Carta al gabinete de Seguridad: sus propios números los condenan




Veamos el desarrollo de la tasa de homicidios en las diferentes etapas políticas de los últimos 5 años, para ver cuál es la correspondencia entre las diferentes políticas de Seguridad que los gobiernos del FMLN han implementado y los resultados, medidos en cantidades de homicidios.

1.
En noviembre del 2011, con una tasa de homicidios que llega a 13 por día, el presidente Funes (bajo fuerte presión de la empresa privada, la oposición, la opinión pública y los Estados Unidos) decide retirar todo el área Seguridad del control que durante los primer 2 años de su gobierno tuvieron cuadros partidarios del FMLN. Nombra como ministro de Seguridad al general David Munguía Payes, hasta esta fecha ministro de Defensa, y como director general de la PNC al general Francisco Salinas, hasta esta fecha jefe del estado Mayor Conjunto.
Vean a la izquierda de la gráfica: Promedios de unos 400 homicidios al mes, en aquel entonces fueron suficientes para obligar al presidente a cambiar a todo su gabinete de Seguridad. Hoy tenemos un promedio mensual de 600 al mes.

2.
En marzo 2012, entra en vigencia la tregua entra las pandillas, y comienza un proceso de reducción de violencia, facilitado por el ministro de Seguridad Munguía Payes.
Los resultados (las barras amarillas) hablan por si. El promedio mensual de homicidios baja a 175, correspondiente a 5.72 homicidios al día. Durante el 2015 tuvimos más de 20 al día.

3.
En mayo 2013, la Sala de lo Constitucional sentencia que los dos militares no pueden seguir en sus cargos en Seguridad y PNC. Asume el ministerio Ricardo Perdomo, y la dirección de la PNC Rigoberto Pleitéz.
Perdomo declara el fin de la tregua, porque el FMLN, que nunca había estado de acuerdo con la tregua, definitivamente quería deshacerse de ella antes de entrar en la campaña electoral presidencial.
Inmediatamente comienzan a subir los homicidios, de un promedio de 175 al mes durante la tregua, a unos 256 al mes durante el último año del gobierno Funes.

4.
Cuando en junio 2014 asume el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, inmediatamente devuelve el control de Seguridad, Inteligencia, PNC a cuadros del FMLN. Se desmonta lo poquito que quedaba del diálogo y la mediación con las pandillas. Inmediatamente comienzan a subir nuevamente los homicidios. De 256 al mes, suben a un promedio de 341 al mes, en los primeros 9 meses de este gobierno. Al principio del 2015 se anuncia que el gobierno del FMLN al fin está por lanzar su nuevo plan estratégico contra las pandillas.
5.
Este plan se implementa desde principios de marzo del 2015. Tiene como componentes principales: el combate frontal a las pandillas; el traslado de todos los cabecillas de las pandillas involucrados en la tregua a Zacatraz, para tenerlos en máximo aislamiento y quitarles su influencia sobre sus estructuras delictivas; y el paso de operativos policiales de captura de pandilleros a operativos de carácter militar de aniquilamiento. Estreno: Finca San Blas (vea la investigación de El Faro).
Ojo: No estoy hablando del ‘Plan El Salvador Seguro’, que solo existe en papel. Estoy hablando del plan de Seguridad Pública puesto en marcha hace 10 meses.
El promedio de homicidios en estos 10 meses, entre marzo y diciembre del 2015, es de 601.
Esto es casi lo triple del promedio de los 15 meses de la tregua, y casi lo doble del promedio del año anterior: en 2014 el promedio mensual era de 325.

Saquen ustedes (y la ciudadanía) las conclusiones…Saludos,
e2b99-firma-paolo 

(MAS!/El Diario de Hoy)

Carta a los ‘padres de la patria’: ¿Qué ondas con el seguro privado ‘de choto’?

Estimados diputados:
Antes de que arranque el nuevo año, con todo lo urgente que queda por hacer (elección del nuevo fiscal general y de los Consejeros de la Judicatura; rehacer la Ley de Probidad; aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal; reformas electorales; el tema de las frecuencias…), hay que salir de un tema que hace demasiado ruido: el escandaloso contrato que su Junta Directiva firmó para dar a todos ustedes, sus suplentes y los empleados de la Asamblea un seguro privado, pero pagado con fondos públicos…

Primera pregunta: ¿Quiénes de los directivos firmaron esta decisión autorizando 6.5 millones de dólares al año para este contrato de seguros de salud? Luego, la interrogante más básica: ¿A título de qué la Asamblea se sigue auto recetando este privilegio? O sea, ¿porque no lo paga cada uno de ustedes de su salario? Ya que estamos en esto, señores diputados, deberían establecer una comisión especial que investigue todos los contratos de seguro privado de salud – no solo en la Asamblea, sino en otras instancias del Estado. Me consta que estos privilegios existen en CEL, CEPA, el Banco Central de Reserva, el CNR – y me pregunto: ¿existen en Casa Presidencial y para los altos funcionarios de los ministerios? Había que investigar.


También hay que investigar los términos de estos contratos, incluyendo el de la Asamblea misma. E investigar significa: hacer comparaciones de las primas y las condiciones con el resto del mercado de seguros, o sea con instituciones que no son estatales.

Bueno, la primera sorpresa que se van a llevar es que dos instituciones financieras (privadas), que tienen más o menos el mismo numero de empleados que la Asamblea (un poco menos de 2 mil), pagan para sus pólizas de seguro de salud entre medio y un millón de dólares al año, mientras que la Asamblea pagará 6.5 millones de dólares.

Que alguien por favor lo explique – a mí y la Corte de Cuentas. ¿Qué tipo de beneficios exorbitantes reciben los diputados dentro de su seguro de salud que no reciben los ejecutivos de estas instituciones financieras privadas? Digo, beneficios extraordinarios para explicar que para ustedes pagan primas entre 5 y 10 veces mas altas que los bancos…

También habrá que investigar si otras instituciones del Estado que regalan seguros a sus empleados también han incurrido en las mismas irregularidades a la hora de licitar y asignar los contratos. No sé si sólo es la Asamblea que desechó una oferta mucho más barata, presentada por una empresa de mucho más prestigio y experiencia internacional, para otorgar el contrato en negociación directa a la compañía de seguros que por casualidad también maneja todos los seguros para ALBA, incluyendo su nuevo juguete, la línea aérea VECA…

Todo esto habría que investigar, y sería bueno que lo hagan ustedes, los diputados, antes de que lo haga el nuevo fiscal general.

Sería bueno que de un solo comenzaran a revisar y corregir las competencias de la Junta Directiva y de la presidencia de la Asamblea, estableciendo mecanismos de transparencia y de control por parte de ustedes en la plenaria.

De todos modos, ¿cuál es la base legal que faculta a la Junta Directiva a decretar este tipo de beneficios escandalosos para los diputados? ¿En base de qué ley le corresponde a los diputados (o a los ejecutivos de otras instituciones estatales) un seguro de salud y de vida ‘de choto’? Porque la gran mayoría de servidores públicos no lo tienen: ni policías, ni soldados, ni maestros, ni enfermeras. Todos grupos con riesgos de salud mucho más altos que ustedes…

¿Y por qué en el caso de la Asamblea el seguro es tan escandalosamente caro? ¿Cuáles serán los beneficios tan extraordinarios que reciben los diputados que justifican las primas tan extraordinariamente altas? ¿O qué otras razones, comisiones o arreglos justifican estas primas? 

Espero pronto los resultados de sus investigaciones que den respuestas a estas interrogantes. Saludos,




(Mas!/El Diario de Hoy)