Acuerdos de Paz - las conquistas por las cuales valió hacer la guerra y  terminarla negociando.


Les nombré 8 logros:
1. La desmilitarización de la sociedad salvadoreña. Con una Fuerza Armada que ya no se mete en política ni viola los Derechos Humanos.
2. La creación de una policía de carácter civil.
3. Una Procuraduría de DDHH que vigila al Estado.
4. Una justicia que no se presta a persecuciones políticas.
5. Garantía absoluta de la libertad de expresión.
6. Un acuerdo nacional amplio y profundo de erradicar toda forma de violencia política, tanto para llegar al poder, como para defenderlo.
7. Garantía de elecciones libres y justas.
8. El pluralismo político con la plena incorporación de la izquierda al sistema político.

Los primeros cuatro de estos logros principales hoy están en peligro y en diferentes estados de erosión. La mitad – un balance preocupante.

La desmilitarización ha sido el corazón de la nueva República fundada por los Acuerdos de Paz. Y el más grande de sus éxitos. La Fuerza Armada se ha mantenido, de manera impecable, al margen de la política. Esto, por suerte, no está en peligro y no hay erosión. Pero por la políticas implementadas por el actual gobierno, la Fuerza Armada nuevamente se ve involucrada en violaciones de Derechos Humanos, por el excesivo rol que el gobierno le ha asignado en Seguridad Pública, en particular en su “enfrentamiento frontal” contra las pandillas. Este rol ya no ex transitorio y excepcional, como manda la Constitución, sino permanente, regular y masivo. Esto es un problema muy serio para la Fuerza Armada, porque tiene miles de efectivos en el terreno, actuando en la guerra contra las pandillas, pero tiene cero control de la planificación, de la elaboración de los lineamientos y de la conducción de sus acciones. Todo esto está concentrado en la PNC y el ministerio de Seguridad dirigido por un policía.

Con esto llegamos al otro pilar de la democratización del país que hoy, mucho más que la Fuerza Armada, enfrenta una seria y profunda erosión de sus valores y principios fundadoras: la PNC. El real problema de militarización que enfrenta hoy el país no reside en el excesivo uso de la Fuerza Armada en misiones de Seguridad, sino en la militarización de la misma policía. Con los resultados que todos conocemos, pero que pocos quieren enfrentar o denunciar: violaciones masivas de Derechos Humanos por parte de una policía cuyos operativos ya no se concentran en la localización y detención de delincuentes, sino en el objetivo de comprometerlos en enfrentamientos de carácter militar y eliminarlos. A esta militarización de la PNC y de sus modo operando se suman las ejecuciones extralegales, cometidos por policías o por comandos de “limpieza social” con apoyo y encubrimiento de la policía.

Ante esta situación, la Procuraduría de Derechos Humanos, otro de los logros de los Acuerdos de Paz, debería permanente e insistentemente investigar y denunciar los abusos policiales o militares. Lastimosamente, la Procuraduría, desde que la izquierda asumió el gobierno en 2009, ha dejado de ejercer con rigurosidad e independencia su mandato central: vigilar al Estado en cuanto a Derechos Humanos.

El cuarto de los logros principales del proceso de paz igualmente está en peligro de erosión y perversión. Renace el viejo fantasma: Nuevamente, la justicia está siendo usada para persecución política. Los casos de CEL-ENEL y del ex presidente Flores se han manejado con intenciones y métodos políticos, creando pre-condenas mediáticas que impiden juicios penales justos. En el actual “caso tregua”, lamentablemente el nuevo fiscal general usa el mismo método: fabricar una acusación eminentemente política, dirigida contra una política pública oficial del gobierno anterior, pero sin poderlas calificar como delitos - para aterrizar en imputaciones de delitos concretos de menor escala y con pruebas muy débiles o inexistentes. Esto da para una impactante acusación mediática y política, y para una muy débil acusación penal.

Por suerte, en el sistema de justicia hay contrapesos comprometidos con una justicia no politizada y con juicios justos. La batalla no está perdida, ni para los políticamente perseguidos, ni para la democracia. Pero los peligros persisten.

La buena noticia es que los últimos 4 logros democráticos de mi lista permaneces sólidos, por una simple razón: han sido asimilados a profundidad por toda la ciudadanía – tan así que nadie puede atentar contra ellos sin pagar un altísimo costo político y electoral. La libertad de expresión es sacrosanta en El Salvador, igual que la libertad del voto. cualquier tipo de violencia política enfrenta un rechazo social inmediato. El pluralismo -incluyendo la alternancia en el ejercicio del poder- son pasos irreversibles. Estos 4 logros hay que defender y fortalecerlos con todo el poder de la ciudadanía, porque solo así tendremos la fuerza para reparar el daño ya causado a los primeros 4 logros de la paz y de la democracia. Para decirlo de otra manera: Sin hacer uso valiente de la libertad de expresión, no lograremos enfrentar el nuevo militarismo.
(El Diario de Hoy)





Carta al Fiscal General: Reprobado

Estimado Douglas Martínez, disculpe: Meléndez
No está haciendo su trabajo. Lo eligieron -casi unánimemente- para que proceda contra la impunidad y la corrupción. La Corte Suprema le hizo casi todo el trabajo, mandándole los casos de Probidad: Mauricio Funes, Tony Saca, etc. Además usted heredó el caso Chaparral, listo para proceder contra una red de corrupción cultivada alrededor de la CEL.


Usted asumió la fiscalía con la correlación de fuerzas necesaria para ir contra la corrupción. Para ir contra los grandes, que normalmente quedan impunes.

Y se va contra los indefensos. Se deja ir en un caso donde sabe que no va a chocar con nadie grande, pero que sí va a tener grandes éxitos mediáticos – y sin pagar costo político, porque no va a chocar contra ningún poder. El “caso tregua”. El caso contra Raúl Mijango, a quien la izquierda detesta por disidente y la derecha teme por revolucionario – el hombre ideal para joderlo. El hombre ideal para humillarlo, llevándolo al centro judicial en ropa interior blanca. El caso además contra policías y funcionarios que no tienen protección política ni partidaria. Y que no han hecho otra cosa que implementar una política que en aquel entonces fue política pública oficial: facilitar la tregua entre las pandillas…

Y en este caso estrella, el único importante que ha presentado, usted y su “nueva fiscalía” tampoco han hecho su tarea. Ahora nos damos cuenta que todo el tamal ya estaba hecho por Luis Martínez: el requerimiento fiscal contra Raúl Mijango y los otros 20 acusados en el “caso tregua” es idéntico documento acusador redactado por los hombres de confianza de Luis Martínez. El único trabajo que hizo la “nueva fiscalía” fue quitar de la lista de acusados al ministro de Defensa, David Munguía Payés. Y esconder el documento complementario: la solicitud de antejuicio contra el ministro.

El resultado: una chambonada. Usted llegó a la conclusión, así como lo dijo en su conferencia de prensa, que no puede perseguir la tregua entre las pandillas, su facilitación por parte del Estado y la labor de los mediadores, simplemente porque no constituyen delitos. En cambio, Luis Martínez sí, los consideraba delitos, así lo predicaba a los cuatro vientos - y así mandó a redactar la acusación. Entonces, si usted sabe que estos delitos no existen, y que por tanto no puede acusar al ministro Munguía Payés, ¿por qué no mandó a redactar una acusación nueva – una acusación que corresponde a los delitos que usted imputa a los 21 que acusados?

Pero no, usted presenta a la corte y tira al ventilador de los medios de comunicación la misma escritura elaborada por la FGR de Luis Martínez, solo quitando a David Munguía Payés de la lista de acusados. Pero en todo el escrito, página por página, sigue apareciendo como “mastermind” de una “trama” contra el Estado y a favor de las pandillas. Todo esta montaña para parir un ratón: acusar a 21 personas de delitos menores como “introducción de ilícitos” – y esto, para más joder, sin ninguna prueba.

Que bueno que aparecieron a la luz pública los documentos originales de esta acusación, con escudo de la Fiscalía General de la República. Aunque usted lo niegue, estos documentos comprueban que usted no hizo su trabajo. Todo esta acusación solo tendrá lógica si usted lograra clasificar la política pública del gobierno anterior como delito. Y como esto no es posible jurídicamente, como usted mismo dijo, todo el caso se le cae. En vez de solo sacar al ministro, usted hubiera tenido que archivar todo el caso, como una adefesio impresentable más de la fiscalía de Luis Martínez.

Pero usted quería su “caso estrella”. Tan así que cometió otro error imperdonable. Como el objetivo suyo era mediático, no solicitó reserva sobre el caso, como hubiera sido oportuno para proteger la identidad y seguridad de varios de los acusados y sus familias. No, usted tiró la acusación al público, y cuando ya todo estaba publicado, solicitó reserva – para que nadie pueda refutar sus acusaciones.

Reprobado, señor fiscal. Saludos, Paolo Luers
(Mas!/El Diario de Hoy) 

 


Carta al presidente: sobre “golpes de Estado”

Estimado ciudadano Salvador Sánchez:
Las relaciones diplomáticas son entre estados y países, no entre gobiernos, mucho menos entre presidentes o partidos de gobierno. La afinidad ideológica de los gobernantes puede ser un elemento para mejorar las relaciones entre países, pero nunca puede ser condición para las buenas relaciones. Nuestras relaciones con un país tan importante como Brasil no pueden depender de si a usted o la Comisión Política del FMLN le caiga bien o mal el que gobierna este país. El sábado pasado, usted anunció en su mitin electoral en Izalco que ha dado instrucciones de retirar a nuestro embajador de Brasil, con la siguiente justificación: “Hemos analizado la situación y hemos tomado la decisión de no reconocer ese gobierno provisional de Brasil porque hay una manipulación política”.

La cancillería salvadoreña dijo en un comunicado: “Asistimos, desafortunadamente, a la configuración de un golpe de Estado”. Y la Comisión Política del FMLN, lamentablemente rectora de nuestra política internacional, habla de un “golpe de Estado Parlamentario perpetrado contra la legítima presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff”.

¿Qué significa esto de un “golpe de Estado parlamentario”? Todo el mundo en América Latina sabe qué es un golpe de Estado: Significa la ruptura del orden constitucional, efectuada por la fuerza, normalmente por las Fuerzas Armadas. A la presidenta Dilma Rousseff no la apartó de la presidencia el ejército o paramilitares de la derecha, sino el senado de Brasil, a solicitud de la cámara de diputados, usando un mecanismo establecido por la Constitución. El Senado abre una investigación de los cargos contra la presidenta, y en 180 días tiene que declararla culpable o no culpable. Si no es culpable, retoma la presidencia. Si es culpable, es apartada definitivamente.

¿A dónde está el uso de la fuerza? ¿A dónde está el golpe de Estado? ¿A dónde está la ruptura del orden constitucional? Todas las instituciones constitucionales (cámara de diputados, senado, Corte Suprema, Corte Constitucional, Fiscalía, etc.) siguen funcionando sin alteración ninguna. Solo cambia, transitoriamente, el poder ejecutivo, porque está bajo investigación.

Si el FMLN habla de un “golpe de Estado parlamentario”, mañana va a hablar de “golpe de Estado electoral”, cuando la oposición propone elegir, en el 2019, un gobierno diferente.

El FMLN también ha dicho que los que exigimos para El Salvador una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción, como existe en Guatemala, estamos preparando un golpe de Estado. O sea, ¿en Guatemala el presidente Otto Pérez, investigado por fiscalía y CICIG, sufrió un “golpe de Estado judicial”? O incluso un “golpe de Estado ciudadano”, tomando en cuenta las manifestaciones multitudinarias que exigían su renuncia…

¿Y el referéndum de revocatoria contra Maduro, anclado en la Constitución venezolana, es para el FMLN un “golpe de estado constitucional”. Para el FMLN, la “participación ciudadana” solo es buena para fortalecer a un gobierno de izquierda, nunca para cuestionarlo…

Es una estupidez e irresponsabilidad supeditar la política exterior y nuestras relaciones con países aliados como Brasil a prejuicios ideológicos. Causa grave daño al país.

Solidaridad partidaria es una cosa, relaciones entre Estados son otra - y nunca hay que mezclarlas -. Con 7 años en Casa Presidencial, usted ya hubiera tenido que aprender esto.

Saludos, Paolo Lüers

De paso sea dicho: A mí tampoco me gusta el proceso contra la presidenta Rousseff por una simple razón: No veo que esto en Brasil pueda llevar a un gobierno menos corrupto.

(Mas!/El Diario deHoy)