¿Golpe de Estado en Guatemala?

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denunció que en Guatemala se estaba gestando un golpe de Estado en contra del presidente Álvaro Colom, al estilo del ocurrido en Honduras contra Manuel Zelaya, en el cual estarían involucrados militares y empresarios.

A su vez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a la oligarquía guatemalteca de haber asesinado a Rodrigo Rosenberg, con el objeto de derrocar al régimen de Colom.

Sin duda, los señalamientos de Chávez y Morales evidencian una clara identificación entre el gobierno de Guatemala y los gobiernos que integran el Alba (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba), todos de corte populista autoritario o dictatorial. Chávez y Morales no defienden a quien no se identifica con ellos, y si no que lo digan los gobiernos mexicano, colombiano y peruano.

Al igual que el “chavismo” en Venezuela, el oficialismo guatemalteco ha venido insistiendo en el complot y la conspiración para derrocar a Colom, antes y después del asesinato de Rosenberg.
Han sido los “caballitos de batalla” preferidos del oficialismo para acallar las críticas y descalificar las acciones legales en contra de sus actuaciones. Para el régimen de Colom, todos los adversarios, disidentes y críticos son “enemigos” y “desestabilizadores”. No existen términos medios: o se está con Colom o contra él.

El “chavismo”, bajo la denominación de “socialismo del siglo XXI”, es expansionista. Tanto es así que se ha denunciado que Chávez ha apoyado y financiado proyectos políticos en otros países, tales los casos de Perú, México, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros. Luego, defiende a los gobiernos que le son adeptos o afines a capa y espada.

En Guatemala, la paranoia del oficialismo no se justifica, porque no hay indicios ni evidencias de que pudiera estarse fraguando un golpe de Estado contra Colom. Ni siquiera en los días posteriores a la muerte violenta de Rosenberg, extremo que lo comprobó personalmente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien de paso exoneró a Colom de cualquier responsabilidad en el crimen del indicado abogado.

En conclusión, las declaraciones de Chávez y Morales deben ser entendidas como un “espaldarazo” para Colom y como una nueva manera de hostigar y atemorizar a sus adversarios, opositores y críticos.

De golpes y autogolpes

El 25 de mayo de 1993, el entonces presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, dio un “autogolpe de Estado” y promulgó las denominadas “Normas Temporales de Gobierno”, por medio de las cuales derogó la Constitución, las cuales fueron invalidadas por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Serrano disolvió el Congreso, defenestró a los magistrados de la CC y de la Corte Suprema de Justicia, y destituyó al Procurador de los Derechos Humanos.

Después de dos semanas de resistencia ciudadana, los militares le retiraron el apoyo y lo enviaron a El Salvador. La CC asumió que Serrano había abandonado el cargo y ordenó al Congreso elegir un sustituto que terminara el respectivo período presidencial.

Serrano no había renunciado ni abandonado el cargo. Sin embargo, era un hecho que había incurrido en los delitos de violación a la Constitución y de abuso de autoridad, entre otros, por lo que lo procedente habría sido que el Congreso tramitara en su contra un procedimiento de antejuicio o de desafuero, a fin de que se declarara que había lugar a formar causa penal en su contra. Acto seguido, Serrano habría quedado sujeto a proceso penal y suspenso en sus funciones.

El caso del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, es muy similar al de Serrano, porque se le imputa la comisión de varios delitos. Por ende, lo procedente era que se iniciara el procedimiento de antejuicio o de desafuero en su contra ante el Congreso Nacional, según lo dispone el Artículo 205, inciso 15, de la Constitución de Honduras, a fin de que quedara sujeto a proceso penal y suspenso en sus funciones.

Sin embargo, se siguió el mismo procedimiento que se siguió para defenestrar a Serrano, con la diferencia de que existe una presunta renuncia, con base en la cual se le separó del cargo y se designó al sustituto.

Por consiguiente, si Zelaya es restituido como Presidente de Honduras inexorablemente deberá enfrentar el respectivo procedimiento de antejuicio ante el Congreso Nacional, a fin de determinar si ha lugar o no a formar causa penal en su contra. Si el Congreso Nacional declara procedente el antejuicio o desafuero, Zelaya tendría que enfrentar el respectivo proceso penal y quedaría suspenso en sus funciones.

‘¡Dura lex, sed lex!

(El Periódico, Guatemala)