Carta al Tribunal Supremo Electoral TSE

Estimados magistrados:

Ustedes, mediante su presidente Eugenio Chicas del FMLN, han presentado a la Asamblea y al público tres diferentes opciones de papeleta para las próximas elecciones de diputados: una donde las fotos de los candidatos de los distintos partidos y los independientes estén ordenados en columnas verticales; otra en columnas horizontales; y otra, en bloques.

¿Nos quieren tomar del pelo, señores magistrados? Es totalmente irrelevante cómo ordenan a los candidatos en la papeleta. Porque las tres opciones tienen el mismo defecto: facilitan el voto por bandera, por partido, por lista...

Cualquiera de las tres formas, que ustedes generosamente proponen, ses una burla a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que obliga a abandonar el voto por partidos y listas y aplicar un sistema donde sólo se vota por personas con nombre, apellido y foto.

Para cumplir con este mandato, hay un diseño de papeleta que lastimosamente ustedes no incluyen en sus opciones: una papeleta en la cual no aparece ninguna casilla que permita votar por el partido, solo casillas para personas.

No importa cómo están ordenadas las fotos de los candidatos (vertical, horizontal, alfabético, por partidos o por el color de sus ojos). Cada foto lleva el nombre del candidato y de su partido y una casilla para hacer la cruz. Punto.

Claro que la gente tiene que saber de qué partido es cada candidato o si es independiente. Pero el voto es por la persona, no por el partido.

Esta es la única forma de cumplir con la Constitución. Todo lo demás, incluyendo las tres opciones que explica el magistrado Chicas, es para despistar.

Pidan a sus colegas en Honduras la papeleta que ellos usan, que es exactamente así: no incluye la opción de votar por la bandera, solo por personas. Y funciona perfectamente.

Saludos, Paolo Lüers

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Carta al presidente de la República

Honorable señor presidente Mauricio Funes:

Yo sé que usted, como jefe de Estado, no es el encargado de supervisar las investigaciones del Ministerio de Hacienda. En ningún caso, tampoco cuando se trata de fundaciones como FUSADES.

En este último ‘caso’ tengo una duda. Y me dirijo directamente a usted, porque hizo afirmaciones públicas e importantes sobre este ‘caso’ específico, en su entrevista en el canal 12, el día jueves 10 de febrero.

Sin que alguien le haya preguntado sobre el tema, usted dijo sobre FUSADES: “Es cierto es que hay una investigación, hay una fiscalización. Es cierto es que existe una presunción establecida por el equipo técnico del Ministerio de Hacienda de que, cuando se vendió la cartera de créditos Propemi a un banco local, ahí hubo evasión...”

Mi duda: ¿Cómo puede el presidente dar a conocer en televisión una fiscalización a una persona, empresa o fundación, sin que el Ministerio de Hacienda haya notificado por escrito al sujeto de la fiscalización? Así lo manda la ley: No puede haber fiscalización sin la debida notificación previa al afectado.

Si no existe ningún proceso formal de investigación ni de fiscalización, ¿cómo puede el garante máximo de la legalidad en el país informar al público de “una presunción establecida de que hubo evasión”?

¿Presunción en base de qué fiscalización? ¿Y qué pasó con la regla básica del estado de derecho que se llama ‘presunción de inocencia’?

Lo que usted hizo en televisión se llama abuso de autoridad. ¿Cómo puede pasar esto en el ‘caso’ de una fundación que es exenta al impuesto de renta y que hizo una transacción, que según la ley no es gravada con el IVA, que es una venta de una cartera de créditos?

Todo esto empezó con una operación de guerra sucia: algún anónimo difunde un documento filtrado de Hacienda, que no es una resolución, sino un informe de un perito a su jefe. Luego el contenido del anónimo aparece en un medio que se presta a servicios de lavado de mentiras. Y luego el contenido es avalado públicamente por el presidente de la República.

Todo esto para restarle credibilidad a una institución que se atreve a criticar al gobierno.

Nos debe una explicación, presidente. Porque no puede ser que el presidente se haya prestado a una operación de blanqueo de mentiras.

Saludos, Paolo Lüers

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Carta de amor

Queridas mujeres en mi vida:

Escribo estas líneas el 14 de febrero, día del amor. No puede ser una carta normal, no puedo hablar de política, seguridad pública, impuestos.

Yo he tenido una suerte increíble con las mujeres. He tenido la suerte de vivir con mujeres excepcionales, que me han hecho crecer, me han retado, me han hecho mejor persona. Sobre todo Daniela y mis hijas. Mis novias, cuando nos separamos luego de vivir juntos durante años, me han quedado como amigas. Todas. Por esto, mi canción de amor favorita es ‘Stand by me’ de John Lennon...

A todas las mujeres en mi vida les mando hoy a decir: Sin ustedes, me hubiera perdido en la vida. Ante cualquier dilema moral, crisis o decisión crucial, ante cualquier peligro de perderme, he tenido la suerte de tener a la par una mujer (y ahora hasta cuatro) que no me permiten rendirme, desviarme, frustrarme.

Esta historia comenzó, como casi todas las historias empiezan: con mi madre. A la par de ella era imposible convertirse en una persona indiferente o cínica. Las pocas mujeres que me hicieron caso, todas han sido igualmente exigentes con migo. Me aguantaron cualquier fracaso, debilidad y locura, menos romper con mis principios y volverme oportunista o cínico.

Sin ustedes, mis amantes y mis hijas, yo me hubiera convertido en un hijueputa más.

Además me han dado y me siguen dando momentos de felicidad, sin los cuales no tiene sentido la vida. Gracias al amor, la amistad y la vigilancia de ustedes, yo puedo seguir trabajando y peleando por una vida aún más feliz.

Stand by me, please...

Paolo

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Honduras y su ciudad modelo: Un país pobre evalúa una nueva forma de estimular la inversión privada

¿Qué partidario del libre mercado no ha fantaseado, en algún momento, con escaparse a una isla desierta y fundar un país donde la libertad económica sea la ley? Si las cosas marchan según lo estipulado, más de una "isla" como "esta podría surgir en este país.

Honduras llama a estas islas visionarias "ciudades modelo" y se espera que el Congreso apruebe una enmienda a la Constitución que allanaría el camino para poner en práctica el concepto.

La idea es simple: una considerable porción de terreno del gobierno inhabitado es designada para ser usada como una ciudad modelo. Se redacta un estatuto para gobernar la ciudad y el Congreso lo aprueba. El gobierno designa una autoridad de desarrollo del territorio, que firma contratos con inversionistas dispuestos a desarrollar infraestructura. La ciudad se abre a los negocios bajo reglas que actúan como un imán para la inversión.

¿Suena fantasioso? Quizás, hasta que el principal arquitecto del plan, Octavio Sánchez, dice que las "ciudades modelo" no son nada nuevo. "Lo que me cautiva del concepto son dos cosas ", me dice el jefe de gabinete del presidente Porfirio Lobo. Primero, que vamos a emplear las mejores prácticas de proyectos similares de todo el mundo que han sido exitosos. Segundo, que el traslado de la gente será totalmente voluntario. Ellos serán los que lo protegerán".

Durante la Guerra Fría, Honduras era conocida fundamentalmente por su lealtad a Estados Unidos. En 2009, el país saltó a la fama por deponer al presidente Manuel Zelaya porque intentaba extender su mandato en violación de la Constitución. Honduras se negó a cumplir las exigencias internacionales para restaurar a Zelaya en el poder. Ahora, el pequeño país centroamericano que enfrentó al mundo para defender su democracia parece estar afirmando la creencia de que necesita cambiar para alejar futuros ataques contra su libertad.

El economista de la Universidad de Nueva York, Paul Romer, es un defensor global del mismo concepto con otro nombre. Así es cómo Romer describió sus "ciudades modelo" en una entrevista el 25 de enero con Sebastian Mallaby del Council on Foreign Relations: "Algunos grupos de personas que quieren intentar algo diferente dicen: vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Vamos a desarrollar diferentes leyes, quizás, diferentes normas sobre lo que está bien y lo que está mal. Vamos a reforzar aquello en nuestra pequeña cultura que opera separadamente. Y entonces, si esto resulta ser un éxito y ser mejor, no solamente vamos a demostrar a otros que hay algo mejor, también vamos a proveer un mecanismo para que la gente pase de un equilibrio donde un grupo de reglas y normas prevalece a este otro".

La gestación de las ciudades modelo para Honduras comenzó en Honduras. La razón no es difícil de discernir. Los reformadores pasaron años tratando de liberalizar la economía para ver sus intentos frustrados por los intereses creados.

Como lo explica Sánchez, que también trabajó en el gobierno del presidente Ricardo Maduro, entre 2002 y 2006,: "para mí, durante un tiempo muy largo, ha sido obvio que con el actual sistema no vamos a ninguna parte". El joven abogado cuenta que hace casi una década comenzó a pensar respecto a si sería posible designar un pequeño lugar donde todas las reformas pro-mercado serían la ley. No le cabían dudas de que una zona así crecería rápido y que las ideas detrás de ella se extenderían.

El concepto evolucionó con el tiempo y la crisis política de 2009 parece haber generado interés en nuevas ideas. En una entrevista realizada aquí la semana pasada, el presidente Lobo me dijo que encuestas muestran que entre los hondureños familiarizados con la propuesta, existe un amplio apoyo.

Se espera que la enmienda sea aprobada por el Congreso en los próximos tres meses. Esta semana, Sánchez y Lobo viajarán a Corea del Sur y Singapur, donde analizarán exitosas "ciudades modelo" para ayudarlos a afinar la redacción del primer estatuto. También van en busca de inversionistas. Sánchez señala que es importante que más de una ciudad modelo sea lanzada para que los diseñadores de las reglas tengan competencia.

¿Dará resultado? Los críticos —no deja de llamar la atención que se trata en su mayoría de "expertos" en desarrollo y planificaciones fracasadas— aseguran que es poco probable porque, bueno, estamos hablando de Honduras. Pero Sánchez no se amilana y recuerda que alguna vez también se proclamó que Japón y Chile eran culturalmente incapaces de alcanzar el desarrollo. Agrega que la historia está del lado de Honduras. Sistemas legales separados dentro de ciudades generaron prosperidad sin precedentes en el siglo XIV en la Liga Hanseática, en el norte de Europa, y más recientemente en lugares como Shenzhen, en China.

El ex presidente Ricardo Maduro también apoya la idea. "Si queremos desarrollarnos tenemos que encontrar un camino para contrarrestar el populismo que tanto nos daña. La ciudad modelo es una manera de descentralizar el poder y conectar a la gente con su gobierno", insiste.

(The Wall Street Journal)

La gira presidencial por la televisión

El jueves de la semana pasada, el presidente de la República terminó su gira por los canales de televisión con una entrevista en canal 12. A menos que luego de sus largas entrevistas en cuatro canales piense ‘ir a los cantones’, como dicen los estrategas de campañas electorales. Todavía podría pedir audiencia en los canales religiosos y en los canales locales, por ejemplo el canal 23 de Will Salgado en San Miguel...

Mi colega Joaquín Samayoa ya explicó atinadamente esta ofensiva mediática: es ‘damage control’, el intento de limitar y suavizar el daño que le empiezan a causar al presidente sus erráticas políticas.

Cuando uno revisa la secuencia de las cuatro entrevistas presidenciales, salta a la vista la escalada de agresividad. Parece que las entrevistas en TCS, Megavisión y Canal 33 eran ensayos para el ataque frontal que lanzó en el Canal 12. Parece que el señor presidente de la República ha identificado dos adversarios principales: ANEP y los demás gremios empresariales; y el Diario de Hoy y sus comentaristas.

Que el presidente de la República identifique a un periódico como uno de los principales obstáculos para su gestión, no tiene nada de malo. No habla muy bien de él, pero sí del periódico en cuestión, de su independencia. Parece que por lo menos uno de los periódicos está haciendo bien su trabajo de fiscalizador del poder.

Como periodista me siento mucho más cómodo cuando existe distancia crítica entre los medios y el gobierno. Es bueno para la profesión. Es bueno incluso para los gobiernos, aunque normalmente no lo vean así. Cuando se borra esta distancia crítica entre prensa y gobernantes, como aquí era la regla durante décadas, pierden credibilidad ambos, gobierno y prensa, aunque pueden tener beneficios a corto plazo.

Lo sorprendente es que el actual gobierno, supuestamente ‘del cambio’, ha logrado mantener la mayoría de los medios como aliados o acobardados. Donde la administración de Tony Saca trató a los medios con una política de zanahoria, ‘el cambió’ lo hace diferente: mantuvo la zanahoria, pero la combina con el garrote. La zanahoria siendo la enorme pauta publicitaria del gobierno, para los medios, y múltiples prácticas de soborno, para los periodistas y editores; el garrote siendo el regaño público por parte del presidente, la suspensión de la pauta, y el cerco informativo, o sea la negación del acceso a la información pública a los periodistas y medios que no aceptan cantar en el coro orquestado por Casa Presidencial...

El ataque sistemático y, en el caso de la entrevista en Canal 12, desenfrenado del presidente a la empresa privada y sus gremios es un invento genuino del gobierno ‘del cambio’. El presidente está tan furioso con los dirigentes empresariales, porque se niegan a asumir la mitad del costo político por el próximo paquetazo de impuestos. Al gobierno se le está rompiendo el empaque de ‘pacto fiscal’, con el cual querían disfrazar la reforma tributaria y los nuevos impuestos que están preparando.

El conflicto público entre ejecutivo y empresariado sobre la concepción de un pacto fiscal evidencia que los gremios empresariales, al fin, están recuperando plenamente su autonomía frente al poder político, empeñada por malas prácticas de sumisión durante el gobierno de Tony Saca. El proceso de recuperación de la autonomía de los gremios empresariales, además en el contexto de un cambio de gobierno, obviamente generó conflictos, tanto dentro de los gremios, pero sobre todo con un gobierno que interpreta la defensa de intereses empresariales como boicot al gobierno y la oposición a sus propuestas como intento de desestabilización. ¿Cómo no va a ser conflictiva la relación con un gobierno que interpreta cualquier crítica a su esquema de pacto fiscal como muestra que la empresa privada no quiere pagar sus impuestos?

El gobierno habla de un pacto fiscal, cuy única finalidad es cobrar más impuestos. La empresa privada habla de un pacto fiscal, cuya finalidad es hacer más eficiente y más transparente el gasto del Estado. Sobre esta diferencia es difícil ponerse de acuerdo en cualquier sociedad, en cualquier país. Pero se vuelve imposible con un gobierno y un partido de gobierno que quieren más Estado, más gobierno, más regulación y más impuestos - no como un mal necesario, sino por principio, por convicción ideológica y para construir un ‘nuevo modelo económico’. ¿Cómo llegar a una visión conjunta del futuro de la nación con un gobierno y un partido gobernante que están profundamente convencidos que los empresarios son una banda de contrabandistas y evasores?

Los ataques tan viscerales que el presidente de la República hace al Diario de Hoy y los gremios empresariales son buena y mala noticia a la vez. La buena es que hay menos sumisión y más autonomía frente al poder presidencial. La mala es que hay, por parte del presidente, poco tolerancia frente a la insubordinación.

El presidente sabe que atacar a ANEP le da cierto rédito político, por lo menos a corto plazo y con las bases del FMLN. Aparentemente no le preocupa que este rédito viene con un alto costo a largo plazo: incertidumbre, falta de confianza, menos inversión. Este precio no le preocupa mucho, porque lo pagamos todos nosotros.

(El Diario de Hoy)

La 'generación Y' hace la revolución

Cuando contemplamos los acontecimientos en Egipto a través de Al Yazira, BBC World y CNN, inevitablemente se nos plantean tres interrogantes:

Primero, ¿qué es lo que ha motivado a los manifestantes, en número de cientos de miles, día tras día, a salir e incluso resistir a la brutalidad policial y a la demostración de fuerza militar? ¿Es esta realmente una revolución contra el desempleo y la pobreza?

Segundo, ¿qué va a pasar ahora, después de que Mubarak dimitiera finalmente como consecuencia de la persistente presión popular?

Y tercero, ¿qué tendrían que hacer, en caso de hacer algo, Occidente, y la comunidad internacional en su conjunto, para apoyar la consolidación del ahora movimiento prodemocrático en Egipto?

Diversos comentaristas, incluido el presidente Obama y la secretaria de Estado, Clinton, han achacado a la falta de trabajo y de perspectivas económicas el principal motivo subyacente en las protestas de Egipto. Es verdad que en Egipto los jóvenes sufren un fuerte desempleo y tienen unos salarios frustrantemente bajos en los escasos trabajos de que disponen. ¿Y quién no es joven en un país de 80 millones de habitantes, donde la media de edad es de solo 24 años?

Sin embargo, es importante reconocer que la revolución la pusieron en marcha y ha sido conducida por estudiantes moderados y con un aceptable nivel de educación residentes en las principales ciudades. En contraste, el desempleo y la pobreza son más severos entre la población rural y con menor nivel de educación.

Basándome en numerosas conversaciones con los participantes, puedo asegurar que esta no ha sido nunca una revolución por el pan y el trabajo. Los pacíficos manifestantes son los egipcios de clase media, que son los egipcios de mayor educación y de relativamente mayor prosperidad económica. Si no somos capaces de reconocer las razones reales que han llevado a esta gente a salir a la calle y luchar por el cambio de régimen y por la democracia no seremos capaces de apoyarles, de hecho podríamos estar haciendo el juego al antiguo régimen o a los elementos más radicales de la sociedad egipcia.

Sin negar el papel que desempeña la economía, esta ha sido primordialmente una rebelión contra el puño de hierro del Gobierno que durante muchos años ha estado asfixiando el debate crítico y aplastando despiadadamente cualquier forma de disidencia. Al igual que las rebeliones populares de Polonia, Checoslovaquia y Hungría, que significaron el comienzo del fin del telón de acero, las rebeliones de Túnez y de Egipto están haciendo sonar las campanas del funeral de las férreas dictaduras de Oriente Próximo. Por lo que la gente está luchando realmente es por el fin de la omnipresente autoridad de la policía estatal, de la opresiva falta de libertad de expresión, de la sistemática eliminación de cualquier forma de disenso y de oposición, de la impunidad de las fuerzas policiales, causantes de la desaparición de personas y conocidas por torturar e incluso golpear hasta la muerte a detenidos a plena luz del día, sin haber sido nunca responsabilizadas por ello. "Dignidad" y "respeto" han sido y son las palabras clave de este levantamiento, mucho más que las quejas contra la "pobreza" o el "desempleo".

Así que, ¿por qué la gente no se fue a casa incluso cuando Mubarak prometió no presentarse a su reelección y no imponer a su hijo Gamal como sucesor? En primer lugar, la gente no se fiaba del viejo zorro que había hecho tantas promesas tantas veces. Puesto que Mubarak ya había soltado a sus matones de los servicios secretos contra los manifestantes pacíficos ¿quién podía decir que no intentaría detener a los cabecillas y llenar las cárceles con quienes se interponían en su camino? Tenemos todas las razones para creer que quiso emplear su mano más dura y poner un sangriento final a la revuelta hace una semana y que trató de ahuyentar a los periodistas para poder hacerlo sin testigos. Una estrategia que solo quedó frustrada por el valor de los periodistas que inmediatamente comprendieron por qué de pronto eran atacados por "manifestantes pro-Mubarak" y por el valor de los propios manifestantes, que acudieron cada vez en mayor número. Sin embargo, ello no significa que la batalla estuviera ganada y que Mubarak se hubiera dado por vencido. Podía haber consentido que hubiera unas elecciones pluralistas en otoño en las que él no fuera candidato, pero contaba con varios compinches, como Suleimán, el jefe de su KGB, a los que podría tratar de colocar en su lugar para asegurarse de que el sistema cleptocrático que ha funcionado tan bien para la familia Mubarak siguiera funcionando hasta nueva orden. Por eso la gente siguió protestando, cada vez en mayor número, y terminó consiguiendo, el viernes, la dimisión de Mubarak.

Alrededor de cinco millones de personas han participado activamente en las manifestaciones de El Cairo, Alejandría, Suez y otras ciudades de Egipto. Lo cual hace que se suscite la pregunta de que dónde estaban los 75 millones restantes. Como dije antes, los campesinos pobres y los millones de jornaleros tenían más cosas por las que estar preocupados antes que por la dimisión del rais y su Gobierno. No obstante, serán llamados a votar en otoño, lo mismo que los demás. Y, una vez más, serán objeto de una hábil manipulación. Incluso en los últimos días, Al Ahram, el principal -y, por supuesto, controlado por el Gobierno- periódico egipcio, mostraba a las masas de manifestantes antigubernamentales en las calles con un pie de foto que sugería que millones de personas se habían reunido ¡en apoyo! de Mubarak. Dudo que se tratara de una inocente equivocación.

Mientras los candidatos que concurran a las elecciones tengan que ser aceptados por el Gobierno, mientras no haya una genuina libertad de asociación y de expresión, mientras una supervisión internacional de las elecciones no haya sido asegurada, realmente los manifestantes no tienen asegurada su victoria definitiva, pese a tener ya en el bolsillo algo tan grande como el derrocamiento de Mubarak. Lo que se necesita ahora es una Carta Magna, aceptada por el Gobierno y apoyada por todos quienes traten de participar en la política egipcia, que garantice los derechos civiles y políticos fundamentales para todas las personas y todos los partidos. Ese sería un paso creíble y tangible hacia un amplio abanico de enmiendas de la Constitución egipcia, que hoy por hoy todavía tiene como principal propósito asegurar el poder absoluto del régimen.

Los estudiantes que se han manifestado no tenían líderes. Sin embargo, se ha constituido un Comité de Sabios. Tienen la confianza de los manifestantes y se han encargado de negociar con el Gobierno. Sería conveniente que les ofreciéramos nuestra ayuda y les garantizáramos su seguridad. El objetivo tiene que ser el de capacitar a todas las fuerzas políticas para organizarse y hacer campaña abiertamente ante las próximas elecciones.

Por último, Occidente tiene que aceptar también lo que los egipcios elijan votar en sus primeras elecciones libres y limpias, incluso si un futuro Gobierno de coalición tuviera que incluir a los Hermanos Musulmanes. La democracia es indivisible. Supone el respeto a la elección del pueblo y a su capacidad de corregir una mala elección pocos años después en las siguientes elecciones. Eso es lo que Occidente tiene que defender, y no la continuación de la estabilidad, sin que le importe lo corrupta u opresiva que esta sea, ni la elección de fuerzas prooccidentales o antiislamistas. Hagamos lo que esté a nuestro alcance para dar a la gente de Egipto la dignidad y el respeto por el que han luchado tan valientemente. Dudo que ellos nos devuelvan la moneda con políticas y polémicas antioccidentales, anticristianas o antijudías.

(El País/Madrid. Frank Emmert dirige un programa de colaboración entre la Universidad de Indiana y la Universidad del Cairo e imparte regularmente la enseñanza en Egipto.)

The Big Idea: Creating Shared Value. How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth

The capitalist system is under siege. In recent years business increasingly has been viewed as a major cause of social, environmental, and economic problems. Companies are widely perceived to be prospering at the expense of the broader community.

Even worse, the more business has begun to embrace corporate responsibility, the more it has been blamed for society’s failures. The legitimacy of business has fallen to levels not seen in recent history. This diminished trust in business leads political leaders to set policies that undermine competitiveness and sap economic growth. Business is caught in a vicious circle.

A big part of the problem lies with companies themselves, which remain trapped in an outdated approach to value creation that has emerged over the past few decades. They continue to view value creation narrowly, optimizing short-term financial performance in a bubble while missing the most important customer needs and ignoring the broader influences that determine their longer-term success. How else could companies overlook the well-being of their customers, the depletion of natural resources vital to their businesses, the viability of key suppliers, or the economic distress of the communities in which they produce and sell? How else could companies think that simply shifting activities to locations with ever lower wages was a sustainable “solution” to competitive challenges? Government and civil society have often exacerbated the problem by attempting to address social weaknesses at the expense of business. The presumed trade-offs between economic efficiency and social progress have been institutionalized in decades of policy choices.

Companies must take the lead in bringing business and society back together. The recognition is there among sophisticated business and thought leaders, and promising elements of a new model are emerging. Yet we still lack an overall framework for guiding these efforts, and most companies remain stuck in a “social responsibility” mind-set in which societal issues are at the periphery, not the core.

The solution lies in the principle of shared value, which involves creating economic value in a way that also creates value for society by addressing its needs and challenges. Businesses must reconnect company success with social progress. Shared value is not social responsibility, philanthropy, or even sustainability, but a new way to achieve economic success. It is not on the margin of what companies do but at the center. We believe that it can give rise to the next major transformation of business thinking.

A growing number of companies known for their hard-nosed approach to business—such as GE, Google, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Nestlé, Unilever, and Wal-Mart—have already embarked on important efforts to create shared value by reconceiving the intersection between society and corporate performance. Yet our recognition of the transformative power of shared value is still in its genesis. Realizing it will require leaders and managers to develop new skills and knowledge—such as a far deeper appreciation of societal needs, a greater understanding of the true bases of company productivity, and the ability to collaborate across profit/nonprofit boundaries. And government must learn how to regulate in ways that enable shared value rather than work against it.

Capitalism is an unparalleled vehicle for meeting human needs, improving efficiency, creating jobs, and building wealth. But a narrow conception of capitalism has prevented business from harnessing its full potential to meet society’s broader challenges. The opportunities have been there all along but have been overlooked. Businesses acting as businesses, not as charitable donors, are the most powerful force for addressing the pressing issues we face. The moment for a new conception of capitalism is now; society’s needs are large and growing, while customers, employees, and a new generation of young people are asking business to step up.

The purpose of the corporation must be redefined as creating shared value, not just profit per se. This will drive the next wave of innovation and productivity growth in the global economy. It will also reshape capitalism and its relationship to society. Perhaps most important of all, learning how to create shared value is our best chance to legitimize business again.

Moving Beyond Trade-Offs

Business and society have been pitted against each other for too long. That is in part because economists have legitimized the idea that to provide societal benefits, companies must temper their economic success. In neoclassical thinking, a requirement for social improvement—such as safety or hiring the disabled—imposes a constraint on the corporation. Adding a constraint to a firm that is already maximizing profits, says the theory, will inevitably raise costs and reduce those profits.

A related concept, with the same conclusion, is the notion of externalities. Externalities arise when firms create social costs that they do not have to bear, such as pollution. Thus, society must impose taxes, regulations, and penalties so that firms “internalize” these externalities—a belief influencing many government policy decisions.

This perspective has also shaped the strategies of firms themselves, which have largely excluded social and environmental considerations from their economic thinking. Firms have taken the broader context in which they do business as a given and resisted regulatory standards as invariably contrary to their interests. Solving social problems has been ceded to governments and to NGOs. Corporate responsibility programs—a reaction to external pressure—have emerged largely to improve firms’ reputations and are treated as a necessary expense. Anything more is seen by many as an irresponsible use of shareholders’ money. Governments, for their part, have often regulated in a way that makes shared value more difficult to achieve. Implicitly, each side has assumed that the other is an obstacle to pursuing its goals and acted accordingly.

The concept of shared value, in contrast, recognizes that societal needs, not just conventional economic needs, define markets. It also recognizes that social harms or weaknesses frequently create internal costs for firms—such as wasted energy or raw materials, costly accidents, and the need for remedial training to compensate for inadequacies in education. And addressing societal harms and constraints does not necessarily raise costs for firms, because they can innovate through using new technologies, operating methods, and management approaches—and as a result, increase their productivity and expand their markets.

Baje el PDF del essay completo del Harvard Business Review