jueves, 17 de febrero de 2011

Carta al presidente de la República

Honorable señor presidente Mauricio Funes:

Yo sé que usted, como jefe de Estado, no es el encargado de supervisar las investigaciones del Ministerio de Hacienda. En ningún caso, tampoco cuando se trata de fundaciones como FUSADES.

En este último ‘caso’ tengo una duda. Y me dirijo directamente a usted, porque hizo afirmaciones públicas e importantes sobre este ‘caso’ específico, en su entrevista en el canal 12, el día jueves 10 de febrero.

Sin que alguien le haya preguntado sobre el tema, usted dijo sobre FUSADES: “Es cierto es que hay una investigación, hay una fiscalización. Es cierto es que existe una presunción establecida por el equipo técnico del Ministerio de Hacienda de que, cuando se vendió la cartera de créditos Propemi a un banco local, ahí hubo evasión...”

Mi duda: ¿Cómo puede el presidente dar a conocer en televisión una fiscalización a una persona, empresa o fundación, sin que el Ministerio de Hacienda haya notificado por escrito al sujeto de la fiscalización? Así lo manda la ley: No puede haber fiscalización sin la debida notificación previa al afectado.

Si no existe ningún proceso formal de investigación ni de fiscalización, ¿cómo puede el garante máximo de la legalidad en el país informar al público de “una presunción establecida de que hubo evasión”?

¿Presunción en base de qué fiscalización? ¿Y qué pasó con la regla básica del estado de derecho que se llama ‘presunción de inocencia’?

Lo que usted hizo en televisión se llama abuso de autoridad. ¿Cómo puede pasar esto en el ‘caso’ de una fundación que es exenta al impuesto de renta y que hizo una transacción, que según la ley no es gravada con el IVA, que es una venta de una cartera de créditos?

Todo esto empezó con una operación de guerra sucia: algún anónimo difunde un documento filtrado de Hacienda, que no es una resolución, sino un informe de un perito a su jefe. Luego el contenido del anónimo aparece en un medio que se presta a servicios de lavado de mentiras. Y luego el contenido es avalado públicamente por el presidente de la República.

Todo esto para restarle credibilidad a una institución que se atreve a criticar al gobierno.

Nos debe una explicación, presidente. Porque no puede ser que el presidente se haya prestado a una operación de blanqueo de mentiras.

Saludos, Paolo Lüers

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