Nuestra guerra: Una conversación

Una conversación en NEXOS entre:
Fernando Escalante Gonzalbo • Eduardo Guerrero Gutiérrez Alejandro Hope • Denise Maerker • Ana Laura Magaloni • Héctor de Mauleón Natalia Mendoza Rockwell • Guillermo Valdés • Joaquín Villalobos ( Ver todos sus artículos )

El 17 de septiembre se reunieron en la revista nexos diversos autores de ensayos, análisis y reflexiones clave sobre el problema de seguridad y la violencia que han marcado el destino reciente de México. Bajo la conducción de Denise Maerker se sentaron a la mesa a conversar y discutir Fernando Escalante Gonzalbo, Eduardo Guerrero Gutiérrez, Alejandro Hope, Ana Laura Magaloni, Héctor de Mauleón, Natalia Mendoza Rockwell, Guillermo Valdés y Joaquín Villalobos. Hablaron durante cuatro horas, la versión estenográfica de la conversación fue editada y enviada a sus autores para que corrigieran y añadieran lo que juzgaran pertinente. Este es el resultado


Denise Maerker: Todos ustedes han escrito o generado piezas clave sobre la crisis de seguridad y violencia que enfrenta México. En algunos puntos coinciden, en otros discrepan. Lo cierto es que la situación, desde que sus textos fueron publicados o sus estudios hechos, ha cambiado constantemente y hay nuevos elementos de reflexión. Queremos volver sobre las primeras hipótesis o explicaciones, hacer un alto en este camino, regresar a nuestras hipótesis originales, encontrar —por qué no— puntos comunes que nos den una visión más clara de en qué consiste la crisis, qué la desencadenó, y si era inevitable o no. Les propongo empezar por el principio, preguntarnos qué ocurrió en el país con eso que podríamos llamar “la tormenta perfecta” en la que concurrieron muchas cosas: el cierre al narcotráfico de “La Ruta del Caribe”, la transición democrática de México que puede haber diluido los mecanismos de control social que existían; la debilidad histórica de los gobiernos y las policías locales, el fin de la prohibición de la venta de armas de alto poder en Estados Unidos…

Eduardo Guerrero: Desde los ochenta en México tenían lugar episodios de violencia en varias regiones del país ligados con el narcotráfico, pero me parece que la pregunta que ahora nos hacemos todos es: ¿por qué a partir de mayo de 2008 aumentaron súbita y sostenidamente los homicidios relacionados con la delincuencia organizada a niveles nunca vistos? El aumento de la violencia se registra en un momento en que el gobierno mexicano coloca en el centro de su agenda el combate al narcotráfico y el fortalecimiento del sector de seguridad. Y sucede que, paradójicamente, esas decisiones gubernamentales para fortalecer la seguridad son un grupo de variables clave para explicar esta violencia extraordinaria. La violencia aumenta, por ejemplo, cuando tienen lugar detenciones de capos, decomisos de armas y automóviles. Me parece a mí que la política actual de detenciones (y quizás algunos decomisos) es relevante para explicar la violencia actual.

Alejandro Hope: Puede haber un primer punto de acuerdo en que la raíz de la crisis no es estructural. Sabemos de las debilidades de las instituciones de seguridad y justicia, pero con esas mismas policías y esos ministerios públicos, tuvimos una caída sostenida de algunos indicadores de delitos violentos durante un periodo largo, digamos de 1993 a 2007. Lo que sorprende y hace difícil el diagnóstico es lo abrupto del incremento que se da en 2008. Hay que explorar factores coyunturales, entre 2005 y 2008, que puedan explicar esto. Algunos de esos factores están asociados a las decisiones de gobierno, pero otros no. Por ejemplo, entre 2007 y 2009 se da un incremento en el precio de la cocaína en Estados Unidos. Según la base de datos de la DEA, en esos dos años se duplicó el precio de la cocaína. Ahora bien, si uno corre la gráfica de homicidios contra el precio de la cocaína verá que son comportamientos casi paralelos. Éste es un primer punto no trivial. Un segundo punto es el de las armas. No tenemos buena información al respecto, pero estudios recientes muestran que la disponibilidad de armas parece haber incrementado el número de delitos violentos en comunidades fronterizas. Tercer punto, también de coyuntura: el gobierno de Estados Unidos acelera la deportación de ex convictos a partir de 2002. Entre 2002 y 2008 se incrementa 35% el número de ex convictos deportados a México y crece todavía más en 2009 y 2010. En 2010 deportaron algo así como 120 mil ex convictos; en 2002 fueron 30 o 40 mil.

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Fernando Escalante: Creo que podemos estar de acuerdo en que la política del gobierno federal, lo que hizo y dejó de hacer el gobierno federal durante este sexenio, es el factor decisivo para explicar el salto. Hay otros factores también, pero un cambio de esa magnitud en un año sólo puede explicarse por factores coyunturales. Ahora bien, me parece importante subrayar que eso que haya hecho y dejado de hacer el gobierno federal afecta no sólo a las organizaciones criminales de que hablaba Eduardo Guerrero. Hay otras violencias, otras formas de violencia que no tienen que ver con el contrabando o la venta de drogas. Mirando regionalmente el mapa de la violencia, la que no está directamente asociada al narcotráfico me parece incluso más grave; no los pleitos entre organizaciones de delincuentes, que tarde o temprano llegarán a un acuerdo, sino esas otras violencias que parece que se han instalado en el país.

Denise Maerker: En el fondo hay una pregunta sobre la inevitabilidad de la intervención del Estado. ¿Era deseable esa intervención? ¿Era indispensable?                 

Eduardo Guerrero: Yo me atrevo a decir, ya me desmentirán, que en esta mesa hay un acuerdo en que el gobierno debe luchar contra el crimen organizado y contra la inseguridad. Lo que sorprende es la precipitación con la que el gobierno lanza su ofensiva. A 10 días de tomar posesión, el 11 de diciembre, el nuevo gobierno aplica un primer operativo en Michoacán con resultados —por cierto— aparentemente buenos. En ese año, 2006, Michoacán era el estado más violento del país. Hay asesinatos de mandos policiales, expresiones del gobernador Lázaro Cárdenas de que no es posible transitar en varios municipios de Michoacán. Este gobernador solicita, desde finales del sexenio de Vicente Fox, una intervención del gobierno federal. Fox, al parecer, no atendió la solicitud sino Felipe Calderón (quien nació en Michoacán, por cierto). Con el operativo del gobierno federal descendió la violencia y hubo importantes decomisos y detenciones. Se elevaron también los niveles de aprobación del presidente. La intervención del presidente estaba respondiendo a una exigencia social. Y la lucha era políticamente conveniente para mejorar las condiciones en que asumió el poder el presidente de la República. El factor sorpresa fue importante en el primer operativo en Michoacán, pero ese factor ya no estuvo presente en los siguientes y la eficacia disminuyó gradualmente.

Ana Laura Magaloni:
A mí no me queda claro a qué denominamos la crisis de inseguridad. ¿Quién amenaza realmente a la sociedad? ¿Las otras violencias de que habla Fernando Escalante o a la violencia de las organizaciones criminales? Y eso lo digo con respecto a la pregunta de qué tan inevitable o necesaria era la intervención del Estado. Hay que preguntarse: inevitable o necesaria, ¿para qué? No sé cuál haya sido el indicador duro de la necesidad de intervención. Salvo Michoacán, los homicidios venían para abajo, la violencia no era un problema. Hoy tenemos una violencia que no sé cómo se va a contener y en delitos que duelen a la población: secuestro, extorsión, homicidio. La intervención era necesaria, ¿para qué? Porque, sin duda, en estos años ha cambiado el fenómeno: estamos ante otro fenómeno que requiere otro tipo de intervenciones. Es preciso definir qué era la crisis de seguridad de la que estamos hablando, por qué necesitaba el Estado sacar el ejército a las calles y a la policía. Porque si no nos ponemos de acuerdo sobre eso no vamos entender si fue adecuado o no.

Joaquín Villalobos:
Hay un factor que no tiene tanto que ver con el número de homicidios. Me refiero al cambio en las características de la violencia que se da entre 2005 y 2007. La violencia que se observa en México antes de esos años tenía niveles de brutalidad mínima, era poco sistemática y no estaba organizada. Sin embargo, hacia el final del gobierno de Vicente Fox apareció una violencia sistemática, organizada y con un nivel de brutalidad extraordinaria, que era cualitativamente distinta y estaba asociada a factores estructurales como el mercado de drogas, la evolución de los grupos delincuenciales y la debilidad de las instituciones. Lo que yo observo es, entonces, que hubo un cambio cualitativo que se produce entre 2005 y 2007, y que en 2008 se manifiesta con toda su fuerza. Esta segunda violencia genera, por necesidad, la intervención del Estado, porque es una muestra de intimidación mucho más potente, que pone en jaque la capacidad del Estado de ser autoridad; reto completamente distinto al que plantea la violencia común.

Voy a poner un ejemplo todavía más claro en esta dirección: cuando se produce el estallido social en Chiapas (1994) los números de homicidios no fueron altos, casi no hubo violencia, pero la reacción del Estado fue proporcional al problema potencial, tanto en lo que se refiere al envío de fuerza, como en su disposición al diálogo e inversiones sociales en la zona. Es decir, que para dar respuesta a un problema de este tipo no podemos basarnos solamente en los números, hay que analizar el fenómeno en su dimensión completa. Y lo que pasó en México entre 2005 y 2007 fue que la violencia y los violentos se volvieron un reto para el Estado. Para decirlo coloquialmente, la basura se salió de abajo de la alfombra.

Guillermo Valdés:
Si comparamos los niveles de violencia de 2010 y 2011 con los de 2007 y 2006 parece, ciertamente, que la intervención no se justificaba, porque el nivel de violencia en 2006 era muy bajo, pero quiero poner las cosas en perspectiva. El nivel de violencia actual, los más de 40 mil muertos de estos años, no se hubiera producido si antes no hubiera habido un proceso lento de acumulación de lo que podríamos llamar la “densidad criminal”. Para que haya más de 40 mil muertos en cinco años debe haber muchísima gente armada en la calle. Es imposible construir ejércitos con ese nivel de entrenamiento, equipamiento y disposición violenta de la noche a la mañana. El proceso de acumulación ya se había dado en 2007. La pregunta es: ¿por qué afloró allí? De acuerdo, hay que entrarle a las causas coyunturales para explicar todo esto, pero yo apuntaría también a una causa un poco más histórica, que explica por qué estas organizaciones ya eran tan poderosas en 2007. El hecho es que en México hubo a partir de finales de los ochenta un proceso de unificación de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en dos grandes organizaciones: la Federación —en donde estaban el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel del Pacifico— y, por otro lado, el Cártel del Golfo. A partir de 1997 comenzó una etapa de fragmentación de estas organizaciones y en 2006 existían no dos, sino seis cárteles: Tijuana, Pacífico, Juárez, La Familia, Golfo, Los Zetas (que aunque eran parte del Golfo actuaban con cierta autonomía desde 2003), lo que provocó violencia en varias partes del país como Nuevo Laredo en 2005 o en Michoacán en 2006. Lo que estamos viendo a partir de 2008 es un conjunto de conflictos muy violentos entre esas organizaciones cuya lógica es terminar la fragmentación para que sólo permanezcan dos de ellas: por un lado sería el Cártel del Pacífico (si logra derrotar o controlar a los cárteles de Tijuana, Juárez y de Beltrán Leyva), y la otra sería la triunfadora del conflicto entre el Golfo y Los Zetas. Las guerras del Pacífico contra sus adversarios explican poco más de la mitad de los homicidios que van en el sexenio; los conflictos del Golfo con sus adversarios dan cuenta de otro 30% de asesinatos.

Ana Laura Magaloni:
Es muy interesante lo de “la densidad criminal” de la que habla Guillermo. Pero no es trivial que esa densidad criminal no fuera violenta y ahora sí lo sea. México tenía una densidad criminal contenida u ordenada en un país en donde históricamente la línea divisoria entre ilegalidad y legalidad nunca ha sido completamente clara.

Natalia Mendoza:
Si lo que se busca es entender qué es lo que está pasando en el país, creo que es necesario desmontar las ideas “Estado” y “crimen organizado”: ambos términos son ficciones que sirven para diseñar políticas públicas; no son conceptos que permitan explicar y ni siquiera describir la serie de procesos sociales que han dado lugar a esta crisis. Son categorías normativas, no analíticas. Cuando uno cambia de escala, y se acerca a la realidad local, la idea de que esto es una guerra entre “el Estado” y “los cárteles” pierde sentido: los pleitos y los actores son mucho más diversos. Eduardo Guerrero señala que ha habido una fragmentación de los cárteles. Eso puede ser verdad a una cierta escala. Lo curioso es que a nivel local la realidad puede ser otra. En 2005, cuando hice trabajo de campo en el municipio de Altar, Sonora, los cárteles no se vivían como una realidad local: había una serie de pequeños narcotraficantes que trabajaban como subcontratistas o incluso de manera independiente. Los mismos narcos te podían decir: “En la tele dicen que todo esto es territorio del Chapo, pero pues yo no sé, yo le compro mota a fulano”. La sensación que hay hoy en un lugar como Altar es que el tráfico de drogas se “cartelizó”. Es decir, que a medida que se vuelve más difícil el paso de la frontera los narcotraficantes que trabajaban de manera más o menos independiente se ven en la necesidad de aliarse con organizaciones poderosas que pueden pagar sicarios y que pueden negociar con miembros más altos en la jerarquía militar y policiaca. El sentido de pertenencia a un cártel es cada vez más fuerte.

No creo que el hecho de que una serie de familias vivan del tráfico de drogas signifique en sí mismo una amenaza a la “lógica del Estado”, al menos no más grave que la evasión sistemática de impuestos. Tampoco es cierto que ese tipo de tráfico de drogas relativamente independiente que existía desemboque necesariamente en la violencia que estamos viendo hoy. El efecto perverso de la intervención federal en la lucha contra el narcotráfico es que los cárteles han echado raíces más locales, se han profesionalizado —funcionan cada vez más con nómina— y por supuesto se han vuelto más violentos. Nos equivocamos de enemigo: el problema de México no es la venta de drogas en Estados Unidos, sino la violencia. Combatirla requiere otro tipo de respuesta por parte del Estado.

Denise Maerker:
Más allá de si era inevitable o no la intervención del Estado en una zona que sí estaba perdida, como Michoacán y la Tierra Caliente, los únicos lugares que yo recuerde donde la violencia se había desatado en los términos planteados por Joaquín Villalobos, me pregunto por el objetivo que se planteó la intervención. ¿Fue para resolver un caso concreto o ya como una estrategia?

Alejandro Hope:
La participación de las fuerzas armadas en tareas de combate al narcotráfico no es nueva. Desde la Operación Cóndor en los años setenta, las fuerzas armadas han participado en acciones antinarcóticos. Hubo varios operativos conjuntos previos a este sexenio, que tuvieron características similares a los de 2007 y 2008. Hay que recordar esto porque ahora nos parece que en el pasado todo fue distinto. No estoy muy seguro si en 2007 la intervención federal parecía claramente distinta de las anteriores, tanto desde la lógica del gobierno como desde la lógica de los narcotraficantes.

Fernando Escalante:
Hay una cosa claramente distinta. A partir de 2008 comenzamos a ver prácticamente todos los días comunicados de la Secretaría de la Defensa que anuncian que el Ejército ha matado a ciudadanos mexicanos: siempre en enfrentamientos, siempre repeliendo la agresión, el Ejército anuncia que ha matado a 10, a 20, a 27 personas. Eso comienza de modo sistemático en 2008 y sí es nuevo. Son ya más de dos mil 300 ciudadanos mexicanos.

Héctor de Mauleón: Tenemos dos narrativas sobre la violencia. Una dice: el Estado intervino, el tráfico de drogas se dificultó, los cárteles entraron en guerra y eso trajo como consecuencia la violencia que estamos viendo. La segunda línea narrativa dice que el Estado intervino, pero intervino mal o precipitadamente, y eso desató lo que está pasando. Lo que esas líneas narrativas no nos explican es por qué la brutalidad creció cualitativamente desde 2007-2008. Se dice que los grandes cárteles se atomizaron y que desde entonces pequeños grupos rebeldes y sin control andan pegando en todas partes, lo que daría la idea de que se ha avanzado en algo: en desmembrar grandes organizaciones para dejar sueltas a otras más pequeñas. ¿Pero ésa es una narrativa del triunfo o del fracaso? Porque hasta ahora lo único claro es que la violencia dejó de ser esporádica para volverse sistemática y con niveles de brutalidad nunca antes vistos.

Eduardo Guerrero:
Me parece que la política de captura de los miembros de las organizaciones criminales termina por tener un impacto estructural en la operación de los cárteles: las expectativas de negociación de los mandos medios del cártel con los capos se modifican radicalmente (en términos del cumplimiento de los contratos informales entre ellos). Éste es un asunto clave, porque los contratos al interior de los cárteles son de carácter verbal e informal. Sólo garantiza su cumplimiento la reputación del líder con el que se pactó y su permanencia en el cargo. Cuando el líder es removido constantemente —ya sea porque es arrestado o abatido—, desaparecen los incentivos de los mandos medios para seguir colaborando en el cártel, y muchas células se independizan de la organización. Aquí es cuando entra el tema de la fragmentación de las organizaciones y la puesta en marcha de sus negocios locales: extorsión, narcomenudeo, secuestro. La detención sistemática —y al parecer aleatoria— de capos terminó por propiciar modificaciones estructurales en el funcionamiento de la organización que produjeron a su vez más violencia.

Guillermo Valdés: Detenciones de capos y decomisos ha habido desde los setenta, y en muchas ocasiones, no en todas, esas intervenciones gubernamentales generan episodios de violencia temporales, que duran semanas o eventualmente meses. Aquí estamos hablando de un conflicto del Cártel del Pacífico contra el Cártel de los Beltrán Leyva que empieza en 2008, a raíz de la detención de El Mochomo, producto de una delación de gente de El Chapo. Esa guerra lleva tres años y medio y ha producido cerca de nueve mil muertes. No es el fenómeno de la violencia episódica por el reacomodo dentro de un cártel. Estamos hablando de algo mucho más grave. ¿Por qué El Chapo Guzmán y los Beltrán Leyva se enfrascan en una guerra que lleva tres años y medio y que ha producido nueve mil muertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero? Porque están peleándose el control de tráfico de 50 o 60 toneladas de cocaína que les genera cientos de millones de dólares. Ahí hay un conflicto económico claramente establecido. En el caso del Golfo es otro modelo. Hay otra guerra entre el Golfo y Los Zetas, que también lleva muchísimas muertes, sin que hubiera detención de capo o decomiso. Ahí hay una variable muy importante: Los Zetas se han convertido en una organización nacional, a partir del sometimiento y el control de bandas de delincuentes locales que ya eran secuestradores, que ya eran extorsionadores, que ya eran roba coches. Y no es cierto que la extorsión y el secuestro empezaron en este sexenio. Ahora hubo una explosión de información sobre eso, y nos puede parece que acaba de empezar. Pero empezó muchísimo antes. En 1995-1997, por ejemplo, hubo una explosión de secuestros violentísima; después tuvimos otra en 2004, aquella de la marcha ciudadana gigantesca en la ciudad de México. El otro modelo de Los Zetas al que me refiero es que ellos están trabajando, por un lado, la exportación de droga y, por el otro, la extracción de rentas a la sociedad mediante extorsiones, robos y secuestros. Son fenómenos que ahí están, que tienen razones económicas y que son de una magnitud que rebasa a los errores o aciertos de la intervención gubernamental.

Eduardo Guerrero: México tenía que enfrentar un problema de narcotráfico extendido y poderoso, pero al hacerlo generó otro problema que no tenía antes, un problema de violencia creciente y dispersa. La violencia se ha vuelto el asunto más importante en materia de seguridad. Y esto plantea el tema de los costos: ¿cuánto estamos los mexicanos dispuestos a pagar como sociedad para someter al crimen organizado? En el empeño del gobierno de debilitar al crimen organizado no parece existir un buen cálculo sobre la estrategia y las capacidades necesarias para resolver el problema sin generar costos demasiado elevados. Hubo falta de previsión y de un diagnóstico completo y preciso. Y después el gobierno quedó atrapado en esta violencia incontrolable que adquiere hoy rasgos de epidemia en varios puntos del país. El gobierno defiende a capa y espada su estrategia, a pesar de sus resultados magros y sus costos exorbitantes. Si nos basamos en un buen grupo de indicadores de resultados, hoy México no parece estar mejor que cuando declaró la guerra, hace casi cinco años, a las organizaciones criminales.

Natalia Mendoza: Creo que es muy peligrosa la facilidad en que se habla indistintamente de lucha contra el narcotráfico y lucha contra los narcotraficantes: como si fuera lo mismo. El cuidado de no llamar esto una guerra contra “los criminales” no obedece solamente a un afán de corrección política, se trata de tener presente que las formas de violencia más espeluznantes en la historia de la humanidad son aquellas que van dirigidas a tipos de población, tipos de individuo —llámese “judío”, “burgués”, “tutsi”, etcétera—. Los peores tipos de violencia son los motivados por fantasías de “exterminio del mal”. A eso se parece el de La Familia cuando pone una manta: “Señor ciudadano Felipe Calderón, permítame que limpie el territorio de perros”. El gobierno no debe usar nada ni remotamente parecido: no debe usar de “los malos”, sino de ciudadanos que han infringido la ley y que deben ser juzgados por acciones concretas.
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Lo preocupante es que parte de la violencia que vemos hoy no parece ser estrictamente instrumental: no se trata solamente de hacer cumplir pactos o controlar territorios. Parece volverse cada vez más arbitraria, obedece a criterios más caprichosos con rasgos regionalistas: “Que fulanito puso música banda, seguro es de Sinaloa, ¿qué anda buscando aquí? Mátalo de una vez”. Haciendo trabajo de campo en Sonora noté que había tipos de homicidios que suscitaban una venganza y otros que no. En general la violencia instrumental, por ejemplo los castigos a “los traidores”, no son vengados. Pero el tipo de violencia dirigida a alguien no por lo que ha hecho sino por lo que es —“sinaloa”, “Z”, “malo”— es la que desencadena ciclos de venganza imparables. Por eso me parece peligroso que funcionarios del Estado y miembros de la sociedad civil empiecen a hablar en esos términos: eso significa imitar la lógica en que operan organizaciones criminales ahora. Lo que hace falta detener es, precisamente, el contagio de formas cada vez más arbitrarias de violencia que susciten cadenas de venganza.

Denise Maerker:
Te estás refiriendo al peligro de que el Estado diga: “Voy por…”.

Natalia Mendoza: Que diga: “Estoy combatiendo un tipo de población, un tipo de sujeto”. Me parece peligrosísimo porque ese tipo de argumento es, precisamente, bajo el que están funcionando, cada vez más, distintas organizaciones criminales.

Denise Maerker: Pero, ¿quién provoca que los asesinatos empiecen a ser por tipo de población? ¿El Estado o los grupos criminales?

Natalia Mendoza:
No sé quién empezó, pero hay una tendencia compartida por funcionarios, miembros de las organizaciones criminales y población civil a hablar en esos términos. El Estado debe combatir y juzgar tipos de actividad, acciones concretas, no eliminar tipos de individuo. Pensar que muertos “los narcos” se acabó el problema, es igual de absurdo que pensar que la solución es que se mueran todos “los drogadictos”.

Ana Laura Magaloni:
Retomo una idea de Villalobos con respecto a las estructuras criminales que amenazan la autoridad del Estado. Siempre hemos tenido un país en donde existen muchos mercados ilegales. Si vamos contra esas estructuras criminales, ¿qué es lo que se puede alcanzar ahí? ¿Verdaderamente podemos decir que va a haber un día en que no existan más esos mercados ilegales? Me parece una pregunta que exige un enorme pragmatismo, más cuando el Estado no tiene policías, no tiene procuradurías, no tiene tribunales y que existe una enorme descentralización del poder como para imponer una política desde el centro. ¿Qué es alcanzable dentro de ese contexto? ¿Cuál es una meta realista? Visto a retrospectiva, si algo que amenaza la autoridad del Estado es que los ciudadanos sean extorsionados, violentados. Eso sí va al corazón de la autoridad. Me parece que el primer objetivo, acabar a las bandas, no era realizable, pero el segundo, contener la violencia que afecta a la población, es de vital importancia para que el Estado tenga autoridad.

Joaquín Villalobos:
Tengo la impresión, que no sólo es mía, la comparto con amigos colombianos y de Centroamérica, de que hay rasgos peculiares en la forma como se enfoca el problema de la violencia en México. Lo normal en una situación de inseguridad es la demanda de eficiencia. La sociedad pide acabar con lo que genera el problema, es decir, con los criminales. En Colombia, por ejemplo, la demanda era, básicamente, acabar o controlar a los violentos. En el caso de México la demanda es acabar con la manifestación del problema: la violencia. Decir esto puede ser políticamente incorrecto pero hace falta decirlo para entender el fenómeno: la violencia es la manifestación del problema, no es el problema. El problema son las estructuras que generan la violencia, la existencia de maquinarias paralelas al Estado, de estructuras que le disputan el monopolio del poder coercitivo en determinados espacios. Este modo particular de enfocar el asunto conduce a que el debate se centre en tratar de averiguar quién generó la violencia, y en esto se descubre algo que pareciera una resistencia a asumir los costos de lo que yo llamaría la crisis estructural de las instituciones de seguridad y justicia. El problema central que enfrenta México hoy en día es la debilidad institucional en un contexto de crisis de seguridad. En la década de los noventa cambió la ruta de la cocaína, México se convirtió en el paso para toda la cocaína que viajaba de Colombia hacia Estados Unidos, y este cambio lo sorprendió con una debilidad institucional grave, que había venido gestándose desde mucho antes. Hasta que se presentó la crisis no había incentivos para combatir a los grupos de narcotraficantes, no había incentivos para reevaluar todo el sistema de seguridad y justicia y hacer crecer a la Policía Federal, ni había incentivos para abordar el tema de las policías locales. Ni la clase política ni la sociedad veían esto como problema. Ahora hay una percepción de que el problema es la violencia y la búsqueda del culpable o responsable de la violencia, se vuelve un elemento dominante del análisis, en vez de tratar de explicar el problema de origen, la causa de la violencia. Como señalaba Guillermo Valdés, las estructuras que se formaron, la cantidad de gente que se armó, la cantidad de gente que está dispuesta a matar o morir, es un fenómeno complejo que no puede tener una explicación superficial y no depende de las acciones de este gobierno porque es resultado de un proceso que se ha dado a lo largo de muchos años. ¿Cómo es que tantos mexicanos se decidieron a matar? Buscando una respuesta a esta pregunta descubrí dos cosas sobre las que cambié de opinión con relación a este problema: una, creí que los mexicanos eran esencialmente pacíficos, pero hoy creo que no es así. No todas las sociedades se disponen a usar la violencia como ha ocurrido en México. Basta dar una mirada geográfica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, son todos países de la ruta de la cocaína. ¿Pero dónde se genera violencia? En Colombia, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, pero no en Panamá, que está al lado de Colombia, ni en Costa Rica, ni en Nicaragua, que son partes fundamentales de la ruta.

Lo que ocurre es que, resultado de sus procesos históricos, existen culturas que tienen una naturaleza más violenta que otras. El segundo cambio en mi percepción sobre el fenómeno de la inseguridad en México se refiere a que yo creía que México tenía un Estado fuerte, pero hoy percibo que tiene un Estado grande, pero no un Estado fuerte; es decir, que tiene posibilidades de controlar el problema, pero debe fortalecer sus instituciones, tanto federales como locales, para poder lograrlo. Entender que el corazón del problema está en la debilidad de las instituciones resulta fundamental para encontrar soluciones de largo plazo. De otra manera se corre el riesgo de caer en lo que mi amigo Jorge Castañeda ha llamado la tendencia cultural de los mexicanos a la “evasión al conflicto”, a esto en Colombia lo llamaron “la cultura del atajo”, que es la búsqueda de salidas que eviten enfrentar el problema. Los “atajos” que están presentes en el debate mexicano sobre el fenómeno del crimen organizado son: 1. Buscar la forma de convivir con estructuras potentes de crimen organizado; 2. Una variante del anterior: establecer una tregua o negociación; 3. No capturar capos ni quitarles grandes cargamentos de droga creyendo que con esto se evita la violencia; 4. Legalizar las drogas, aunque eso no esté en manos de México. La legalización de las drogas es un tema del primer mundo y no resuelve el problema de las estructuras criminales ni la debilidad de las instituciones; 5. Se plantea priorizar la prevención, como si se pudiese prevenir lo que ya está ocurriendo; 6. Se sugiere utilizar modelos de seguridad de primer mundo, pero es esto precisamente lo que no puede alcanzarse por la debilidad del Estado mexicano.

Denise Maerker:
Me parece interesante la observación de que hablamos normalmente de la violencia y no de los criminales. Esto pone sobre la mesa la idea de que somos una sociedad acostumbrada históricamente a convivir con la ilegalidad, con una serie de situaciones límite, para la cual lo intolerable no es la ilegalidad, sino la violencia. Quisiera recordar que hay un momento insoportable en Michoacán, en 2006, cuando el Estado descubre que ha perdido la soberanía y las instituciones. En varios municipios se había recrudecido la imposibilidad de que el Estado ejerciera el monopolio de la violencia y funcionaran sus instituciones. Es decir, nuestra convivencia con la ilegalidad sí tuvo un punto de quiebre en Michoacán en 2006. Ahí dejó de ser viable convivir con la criminalidad, dejar que sigan su camino, siempre y cuando no se metan con la soberanía ni con la vida cotidiana. Eso sí era nuevo, aunque ahora ya ha ocurrido en todas partes

Alejandro Hope: Hay dos agendas que no hemos alcanzado a distinguir con precisión. Una es la reducción de los delitos violentos. Otra, reducir la influencia política, el peso económico y la capacidad de control territorial de organizaciones criminales. En el primer caso, creo que sí hay un rezago terrible. En términos de delitos violentos estamos notoriamente peor de lo que estábamos en 2006. Pero disiento de Eduardo Guerrero en suponer que no se ha afectado a las organizaciones criminales. Hoy no hay una sola organización criminal que tenga más recursos, más poder político o más capacidad militar de lo que tenía en 2006. Los cárteles de Tijuana y Juárez son una sombra de lo que fueron en los noventa. El Cártel del Pacífico perdió los brazos de Beltrán Leyva y de Nacho Coronel. El Cártel del Golfo se partió en dos. La Familia Michoacana para todo efecto práctico, ya no existe como tal. De la organización Beltrán Leyva queda un cascarón. En México no hay un “escenario Pablo Escobar”: no hay una organización que pueda retar frontalmente al Estado.
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Eduardo Guerrero: Sin negar el logro del Estado de dividir a algunos de los cárteles, yo mido la influencia o el poder de una organización criminal en términos del daño que causa. Para mí no importa tanto si es grande o es chica, sino su capacidad para cometer los delitos que más duelen a la sociedad. Podremos tenerlas divididas, pero con estos índices de homicidio, de extorsión, de secuestro, siguen infligiendo un enorme daño. Por otra parte, no creo que al iniciarse la guerra contra el narco hubiera un “escenario Pablo Escobar” en México, es decir, un escenario en que un gran cártel desafiara abierta y frontalmente la autoridad del Estado. Éste es un argumento que he escuchado a menudo para justificar la guerra, pero me parece un argumento falaz, con poco fundamento, que apela al miedo. En años recientes, México no enfrentó un escenario “a la Colombia” en el que estuviera, por ejemplo, amenazada la vida de un candidato presidencial o de un procurador general de la República.

Fernando Escalante: Voy a tratar de recuperar algo de la estructura de la conversación. Decía Héctor de Mauleón que el problema de interpretación consiste en que hay dos relatos. Mi impresión es que no se refieren exactamente a lo mismo, no son dos versiones del mismo asunto. De un lado está el relato del crimen organizado, cualquier cosa que esto sea. Y mi impresión es que decimos crimen organizado y ocultamos la realidad social que hay debajo: agricultores de Batopilas, pandillas de Juárez y transportistas de Matamoros, que no son lo mismo. Como quiera, ése es un primer relato, el relato del crimen organizado que cuenta, dice Guillermo Valdés, cuarenta y tantas mil víctimas en los últimos años. En el otro relato, en cambio, hay alrededor de 75 mil víctimas hasta ahora, porque se trata del fenómeno de violencia que hay en el país. No sabemos si son muertes del crimen organizado o desorganizado, o de qué. Ese fenómeno general de violencia sólo puede explicarse recurriendo a factores estructurales. Como señala Natalia Mendoza, cuando se cierra una frontera se pasa del contrabando hormiga al contrabando organizado, al contrabando de doble embudo, y eso organiza los tráficos y produce violencia. Pasó en nuestra frontera con Estados Unidos en el 93 y está pasando ahora con el Ejército. Visto así, no son los pleitos entre contrabandistas de drogas, sino factores estructurales los que explican por qué una política tiene unas consecuencias y no otras. Quiero recuperar el tema de la delincuencia empezando por poner en duda eso de que en México estemos particularmente acostumbrados a la ilegalidad. Mi impresión es que en México la inmensa mayoría de la gente cumple la mayoría de las leyes la mayor parte del tiempo, como en todo el mundo. En México hay tráfico, contrabando y venta de drogas, y no nos parece que sea tan grave, ¿significa que toleramos la ilegalidad? Bueno, en Estados Unidos circula y se consume más droga, lo mismo que en Francia, en Holanda, en España: ¿es que están acostumbrados a la ilegalidad? Hay en México una extensa economía informal, ¿quiere decir que estamos acostumbrados a la ilegalidad? En Estados Unidos hay unos 25 millones de trabajadores indocumentados, en Europa hay millones de turcos, argelinos y marroquíes trabajando sin permiso: ¿es que están acostumbrados a la ilegalidad? Pues sí, claro que sí: igual que nosotros. Mejor dejemos de pensar que somos algo especial porque toleramos la ilegalidad: somos tan legales o ilegales como los gringos o los franceses. Por otra parte, creo que sí es grave la idea de que “el factor generador del problema son los criminales”. Porque los criminales no lo son esencialmente. Un individuo que vive de trabajar en su rancho y que un día cruza la frontera con una mochila de “mota” ¿se convierte en “el criminal”? ¿Por qué no es sencillamente un agricultor que dio un mal paso? Cuando convertimos a un grupo social en “los criminales” y resulta que ellos son “el problema”, los colocamos fuera de la sociedad, y cabe entonces llamarlos, como los ha llamado el presidente, “cucarachas”. Es grave: nos estamos acostumbrando al lenguaje del exterminio. Cuando tenemos, por ejemplo, a un teniente del Ejército en un retén que dispara y mata a una familia, y para explicarlo dice que disparó “por inercia”, y no se obliga a dimitir al secretario de la Defensa, estamos en un mundo muy extraño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado más de 100 casos en los cuales el Ejército ha disparado en contra de civiles absolutamente inocentes, y no dimite el secretario de la Defensa. Estamos acostumbrándonos a algo muy raro cuando hay editorialistas en la prensa nacional, en periódicos de circulación nacional, que piden escuadrones de la muerte, que piden que se ejecute directamente a “los criminales” y eso se aplaude. Algo muy grave nos ha pasado.

Héctor de Mauleón:
Escalante se refirió al holocausto y al lenguaje del exterminio, que es el lenguaje del mal. No es extraño, porque en México la violencia está pasando del territorio del crimen, del simple delito, a una zona que se encuentra cada vez más lejos del delito y cada vez más cerca del mal. No nos hemos acercado a mirar desde esa perspectiva la violencia que afloró después de 2007. Otra cosa importante que ha quedado de lado es que en el relato de la violencia nos seguimos estrellando contra el muro de las cifras. El relato disponible suele quedarse en el conteo diario de los muertos. Pero no sabemos nada o casi nada de ellos. Guillermo Valdés habla de nueve mil bajas, producto de las guerras del Cártel del Pacífico. Escalante habla de dos mil ciudadanos muertos por el Ejército, según los boletines de la Sedena. El problema es que aún no sabemos quiénes eran, a qué tipo de población pertenecían. ¿Qué clase de mexicanos son los que mueren en esta guerra?

Denise Maerker:
Iba en otro orden, pero retomo este asunto de los muertos porque uno de los temas que queremos tratar es quién mata y quiénes son los muertos. A partir de los textos de muchos de ustedes, la identidad de los muertos, no el número, ha adquirido una enorme importancia que culmina en la movilización creciente de los familiares de las víctimas. Joaquín Villalobos ha sido claro al decir: “En una guerra hay muertos, no sean ingenuos”. Pero la identidad, el nombre, la historia detrás de cada uno de esos muertos se ha vuelto una exigencia. La explicación de que cada muerto es un delincuente menos se ha debilitado en la opinión pública conforme vamos conociendo sus historias. La pregunta es clara: ¿quién mata y quiénes son los muertos?

Guillermo Valdés:
En la tipología de los asesinatos, el gobierno clasifica tres tipos. Las ejecuciones, que son asesinatos cometidos con un patrón muy claro: hay un ataque premeditado contra uno o varios integrantes de una organización criminal por parte de otra; los “levantan”, los secuestran, los llevan a una casa de seguridad, los torturan, los matan, les dan el tiro de gracia, y tiempo después hacen públicos los cadáveres. El 85% o el 88% de los cuarenta y tantos mil muertos corresponden a ese patrón. Una segunda categoría son los muertos en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y hombres armados, organizados o desorganizados, presuntamente delincuentes. Un 10% de las muertes ocurre en esta clase de sucesos. Y hay una tercera categoría, que son las agresiones de presuntos delincuentes contra autoridades o contra civiles inocentes. Ahí estamos hablando del 2% de las muertes, más o menos. Se está haciendo una reclasificación de algunos casos de ataques directos a civiles, como las narcofosas de San Fernando, el incendio del Casino Royale en Monterrey o el granadazo en Morelia.

Denise Maerker:
Hay también los mal identificados, que son muchos.

Guillermo Valdés:
Hay muchos muertos no identificados, sobre todo en el rubro de ejecuciones. Por ejemplo, hay cerca de 900 cadáveres de los que no se tiene el sexo. ¿Por qué? Porque están calcinados o mutilados en exceso, o porque son cadáveres en descomposición de muchísimo tiempo.

Héctor de Mauleón: ¿Esa clasificación permite saber cuáles son los cárteles que han acumulado más muertos? ¿Cuál es la organización que se está imponiendo sobre las otras? Joaquín Villalobos afirma que, en una guerra, uno de los métodos que permite saber quién va ganando es definir quién tiene más muertos. ¿Los muertos son una medición válida de cómo vamos?

Guillermo Valdés:
Mira: el Cártel del Pacífico tiene cuatro guerras que explican la mitad de los muertos en conjunto. Tiene una guerra con el Cártel de Juárez, que produjo hasta la fecha 12 mil; tiene otra con los Beltrán Leyva, nueve mil; tuvo la guerra contra Tijuana, que fueron dos mil 500 o tres mil; y luego tiene una cuarta guerra por contener la invasión de Los Zetas en La Laguna. Entonces tú tienes la mitad de las cuarenta y tantas mil muertes explicadas por cuatro conflictos del Cártel del Pacífico. La única lógica que le veo a que el Pacífico se meta en un combate de este tamaño y de esta duración es el control de un negocio que le da un porcentaje significativo de un ingreso que, para el total de exportaciones de drogas a Estados Unidos, hemos estimado en cinco mil 500 millones de dólares.

Ana Laura Magaloni:
Me parece importante explicar por qué se empezaron a matar. Pero creo también que en toda esta narrativa de cárteles contra cárteles desaparece por completo el ciudadano y el impacto que esto ha tenido en su vida. Lo que más me impresiona de las narrativas que oyes de las víctimas es la ausencia completa del Estado. Cuando se han desplegado las fuerzas federales con el objetivo de recuperar la autoridad del Estado, nadie tiene una ventana a la que ir a tocar y pedir ayuda. Es extraordinariamente paradójico que lo que estábamos peleando era la autoridad del Estado y que la autoridad del Estado, para el ciudadano en donde existen operativos conjuntos, se haya reducido a cero. Parecería ser entonces que ellos se están peleando y a nosotros no nos queda nada más que esperar y ver. ¿Qué pasa con la autoridad del Estado en la vida ordinaria de los ciudadanos?

Joaquín Villalobos:
En relación al problema de los costos hay un punto fundamental, que es el tema del tiempo. El tiempo, juzgado en términos de este gobierno y con la dimensión que tiene del problema, el tiempo transcurrido es todavía un tiempo corto. Hay que considerar que esto va tomar más tiempo y que no hay modo de salir más rápido. La disminución de la violencia no está necesariamente asociada al tema de la victoria en el sentido clásico. ¿En qué momento el Estado logra ser hegemónico en el control del territorio? ¿En qué momento recupera su condición de autoridad, aun sabiendo que van a quedar estructuras criminales las cuales, aunque no dominantes, seguirán compitiendo con la autoridad? Este proceso es uno de los elementos más importantes. La presencia territorial del Estado y la disminución de la violencia son directamente proporcionales. Así pasó en Brasil con las favelas: apenas han llegado unidades de la Policía Pacificadora a reconquistar las zonas olvidadas durante años y comenzó a mejorar la seguridad. En Colombia el ejército y la policía se han convertido en los más grandes de América Latina: 440 mil y 160 mil efectivos, respectivamente. Ese crecimiento se dio porque llegaron a la conclusión de que si no ocupaban el territorio de forma permanente no se iba a resolver nunca el problema de los poderes armados paralelos y de una población con una cultura de ilegalidad. El crecimiento de la fuerza militar y policial produjo una mejora inmediata en la seguridad. Por eso me preocupa que la discusión en México algunos la centren en cómo organizamos a los criminales para que sean menos violentos y no cómo organizamos al Estado para que sea un factor de inhibición de la violencia. En Colombia uno de los giros fundamentales fue convencer a los militares de que los derechos humanos no son una carga ética que se les impone: son parte de la eficacia operacional. Cuando se les hizo entender que si respetaban estos derechos tendrían mejores resultados porque no convertían en enemiga a la población, comenzaron a bajar las violaciones a los derechos humanos.
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Fernando Escalante: Quisiera hablar de nuevo sobre lo que podríamos considerar criterios de éxito. El número de muertos no me sirve, porque no dice nada inteligible. La “recuperación del territorio” tampoco, porque no está claro qué territorio se había perdido, ni cómo se haya recuperado. Sí me parece claro, en cambio, que hemos perdido o estamos perdiendo una guerra cultural importantísima, en la medida en que es posible llamar cucarachas a una parte de la sociedad, y pensar y decir que “los criminales” no son seres humanos. Pero vuelvo al problema de la evaluación, a lo que cuenta como criterio de éxito. En el relato dominante, los únicos actores —lo decía Ana Laura hace un instante— son los “narcos”: el relato dominante es la historia de lo que los narcos hacen o quieren hacer, y lo que dejan de hacer, y con eso quedan siempre fuera de foco las políticas del Estado, que influyen de manera decisiva para que suceda una cosa o la otra. Veamos: si esta fuese sólo una guerra económica por un mercado millonario, el mercado más grande está en el Distrito Federal, y tendríamos que tener aquí el frente de batalla; si eso no sucede, tendríamos que preguntarnos si no tiene algo que ver el hecho de que se adopten determinadas políticas. Preguntemos: ¿por qué en Yucatán no hay esa violencia, por qué en Oaxaca no, por qué en Chiapas tampoco? Hay que tomar con cuidado también la idea del “control del territorio”. En muchos lugares han existido siempre otros actores sociales que intervienen y condicionan la acción del Estado, y el resultado normalmente no es catastrófico. Para resumir, podríamos decir que es el orden de los caciques, que ha funcionado siempre. Lo que estamos viendo en una parte del país es que se ha roto, o se está rompiendo ese orden. Ya nadie controla, ya nadie manda. Acaso porque ya no hay, o ya no tienen poder esos a los que llamábamos “caciques”. Insisto: sujetos sociales que disputen la autoridad a los agentes del Estado han existido siempre en México, y acaso en todas partes. El que pone el orden local es el cacique. Bueno, a lo mejor hay lugares del país en que estamos viviendo la derrota final de los caciques. Y a lo mejor de eso se trata esta historia.

Alejandro Hope: Creo que el problema con la métrica es también un problema de lenguaje. Yo no sé cómo se “come” el control territorial. No sé cómo operacionalizar esa variable. Por qué no medimos, por ejemplo, el tamaño relativo de la economía ilegal. Tratemos de poner ciertos números y dejarnos de las fantasías que circulan sobre el tema. Tengo la intuición de que la economía ilegal en México hoy es considerablemente menor que la que había en 2006. Porque siendo, con mucho, el tráfico internacional de drogas la actividad ilegal más grande, hoy es, probablemente, más chica de lo que era. Del otro lado, hay una agenda específica de reducción del delito violento, que debe ser un objetivo en sí mismo, más allá de lo que suceda en el combate a organizaciones criminales. Si hay más homicidios vamos mal en esa agenda. Punto.

Denise Maerker: Creo que hay indicadores claros de cómo se come el control territorial. Yo lo diría así: ¿en dónde están cerrados los centros de salud?, ¿en dónde están cerradas las escuelas? Sabemos cómo se come el control territorial cuando sucede que hay lugares a los que ya no podemos ir. En este momento en la frontera de Guerrero y Michoacán, donde hay zonas enteras sin médicos. A esto yo le llamo perder el control territorial. Porque no ocurría antes, es completamente nuevo. El Estado no va, por ejemplo, a levantar el censo en algunos lugares y sabemos cuáles: se tuvo que levantar de manera aérea, porque el INEGI no podía ir. Hay lugares en donde no se puede ir a entregar Oportunidades.

Guillermo Valdés:
Regreso a mi explicación de la violencia y el factor de debilidad institucional local. Me parece realmente injusto decir “ya van cuatro años y la cosa está peor”. En Italia les tomó muchos años medio apaciguar a la mafia. En Colombia la violencia creció de manera sistemática de 1983 a 1993, y luego hubo un disparo hasta 2001. Les llevó seis años más, en total 28 años, alcanzar una tasa de 36 muertos por cada 100 mil habitantes. Nosotros estamos en 18, y que en cuatro años nos digan “es un fracaso porque no han acabado la violencia”, me parece realmente ingenuo.

Denise Maerker:
Pero, ¿cómo vamos?

Guillermo Valdés:
Vamos mal en violencia; pero es ingenuo pensar que en cuatro años puedes acabarla, no sólo en términos de homicidios, sino en la extracción de las rentas que afectan a la sociedad. Cuando estos señores entran en una guerra de esas magnitudes, por un negocio de ese tamaño, las autoridades locales, las policías municipales y estatales, fundamentalmente, o se retraen y se esconden, o se ponen del lado de ellos (algunas ya lo estaban). Y entonces se crea un ambiente cultural, un contexto, un estado de ánimo que permite que aflore todo lo que estaba acumulado ahí. Se generalizan el secuestro, el robo, la extorsión. Lo que México está viviendo es un problema que por lo menos tuvo 20 años de crecimiento, 20 años de fortalecimiento de la densidad organizacional del crimen, y de un Estado al que no le importaba que estas organizaciones fueran creciendo y se fueran apropiando de policías municipales, de presidencias municipales, de las carreteras. Lo que veo a partir de 2007 es que las condiciones que permitieron ese proceso se empezaron a revertir.

Denise Maerker:
¿Con qué indicadores?

Guillermo Valdés:
Uno fundamental es quién controla a las autoridades municipales. Ahora estamos en una lucha para ver si el Estado se queda con los municipios o se los quedan los criminales. Toda la violencia en torno al asesinato de policías y funcionarios municipales es la disputa que está haciendo el Estado para ver quién se queda con los municipios. En este momento puede no estar claro quién va ganando, pero la lucha ya está ahí y esos señores ya encontraron un límite de crecimiento y no tengo la menor duda de que el Estado recuperará para la sociedad a sus autoridades y policías municipales. La sociedad tiene en ese aspecto un papel fundamental: exigir autoridades del lado de ella, no del crimen organizado.

Fernando Escalante:
El problema no es que la violencia no se haya resuelto. El problema es la violencia que surgió a partir de 2008. Si entrar a ese pleito era inevitable, necesario, eso es otra cosa. Pero ese problema surgió de los operativos federales por recuperar lo que fuera.

Guillermo Valdés:
Eso es innegable. Pero no creo que haya sido por una política irresponsable del gobierno de entrarle a una guerra sin inteligencia, etcétera.

Ana Laura Magaloni:
A mí me parece que el termómetro del éxito de una política de seguridad es cómo se comporta el indicador violencia. ¿Qué tan efectivos somos para gestionar la conflictividad violenta, para evitar que existan conflictos violentos? Ése es el objetivo que se puede proponer el Estado. No pensar en cuántos delitos se denuncian.

Guillermo Valdés: Creo que vamos a poder disminuir la violencia asociada a la extracción de rentas, el secuestro, etcétera, cuando tengamos instituciones de seguridad y de justicia medianamente eficaces. Ahora tenemos un proceso de retraimiento, de parálisis de las instituciones locales de seguridad; lo estás viendo en Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y en Guerrero. Un objetivo fundamental es la eliminación de la violencia y de este tipo de inseguridad. Pero no podemos creer que esto se va a dar mágicamente si no reconstruimos las instituciones cuya tarea es hacer que la sociedad viva segura.

Fernando Escalante: Mi impresión es que buena parte de las confusiones conceptuales en que estamos obedecen a que los conceptos con los que nos movemos contribuyen sobre todo a tapar la realidad social que está detrás del problema. Y eso tiene que ver con una mirada federal. El problema del crimen organizado existe como tal para una lectura federal. Allá abajo, en los municipios, en cualquier lugar, se experimenta de una manera distinta. Hay una mirada federal que no solamente desconoce la infinita variedad de realidades municipales, sino que desprecia a las instituciones municipales; desprecia a los presidentes municipales que no saben leer y que están amarrados con el cacique local que planta “mota”. En esto, una de las claves de lectura para mí son los policías municipales. La policía municipal no servía para nada, porque no hacía nada, eso nos dicen. Pensemos un poco: en el orden aquel donde había caciques y contrabandistas los policías municipales no estaban pintados, participaban para organizar esos tráficos. Pregunta: ¿De verdad queremos, aparte de que fuese posible, tener una policía municipal impoluta, que no esté relacionada orgánicamente con la sociedad del municipio en el que está, esa sociedad donde se vende piratería, donde se venden falsificaciones, donde se trafica con drogas? ¿Queremos que la policía municipal esté separada y que se relacione con la población de su municipio solamente para repartir trancazos? ¿Ése es el tipo de acción del Estado que queremos en los municipios? Mi impresión es que necesitamos a los policías municipales para que organicen muchos tráficos locales. Y nuevamente, cuando convertimos a un policía municipal en corrupto, porque incurre en algún acto de corrupción, nos estamos olvidando de toda la enorme cantidad de cosas legales, ordenadas, decentes, queribles y deseables que hace ese policía en su municipio. Necesitamos seguramente a la Policía Federal, desarraigada, ubicada en el Distrito Federal, con capacidad de despliegue rápido, por supuesto que sí, para combatir el gran delito. Pero necesitamos también ese otro eslabón que es el policía municipal. Por otra parte, si desbandamos policías municipales por todo el territorio, como hemos hecho, si los ponemos en la calle y sustituimos esos pequeños controles locales por controles federales y se lo encargamos a un teniente del Ejército que va patrullar la carretera, que va a comandar un retén, ¿estamos seguros de que eso va ser más honesto, más eficiente? ¿Estamos seguros de que va a ser incorruptible? ¿Queremos que sea incorruptible?

Joaquín Villalobos:
Visto desde la óptica de desarrollo del Estado, este asunto impone a México la modernización del poder coercitivo y de su sistema judicial y debe asumir la responsabilidad de zonas que ha tenido olvidadas. Eso fue lo que le ocurrió a los colombianos. Tenían un régimen de convivencia con esmeralderos, con grupos paramilitares, con al menos cinco guerrillas y con decenas de cárteles que se fueron fragmentando. Esa convivencia les estalló en una violencia brutal de más 20 años, con dos guerras, una rural y una urbana, más de 400 mil muertos, varios millones de desplazados y la necesidad de iniciar un proceso de reconstrucción del Estado. En México hay gran disponibilidad de armas, hay zonas de difícil acceso y con pocos servicios, donde la economía legal es incapaz de competir con la economía criminal, la corrupción es un antivalor generalizado, hay instituciones de seguridad corruptas e ineficientes, hay pobreza y una disponibilidad cultural para la violencia; la pregunta es si nos olvidamos de todo eso o si lo asumimos como reto para construir un México moderno, distinto. Por otra parte, aunque la reducción de la violencia tomará un buen rato, hay evidencias de que se está avanzando. Las estructuras criminales han perdido poder para cooptar al Estado. Ahora hay una ventaja en inteligencia por parte del Estado. Antes los criminales sabían más; ahora quien sabe más es el gobierno y por eso se repiten con mayor frecuencia los golpes a los cárteles. Hay un crecimiento de la fuerza policial federal. Al inicio era una fuerza irrelevante, 12 mil hombres para 112 millones de habitantes y dos millones de kilómetros cuadrados. Prácticamente no había Policía Federal, y las policías locales estaban cooptadas. Ahora ha habido un proceso de calificación, y se ha creado la Plataforma México que no tiene comparación como centro de información en Latinoamérica.
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Hay evidencias que apuntan a una modernización que a futuro va a rendir resultados positivos. Finalmente, el tema de la seguridad, del crimen organizado, de la necesidad de tener autoridad en el territorio, de atender el problema de los jóvenes que se pueden ir a las estructuras criminales, ha entrado en la agenda política, y eso es fundamental. Aunque ahora se vea como negativo que el problema se traslade a los estados, a la larga forzará a los gobiernos locales a enfrentar la situación y resolverla, de otra manera no se iba a resolver nunca. Ahora bien, hay un dato importante que no ha sido suficientemente valorado: está bajando la rentabilidad de la ruta mexicana para la cocaína. México se está volviendo caro para los narcotraficantes y la ruta se está moviendo nuevamente al Caribe.

Alejandro Hope: Efectivamente, según algunas cifras de agencias estadunidenses, hay un incremento importante en los decomisos en Florida, que se triplican en un periodo de cuatro o cinco años. Lo paradójico es que no bajan mayormente los decomisos en la frontera México-Estados Unidos, y entonces no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando con el trasiego de cocaína. Pero sí hay algunos indicios de que la ruta podría estarse moviendo hacia el Caribe. Tal vez el tema de fondo es que estamos en el principio del fin del narcotráfico tradicional en México. Hay varias razones para pensar esto. Uno: los estadunidenses previsiblemente van a legalizar la marihuana en algún punto de la próxima década. Dos: hay una tendencia de reducción del consumo de cocaína en Estados Unidos: se ha caído 25% el número de usuarios en los últimos cinco años. Tres: empieza a haber algunas indicaciones de que se podría estar reabriendo la ruta del Caribe. Eso podría significar una caída de 60% a 80% de los ingresos que tienen ahora los narcos mexicanos.

Denise Maerker: ¿En México se consume más droga?

Alejandro Hope: El último dato que tenemos es la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008. Los números siguen siendo relativamente bajos. El problema es menor al que se presenta prácticamente en cualquier país de la OCDE, pero el crecimiento sí es importante. Sin embargo, hay que considerar que las encuestas de adicciones tienen un problema no trivial. Se hacen en hogares y no capturan a los usuarios crónicos, a la población que está en situación de cárcel o en situación de calle. La mayor parte de los usuarios crónicos de drogas duras está probablemente en esas categorías. Lo crucial en esto es que el mercado al menudeo es mucho más violento que el tráfico a gran escala. Hay más transacciones, hay más participantes y es más visible. Cada consumidor adicional de cocaína produce hasta 96 transacciones más en un año. Su crecimiento, así sea desde niveles bajos, puede ser un importante generador de violencia.

Eduardo Guerrero:
De la base de narcomensajes que he levantado en periódicos, más o menos el 10% de las ejecuciones está vinculada con narcomenudeo. Esos muertos tienen que ver con este mercado emergente.


Fernando Escalante: Hay que entender también la dimensión territorial. Porque la crisis de violencia no es uniforme. Es muy importante subrayar que en algunos estados la tasa de homicidios se multiplica por ocho, por 10 o por 100, y en otros, como en el Distrito Federal, con el mayor mercado de drogas del país, los números se mantienen básicamente estables e incluso en el último año a la baja. Habría que explicar por qué.

Denise Maerker: La anomalía de la ciudad de México es digna de reflexión: un mercado extraordinario, donde se consume mucha droga, hay mucho narcomenudeo y el nivel de violencia está controlado. ¿De qué se trata?

Guillermo Valdés: Hay varios factores, pero menciono uno: en la ciudad de México hay 83 mil policías, 10 por cada mil habitantes. La ONU sugiere tres por cada mil habitantes. Yo creo que sí hay un efecto cuantitativo, y la voluntad del jefe de gobierno de decir “aquí no se me va a crear una ola de violencia”. Es raro que tú hagas un trayecto relativamente largo en la ciudad de México sin encontrar varias patrullas a cualquier hora del día. La cantidad de información y la capacidad de control que le da al jefe de gobierno este aparato policiaco puede neutralizar perfectamente al que llegue. La diferencia obvia es que en Monterrey pueden poner narcomantas frente al Palacio Municipal y en el Distrito Federal no, pues atraparían al que lo intentara. Es la densidad policial que neutraliza la densidad criminal.

Alejandro Hope: Mucho de lo que estamos viendo puede ser un accidente histórico. En el Distrito Federal habría que ser más preciso en el análisis, porque hay diferencias no menores entre Iztapalapa y Miguel Hidalgo, entre la colonia Guerrero y las Lomas de Chapultepec. Creo que hay una diferencia no sólo en términos cuantitativos respecto al número de policías, además de que todas las fuerzas federales están concentradas en la ciudad de México. A lo mejor hay también un aspecto cualitativo, porque mal que bien estas policías sí disponen de mayores capacidades que sus pares en otras partes del país, tienen cámaras de vigilancia, tienen más recursos, más presupuesto. Y a lo mejor en la ciudad de México se aplica la definición clásica de delincuencia organizada de Thomas Shelling, según el cual delincuencia organizada es el “cobrador de rentas de la policía”.

Fernando Escalante: Puede ser que en la ciudad de México haya un sistema de administración de mercados ilegales más o menos funcional. Pero hay otras “anomalías”: Oaxaca o Chiapas, por ejemplo. En Oaxaca llevan 20 años disminuyendo los homicidios, y la tendencia continúa. En Chiapas hay toda clase de tráficos, es un paso de frontera, con migrantes y droga y pandillas, y no se ha producido una epidemia de violencia. ¿Por qué? Mi impresión es que, más que a una baja “densidad criminal”, para usar la expresión de Guillermo Valdés, esto se debe tal vez a lo que se podría llamar la densidad social. En particular, la densidad de vínculos sociales tradicionales. Para decirlo en términos muy gráficos, aunque sea inexacto, podría ser que se debiera a que en esos lugares aún no han sido derrotados los caciques, que todavía están en condiciones de ordenar los espacios locales. Cosa que ya no sucede en Sinaloa, en Michoacán.
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Denise Maerker: La pregunta es si podemos pasar del control de los caciques a un control democrático, a una sociedad de ciudadanos y no de caciques. ¿Dónde está la posibilidad de un Estado con ciudadanos? ¿Sería una crisis cultural? ¿Será que podemos?

Ana Laura Magaloni: De lo que conozco del Distrito Federal, la Policía Judicial administra una buena parte de los mercados ilegales, como el secuestro, el robo de coches. ¿Por qué todavía se mantienen acotados esos mercados ilegales? Mi hipótesis es que, por un lado, no se ha depurado la Policía Judicial y, por el otro, Marcelo Ebrard sí tiene algún tipo de control sobre sus policías. Sabe lo que hace cada quien. Es una forma de gestionar el conflicto violento más del viejo régimen que de uno democrático pero, asombrosamente, todavía funciona.

Eduardo Guerrero:
En términos de estructura de mercados ilegales, la violencia que se registra en éstos es menor cuando nos encontramos con una estructura monopólica o con un cúmulo de organizaciones más o menos del mismo tamaño que compiten intensamente. Son los mercados ilegales oligopólicos los que registran altos niveles de violencia. El Distrito Federal parece ser mercado ilegal de alta competencia, por la gran cantidad de pequeñas mafias que existen. No hay una mafia claramente dominante que busque absorber a las demás. Por otra parte, coincido con la tesis de Guillermo: el que haya tal cantidad de policías en el Distrito Federal tiene un efecto disuasivo. Con este nivel de presencia policial las grandes células criminales serían altamente detectables y podrían ser rápidamente incapacitadas.

Joaquín Villalobos: En términos generales la seguridad tiene dos pilares: el control social y la presencia policial. Estos dos elementos son los que van a definir si una sociedad va tener una mayor o una menor proclividad al delito. En el Distrito Federal hay niveles de control social de todo tipo: de los trabajadores, de los comerciantes, de la presencia de los medios de opinión pública, de la presencia de la gente y la ocupación del espacio público en sus colonias. Hay maneras de reaccionar, de denunciar, de actuar, de fiscalizar; las marchas por la seguridad, ocurridas durante el gobierno de López Obrador, hablan también del control social: de una sociedad demandante de seguridad que exige el aislamiento de las estructuras criminales. Todo ello genera condiciones para que no exista una densidad criminal como la que hay en el norte, a pesar de que haya mercados de consumidores. Oaxaca tiene otro tipo de violencia, pero se trata de un estado muy rebelde, con población activa, organizada, que tiene formas de control que impiden la formación de estructuras criminales potentes. En el caso de los estados del norte, en cambio, esos equilibrios de presencia y participación social están rotos. Cuando está inhibida la sociedad, la coerción tiene que estar en primer orden para que la sociedad se active.

Guillermo Valdés: Un apunte sobre el tema de los derechos humanos: en la CNDH hay alrededor de 150 denuncias por homicidio, y otras más por cateos y acciones de legalidad dudosa. A pesar de estos errores, yo sí defiendo que no hay una política de violación de los derechos humanos, ni mucho menos de exterminio o de señalización de grupos o ciertas personas. Si tomas en cuenta que hay 30 mil soldados emprendiendo acciones contra el narcotráfico todos los días, y multiplicas eso por los mil 600 días que lleva el sexenio, si cada unidad hace una acción al día, entre retenes, patrullajes, etcétera, lo que tienes es un millón 600 mil acciones del Ejército en las calles. La cantidad de denuncias documentadas que existen en la CNDH es realmente un porcentaje ínfimo. Creo que hay una política general de respeto. No quiere decir que no haya errores de comunicación, que no haya errores en el manejo de casos emblemáticos. Pero las instituciones son unas, con ciertas características, y con éstas se tuvo que hacer la lucha. Nos hubieran gustado instituciones absolutamente limpias, sin asomo de penetración. Pero la lucha contra el crimen organizado es terriblemente compleja. El Ejército está preparado para ser Ejército, no para ser policía, y capacitar soldados para que actúen como policías lleva tiempo.

Denise Maerker: Villalobos dice que costó mucho trabajo hacer entender al Ejército colombiano que matando criminales no avanzaban. Por los datos que tiene Fernando Escalante tengo la impresión de que, dada la limitación y la fragilidad del sistema de justicia de nuestro país, de la incapacidad para procesar a los detenidos, hay un incentivo perverso para matar a los criminales en lugar de detenerlos.

Ana Laura Magaloni: Me parece que la revisión sobre lo que ha pasado en derechos humanos va ser una revisión del siguiente sexenio. Esa revisión va a ser muy dura. Aún no dimensionamos el tamaño del abuso y la arbitrariedad. Por la forma en que se ha estructurado la estrategia contra el crimen, hay muchos policías y militares en las calles, sin ningún contrapeso legal. Los contrapesos los deberían ejercer ministerios públicos y jueces. La policía se porta bien en cualquier parte del mundo porque tiene contrapesos legales que evitan que se porte mal. La única forma de mantener una policía ordenada no es sólo con disciplina interna, sino con los frenos que le impone un sistema de procuración e impartición de justicia que funciona. Como todos sabemos, nuestro sistema de justicia está colapsado. Los policías y militares que están desplegados en las zonas de más violencia viven en la adrenalina y el peligro, lo que genera un contexto perfecto para el abuso y la arbitrariedad. Creo que fue un error de la estrategia no haber intentado al menos apuntalar la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia y centrarse sólo en el ejercicio del poder coactivo. Una estrategia así genera un contexto perfecto para abusos y agresiones por parte de la autoridad hacia los ciudadanos. La revisión de esas historias concretas me parece que está pendiente.

Guillermo Valdés: Es cierto que han habido abusos, pero no han sido sistemáticos ni generalizados. Ya el presidente anunció la creación de la Procuraduría Social de las Víctimas, para abordar lo que decía De Mauleón hace un rato: ¿de los cuarenta y tantos mil muertos dónde están los nombres, bajo qué condiciones murieron, quiénes fueron, etcétera? Ahí está la voluntad de decir: hay que entrarle al tema de las víctimas. No se está escondiendo nada.

Fernando Escalante:
Con independencia de los errores o abusos del Ejército, lo que yo me pregunto es ¿por qué entró a esto el Ejército? Es decir, ¿qué es lo que sí puede hacer el Ejército que no podía hacer nadie más? El relato dominante es que el Ejército es honrado y las policías corruptas. El que esté dispuesto a pensar así, ya tiene su respuesta. Yo no. ¿Por qué pensamos que es preferible que el Ejército sea el que esté organizando el contrabando de drogas? Porque lo que hemos decidido es que el Ejército sea el que se haga cargo de ordenar el tráfico. No sé si es la decisión correcta. Me preocupa porque hay la tentación no sólo de prolongar la presencia del Ejército, sino de ampliar sus facultades y atribuciones de manera considerable. La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que está en este momento detenida en la Cámara es un verdadero disparate: se quiere que el Ejército pueda asumir las facultades de todas las policías del país, incluso las del Ministerio Público. Darle todas esas facultades y sustituir a todos los cuerpos de policía por una gigantesca policía militar de 400 mil efectivos es un absurdo, pero se está planteando. Eso no es modernizar en ningún sentido razonable al Estado mexicano.

Eduardo Guerrero: Quiero poner rápidamente unos datos en la mesa que pueden ser interesantes para la discusión. Primero, el asunto de la violencia del narcomenudeo. Aunque genera aproximadamente el 10% de las ejecuciones a nivel nacional, en algunas ciudades como, por ejemplo, Campeche, el total de ejecutados está relacionado con el narcomenudeo. En Aguascalientes es el 61%. En Yucatán el 53%, en Quintana Roo 32%, en el Distrito Federal el 30%. En todas estas plazas el narcomenudeo es uno de los motores más importantes de la violencia. Un segundo punto: ¿qué epidemias de violencia aparecen en este sexenio y no parecen tener fin? Yo tengo registradas 10. La de Chihuahua, con una duración, hasta hoy, de 38 meses y un promedio mensual de 39 ejecutados. La de Juárez, que lleva 37 meses, con un promedio de 181 ejecutados mensuales. La de Culiacán, que lleva 33 meses, con un promedio mensual de 45 ejecuciones. Mazatlán, 30 meses, y promedio mensual de 17 ejecutados. Tijuana, 29 meses, 42 ejecuciones mensuales en promedio. Gómez Palacio, 29 meses, con un promedio de ejecuciones mensuales de 20. Monterrey, 12 meses, con un promedio de 50 ejecuciones mensuales. Torreón, 20 meses, con un promedio mensual de 25 ejecuciones; Acapulco, tres meses, con un promedio de 75 ejecuciones mensuales. Y Guadalajara, 10 meses, con un promedio mensual de 39 ejecuciones. Éstas son epidemias de violencia que se desataron en los primeros cuatro años de este gobierno, y que aún no han sido apaciguadas, es decir, sus grados de violencia (ejecuciones) aún no descienden a los niveles que se registraban antes del inicio de la epidemia. En varias ocasiones la causa inmediata de una epidemia de violencia ha sido el arresto o abatimiento de un capo.

Natalia Mendoza: Una precisión: no me gustaría que se quedara la idea de que mi argumento es que hay una política de exterminio. Lo que hay es una tendencia, compartida por muchos actores, a que se haga uso de un discurso de exterminio. El riesgo que señalo es que eso tiende a generar los tipos de violencia más difíciles de detener. El Estado no debe ver la violencia entre los cárteles como una manera de que “los criminales se acaben entre ellos”, sino como una oportunidad para probar que tiene algo cualitativamente distinto que ofrecerle a la población: procuración de justicia. Cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Altar llegó un día una señora con una lista de firmas que había recolectado en las zonas más problemáticas del pueblo. La petición era que se pusiera un Ministerio Público en Altar. Le pregunté: “Oiga, señora ¿y por qué están ustedes tan interesados en que haya un Ministerio Público aquí? Y me contestó: “Porque mi esposo es narco, mis hijos son narcos y mis hermanos son narcos. Nos mataron a uno hace poco y casi se me echó a perder el cuerpo allí tirado, porque no llegaba el Ministerio Público de Caborca (la ciudad vecina)”. Es verdad: intervenir, investigar y aclarar los casos de la violencia entre narcos es la oportunidad del Estado de probar que hay algo que lo hace sustancialmente distinto a las organizaciones criminales. Investigar y castigar la violencia “entre narcos” le permite atraerse la lealtad de la población sin la cual es imposible plantearse un combate exitoso de las organizaciones criminales. La procuración de justicia es una demanda incluso de las familias de narcotraficantes que, por cierto, tienen el mismo derecho que cualquier otra a saber cómo murió su padre o su hermano. De lo que se trata es de incorporar a esas familias a la legalidad: ofrecerles protección a cambio de testimonios, idear mecanismos de entrega segura de las armas que se quedan en las casas, ayudarles a reinvertir herencias y ahorros en negocios legales etcétera. Hasta ahora la estrategia parece haber sido la contraria: hacerles ver que sólo “el cártel” les puede hacer justicia, estigmatizarlos y dejarlos como carne de cañón de esta guerra.

Alejandro Hope: Regresando al porqué de la intervención de las fuerzas armadas, parte del relato tradicional tiene que ver con la corrupción relativa frente a las policías, pero también parte del relato es que están mucho mejor armados los narcos que las policías municipales. Y toda persona que hay visto una Barret, una granada de fragmentación de las que arroja esa gente, entiende parte del argumento. Hay material de calibre militar del otro lado. La discusión de fondo es ¿para qué queremos exactamente a las fuerzas armadas en un país como México? ¿Debe seguir el Ejército erradicando cultivos ilícitos, a pesar de ser una tarea inútil para impedir el flujo de drogas y de conllevar riesgos de abuso a los derechos humanos? Yo creo que hay un problema doctrinal ahí que no se ha resuelto. ¿A dónde debe llegar la discusión? Probablemente a una reforma jurídica que fusione las dos secretarías militares, cree un Estado Mayor conjunto y ponga un staff civil a cargo de la organización militar. Pero ésa es una reforma para el futuro.
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Ana Laura Magaloni: A mí me parece que fue una elección de Felipe Calderón no entrarle al tema de la reforma a la Procuraduría de Justicia. Hoy los ministerios públicos pueden funcionar con muy bajos niveles de profesionalismo y hay jueces bastante sumisos que avalan su trabajo. Fue una decisión presidencial seguir operando con este aparato de procuración e impartición de justicia colapsado y no entrarle a la necesidad de reformarlo. La institución del Ejecutivo que mejor puede construir la autoridad del Estado es la Procuraduría no la policía: cuando el Ministerio Público habla, habla de la razón, de las pruebas, de la ley. No está hablando desde la imposición y la coacción como lo hace la policía y las fuerzas armadas. El no pensar que la estrategia anticrimen se tenía que canalizar a través de un aparato de procuración e impartición de justicia creíble, ha dejado en un tremendo nivel de fragilidad al Estado. Ésa fue una decisión de Felipe Calderón, quien hasta ahora piensa que a los criminales se les vence con poder coactivo, con la amenaza del poder coactivo, no con la amenaza de la ley.

Fernando Escalante: Me parece importantísimo lo que dice Ana Laura. No es casualidad que no se invierta en profesionalizar a los ministerios públicos. Hay una decisión que indica una manera de entender el problema. Es revelador, y preocupante, que todo el mundo termine hablando como agente del Ministerio Público hablando del capo, del cártel, de la plaza. El presidente mismo tiene un lenguaje de jefe operativo de la Policía Federal.

Deberíamos estar en otro registro. El problema no es sólo la droga y no son sólo los narcos. Hay un problema de violencia muy extendido, hay una forma de mirar al Estado, y de entenderlo, que está produciendo mucha violencia. No estamos inventando nada, ni es una situación inédita. Ya sabemos qué consecuencias tienen algunas políticas. Por ejemplo, el cierre de una frontera produce violencia, porque concentra los tráficos; una alternativa sería: abramos la frontera. Otro ejemplo: sabemos qué pasó en la Cuenca del Balsas, en Aguililla, en las zonas que Denise dice que ya perdimos; la Cuenca del Balsas se ocupó militarmente por el Estado mexicano entre 1956 y 1963, y tenemos esa historia detrás. Sabemos lo que provocó: lo que ahora vemos. Tenemos que aprender de lo sucedido.

Joaquín Villalobos: Una acotación sobre el tema de la inteligencia. Existe la creencia de que inteligencia es la infiltración de unos superespías que logran colarse por todos lados. Pero si no hay dominio social no hay inteligencia, es así de simple, el otro va a saber más que nosotros. Las grandes operaciones de penetración se logran cuando se tiene el control del territorio y la población. Otra posibilidad del trabajo de inteligencia son las capturas. Te dejan saber más y, por lo tanto, pegar más. Pero lo principal es el apoyo de la gente. En los espacios dominados por grupos criminales no es posible hacer trabajo de inteligencia mientras no se tenga una parte de la población del lado del Estado. Y esto nos lleva al tema de derechos humanos, porque éstos tienen relación directa con el ciclo de información. Cuando se afecta al núcleo de población que está en el entorno de los criminales se cierra la posibilidad de obtener información. Por eso es que es vital la buena conducta de policías y militares. Además, si la fuerza del Estado se comporta de la misma manera que los criminales, si abusa, pega, tortura, entonces la gente la identifica como otro grupo criminal, y eso le hace perder ventaja moral. Para mí la cosa es bastante simple: policías débiles y corruptas, igual a violencia; policías fuertes y eficaces, igual a paz. La crisis que hay en Monterrey para reclutar policías tiene como explicación el nivel de rechazo social de buena parte de México a la policía. No es la droga ni un cártel u otro, es la debilidad de las instituciones, y por ello lo fundamental es poner la casa en orden.

Denise Maerker: Vamos con una ronda final. ¿Qué sociedad se vislumbra a partir de lo que estamos viendo? ¿Estamos en el camino de lo que Joaquín Villalobos está diciendo? Yo claramente veo dos narrativas muy distintas: quienes consideran que vamos en el camino para construir otro tipo de país, y otros que están preocupados porque dicen: esto que hace falta no lo estamos consiguiendo, no estamos consiguiendo esos policías cercanos, no estamos consiguiendo que el Ejército intervenga de manera que no sea percibido como un agente exterior y agresivo.

Guillermo Valdés: Quisiera hacer algunas puntualizaciones sobre el tema general. La violencia sí es un problema y no está controlada. Lo que tenemos como dato duro es que la tasa de crecimiento de la violencia en 2011, con respecto a 2010, es significativamente menor que las tasas de crecimiento en los años anteriores. Podemos estar cerca del techo del nivel de violencia. La violencia creció 80% en 2010 con respecto a 2009, y más de 100% en 2009 con respecto a 2008. Pero el crecimiento en 2011 con respecto a 2010 es del 11%, y ese crecimiento se dio en los primeros meses del año. De mayo para acá tenemos bastante estabilizado el asunto.
Veamos el ejemplo de Ciudad Juárez, donde ya se produjo un descenso drástico, sistemático y sostenido. Existen ciclos, y un tipo de intervención bien hecha, planeada, con errores que se van corrigiendo, comienza a arrojar resultados. Se está trabajando en la reducción de la violencia, pero pueden ser ciclos que duren un poco más allá del sexenio. Ahora parte de la violencia está asociada a la debilidad de las instituciones locales. No la vamos a reducir si no contamos con un mínimo de presencia de fuerza del Estado. La gran interrogante es: ¿a qué ritmo y a qué velocidad vamos a recomponer las instituciones locales?

Natalia Mendoza: Para encontrar soluciones es necesario desagregar eso que llamamos “crimen organizado” en tipos concretos de actividades y buscar estrategias efectivas para combatir cada una de ellas: no se resuelve de la misma manera la extorsión que el narcomenudeo. Por ejemplo, un problema que se da mucho en algunas zonas de la frontera es el del “secuestro exprés” de migrantes: hay gente que compra la lista de números telefónicos en Estados Unidos marcados desde el último punto antes de cruzar a la frontera para llamar a los familiares, hacerse pasar por el pollero y hacer el cobro correspondiente. Ese problema concreto se ataca de manera mucho más efectiva imposibilitando la intervención de líneas telefónicas e informando a migrantes y familiares sobre cómo manejar las llamadas y los pagos, que movilizando al Ejército.

Alejandro Hope: Estamos en medio de varias transiciones. El narcotráfico a gran escala es probablemente una especie en extinción en México. El tráfico de drogas se va a volver mucho más local, más descentralizado de lo que es hoy. También es probable que otras formas de tráfico ilícito vayan disminuyendo. Pienso en el tráfico de personas. En la medida que se vayan reduciendo flujos migratorios, como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años, irá disminuyendo ese tipo de actividades. La piratería de CDs y DVDs en 10 años será cosa de dinosaurios. Nos estamos moviendo de una situación donde el tráfico ilícito es dominante a otra donde la extracción de rentas es dominante. De organizaciones complejas a otras más sencillas y descentralizadas. Pasamos del delito transaccional al delito predatorio. En el delito transaccional no hay víctima. En el predatorio sí, y eso puede generar resistencia social. Creo que a la larga es más fácil combatir el secuestro que el narcotráfico. Con sus bemoles, puede haber una transición relativamente benigna.

Héctor de Mauleón: Lo que ya es inevitable es que este es el sexenio en el que se levantó el tabú de la sangre en México. “La muerte tiene permiso”, dice una portada de nexos. Este es el sexenio en el que México retomó culturalmente algo que en el siglo XIX ya habían contado Manuel Payno y Vicente Riva Palacio en El libro rojo: la pasión de matar de los mexicanos. Tras la llamada década violenta, en los años treinta del siglo XX, finalmente se le puso cerco a esa pasión y la estadística de homicidios no hizo sino bajar. El cerco ahora se ha levantado. Y no sólo eso: se nos hizo asistir a la socialización del crimen. A un momento en el que cada vez los ciudadanos ofrecen menos resistencia al crimen.

Eduardo Guerrero: Esta es la historia de un gobierno con buenas intenciones pero que no supo dar una batalla eficaz al crimen organizado. Su estrategia, cuando la hubo, fue un tanto torpe y precipitada, y encareció el costo de la guerra a niveles inaceptables: un promedio de mil 500 ejecutados mensuales a nivel nacional. El reto de reducir la violencia en el corto plazo me parece extremadamente importante. No nos podemos resignar a pagar esta cuota mensual de muertos, ni podemos consolarnos con el hecho de que un país del centro o sur de América tiene tasas de homicidio más altas que nosotros. Debemos armar estrategias que den resultados en el corto plazo, que nos permitan bajar el costo humano tanto como se pueda. El gobierno debe confrontar de modo contundente a las organizaciones más violentas; ésta es la premisa básica de cualquier estrategia disuasiva. Hoy el panorama se ve complicado. El cambio de gobierno parece que se dará en un contexto de alta violencia en algunas zonas del país, donde los dos grandes cárteles luchan por apropiarse de los mercados del otro. Tenemos, además, un nuevo conglomerado de mafias en la zona centro del país que puede volverse muy violento y que será difícil de neutralizar. Quizá el único saldo positivo de todo esto es que varios gobernadores y alcaldes por fin están reaccionando y están fortaleciendo sus cuerpos policiales. Tenemos que invertir mucho más en mejores policías. Qué bueno que el enorme trabajo que requiere tener un mejor cuerpo policiaco ya está emprendiéndose. Nos tomará muchos años, pero no hay atajos en este rubro.

Fernando Escalante:
Efectivamente, lo más probable es que el proceso de disminución de la violencia sea lento. Pero hay desde el luego motivos para ver el futuro con optimismo. La Policía Federal me parece una buena idea, aunque en la PGR el futuro no se vea tan bien. Me preocupa, particularmente, lo que señalaba De Mauleón, la guerra cultural que ya perdimos. Me preocupa ese lenguaje en el que se vuelve habitual satanizar a una parte de la población. Que se haya vuelto tan natural hablar de homicidios, de asesinatos, y que la gente pida con tanta alegría pena de muerte y escuadrones de la muerte. Ahí sí podemos hacer algo inmediatamente: cambiar el lenguaje, la manera de hablar de esto; exigir a todos los actores públicos que sean responsables en su uso del lenguaje. Aparte de eso, está nuestra manera de pensar la violencia. Y también hay mucho que hacer, pero es posible, hasta fácil de hacer. La violencia la usa la sociedad, la usa cualquier sociedad para muchas cosas: sirve para regular relaciones sociales y fenómenos sociales. La violencia es productiva y hay un grupo de profesionales de la violencia: policías, militares, contrabandistas, guardias privados, cadeneros, porteros de discoteca. Lo que hay que preguntar es ¿en qué circunstancias una sociedad necesita de pronto más violencia para resolver qué clase de problemas? Porque nos sucedió en México que de pronto muchos actores sociales empezaron a utilizar mucha violencia para resolver cosas. ¿Qué relaciones son las que de pronto piden violencia o qué circunstancias aumentan el número de profesionales de la violencia? En esta crisis de seguridad si algo ha aumentado en México es el negocio de la seguridad privada: todo mundo está contratando gente armada. Ya estamos simplemente aumentando el pool de gente armada y dispuesta a la violencia. ¿En qué circunstancias es posible ordenarlos? Sobre todo esto hay precedentes históricos, hay trabajo sociológico, hay libros. ¿Se pueden mejorar las cosas? Creo que sí, muy drásticamente. Hay que empezar por plantear las preguntas correctas.

Ana Laura Magaloni:
Va a venir un replanteamiento de la estrategia de seguridad pública. La estrategia ya está agotada, porque ha sido extremadamente costosa para la población. Ello la hace poco viable. Ahora bien, espero que en ese replanteamiento de la estrategia sepamos rescatar lo que sí vale la pena de ella. Me preocupa que se intente, por ejemplo, anular el trabajo que se ha hecho durante la administración del presidente Calderón para la construcción de una Policía Federal o para generar inteligencia. Nos tendremos que mover a una estrategia que ya no esté centrada en el problema del narcotráfico, el consumo de drogas o las organizaciones criminales per se, sino a la reducción de los delitos violentos que son las conductas que afectan a las poblaciones y que amenazan de forma más relevante la autoridad del Estado. También creo que, por primera vez, hay un contexto propicio para la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia, que el movimiento de Javier Sicilia ha puesto en el centro. Los costos que está generando un sistema de justicia penal como el que tenemos son mucho más altos que los viejos beneficios.

Joaquín Villalobos: Qué bueno que lo dijo Fernando Escalante porque me abre la puerta para decir una cosa que en el contexto de México suena muy fuerte: la violencia es un agente de cambio porque obliga al Estado a transformarse. Es fundamental tener una lectura pragmática de la violencia, porque una lectura emocional impide ver el problema estructural que se generó en un largo periodo y que ahora se manifiesta en la necesidad del Estado de hacer uso de la fuerza para controlarlo, porque no hay otra forma. Hay que reconocer que hay un México violento, y que se impone transformarlo. La primera medida es establecer autoridad en donde está ese México violento. Es un gran progreso que el tema haya entrado a la agenda política y sea ahora un asunto de primer orden, esto tendrá implicaciones importantes en la modernización de México. La violencia es temporal, no va a ser endémica. Y me baso en lo siguiente: es menos difícil organizar al Estado para que pueda controlar la violencia, que organizar a los criminales para que sean pacíficos.

Fernando Escalante Gonzalbo. Investigador y catedrático de El Colegio de México. Algunos de sus artículos publicados en nexos son: Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso (enero 2011) y Territorios violentos (diciembre 2009).

Eduardo Guerrero Gutiérrez. Consultor en materia de políticas públicas (www.lantiaconsultores.com). Ha publicado en nexos: La raíz de la violencia (junio 2011) y Cómo reducir la violencia en México (noviembre 2010), entre otros artículos.

Alejandro Hope. Director del Proyecto Menos Crimen, Menos Castigo, iniciativa conjunta en materia de seguridad del IMCO y México Evalúa. Ha publicado en nexos: ¿Qué fumaron mientras medían? (septiembre 2011).

Denise Maerker.
Periodista. Es columnista del periódico El Universal y titular de los programas Atando Cabos y Punto de Partida.

Ana Laura Magaloni. Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Ha publicado en nexos: Inercias autoritarias de la justicia penal mexicana (marzo 2011) y El crimen no es el problema (febrero 2011).

Héctor de Mauleón.
Escritor y periodista. Ha publicado en nexos: Atentamente El Chapo (agosto 2010) y La ruta de sangre de Beltrán Leyva (febrero 2010).

Natalia Mendoza Rockwell.
Candidata al doctorado en antropología por la Universidad de Columbia. Es autora del libro Conversaciones en el desierto: cultura, moral y tráfico de drogas. Ha publicado en nexos: Altar. El desierto tomado (abril 2009).

Guillermo Valdés. Licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM. Se dedica a la consultoría política y a la función pública. Fue director del área política de GEA, Grupo de Economistas y Asociados y director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales. Ha publicado en nexos: La guerra de México (agosto 2010) y Doce mitos de la guerra contra el narco (enero 2010).

Dos posiciones opuestas sobre la violencia en México: Joaquín Villalobos y Epigmenio Ibarra


Siguiente Página documenta aquí dos puntos de vista opuestos de la violencia en México y de la guerra del gobierno de Felipe Calderón contra los narcotraficantes.
Los dos artículos, muy diferentes también en sus formatos, provienen de dos hombres que se conocen muy bien: Joaquín Villaobos, en los años 80 comandante en jefe del ERP y miembro de la Comandancia General del FMLN, y Epigmenio Ibarra, corresponsal de guerra y ahora uno de los más influyentes productores de cine y televisión de México, se hicieron amigos durante la guerra civil salvadoreña.
Ahora, en el debate sobre la violencia en México, sostienen dos puntos de vista opuestos. Epigmenio Ibarra reta al presidente Calderón en una carta publicada en Milenio a cesar la guerra contra el narcotráfico. Y Joaquín Villalobos, pocos días después, publica una análisis en Nexos apoyando la estrategia de Felipe Calderón.
Es tiempo que incluyamos en nuestro debate sobre la violencia en El Salvador y las políticas para combatirla este interessante debate en México, con muchas voces calificadas. Este es un primer paso para doumentar esta discusión.



Carta a Felipe Calderón
Epigmenio Ibarra
 MILENIO, 9 diciembre 2011
Se ha lanzado usted, aprovechando la ventaja estratégica que le da su posición como jefe de Estado, a una campaña intensiva para desprestigiar a quienes, haciendo uso de nuestro derecho, por amor a México, por nuestros hijos, con nuestros hijos, criticamos su estrategia de combate al narco.
Nos ha tachado de calumniadores. Ha sugerido que somos faltos de entendederas, que obedecemos a propósitos político-electorales inconfesables. Que nos mueven sólo el odio y el resentimiento. Le hace falta, señor Calderón, verse al espejo.
Todo su discurso parte de la tesis de que no hay otro camino para enfrentar al crimen y de que usted ha ido el único que ha tenido el coraje y la decisión de seguirlo.
Se presenta usted ahora diciéndose víctima de las injurias de un pequeño grupo, como el “salvador de la patria”, el cruzado dispuesto, por el bien de la nación, a enfrentarse al sacrificio, al juicio de la historia. Pero usted, señor Calderón, no pone la sangre; los muertos son otros, son de otros.
Gastando miles de millones de pesos del erario, aprovechándose de la reverencia atávica de los medios frente al poder, ha logrado establecer, al menos entre seguidores, gente atenazada por el miedo e incautos, la falsa disyuntiva: o se está de acuerdo con su estrategia o se está contra México y con los criminales.
Lo cierto, señor Calderón, es que ha procedido, por decir lo menos, irresponsablemente.
Lo cierto, señor Calderón, es que, al incitar al linchamiento, ha puesto en peligro la vida de cientos, quizá miles de ciudadanos. Ya jugó a sembrar el encono y la discordia en 2006; ahora, literalmente, juega con fuego.
Lo cierto también es que ha promovido la acción de esos golpeadores que abundan en su gabinete y en su partido y ha puesto a los aparatos de inteligencia operativa en las redes sociales y a los mecanismos de guerra sucia propagandística a actuar con virulencia contra sus opositores.
No hablo, créame, por los firmantes de la petición a la CPI de La Haya para que lo procese por su responsabilidad, en tanto comandante en jefe y artífice de la estrategia de combate contra el narco, por los crímenes de guerra que aquí se han cometido.
Nosotros, los 23 mil, contra los cuales amenaza usted con proceder legalmente, estamos listos para hacerle frente. Ni somos calumniadores ni nos hacemos para atrás. En los tribunales, si usted quiere, nos veremos las caras.
Hablo, señor Calderón, de otros; de los mas valiosos y también los mas vulnerables; de los defensores de derechos humanos, de los activistas por la paz que en las regiones mas peligrosas del país, luchando todos los días, se ven atrapados entre dos fuegos.
Cada vez que usted sale en la televisión —y sale muchas veces— incitando al linchamiento de sus críticos pone una diana en el pecho de uno de estos luchadores sociales.
Cada vez que se atreve usted a sugerir —y también lo hace con mucha frecuencia— que quien se opone a la guerra está por la negociación con los criminales, o de plano trabaja para ellos, firma una sentencia de muerte.
Ya de por sí el crimen organizado anda tras ellos. Ya de por sí usted y su gobierno se han mostrado incapaces de ofrecer protección a quienes, como Nepomuceno Morales, se la solicitaron personalmente.
Sus acusaciones a críticos, defensores de derechos humanos, activistas por la paz, es tomado por funcionarios, soldados y policías agobiados por el combate, marcados por la pérdida de sus compañeros y la amenaza constante contra sus vidas y las de sus familiares como instrucción de hacerse a un lado o, peor aún, como una orden para desbrozar el camino.
Otro tanto sucede con esos a los que la justicia por propia mano les parece la única solución y andan buscando, como los criminales, dar lecciones, con muertes ejemplares, a sus enemigos.
Habla usted mucho de la guerra y la conoce poco. Dudo, que mas allá de su identificación propagandística con las víctimas, sepa usted lo que se siente estar bajo fuego, o lo que la tensión, el peligro y el miedo provocan en cualquier ser humano.
Yo he vivido de cerca el horror de la guerra. He visto también como la opinión de un líder, un juicio a la ligera de un comandante pueden costarle la vida a un ciudadano cualquiera.
He sido testigo de cómo la propaganda, los dogmas de fe del poder autoritario, hacen ver a quienes lo sirven, enemigos a granel y los mueven a considerar como necesaria y urgente la muerte de esos que se consideran un obstáculo.
Lo he visto a usted, señor Calderón, en cuarteles y desfiles; jamás con los soldados en el terreno, con esos que manda a matar y a morir. Tampoco lo he visto, fuera de sus zonas de confort, reunirse, siquiera, con las víctimas.
Desató usted la guerra. Una guerra en la que hay siempre mas muertos y heridos, y que antes que traer paz y seguridad —ahí están los hechos— ha exacerbado la violencia.
Deténgase, se lo exijo, guarde, al menos, frente a esta patria herida, respetuoso silencio.
No siga ya alimentando con sangre inocente, víctima de su retórica incendiaria, de su intolerancia frente a la crítica, de sus ambiciones políticas a la guerra que es, lo dice César Vallejo, un monstruo grande y pisa fuerte.




Nuevos mitos de la guerra contra el narco
Joaquín Villalobos ( Ver todos sus artículos )
NEXOS, 1 de enero 2012

En el siguiente ensayo Joaquín Villalobos refuta las varias lecturas sobre la violencia que en los últimos años se han publicado en nexos. Para este analista, la violencia no es un problema generado por una estrategia gubernamental fallida. Es el indicador del aumento de la densidad criminal como producto de una “aversión al conflicto” que durante mucho tiempo llevó a administrar los problemas en vez de resolverlos. Villalobos confronta a quienes, tomando como bandera los altos niveles de violencia, exigen poner alto a la lucha contra el crimen organizado o solicitan cambios de estrategia a partir de argumentaciones que él considera endebles. Los puntos centrales del debate, afirma, no están en cómo administrar el crimen, sino en cómo construir Estado y ciudadanía.
Pobreza analítica y populismo pacifista
México enfrenta cinco duras realidades con relación al tema de la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad: 1. La violencia es inevitable. 2. Tomará bastante tiempo controlarla. 3. No hay atajo, salida fácil, ni solución rápida posible. 4. No existe un “culpable”, porque lo que se está viviendo es el resultado de un proceso histórico. 5. La violencia sólo se reducirá con un gran esfuerzo en dos aspectos: el fortalecimiento y transformación profunda de las instituciones de seguridad y justicia, y un cambio de los ciudadanos con respecto al valor que tienen la ley y el orden en una sociedad democrática. México tiene sobradas capacidades intelectuales y suficientes recursos materiales para resolver el problema, pero ha venido enfrentando dificultades para entender lo que está pasando.
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En general, en otros países, a los gobiernos se les exige eficiencia para controlar a los violentos o delincuentes porque la gente entiende que éstos son los que generan la violencia. En México, por el contrario, la demanda es que termine la violencia; y esto deriva en que hay sectores de la sociedad que exigen paz a toda costa, culpando al gobierno por la violencia y le piden que deje de perseguir a los violentos. Generándose lo que podemos calificar como “populismo pacifista”.

La realidad es que la violencia es simplemente una manifestación del problema; es un indicador de lo que Guillermo Valdés, ex director del CISEN, ha llamado crecimiento de la “densidad criminal”, y que consiste en la suma de: la existencia de organizaciones nacionales y regionales con amplia presencia territorial; el crecimiento de los brazos armados de los cárteles, hasta convertirse en “ejércitos privados”; la expansión de sus sistemas de información y la creciente disponibilidad de armas; la penetración, cooptación o intimidación de algunos sectores sociales, claves para la actividad criminal. Todo ello en un contexto de profunda debilidad institucional y un mercado de drogas —internacional y nacional— cambiante, que afecta sus ingresos.

Detrás de análisis supuestamente sofisticados para demandar el final urgente de la violencia, subyace la idea de que lo mejor hubiera sido evitarse el conflicto y continuar conviviendo con los grupos criminales. En otras palabras: administrar el problema en vez de resolverlo. A esto obedecen ideas como tregua o negociación.                            

En el fondo, lo que ocurre es que hay una distribución desigual de los riesgos que genera un escenario muy complejo. Para unos la violencia propicia un problema de percepción por el impacto de noticias atemorizantes; pero para otros lo principal son los delincuentes como parte de su realidad cotidiana, ante la cual viven sometidos y humillados. Obviamente, no es lo mismo hablar de convivir con criminales desde Santa Fe, Polanco o la Condesa, que soportarlos en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo o Michoacán.

Esta realidad termina dividiendo a las elites del país sobre si era o no indispensable actuar. Un escenario de unidad sólo hubiese sido posible si la amenaza fuera percibida de igual manera por todos, pero esto hubiera implicado actuar hasta que el problema se agravara más, como ocurrió en Colombia.

En ese sentido, decirle a la sociedad que son necesarios sacrificios, tiempo y mucho trabajo para resolver el problema es nadar contra corriente. Lo más sencillo y rentable es sintonizarse con el auditorio, señalar un culpable y presentar ideas populistas sobre la paz que supuestamente resolverían la violencia rápido, con poco esfuerzo y sin mucho ruido. Por ello han tenido tanto éxito mediático enfoques analíticos evidentemente pobres.

Aversión al conflicto
Tiene razón mi amigo Jorge Castañeda cuando en su excelente libro Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos1 habla de un rasgo cultural de la sociedad que él llama “aversión al conflicto”. Dice Castañeda que este rasgo “resulta disfuncional para la incipiente democracia mexicana e impide su desarrollo”. La tesis de Castañeda de “aversión al conflicto” como rasgo cultural mexicano se ha visto reflejada en distintos hechos de los últimos años, como la decisión de no construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México porque un pequeño grupo de habitantes de una comunidad se opuso; también apareció cuando las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México permanecieron tomadas por una minoría de estudiantes durante un año; igual lo vimos cuando el gobierno de Oaxaca fue virtualmente derrocado y mantenido bajo control rebelde durante seis meses. No es casual que se diga que México es la ciudad con la mayor cantidad de protestas callejeras, plantones y ocupación de plazas (algunas durante años) en todo el planeta. Hay, en general, temor a poner orden, no importa cuánto se afecte el interés colectivo, con tal de “evitarse un pleito”.

Lo que Castañeda llama “aversión al conflicto” no es exclusivo de México, se trata en realidad de un rasgo cultural del subdesarrollo, común a otras sociedades. En Colombia, por ejemplo, se referían a ella como la “cultura del atajo”, que consiste en buscar un camino que evite enfrentar —y por tanto resolver— un problema. El Estado colombiano se tomó demasiado tiempo para asumir la responsabilidad de confrontar a las decenas de grupos armados que le disputaban autoridad en extensas zonas de su territorio. Igual que en México hubo quienes en su momento cuestionaron que se combatiera al crimen organizado porque decían que eso generaría violencia. Los costos para Colombia de haber atrasado la decisión de confrontar fue la expansión del problema, 30 años de guerra, más de 300 mil muertos y tres millones de desplazados.2

“Aversión al conflicto” significa administrar problemas en vez de resolverlos, lo que deriva en convivir con éstos hasta que exploten. Jorge Castañeda lo dice de forma más clara cuando dice que los mexicanos “son renuentes a elegir entre polares o binarios. En pocas palabras, queremos siempre ‘chiflar y comer pinole’, o ‘mamar y dar de topes’ ”.3 Los colombianos, al enfrentar mediante campañas mediáticas esta disfuncionalidad, la señalaban como “cinismo” que debía ser superado por el civismo. Es justamente este rasgo cultural lo que conduce a analizar el problema de la seguridad en México desde la lógica de los criminales, en vez de revisar y fortalecer las capacidades propias del Estado y los ciudadanos. Muchas de las tesis que se oponen a confrontar al crimen organizado intentan encontrar caminos para volver pacíficos a los criminales, en vez de fortalecer al Estado para que controle a los delincuentes. Lo primero les luce más confortable que lo segundo porque depende de los criminales, mientras que lo segundo requiere un gran esfuerzo propio. Sin embargo, lo que ocurrió en México es que se agotó la posibilidad de continuar con una seguridad basada en administrar el delito. El control social centralizado, que era el componente principal de ese modelo, se debilitó con la pluralidad que trajo la democracia.

El viejo modelo de administración de los conflictos en su momento fue muy exitoso. México tiene en su historia reciente niveles de represión política comparativamente muy bajos con respecto al resto de Latinoamérica. La cooptación como primer recurso para enfrentar protestas sociales o grupos rebeldes funcionó muy bien y dejó un valioso legado de tolerancia. Mientras los sindicalistas mexicanos se volvían millonarios, los de Centroamérica y Sudamérica eran asesinados. Sin embargo, la cooptación creó redes clientelares, desnaturalizó los movimientos sociales, fomentó la corrupción y volvió caótica la capital y otras ciudades del país. La cultura de movilizaciones y protestas pagadas acabó con su carácter de recurso espontáneo de excepción. Al punto que éstas se han deslegitimado y convertido en un ejercicio clientelar sin ningún valor de presión. La disfuncionalidad de los movimientos sociales y sindicatos estratégicos tendrá que ser enfrentada y resuelta tarde o temprano.

Igualmente, el viejo modelo de seguridad está en una profunda crisis y por ello hay tanta violencia. México necesita mandar al baúl de los recuerdos su viejo sistema de creencias sobre “caudillos que controlaban todo”; “delincuentes armados que eran sólo unos contrabandistas pacíficos” y “policías mal pagadas, poco educadas, corruptas y abusivas que funcionaban”. Ya no queda más opción que sustituir esas ideas, ahora reaccionarias, por un ideario progresista y modernizante sobre lo que implican la seguridad y la justicia en una sociedad democrática. El éxito del documental Presunto culpable es una señal de esa demanda de modernización. Historias similares podrían documentarse sobre las policías, las prisiones, la corrupción, o sobre la complicidad y tolerancia social al delito.


10 argumentos para evadir el conflicto


Han tomado carta de naturalidad en el debate público mexicano al menos 10 argumentos para evadir el conflicto, argumentos de aversión al riesgo y cultura del atajo. Son los siguientes.
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1. Primero debió prepararse la fuerza. El crimen organizado es un enemigo que se come al Estado por dentro. En México ya dominaba algunas ciudades y zonas del país, controlaba el Aeropuerto Internacional de la capital, otros aeropuertos, puertos, prisiones, y había penetrado a las instituciones municipales, estatales y federales de seguridad y justicia. Postergar la decisión de actuar por evadir el conflicto era permitirle que siguiera creciendo. En una situación así la determinación para contener es mucho más importante que esperar hasta poder hacerlo en un escenario perfecto. La primera medida es expulsar al enemigo de los puntos vitales, después hay que organizarse sobre la marcha e ir a buscarlo a las zonas donde éste es más fuerte. En realidad, decir “primero debimos prepararnos” es decir de forma indirecta que “no debimos actuar”.

2. Se debe priorizar la prevención. La prevención supone actuar antes de una emergencia, no se puede aplicar una política preventiva para evitar lo que ya está pasando. El dilema entre prevención o represión es normalmente presentado como si se tratara de alternativas separadas, cuando en realidad ambas son indispensables para la seguridad. La dosis de una u otra depende del nivel de desarrollo que tenga la amenaza que se está enfrentando. Las políticas sociales no pueden reducir la densidad criminal ya existente y tampoco pueden transformar en buenas personas a los miles de asesinos que ya están matando en las calles. En una situación como la que enfrenta México es tan importante tener suficientes escuelas y maestros para garantizar seguridad en el futuro, como tener suficientes prisiones y policías para garantizar la seguridad en el presente. En otras palabras, no hay manera de evadir el conflicto y evitar la necesidad de reprimir a los delincuentes.

3. Se debe usar más la inteligencia. Lo que la mayoría de la gente sabe de inteligencia viene del imaginario que se construyó con la propaganda de la época de la Guerra Fría. Así que cuando se habla de inteligencia se piensa en superhombres expertos en todo que se infiltran en las filas enemigas. La realidad es, en sentido práctico, bastante más sencilla y, en sentido social, bastante más compleja. La base de la inteligencia es el control social y territorial. Esto es lo que permite contar con redes de informantes y reclutar personas que pueden infiltrarse de forma natural en las filas enemigas, sin necesidad de ser superhombres. Una vez que se tiene ese dominio se producen capturas que permiten reclutar criminales y convertirlos en informantes. Estados Unidos suele tener mucho éxito con los criminales extraditados que al arribar a su territorio se desmoralizan al saber que allí no serán dueños de la prisión. Esto los lleva rápidamente a confesar y colaborar. Pero en México eran los criminales quienes dominaban socialmente en sus zonas y quienes habían reclutado a policías y funcionarios. Con esto podían anticiparse a los movimientos de la autoridad y realizar sus actividades con seguridad. Cuando las fuerzas federales empezaron a disputarles el control territorial y comenzaron a realizarse capturas que permitieron obtener más información para lograr nuevas capturas, se abrió un ciclo ascendente de resultados que ha llevado a capturar a 20 de los 37 capos más buscados. Es indispensable usar más inteligencia, pero la inteligencia no se construye en el imaginario, ni surge sólo de una reforma administrativa o legal, o gastando más dinero. La inteligencia no es un instrumento mágico que permite evadir el conflicto y resolver el problema con acciones quirúrgicas rápidas y fáciles, como en las películas. Para tener el dominio de inteligencia, entre otras cosas, hay que recuperar autoridad en el terreno, depurar las corporaciones propias y controlar de verdad las prisiones.

4. Hay que negociar o acordar una tregua. Ésta es una de las formas más ingenuas, directas y desesperadas de pretender evadir el conflicto. Comenzó como una idea pragmática de sectores conservadores, pero ahora ha sido asumida incluso por algunos sectores de la izquierda. Más allá de las dificultades legales que implica, es impracticable. Lo que existe es, esencialmente, una guerra entre cárteles, por lo tanto el Estado tendría que convertirse en mediador y reconciliador de los criminales. Proponerse una negociación implica responderse estas preguntas: ¿cómo se negociaría?, ¿quiénes representarían al Estado y quiénes a los criminales?, ¿qué se negociaría?, y ¿cuáles serían las garantías para que unos tipos que decapitan, descuartizan y masacran cumplan su palabra? Cuando se habla de negociar se está confesando debilidad propia y se está reconociendo legitimidad a los criminales. Esa legitimidad criminal se convierte en autorización para que funcionarios y agentes de las instituciones de seguridad y justicia acepten colaborar con los delincuentes por temor o por dinero. Si “El Chapo” es como “Marcos” y el “Cártel de Sinaloa” es como los “zapatistas” no hay problema.

5. Hay que utilizar las tácticas disuasivas que utiliza Estados Unidos. Esta otra forma de evadir el conflicto está fundada en las ideas del académico Mark Kleiman, cuyas propuestas están basadas en el uso quirúrgico de la coerción contra los grupos más violentos. Estas ideas han servido para desarrollar diversos programas de seguridad por parte de académicos e instituciones policiacas en varias regiones de Estados Unidos y han tenido éxito en algunos casos, como en Boston (Boston Gun Project or Operation Ceasefire) y en St. Louis (Knock and Talk-Consenttosearch Project). Sin embargo, otros proyectos fundados en los mismos principios no pudieron demostrar su éxito —como fue el caso de programas similares en Los Ángeles y Atlanta—. Todos estos programas fueron desarrollados para aplicarse en zonas pequeñas y buscan el control del uso de armas de fuego por parte de jóvenes involucrados con pandillas, y no para el control de la violencia ejercida por organizaciones criminales regionales o nacionales, con “ejércitos” de sicarios fuertemente armados. Kleiman desarrolló su teoría con base a la realidad de Estados Unidos, donde existen instituciones fuertes y sólidas y donde no hay territorios en los cuales la soberanía del Estado esté cuestionada por los delincuentes. Estados Unidos es, además, la primera potencia policial y militar del planeta, posee un poder judicial que funciona, un sistema de prisiones que no está bajo control criminal y una elevada cultura de legalidad en los ciudadanos. En otras palabras, ni los programas experimentales ni las teorías que los sustentan fueron pensados para las selvas colombianas, las favelas brasileñas, el Petén de Guatemala, las maras de San Salvador, los barrios de Ciudad Juárez o los dominios del Chapo Guzmán en el triángulo dorado. Entre Estados Unidos y México existe un claro escenario asimétrico, México tiene más pobreza, menos fortaleza institucional, más corrupción, elevados niveles de complicidad social con los delincuentes y un sistema judicial particularmente débil y corrupto. El problema de Estados Unidos son las drogas y el de México es su propia seguridad. En algunas zonas de México los criminales están en tal ventaja que sin teorizar mucho han inventado una eficaz táctica disuasiva a la que llaman: “plata o plomo”.

6. Se debe perseguir sólo a los cárteles violentos. Esta premisa está de hecho cumplida en la realidad porque el gobierno actúa concentrando fuerzas sobre un grupo, avanza por partes y busca evitar combatir en muchos frentes al mismo tiempo; todos ellos son principios tácticos básicos de un plan, pero no son la estrategia. La meta estratégica es siempre desmantelar a todas las organizaciones criminales. Sería un error grave que por evadir el conflicto se combata sólo a una, mientras se deja funcionar a otras porque se las supone más “pacíficas”. A las organizaciones criminales se las puede dividir en dos grupos: las que son más violentas que corruptoras; y las que son más corruptoras que violentas. En Colombia consideraron que el cártel más peligroso no era el más violento de Pablo Escobar en Medellín, sino el de Cali porque era el que había penetrado más a las instituciones de seguridad. No existen organizaciones criminales pacíficas. Por lo tanto, la única diferencia entre estos grupos es cómo usan la violencia. Los violentos la usan de forma reactiva y son más visibles; los corruptores, por el contrario, la usan de forma más selectiva y tratan de ser menos visibles. Los segundos acumulan más fuerza y debilitan más al Estado, por lo tanto su violencia tiene más poder de intimidación.

7. Es un error fragmentar a los cárteles. En primer lugar, la fragmentación de los cárteles viene ocurriendo desde hace más de 15 años como resultado de sus propios conflictos y los cambios en el mercado internacional de drogas, y no sólo por los golpes que les han asestado los distintos gobiernos. Hace 30 años existían sólo dos grandes cárteles, ahora hay más de una docena con distintas capacidades. Todos han sido debilitados por la acción del Estado y, efectivamente, esto los empuja a fragmentarse más. Debemos suponer que quienes argumentan que su fragmentación es un error, consideran que es preferible que existan en México organizaciones criminales grandes, fuertes y monopólicas. Suena absurdo, pero así es. Por lo tanto, piensan que una amenaza a la seguridad nacional, que pone en riesgo la capacidad del Estado de proteger a la sociedad, es un peligro menor frente a un problema de seguridad pública. La fragmentación trae consecuencias, pero éstas son temporales y es una etapa inevitable para mejorar la seguridad. Es menos difícil perseguir pequeñas pandillas desde el ámbito local que combatir contra cárteles nacionales que poseen territorio, fuerza social, mucho dinero y miles de hombres armados. La conclusión de quienes sostienen que la fragmentación es un problema, lo digan o no, es que debió evadirse el conflicto y que lo mejor era no hacer nada.

8. Hay que legalizar las drogas. Bajo esta idea las drogas son la explicación al problema de seguridad que padece México, y en ese sentido el esfuerzo principal no debería ser el uso de la fuerza del Estado contra los narcotraficantes, sino la diplomacia contra los países consumidores. Es posible que dentro de una década se termine legalizando la marihuana, pero la legalización de la cocaína y las drogas duras con suerte quizás ocurra dentro de muchas décadas. Esto será así porque los países consumidores tienen instituciones fuertes, economías potentes y ciudadanos que creen en la ley y el orden, por lo tanto las drogas son un problema marginal para ellos. Los políticos de los países consumidores no arriesgarán jamás sus puestos frente a electores que en su mayoría rechazan las drogas, por muy racionales, lúcidos y morales que sean los argumentos sobre la legalización. Sin duda, ésta es una muy buena causa para organismos no gubernamentales, pero no para gobiernos. Además, la lucha diplomática no sirve para atender la emergencia de seguridad ni para reducir la densidad criminal y tampoco para resolver el problema de policías e instituciones de justicia corruptas e ineficaces. Sin resolver esos problemas ningún país puede aspirar a la consolidación de su democracia y su Estado de derecho. Sin embargo, proponer la legalización de las drogas es un buen argumento para evadir el conflicto.

9. Hay que priorizar el combate a otros delitos, no al narcotráfico. La base de esta otra idea para evitar el conflicto con el crimen organizado se sustenta en que el narcotráfico no le afecta a los ciudadanos; lo que sí padecen son los asaltos, los secuestros, las extorsiones, el robo de coches, etcétera. Lo que no se acepta es que todos estos delitos están vinculados al problema del narcotráfico ya que el crimen organizado debilita al Estado, corrompe a las policías y a la justicia, intimida a la autoridad local, crea poderes armados paralelos, empodera a los capos y crea una cultura criminal que se expande entre los jóvenes. El debilitamiento del Estado deriva, tarde o temprano, en incapacidad de éste para proteger a la gente. El narcotráfico destruye el sistema institucional que tiene a cargo la defensa de la sociedad. Esto implica que en última instancia los ciudadanos tendrían que aceptar a policías delincuentes (tal como ya había ocurrido) y que sus demandas sobre seguridad y justicia sólo las podrían resolver mediante arreglos con los capos y no a través de instituciones.

10. En todas partes hay policías corruptas y grupos armados. Efectivamente, en todos lados hay policías corruptos y gente armada, incluso criminales, pero, en este caso, el tamaño sí importa. No hay un Chapo Guzmán en Estados Unidos que aparezca en la revista Forbes; no hay más de 100 mil armas en manos de criminales en Reino Unido; no hay grupos armados ilegales en Holanda con el poder y el tamaño de los mexicanos y no hay policías de Nueva York, París o Madrid que tengan entre sus responsabilidades organizar el comercio ilegal de drogas y otros productos ilícitos. Incluso en países más pobres que México, como Nicaragua, que tiene una de las policías peor pagadas del continente —junto a su pequeño ejército— las autoridades no han permitido que ningún grupo criminal armado levante cabeza y les quite autoridad sobre el territorio. En efecto, hay corrupción en muchas partes, pero sólo en algunos países del mundo subdesarrollado la corrupción es considerada un valor funcional del sistema y se castiga muy poco. Lo que está en juego en este argumento es si México quiere seguir en el atraso reaccionario de su vieja cultura sobre la legalidad y la política, o si está dispuesto a enfrentar el conflicto que implica fortalecer a las instituciones y acabar con la cultura de la ilegalidad, para llegar a la modernidad y el progreso.


Necesidad de un culpable
y la teoría del avispero


En una sociedad basada en la desconfianza la primera pregunta no es ¿qué pasó?, sino ¿quién fue? En el debate sobre la seguridad en México hay algo de esto. La primera reacción de los analistas y estudiosos del fenómeno fue tratar de señalar un culpable, en lugar de tratar de explicar lo que estaba pasando. Es impresionante cómo tomó fuerza una idea intelectualmente tan pobre como la que estableció una relación de causa-efecto entre los operativos del gobierno federal y las capturas de capos con la violencia. La culpa del gobierno cobró carácter de verdad científica, con sólo presentar una relación mecánica entre algunos despliegues de las fuerzas federales o capturas de uno u otro criminal, con el aumento de la violencia en algunas zonas. Que la violencia aumente o se expanda cuando las fuerzas del Estado se hacen presentes en un lugar que tiene alta presencia criminal es lógico pero no se puede inferir de ello que el gobierno es el responsable del aumento de la violencia y, mucho menos, suponer que si no se hubiese hecho nada al respecto la sociedad estaría más segura. Por ejemplo, si hay una gran pelea en un bar y llega la policía, es probable que la violencia aumente por un momento hasta que la autoridad logre controlar el problema, lo que dependerá de muchos factores: cuánto tiempo llevaban peleando, qué armas tienen los violentos, qué tan profundos son los agravios, etcétera.

Señalar la relación causa-efecto en este caso sería una descripción y no un análisis. Si aceptamos como válida la relación operativos-capturas-violencia tendríamos que concluir, absurdamente, que si las fuerzas federales se retiraran de las zonas críticas y se dejara de capturar delincuentes la violencia terminaría. No se necesita ser muy sabio para concluir que la consecuencia de una retirada sería lo contrario, la violencia y el poder de los criminales crecerían.

Pero, además, la relación causa-efecto con que se ha intentado explicar la violencia no concuerda con la realidad, ya que en algunos casos de intervención efectivamente aumentó la violencia y ha mostrado resistencia a disminuir, en otros sólo aumentó temporalmente y luego descendió o se mantuvo con la misma tendencia, y en otros se redujo muy rápidamente. Por ejemplo, las intervenciones federales en Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey y Guerrero han generado una reducción de la violencia y los delitos. En Ciudad Juárez el resultado tomó años, en Monterrey varios meses y en Guerrero sólo unos pocos días, luego de iniciarse el operativo en octubre de 2011 (ver gráfica 1).
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Lo mismo ocurre con las capturas de capos: no todas produjeron violencia. Los casos de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén Tony Tormenta y Nazario Moreno González El Chayo, son asuntos donde, posterior al abatimiento, se presentó un ligero incremento en la tendencia de los homicidios. La detención de Vicente Carrillo Leyva El Ingeniero sí generó un incremento importante en la tendencia de los homicidios posterior a la detención. Pero la detención de Eduardo Arellano Félix El Doctor, o el fallecimiento por ajuste de cuentas de Alberto Pineda Villa El Borrado, disminuyeron la tendencia de homicidios en sus respectivas zonas de influencia; y en los abatimientos de Arturo Beltrán Leyva El Barbas e Ignacio Coronel Villarreal Nacho Coronel la tendencia creciente de los homicidios no se mantuvo en cada caso.4 En el caso del abatimiento de Nacho Coronel la tendencia prácticamente se estancó después de este hecho (ver gráfica 2).5
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En tres casos más —el de Teodoro García Simental El Teo, el de Édgar Valdez Villarreal La Barbie y el de Flavio Méndez Santiago El Amarillo— no puede concluirse efecto alguno tras las detenciones.

Lo que genera y explica la violencia no es la intervención del gobierno federal, sino la dimensión que tiene el fenómeno criminal. A mayor densidad criminal corresponderá, lógicamente, un mayor tiempo de persistencia de la violencia frente a los esfuerzos del Estado para restablecer el orden. Si capturamos a un capo que maneja una gran organización criminal existe la posibilidad de que su organización se fragmente y esto provoque violencia. Obviamente, esto quiere decir que el Estado necesita seguir atacando a los fragmentos que quedan y esto requiere más tiempo. Sería absurdo concluir que si capturar criminales poderosos genera violencia, lo mejor es sólo capturar delincuentes de poca monta. Conforme a esta teoría El Chapo Guzmán no debería ser un blanco de la justicia, y si por el azar fuese capturado tendría que ser liberado de inmediato para evitar problemas.

Es contradictorio pedir una solución integral a un problema que se reconoce como complejo y, al momento de explicarlo, caer en la simplificación analítica de que “la violencia la provocó o exacerbó el gobierno”. Los operativos del gobierno federal sólo destaparon una cloaca, el problema ya estaba ahí. Dejar de actuar porque habrá consecuencias en el corto plazo de nuevo nos conecta con la “aversión al conflicto”. Colombia enfrentó ascensos persistentes, pero temporales, de violencia resultado de operativos del Estado y de los arrestos de capos, pero sus gobiernos no retrocedieron y ahora su seguridad ha mejorado.

En sentido estricto, lo que el gobierno federal hizo fue “reaccionar” frente a los focos de violencia que iban apareciendo. Nunca decidió combatir en todas partes ni perseguir a todos los cárteles al mismo tiempo, simple y sencillamente porque no había capacidad para hacerlo. Las intervenciones de la Policía Federal y del Ejército fueron, en ese sentido, escalonadas y determinadas por lo que los criminales hacían. En conclusión, la idea de que el gobierno “alborotó el avispero” no hace sentido desde el punto de vista analítico y más bien parece un esfuerzo por buscar un culpable de cara a una opinión pública desconfiada. La violencia era inevitable por la existencia de una alta densidad criminal que desbordó en la violencia actual. En ese sentido, cualquier autoridad gobernante podría haber sido declarada culpable de actuar o de no actuar.


La guerra es esencialmente entre grupos criminales

El enfrentamiento principal —y el más violento— no es entre el Estado y los criminales, sino entre los mismos grupos del crimen organizado. Existen nueve guerras entre los distintos cárteles que están produciendo violencia en diferentes lugares del país. Esas guerras produjeron más de 45 mil muertes desde diciembre de 2006 hasta la fecha. De este total, casi 90% se cometen entre delincuentes, sin que la autoridad esté involucrada.

Los opositores a la política de confrontar al crimen organizado han llamado peyorativamente a ésta “la guerra de Calderón”. Pero como dijimos anteriormente, en sentido estricto, el gobierno lo que hizo fue reaccionar sobre una violencia que comenzó en los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero y que luego se extendió hacia Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Baja California y otros estados.

El uso del término guerra es técnicamente correcto conforme a las nuevas teorías sobre conflictos,6 pero para la condición de México resulta políticamente inconveniente utilizarlo, ya que a partir del enfoque comunicacional del gobierno, del uso temporal del concepto guerra y de la extensión que cobró la violencia, los opositores y los medios dieron vida política a la “guerra de Calderón” y a la “guerra fallida”, muy a pesar de que, como ya señalamos, la mayor parte de la violencia no responde a una confrontación Estado vs. criminales, sino a grupos criminales entre sí. Human Rights Watch (HRW) cuestionó recientemente los datos sobre homicidios atribuidos a criminales. Con un argumento intelectualmente correcto, pero débil, sostiene que no se puede afirmar que el 90% de los homicidios han sido cometidos por criminales porque las instituciones no han realizado investigaciones judiciales que identifiquen a las víctimas y sustenten esta afirmación. Entonces la pregunta sería ¿quién cometió esos 45 mil asesinatos? Tenemos cuatro sospechosos: el crimen organizado, el Estado, la delincuencia común y los ciudadanos como resultado de violencia social.

Si bien no hay sustento judicial en los datos, y el gobierno deberá corregir esto en la medida en que se logre el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, tampoco es aceptable el juicio político que esconde el informe de HRW al poner en duda cuál es el epicentro del conflicto en México. Cuestionar que se trata de una guerra entre criminales le daría base a la idea de que la violencia la generó el gobierno y por lo tanto daría lugar al juicio de la “guerra de Calderón”. En primer lugar, es importante señalar que estamos frente a un escenario que está produciendo una cantidad y calidad anormal de homicidios, por lo tanto no es fácil investigar todos los casos, como si estuviéramos investigando homicidios en Suecia, o con unas instituciones de policía y justicia como las británicas. Estamos hablando de un promedio de 800 homicidios por mes y casi 30 al día, en un país con graves deficiencias en sus instituciones. Si a esto agregamos que casi el 40% de éstos se concentra en tres estados y más del 60% en otros siete, el problema se complica mucho más.

En diciembre de 2009 HRW acusó a las policías de Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil de haber cometido 11 mil asesinatos en sólo cinco años (2003-2008). En 2010 denunció que los primeros seis meses de ese año estaban ocurriendo tres ejecuciones diarias en Brasil. En México no hay suficiente sustento para culpar al gobierno de un volumen similar al de Brasil. HRW documentó 24 ejecuciones extrajudiciales en México en cinco años. Esto es muy grave porque el Estado democrático debe evitar que estos casos existan y porque atenta, además, contra la propia estrategia de seguridad del gobierno y complica seriamente el trabajo de los policías y militares. Sin embargo, el dato tiene valor para establecer que HRW no encontró evidencias que le permitieran acusar al gobierno de México de tener relación con la inmensa mayoría de los 45 mil homicidios. Con que existieran unos cuantos cientos de ejecuciones extrajudiciales, se habrían filtrado muchas evidencias y el gobierno estaría siendo blanco, justificadamente, de un demoledor juicio político de la prensa, la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil. Eso no está ocurriendo; lo responsabilizan de exacerbar la violencia, de abusos y violaciones aisladas a los derechos humanos, pero nadie se atreve a afirmar que las instituciones de seguridad estén matando miles de personas de forma sistemática como en Brasil.

¿Cómo podemos identificar que los homicidios responden a los conflictos entre criminales? Hay factores que pueden ser muy útiles como la reacción social, la forma de los homicidios, la localización, la sistematicidad, etcétera. De hecho, una parte considerable de las víctimas no son ni buscadas ni reconocidas por nadie. No hay datos confirmados, pero se habla de más del 40%. Con total certeza hay inocentes entre las víctimas, pero si lo dominante fueran personas inocentes la convulsión política y social por esas muertes sería de grandes proporciones. En una guerra los muertos que representan a los bandos no producen reacción social, pero la muerte sistemática de inocentes sí. Por ejemplo, cuando se encontraron las fosas de San Fernando donde fueron masacrados emigrantes por grupos criminales hubo una fuerte reacción social y política. En Colombia, muy a pesar del enorme apoyo que tiene el Ejército, se produjo el escándalo llamado de los “falsos positivos” por el asesinato de mil 741 inocentes que fueron presentados como guerrilleros. Los procesos judiciales abiertos involucran a más de tres mil miembros del Ejército.7 En democracia estos crímenes terminan, tarde o temprano, en un tribunal.

En México una parte de los homicidios son cometidos con un alto nivel de brutalidad y las ejecuciones representan el 80% de todas las muertes. La “muerte ejemplar” (decapitar, descuartizar y exhibir) es un código mafioso que utilizaron en el pasado policías, militares y escuadrones de la muerte en Centroamérica y Sudamérica, pero no hay antecedentes de ese nivel de brutalidad en México y tampoco hay antecedentes de “limpiezas sociales” con asesinatos sistemáticos a la escala que están ocurriendo ahora. El “exhibicionismo mortal” responde claramente al interés intimidatorio de los criminales.

Otro dato importante es que los homicidios y masacres están ocurriendo, precisamente, donde hay disputas por plazas y rutas entre bandas criminales, y esas guerras comenzaron antes de que tuviera más presencia la autoridad. En conclusión, no hay razones para pensar que el Estado sea el responsable de la mayoría de los homicidios. La evidencia judicial y la identificación de las víctimas es indispensable y debe demandarse, pero de ahí a concluir que dada la debilidad de las instituciones de justicia el sospechoso de los asesinatos podría ser el gobierno, hay un largo trecho por recorrer.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que es difícil que una esposa celosa decapite al marido, que un asaltante descuartice a su víctima para robarle la billetera, que una pelea de borrachos acabe con uno de ellos colgado bajo un puente con una manta firmada por su enemigo, o que rivalidades deportivas o comunitarias se estén convirtiendo en homicidios sistemáticos, debemos concluir que el principal sospechoso de todas esas muertes sigue siendo el crimen organizado, independientemente de lo que diga HRW.
En conclusión, en México hay una cruenta guerra entre más de una docena de grupos criminales que se disputan rutas y plazas, en la cual el Estado se vio obligado a intervenir.


¿Son pacíficos los mexicanos?


¿Por qué miles de mexicanos decidieron armarse y enfrentarse contra otros mexicanos? ¿Cómo pudieron decidirse tan fácilmente a matar o morir? ¿De dónde surge esta violencia tan grande? No estamos hablando de volverse ladrones comunes, sino de construir o ser miembros de extensos aparatos criminales que tienen la violencia como eje de acción. No todas las sociedades tienen la violencia como primera opción de sus ciudadanos para dirimir conflictos o realizar “negocios”, incluso tratándose de criminales. Resolver diferencias personales, políticas, comerciales, comunitarias, familiares o de cualquier tipo usando la violencia es una característica cultural que precede a la formación de organizaciones criminales. Éstas sólo multiplican ese rasgo de la sociedad.
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Jorge Castañeda sostiene en su libro que derivado de la “aversión al conflicto” los mexicanos tienen “la agresividad como último recurso y emerge sólo al fracasar otras opciones”, lo cual es una manera de decir que México es un país culturalmente pacífico. Desde mi perspectiva, hay fundadas razones para dudar de esta afirmación y “aversión al conflicto” no implica necesariamente aversión a la violencia. México es un país muy grande, y como ocurre con otros de igual o mayor tamaño, las regiones o estados que lo componen tienen historias distintas y poseen imaginarios culturales diferentes, incluso en lo que se refiere a la percepción sobre la utilidad o inutilidad de la violencia.

En otro buen libro titulado Tráfico de armas en México, de Magda Coss Nogueda,8 se aborda el tema de la cultura de la violencia en México. En el prólogo, escrito por Leonardo Curzio, me enteré de que en una discusión frente al poeta Pablo Neruda, los maestros Rivera y Siqueiros sacaron sus pistolas para tratar de imponer su opinión. En el mismo libro Magda Coss sostiene que “… en el México de los cuarenta, políticos y diputados no sólo cargaban pistola en la cintura para andar por las calles, sino que exhibían sus revólveres y en las sesiones legislativas las diferencias se subrayaban con un par de balazos”.9

La predisposición a la violencia no puede surgir de forma espontánea y no se puede explicar ni por la pobreza ni por las drogas ni por las armas, mucho menos por unos operativos de emergencia del gobierno. La disposición a la violencia es una construcción cultural histórica. Al respecto, Magda Coss nos dice: “Cuando la pérdida de vidas de manera violenta se convierte en algo usual, a menudo responde a una situación de repetida violencia estructural y cotidiana. La falta de posibilidades de desarrollo y de opciones no violentas para alcanzar posiciones o reconocimientos permiten que subculturas violentas como la del narcotráfico, las pandillas o el acoso escolar, ganen terreno y comiencen a verse como normales. Mientras la violencia no alcance desenlaces fatales, es tolerada e ignorada”.10 Posiblemente esto explique por qué comunidades enteras en distintas regiones de México han convivido durante décadas con organizaciones criminales armadas y altas tasas de homicidios.

Centroamérica es un ejemplo más claro de lo expuesto. El Salvador, Guatemala y Honduras forman la región más violenta del planeta, lo que contrasta con Nicaragua que es igualmente pobre y políticamente inestable, pero mucho menos violenta. La diferencia es que las tres primeras son sociedades con una cultura de violencia fuertemente arraigada, resultado de una historia de paramilitarismo, escuadrones de la muerte y formas privadas de violencia que el propio Estado promovía. En Nicaragua, por el contrario, el Estado no utilizó formas privadas de violencia, incluso durante la dictadura de Somoza. En los tres primeros países el Estado, al no establecer el monopolio de la violencia legítima, activó la violencia entre los ciudadanos y esto terminó convertido en rasgo cultural. En la ruta de la cocaína hay más de una decena de países desde Colombia hasta México. Cabe preguntarse por qué la violencia vinculada al crimen organizado sólo se vuelve brutalmente extrema en Colombia, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Igualmente, al mirar hacia más al sur, Perú y Bolivia producían cocaína antes que Colombia, pero la violencia ha sido más persistente en Colombia.

Para entender lo que está pasando en México es indispensable estudiar el mapa cultural de la violencia en el país. Es importante saber cuáles han sido los niveles de violencia social y delictiva de las zonas críticas a lo largo de la historia, cómo y en cuánto tiempo se gestaron las capacidades operacionales, organizacionales, materiales y, sobre todo, las morales de actores tan violentos. Esto nos llevaría a otras preguntas fundamentales: ¿Era posible continuar conviviendo con esa violencia potencial en un escenario de paz tan frágil? ¿A dónde hubiesen llevado la pasividad y la inacción? Es ingenuo pensar que organizaciones criminales con ingresos tan elevados y decenas de miles de armas podían convivir pacíficamente entre ellos y con el Estado si la autoridad se hacía de la vista gorda y no los molestaba. Lo que está pasando parece mostrar que ha llegado la hora de domar al “México bronco”, de educarlo para la paz y de acotar su violencia con la fuerza del Estado.


Factores que explican la violencia

Tal como señalamos al inicio, la violencia responde a un contexto donde se han combinado una multiplicidad de causas. Éstas coincidieron y produjeron una detonación que le tocó en suerte al actual gobierno, pero cualquiera que hubiera sido el presidente o el partido en el gobierno habría tenido que enfrentar esta crisis. Éste no es un problema de un gobierno, sino del Estado mexicano a todos sus niveles, incluyendo a toda la clase política y la sociedad civil en su conjunto. Algunos de los más importantes factores que se conjugaron en el tiempo y el espacio para producir el estallido de violencia fueron:

Colapso del modelo de seguridad anterior. La llegada de la democracia extinguió el modelo corporativo de “partido de Estado” que mantenía la seguridad a partir de un efectivo control social. Éste no requería de instituciones de seguridad y justicia fuertes y eficaces porque el control social producía mucha inteligencia y permitía actuar de forma preventiva. El fin del modelo trajo la pluralidad política, la independencia de los poderes, la división del antiguo PRI, el empoderamiento y la creciente autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, la libertad de expresión, el poder de fiscalización de los medios y el fin del poder casi absoluto del presidencialismo. Estos factores crearon una sociedad completamente distinta que necesitaba de mayor fortaleza institucional, pero durante la transición el vacío de poder que dejó el viejo sistema en materia de seguridad fue llenado, en algunas zonas del país, por organizaciones criminales.
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Alta densidad criminal. Los arrestos de delincuentes, el descubrimiento o destrucción de infraestructuras de apoyo para la operación de los negocios ilícitos, los miles de presuntos de criminales muertos en sus propias luchas y los decomisos de armas, dinero, drogas y medios de transporte realizados por las autoridades son los mejores datos para confirmar que, efectivamente, México enfrenta un problema de elevada densidad criminal. Según datos que han hecho públicos distintas autoridades federales, en cinco años se han decomisado a grupos criminales más de 120 mil armas, 61 mil vehículos, 550 aviones, 400 embarcaciones marinas, 900 millones de dólares, 500 millones de pesos, 110 mil kilogramos de cocaína, nueve millones de kilogramos de marihuana, 60 mil kilogramos de precursores para metanfetaminas. Se han capturado a más de 150 mil delincuentes nacionales y más de mil 900 extranjeros, y se han destruido más de 600 laboratorios. Se les han decomisado, también, alrededor de una decena de tanques de combate artesanales, éstos son una muestra del nivel de estabilidad e impunidad cínica que habían alcanzado. No hay estudios serios sobre la dimensión del fenómeno criminal, pero estos datos bastan para demostrar el tamaño del “monstruo” y entender por qué tomará tiempo controlarlo.

Extrema debilidad institucional. En 2006 la Policía Federal contaba con sólo 12 mil efectivos para un país de 112 millones de habitantes, en otras palabras, el Estado central no tenía un poder coercitivo con la fuerza y calidad suficientes para atender la emergencia. Las policías estatales y municipales no sólo no eran una solución, sino que constituían una buena parte del problema, ya fuera por corrupción estructural, cooptación criminal o simplemente por las debilidades estructurales que se reflejaban en insuficiencia numérica, malos salarios, falta de formación y de equipamiento adecuado, deficientes sistemas de inteligencia y ausencia total de confianza y reconocimiento social. A lo anterior hay que sumar una reducida capacidad investigadora del Ministerio Público, una elevada tasa de impunidad, inoperancia del sistema de justicia penal, enorme rezago en los juzgados, así como las carencias del sistema penitenciario federal y estatal, que tiene una enorme sobrepoblación y problemas serios de corrupción. El resultado de la combinación de todos los factores hasta ahora es, por un lado, un ambiente permisivo para las organizaciones criminales y, por el otro, de indefensión casi total de la sociedad frente a la delincuencia. Los intentos y propuestas previos a 2006 para fortalecer estas instituciones fueron siempre parciales, aislados, de breve duración y sin respaldo presupuestal adecuado. Por lo tanto, la velocidad de fortalecimiento de las organizaciones criminales rebasó, por mucho, la de los dispersos e insuficientes cambios en el entramado institucional.

Cultura de violencia y disponibilidad de armas. No basta que haya disponibilidad de armas, lo fundamental es que esa disponibilidad se combine con ciudadanos determinados a utilizarlas, para delinquir, para defenderse, para resolver diferencias o, simplemente, como símbolo de respeto. Magda Coss nos dice que “en el año 2004 se cometieron en México 11 millones 810 mil 65 delitos; en el 40% de ellos el delincuente portaba un arma de fuego, mientras en el 31% de los casos la víctima fue agredida con un arma”.11 También cita Coss un reportaje del periódico El Universal de noviembre de 2008 donde dice que “el 55% de los alumnos de bachillerato a nivel nacional aseguraron que en sus escuelas al menos uno de sus compañeros ha llevado armas a la escuela”,12 y ese dato aumenta en los estados con mayor violencia. Agreguemos a esto la facilidad con que a partir de 2004 fue posible adquirir en Estados Unidos armas de guerra y el resultado será tal como lo señala Coss: “un cambio en los códigos de conducta y en los hábitos de los integrantes del crimen organizado”.13 Esas armas más poderosas los volvieron más peligrosos, más amenazantes y más violentos.

Elevado nivel de complicidad social. Esto ocurre como resultado de dos factores: la fortaleza de la economía ilegal frente a la debilidad de la economía formal en determinados lugares, y la poca importancia que los ciudadanos le asignan a la ley. Malcolm Beith en el prólogo de su libro El último narco,14 hablando sobre Badiraguato, la tierra del Chapo Guzmán, dice que allí “cerca del 97% de los residentes en el campo trabajan en el tráfico de drogas de una u otra manera. Desde los campesinos y sus familias —incluso niños— que cultivan marihuana y amapola para el opio, hasta los jóvenes armados que se encargan de tareas desagradables, los conductores y los pilotos que transportan el producto así como los políticos y policías locales: casi todo mundo está involucrado”.15 Esta descripción de Beith se repite en muchos otros lugares. Otra modalidad de complicidad social muy común son las empresas y/o personas que aceptan pagos de grandes sumas en efectivo por propiedades, vehículos, aviones y artículos de lujo. Unos se involucran por codicia, otros por temor, otros por necesidad y otros porque no conocen otra ley que no sea la de los criminales.

Cambios en el mercado de drogas. Tres factores han tenido incidencia sobre el aumento de la violencia desde el punto de vista del mercado: en primer lugar, el cambio de ruta de la cocaína, que dejó de transitar desde Colombia a Estados Unidos por el Caribe, y comenzó a moverse hacia el norte vía Centroamérica y México. En segundo lugar, la reducción en el consumo de cocaína en Estados Unidos y el aumento de la producción de marihuana en ese país; y, en tercer lugar, el aumento del consumo de drogas en México y la consiguiente aparición de redes de narcomenudeo. El cambio de ruta convirtió el narcotráfico mexicano en un negocio multimillonario, esto atrajo nuevos jugadores y abrió una competencia salvaje que se agudizó con los cambios en el mercado de la marihuana y cocaína en Estados Unidos. A este ya agravado escenario se agregó una nueva y también brutal lucha por algunas plazas de narcomenudeo.


La seguridad depende del monopolio
de la violencia legítima

Son fuertes, sólidas y universalmente reconocidas las corrientes académicas que sostienen que para que haya Estado la primera y más importante condición es que exista el monopolio y control de los instrumentos de coerción dentro de las fronteras de un país (Weber, Tilly, Guidens, Fukuyama y muchos otros). Es decir, que en última instancia la autoridad del Estado descansa en la capacidad de usar la violencia legítima. El monopolio de la violencia es la principal característica del Estado moderno. Conforme al estudio de Janice Thomson, Mercenarios, piratas y soberanos, fue “el desarme de actores transnacionales no estatales lo que marcó la transición de la heteronomía hacia la soberanía y la transformación de los Estados en sistemas estatales nacionales”.16 Durante la era medieval, dice Thomson, la violencia estaba “democratizada, comercializada e internacionalizada”,17 existían múltiples actores no estatales que ejercían la violencia guiados por intereses propios dentro y afuera de las fronteras de los países. Los soberanos contrataban piratas, corsarios y mercenarios para llevar adelante las guerras y dominar territorios y mares.

En la actualidad, la existencia de múltiples actores capaces de ejercer autoridad usando la violencia dentro de un territorio supone la existencia de un Estado débil. Ésa es la situación en algunos países africanos como la República del Congo, Somalia, Sudán, Angola, Sierra Leona, Liberia y otros. Esto es lo que estaba y está presente en Afganistán y por ello Al Qaeda pudo establecer allí su principal base. La debilidad de un Estado en el ejercicio de la autoridad sobre su territorio deja en manos de grupos armados recursos estratégicos y facilita la realización de negocios ilícitos, abriendo las puertas a la formación de potentes organizaciones criminales, al desarrollo de persistentes guerras internas y al posible surgimiento del terrorismo, en suma, a una violencia e inestabilidad crónicas y al riesgo de convertirse en un Estado fallido. Cuando el Estado central es débil, la competencia por el monopolio de la coerción entre distintos grupos armados criminales, nacionalistas, religiosos o insurgentes termina volviéndose inevitable.

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Ocho características esenciales del crimen organizado:
1. Poder financiero. Resultado del control de uno o varios negocios ilícitos, ya sean armas, drogas, trata de personas, productos piratas, gasolina, vehículos robados, entre otros.

2. Fuerza social. A partir de que emplea personas para sus negocios ilícitos y las convierte en redes de colaboradores para sus actividades delictivas.

3. Cooptación, penetración o sustitución del Estado. La combinación de los dos factores anteriores le permite tomar control de la autoridad local a través de dinero o intimidación.

4. Dominio territorial. En tanto sus actividades requieren del control de rutas, plazas, retaguardias o áreas de producción, el dominio del territorio se vuelve indispensable. Las prisiones, los aeropuertos, las fronteras y otros lugares estratégicos también son parte de sus objetivos a dominar.

5. Poder armado. Dado que no puede dirimir diferendos en tribunales, necesita crear un poder armado para intimidar en su espacio de control y para defenderse de otros grupos criminales y del Estado.

6. Interconexión global. El poder financiero proviene de estar conectado con mercados externos que le permiten tener una muy alta rentabilidad en sus negocios ilícitos. Por ejemplo, las metanfetaminas producen ganancias del 1000%.

7. Empoderamiento cultural. Son los componentes religiosos, símbolos, música y códigos culturales que reproducen la superestructura del fenómeno criminal. Narcocorridos, Santa Muerte, Virgen de los Sicarios, Omerta o ley del silencio, por ejemplo.

8. Poder político. Sostiene Fabio Armao, académico de la Universidad de Turín, Italia, que una empresa criminal tiene poder político cuando: “es capaz de disputarle al Estado el monopolio de la violencia en una parte del territorio”.18 A partir de esto, Armao habla de la existencia de bolsones de soberanía (“cluster of sovereignity”) bajo control de grupos criminales.

Cuando el crimen organizado logra su mayor nivel de desarrollo adquiere cuatro características esenciales: segunda generación de sus miembros, capitales legalizados, violencia subterránea y representación política. Éste es el nivel que llegó a alcanzar en Italia luego de varias décadas y lo que estuvo a punto de ocurrir en Colombia. La guerra de los cárteles colombianos contra el Estado fue señalada por algunos como la lucha de una nueva clase por ser socialmente reconocida. El punto, entonces, es si una sociedad está dispuesta a aceptar grupos de poder que tienen el recurso intimidatorio armado para imponerse sobre el resto de la sociedad. Ya sabemos que siempre habrá delincuentes, pero el Estado no puede permitir que existan poderes armados que le disputen autoridad y por eso resulta fundamental que asegure el monopolio pleno de la violencia legítima. La razón final de la violencia es la ausencia de autoridad, porque sin autoridad el caos es lo único que está garantizado. Sólo la autoridad del Estado democrático puede garantizarle a los ciudadanos derechos, seguridad y paz.

El problema de Colombia hasta hace pocos años era, en esencia, la incapacidad del Estado para mantener el monopolio de la violencia en extensas regiones de su territorio. Durante décadas el Estado colombiano no se ocupó de este control, de hecho, hacia los años sesenta hubo intentos incluso de formación de repúblicas independientes, la más conocida fue Marquetalia bajo control de Jacobo Arenas y Manuel Marulanda (Tirofijo). En esos espacios vacíos de Estado proliferaron diversidad de grupos armados compuestos por al menos cinco grupos guerrilleros, decenas de organizaciones paramilitares, grandes cárteles de narcotraficantes y todo tipo de bandidos armados. A pesar de que todos esos criminales tenían negocios ilícitos millonarios, Colombia se convirtió en el país con la mayor cantidad de secuestros y extorsiones del planeta. El delito común se disparó resultado del caos, la violencia se volvió endémica, llegó con fuerza a Bogotá y terminó amenazando seriamente la vida de la elite económica, política e intelectual del país. Por otro lado, la identidad del país sufrió daños muy severos a partir de la relación entre Colombia y violencia.

La violencia en Colombia no se redujo, ni con paramilitarismo, ni con guerra sucia, ni con disuasiones, ni con negociaciones, ni dejando de perseguir capos. Los colombianos ensayaron de todo, desde una cárcel especial para Pablo Escobar, hasta concederle una zona de distensión a las FARC de 44 mil kilómetros cuadrados en 1998. La violencia sólo comenzó a reducirse cuando el Estado se decidió a recuperar, por la fuerza, los territorios que estaban en manos de cárteles, paramilitares y narcoguerrilleros. Establecer el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado implicó para Colombia un largo proceso (que aún no termina y lleva más de 30 años), un difícil aprendizaje sobre la relación entre derechos humanos y legitimidad de la fuerza, un gran sacrificio en vidas y un enorme esfuerzo de reconstrucción institucional y ampliación del poder coercitivo del Estado.

Tan sólo entre 2003 y 2006 se desmovilizaron un total de 31 mil 664 efectivos armados pertenecientes a grupos guerrilleros y paramilitares,19 a la fecha esta cifra debe haber sobrepasado los 60 mil. No se trató solamente de un problema de drogas, como muchos piensan. Lo fundamental fue la recuperación de la autoridad del Estado en todo el país. Las fuerzas militares y policiales de Colombia crecieron exponencialmente en la última década hasta convertirse en el Ejército más numeroso del continente, con 431 mil 253 efectivos, que incluye una policía nacional de 145 mil 871 miembros.20 El cansancio por la violencia condujo, gradualmente, a un consenso mayoritario y un gran soporte nacional, primero para perseguir y desmantelar a los cárteles del narcotráfico y luego para derrotar a las narcoguerrillas. No se demandó el fin de la violencia, sino el sometimiento de los violentos.

Guatemala, por el contrario, ha sufrido un proceso inverso al colombiano ya que su poder coercitivo ha ido disminuyendo en los últimos años, resultado, en gran medida, de la liberalización económica que trajo un aumento de la seguridad privada, y una reducción dramática en el presupuesto estatal destinado al Ejército y la policía. Con ello, el Estado perdió capacidad para mantener el monopolio de la violencia en el territorio. Hoy en día, en Guatemala, las empresas privadas de seguridad son tres veces más grandes que los 35 mil elementos del Ejército y la policía juntos;21 la reconstrucción, calificación y multiplicación del poder coercitivo parece ahora una tarea casi imposible.

Otro ejemplo es Brasil, donde el gobierno ha debido reconocer que en las favelas de Río de Janeiro el Estado se ha ausentado durante más de 40 años, ese vacío de poder fue llenado por pandillas criminales armadas. Motivados por el reto de mejorar la seguridad antes del Mundial de Futbol de 2014, los gobiernos (federal y locales) se han propuesto recuperar su autoridad en las favelas, colocando de forma permanente a las unidades de policía pacificadoras.

México necesita tener en cuenta este conjunto de experiencias y decidir si quiere fragmentar su territorio y soberanía aceptando convivir con ejércitos criminales o si, por el contrario, desea asegurarse una paz sólida a futuro estableciendo el monopolio legitimo de la violencia del Estado en todo el país. El dilema está planteado entre creer ingenuamente que existen formas de convivencia pacífica con grupos criminales armados, o aceptar que es indispensable confrontarlos para tener una sociedad en paz.


El problema no son las drogas, sino tener la casa en orden


Se habla de “guerra perdida” porque erradamente se piensa que la lucha de México es por combatir el narcotráfico, cuando de antemano se sabe que eso no es posible, porque mientras haya demanda existirá oferta. La lucha es en realidad por mejorar la seguridad de los mexicanos. El combate al narcotráfico es, en ese sentido, una consecuencia de la lucha por la seguridad interna, que es la tarea principal. Según Sergio Jaramillo, ex viceministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe y actual alto asesor para la Seguridad Nacional del presidente Santos, en Colombia “la seguridad no es un problema de legalizar o combatir a las drogas, sino de tener la casa en orden”.

Usemos un ejemplo para explicar mejor la idea anterior. Imaginemos que el crimen organizado y las drogas son un peligroso virus que puede llegar a cualquier país de forma inevitable. Al llegar a Europa Occidental el virus se enfrentará con gente saludable, ciudadanos organizados y responsables y sistemas de salud eficaces desplegados con personal y medicinas por todo el territorio. El virus, no hay duda, causará algún daño pero no será relevante. Bien, ahora imaginemos que ese mismo virus llega a Latinoamérica y África donde hay mucha gente en extrema pobreza, con bajos niveles de organización, ignorancia y conductas irresponsables, donde además los sistemas de salud son ineficientes y no se cuenta con el despliegue territorial adecuado y existe escasez de medicinas y personal. Sin duda los efectos del virus serán letales y harán estragos. Lo mismo ocurre con la seguridad y, efectivamente, como lo afirma Jaramillo, el problema no son las drogas, el problema es tener la casa en orden.

Tener la casa en orden implica que el Estado posea las instituciones de seguridad y justicia con la dimensión y calidad necesarias para enfrentar las amenazas del presente y que los ciudadanos interioricen el valor de la ley y el orden. La seguridad no mejorará si se buscan excusas intelectuales para seguir manteniendo a las mismas instituciones ineficaces de justicia y las mismas policías fragmentadas, desorganizadas, débiles, impopulares, corruptas y cínicas que han protegido a criminales bien armados, organizados y populares. Con drogas o sin drogas la transformación de la seguridad y la justicia es una tarea indispensable e impostergable de la democracia.


El debate debería ser sobre posiciones progresistas

Indiscutiblemente, la estrategia del gobierno federal no es perfecta y requiere un esfuerzo de revisión y mejora constante, pero está asentada en cuatro pilares que no admiten discusión y cualquiera que gobierne a México necesitará continuarlos: reducir al máximo la densidad criminal, recuperar autoridad sobre los territorios que están en situación crítica, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y alentar cambios cívicos en la conducta de los ciudadanos. Vale decir que de esto último es todavía poco lo que se ha avanzado. Sin duda hay mucho que cuestionar pero, con las excepciones del caso, quienes han asumido la crítica a la lucha contra el crimen organizado utilizando la violencia como bandera, en vez de presionar para que la modernización y el cambio en seguridad y justicia vayan a fondo, se han colocado en una posición conservadora. Sin decirlo claramente, asumieron la defensa de un statu quo que da ventaja a los criminales frente a los ciudadanos. Este ensayo es un intento para colocar la discusión en un terreno más progresista, señalando que los puntos centrales del debate no están en cómo administrar el crimen, sino en cómo construir Estado y ciudadanía. n


Joaquín Villalobos.
Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales.

1 Jorge Castañeda, Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos, Ed. Aguilar, 2011.
2 Colombia tiene muchas guerras en su historia. Aqui se considera el espacio de tiempo que va del final del gobierno de Belisario Betancourt, en 1985, hasta el presente. Como en todas las guerras los datos sobre víctimas son inciertos. Sobre muertes, Mauricio Romero sostiene que en los noventa hubo un promedio de 25 mil muertes por año (Paramilitares y Autodefensas, Editorial Planeta, 2003). Datos similares proporcionan otras fuentes. Sobre desplazados el dato más bajo es de 800 mil, pero Naciones Unidas (ACNUR) registra tres millones 672 mil 54 desplazados.
3 Jorge Castañeda op. cit., p. 165.
4 Datos obtenidos de la página en internet de la presidencia de la República: http://www.presidencia.gob.mx/el-blog/falso-que-la-caida-de-los-capos-origine-la-violencia/#more-65690
5 Gráfica obtenida del artículo de Alejandro Poiré y María Teresa Martínez, “La caída de los capos no multiplica la violencia. El caso de Nacho Coronel”, nexos, núm. 40, mayo, 2011, pp. 24-26. Las líneas punteadas de color las agregó el autor para enfatizar las tendencias.
6 Mary Kaldor los llama “Nuevas Guerras” y Paul Collier y otros académicos los llama “guerras con agenda económica”.
7 Reportaje sobre “falsos positivos”, periódico El Tiempo Bogotá, 21 de noviembre de 2011.
8 Magda Coss Nogueda, Tráfico de armas en México, Grijalbo, 2011.
9 Ibíd., p. 155.
10 Ibíd., p. 62.
11 Ibíd., p. 46.
12 Ibíd., p. 143.
13 Ibíd., p. 79.
14 Malcolm Beith, El último narco. Chapo, Ediciones B, 2011.
15 Ibíd., 22.
16 Janice Thomson, Mercenaries, Pirates and Sovereigns, Princeton University Press, 1996, p. 4.
17 Ídem.
18 Fabio Armao, Organized Crime´s Chalenge to Sovereignty: A European Perspective, Power Point Presentation, George Washington University, mayo 8,2011.
19 En las entrañas de la desmovilización. Un grito de esperanza, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, 2007, p. 156.
20 “Pie de fuerza militar llegó a su techo”, El Tiempo, 30 de enero de 2009.
21 Patricia Arias, Seguridad privada en América Latina, FLACSO, Chile, 2008, p. 53.