Surgió de la reunión interpartidaria una
“Declaratoria Conjunta de Ataco”. Menos mal que no lo llamaron “Pacto de
Ataco”, porque todos lo hubiéramos comparado con el “Pacto de San
Andrés” del 1994, que nada aportó a la unidad nacional, sino más bien
profundizó la polarización: Fue un pacto entre ARENA y un grupo de
disidentes del FMLN, excluyendo al FMLN. Y al fin no sirvió para más que
para subir el IVA del 10 a 13%. Todos los demás declaraciones de buena
voluntad quedaron en… declaraciones de buena voluntad. Sin embargo, no
hubo voluntad…
También el papel de Ataco está lleno
de buenas intenciones: “compromiso de respeto a la Constitución”;
“rechazo a todas las formas de violencia”; “voluntad al diálogo”;
“generar un ambiente respetuoso”; “solución integral a la problemática
de la seguridad ciudadana”… Estas declaraciones se escapan de cualquier
análisis crítico, porque son tan básicos como decir: No vamos a hacer
nada ilegal. El tiempo juzgará, más temprano que tarde.
Mejor vamos a los acuerdos más concretos, todos en el marco de Seguridad.
¿Prevención o represión?
“a) Conformación de un comité
interpartidario que facilite la creación de un marco específico relativo
a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación, acorde con
el Resultado 5 del Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomando como base el anteproyecto de
la ley de reinserción y rehabilitación que se encuentra en consulta, y
previendo medidas acorde a la situación de violencia actual, de
conformidad al artículo 13 de la Constitución.”
Esto provoca inmediatamente algunas preguntas y dudas.
Primero: ¿Estarán el gobierno y el
FMLN dispuestos a rediseñar el anteproyecto de Ley de Reinserción, de
manera que deje de ser una ley de rendición para delincuentes
individuales, y se convierta en un real incentivo para las pandillas a
reinsertarse?
Segundo: ¿Cómo piensan promover la
reinserción sin hablar y dialogar con los que hay que reinsertar? O sea,
¿están dispuestos a abrir caminos de diálogo?
Tercero: El artículo 13 de la Constitución que citan contiene las garantías contra detenciones arbitrarias (“La
detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal
correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el
motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su
libertad o detención provisional, dentro de dicho término”), pero también medidas de excepcionalidad: “Por
razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad
reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad
antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan
riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas
medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y
sometidas a la competencia del Órgano Judicial.” ¿A cuál de las
dos se refieren los partidos? ¿La garantía constitucional o las medidas
excepcionales? ¿Están todos los firmantes hablando de lo mismo, o hablan
unos de reforzar las garantías constitucionales y otros de un estado de
excepción?
Los medios
“d) En el marco del respeto
irrestricto a la libertad de prensa y libertad de expresión, exhortamos a
los medios de comunicación social contribuyan en la construcción de un ambiente acorde a los avances y esfuerzos que institucionalmente se realizan en materia de seguridad ciudadana.”
¿Realmente hay existen avances en
materia de seguridad pública? ¿Realmente los partidos tienen
coincidencia sobre esto? Yo lo dudo. ¿Y qué esperan que los medios hagan
cuando encuentren indicios que no hay avances sino serios retrocesos, o
indicios que en materia de seguridad existen esfuerzos
extra-institucionales y extra-legales para combatir la delincuencia?
¿Vamos los medios tener que enfrentarse a un frente unido de partidos
para cumplir su tarea de informar a los ciudadanos y de controlar el
ejercicio del poder? ¿Sobre esto hay consenso? Yo lo dudo.
¿Hay voluntad de enderezar el rumbo?
Detrás de todas estas dudas hay una de fondo: ¿Realmente la oposición acepta respaldar el plan de seguridad del actual gobierno?
¿O será que el FMLN ha expresado
voluntad de cambiar su estrategia actual, la cual, lejos de disminuir la
violencia, la ha incrementado? Eugenio Chicas, en su entrevista el
martes 1 de septiembre con Nacho Castillo, dijo que en Ataco la
oposición avaló el plan de seguridad del gobierno y prometió colaborar
en su financiamiento. Esta es la forma como el gobierno y el FMLN
quieren proyectar la reunión de Ataco: un pacto de apoyo al gobierno.
Hasta spot de TV está saliendo ya…
Jorge Velado desmiente a Eugenio
Chicas: No es un pacto de apoyo a las políticas del gobierno. Es un
intento de enderezar el rumbo. Parece que no están hablando de la misma
reunión.
Ahí está precisamente el problema:
¿Qué sentido tienen “acuerdos nacionales”, si no llevan a cambios de
rumbo? ¿Qué mecanismos pueden incluirse en los acuerdos interpartidarios
para evitar que el gobierno siga haciendo lo mismo?
En el tema Seguridad este dilema se
hace evidente. El FMLN pone sobre la mesa de negociación el “Plan El
Salvador Seguro”, que surgió del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana. Pero este no es el plan de seguridad que el gobierno está
ejecutando. Por incompleto e impreciso que sea el “Plan El Salvador
Seguro”, si se hubiera ejecutado en lo que va del año 2015, ahora no
tuviéramos 900 homicidios al mes. El plan de seguridad que el gobierno
(y sus fuerzas públicas) están ejecutando en la realidad no es el que se
discutió en el Consejo – y tampoco estaba sobre la mesa en Ataco. Es un
plan de súper mano dura.
Los préstamos
Donde de manera más clara se hace manifiesto el dilema de la oposición es en el punto que toca los 900 millones de dólares:
“e) Solicitud a la Asamblea
Legislativa para que envía una exhortación a la honorable Sala de lo
Constitucional para que agilice la resolución del proceso 35/2015
relativo al recurso de inconstitucionalidad con relación a la
contratación de préstamos y colocación de bonos por 900 millones de
dólares.”
El gobierno y el FMLN interpretan
este párrafo como compromiso de la oposición de aprobar al gobierno los
900 millones, una vez que la Sala regrese la pelota a la Asamblea. Pero
ARENA obviamente no firmó ningún compromiso de este tipo. Esto paso
cuando con el afán de producir algún resultado se deja afuera de la
negociación los puntos primordiales. La negociación verdadera, la que
cuenta, será en el Asamblea a la hora de votar o no por los 900 millones
– y votar o no por una Ley de Responsabilidad Fiscal con dientes. Ahí
veremos si el paseo a Ataco sirvió para algo…
Otra vez: El rumbo
Me quedo con la interrogante
principal: ¿Cómo dar sentido real a “acuerdos nacionales”? Hay que
buscar formas que aseguren que salgan políticas nuevas y que no se siega
en el rumbo equivocado. Y de repente la sorprendente reflexión que hace
poco publicó Luis Mario Rodríguez sobre un “Gobierno de Unidad
Nacional” ya no parece tan descabellada. Por lo menos invita a entrar en
serio en este debate: ¿Cómo enderezar el rumbo del país?
