Carta a los enemigos de Mauricio Funes: ¿Quieren justicia o venganza?

Estimado amigos:
Pocos días habían pasado desde la muerte de Paco Flores, cuando Alfredo Cristiani levantó su voz para hacernos un llamado urgente: “Que el del ex presidente Flores sea el último caso de venganza política que veamos en nuestro país.”

Y hablando de Mauricio Funes, aunque sin mencionar su nombre, Alfredo Cristiani dijo: “Todos deseamos que se haga justicia… Esto incluye aquellos que han utilizado al Estado para desatar la campaña de destrucción moral del ex presidente Flores.”

Viendo las noticias de estos días sobre las investigaciones contra Mauricio Funes, y escuchando las reacciones que están desatando, es necesario reiterar este valiente llamado del presidente que firmó la paz. Estamos al punto de repetir la historia y de nuevamente obstruir la justicia con las mismas actitudes morbosas de venganza y precondena.

Precisamente los que queremos que haya justicia en el caso de Funes y la corrupción en su gobierno tenemos que insistir que este caso no se contamine con precondenas y deseos de venganza.

¿Cuál fue la idea central del llamado de Alfredo Cristiano luego de la trágica muerte de Paco Flores? Estas dos frases:


“La muerte del ex presidente Francisco Flores nos obliga a todos los salvadoreños a reflexionar sobre la confrontación socio-política, antes de que su fuerza destructiva se torne irreversible.”


“La pregunta no debe ser ¿quién es el siguiente en la lista de enemigos? Debemos preguntarnos ¿cómo podemos erradicar la utilización de la justicia en función de objetivos políticos?”


Esta pregunta de un ex presidente preocupado sigue vigente. No podemos decir que a raíz de los terribles abusos de justicia que el país vivió a manos del ex presidente Funes y del ex fiscal Luis Martínez, tengamos resueltos los problemas que Alfredo Cristiani señaló para evitar que la muerte de Paco Flores provoque otra escalada en la cadena de venganza. No podemos decir que ahora tengamos un Estado de Derecho inmune a las tentaciones del uso vengativo y político de la justicia. La fiscalía sigue compensando con acciones mediáticas su deficiencia en investigación y pruebas sólidas – y lamentablemente consigue cómplices en los medios…

Los que tenemos años de ser críticos (y por qué no decirlo: enemigos) de Mauricio Funes, porque simboliza el cinismo que destruye la credibilidad de la política, pensémoslo bien: ¿Cuál es nuestro objetivo principal, por el cual realmente vale la pena luchar – satisfacer nuestro deseo de ver a Funes detrás de las rejas, o fortalecer nuestro Estado de Derecho, haciendo funcionar nuestras instituciones, muy por encima de las emociones políticas?

Es de gran importancia -yo diría de interés nacional- que las investigaciones del manejo de recursos públicos que hizo la administración Funes sean impecables, justas, libres de contaminación. Y que así sean los posibles juicios, una vez que la fiscalía presente cargos contra Funes y sus amigos.

Pero esto no sólo depende del trabajo limpio y profesional de la fiscalía, que a diferencia de otros casos emblemáticos tiene que abstenerse de trasladar el caso contra Funes al terreno mediático y político – también depende, en gran medida, de la madurez de la oposición política, de los medios y de todos que generamos opinión pública. A todos ellos estaba dirigido el mensaje de Alfredo Cristiani, a todos ellos dirijo hoy esta carta. Los que manejaron desde gobierno y fiscalía los casos de Paco Flores y de don Billy Sol y los demás acusados en el caso CEL-ENEL, hicieron gran daño al Estado de Derecho y su credibilidad. No podemos darnos el lujo ahora, cuando al fin se investiga a Mauricio Funes y sus amigos, de cometer el mismo error.

Saludos,

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(MAS!/El Diario de Hoy)


Carta a los ‘magníficos’ de la Sala de lo Constitucional

Muy estimados magistrados:
Ustedes sacaron en mayo de este año una sentencia que declaraba “la existencia de un estado de cosas inconstitucional y ordénase el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad.” Esta sentencia se basó en gran parte en consecuencias fatales de salud que causa la sobrepoblación de más de 300% que reina en el sistema penitenciario.

{Los que al leer esto reaccionan con el impulso de “y a mi qué me importa si estos malditos se mueren en las cárceles” les recomiendo dejar de leer el resto de esta carta, antes de que lleguen a alterarse por el hecho que el autor de la misma no esté preso por defender a pandilleros. Para los magistrados y para los lectores que no reaccionan de manera tan visceral, voy a seguir hablando de este tema, porque alguien lo tiene que hacer:}
La situación dramática en las bartolinas y los penales los llevó a ordenar “certificar esta resolución al Director de la PNC, al Director General de Centros Penales, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a la Asamblea Legislativa, al Fiscal General de la República, a la Ministra de Salud, así como a todos los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, quienes deben monitorear continuamente la situación de tales personas, según sus competencias.” No sé si alguna de estas instituciones ha debidamente informado a la honorable Sala de las medidas que han tomado para que el estado de los penales deje de ser inconstitucional.

Sería interesante saber si el ministro Mauricio Landaverde y el director general de centros penales Rodil Hernández ha informado a la Sala que contrario a lo ordenado en su sentencia y a raíz de las ‘medidas extraordinarias’ decretadas en los penales, el estado de hacinamiento y de crisis de salud ha empeorado en vez de mejorar.

Tal vez, estimados magistrados, ustedes deberían tomar acciones concretas para verificar el cumplimiento de sus sentencia y la situación en los penales, en vez de confiar que las instituciones responsables les informen.

Una primera medida podría ser que la Sala ordene al ministro de Seguridad y a la ministra de Salud que el Programa Nacional de Tuberculosis pueda retomar su trabajo en los penales. Sobre todo en el penal de Quezaltepeque, donde a raíz de las medidas extraordinarias se han multiplicado los casos de tuberculosis. Para los que no están familiarizados con esta enfermedad: la falta de exposición al sol y ventilación de aire multiplica los riesgos de que los problemas respiratorios se compliquen.

Y a los que siguen manteniendo que no les importa la salud y la vida de delincuentes hay que decir: los rebrotes de tuberculosis, si Centros Penales y Salud no toman acción, se van a coinvertir en un problema de salud pública mucho más allá de los muros de las cárceles.

Con la entrada en vigencia de sus ‘medidas extraordinarias’, el gobierno ha suspendido al 100% la entrada a los penales de personal profesional del Ministerio de Salud, del Programa Nacional de Tuberculosis y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta medida no tiene sentido, porque la debida atención a la salud no puede ser considerada un problema de seguridad. La Sala, en seguimiento a su sentencia, debería pedir a instituciones imparciales y profesionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a verificar las situación en los penales y hacer recomendaciones de cómo hacer cumplir la sentencia que declara inconstitucional el estado actual de hacinamiento. Y la Sala debería ordenar al gobierno no solamente de dar libre acceso a estos organismos, sino además de actuar sobre sus recomendaciones.

Si no hacen nada de esto, estimados señores magistrados, su sentencia quedará letra muerta. Saludos,

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(MAS!/El Diario de Hoy)

 

Carta a la Asamblea Legislativa: ¡Hagan su trabajo!

Diputados:
Ustedes simplemente no están cumpliendo sus obligaciones. Por culpa de ustedes, otras instituciones del Estado están paralizadas o quedan acéfalas, porque los señores diputados no hacen lo necesario para elegir a los funcionarios que las tienen que dirigir. El caso más escandaloso es el del Consejo Nacional de Judicatura: cinco de sus siete miembros tuvieron que haber sido elegidos en septiembre 2015. Ha pasado un año y no hay señal de que ustedes procedan a terminar la paralización de la institución clave para el funcionamiento del sistema judicial.

La Corte de Cuentas está acéfala, o sea no tiene magistrados, porque ustedes no hicieron caso al plazo para elegirlos. Resulta un doble pecado de incumplimiento: primero, no cumplen varias sentencias previas al volver a elegir a tres magistrados que no cumplen los requisitos constitucionales. Y luego, cuando la Sala los suspende, ustedes se niegan a repetir la elección como la Constitución manda. No sé si es el colmo de incapacidad o el colmo de terquedad.

Ahora ya tenemos una tercera institución acéfala por culpa de ustedes: ya venció el mandato del procurador David Morales y ustedes no han elegido a su sucesor.

Lo mismo pasó al principio del año con la elección del titular de la Fiscalía General de la República. Así que los incumplimientos no son accidentes, son sistema; no son la excepción, son la regla.
Entonces, señores diputados, si no funciona el sistema y si no son funcionales las reglas, ¡cámbienlas! Ustedes son diputados, ustedes son la Asamblea Legislativa: ¡legislen, por el amor de Dios!

En la empresa privada, en la ciencia, en cualquier otra área de la vida profesional, si el sistema o las reglas de procedimiento no funcionan, si reiteradamente no permiten llegar a resultados, simplemente se cambian. En el caso de la Asamblea y las ‘elecciones de segundo grado’ (magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral; titulares de la Fiscalía, de la dos procuradurías; e integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura) es un hecho comprobado que no funciona el sistema de identificar y elegir a los funcionarios más idóneos. Repetidas veces la Sala de lo Constitucional ha tenido que corregirles la plana y sustituir a funcionarios electos por ustedes. Repetidas veces, instituciones claves para el funcionamiento del Estado de Derecho han quedado acéfalas o incluso paralizadas. Y como resultado de todo esto, tenemos instituciones débiles, ineptas o incluso corruptas. ¿Por qué creen ustedes que nadie tiene confianza en nuestra Corte de Cuentas y nuestro Tribunal Electoral, y tan poca confianza en la Fiscalía?

Seguir trabajando con un sistema que ya mostró que no funciona es seguir repitiendo el mismo problema, el mismo incumplimiento y los mismos resultados erróneos. Hay que cambiar el sistema y por definición lo tienen que hacer ustedes, los diputados.

Su colega Johnny Wright Sol ya presentó una propuesta, pero hasta la fecha nadie le ha hecho caso. Nadie la está discutiendo. Otra muestra más de la negligencia e irresponsabilidad que reinan en la Asamblea.

Voy a resumir el mensaje: Si no pueden elegir a funcionarios idóneos, cumpliendo con los requisitos y plazos constitucionales, tienen la obligación de cambiar el sistema por uno más eficiente, más participativo y más profesional que permita identificar y elegir a los mejores profesionales.

¡Hagan su trabajo!
Saludos,


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(MAS!/El Diario de Hoy)


Columna transversal: Pobre la cultura...

Como siempre, nadie le pone mucha atención a la cultura, a menos que sea funcionario de cultura. Ni siquiera los artistas, y obviamente no los partidos, los políticos, los diputados y los medios…


Aprobaron una Ley de Cultura y pasó debajo del radar de todos. Es de estas leyes que uno sabe que el Frente las está promoviendo, y que tienen razón de ser, pero sin la excesiva carga ideológica que traen la: Ley de Agua, de Medios Públicos, de Cultura…

Leyendo como quedó aprobada, y comparándola con aquel manifiesto que nació en las entrañas ideológicas de la Comisión de Cultura del FMLN, queda evidente que en la Comisión parlamentaria se logró eliminar gran parte de la sobrecarga ideológica que llevaba. Ya no incluye estos sermones insoportables del la cultura como “fuerza transformadora de la sociedad”, y de su “función identitaria”, como los encontramos en muchos documentos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Si no lo creen, lean la Convocatoria de la Secretaría de Cultura sobre los “Fondos Concursables para impulsar la cultura como un derecho”. Aquí una pequeña prueba:

Un Punto de Cultura es un concepto de política pública que se traduce en organizaciones culturales de la sociedad civil fortalecidas, que ganan fuerzas y reconocimiento institucional al establecer una alianza, un pacto con el Estado, que reconoce y potencia la cultura viva comunitaria como una fuerza viva capaz de producir poderosas transformaciones en la sociedad en los niveles económicos, políticos, sociales, culturales y en las relaciones con la naturaleza…”

Los diputados de la oposición lograron eliminar de la ley estos sermones. Menos mal. Pero quitándole resulta que entonces no queda nada sustancial.

La iniciativa de ley del FMLN tuvo la intención de crear normas que permiten al Estado obligar a las radios comerciales a dedicar una cuota de su programación, definida por ley, a difundir “producción nacional” de música; y a los cines hacer lo mismo con “producción nacional” cinematográfica. O sea, la intención fue que el Estado regule los contenidos de radios y cines. Esto fue objeto de meses de discusión en la Comisión de Cultura – y al fin esta parte no logró consenso.

Entonces, quedó un párrafo absolutamente vacío:
“Programación de música nacional
Artículo 97.- Todas las estaciones de radio que ocupan el espectro radioeléctrico del país podrán (!) programar música nacional en programación regular.”
“Programación de obras cinematográficas
Artículo 101.- Los exhibidores privados y públicos podrán (!) obras cinematográficas nacionales en programación regular.”

Es como una ley que permite a los almacenes del país vender leche de producción nacional. ¿Para esto hacemos leyes?

Lo más irónico es esto: Resulta que ahora, luego de que el FMLN definiera como uno de los ejes centrales de su programa de gobierno que en 6 meses iba a crear el Ministerio de Cultura, ahora tenemos una Ley de Cultura tan vaga que ni siquiera define la institucionalidad. En la ley aprobada se repite, cientos de veces, el término “el Estado por medio de la institución que vela por la cultura en el país…”

Hace 4 años el objetivo primordial de la Ley de Cultura que presentó el FMLN fue la creación del Ministerio de Cultura. Fue a la vez una de las promesas centrales que el FMLN hizo a los artistas del país para involucrarlos en su campaña electoral. Y ahora surge una ley que habla de “la institución que vela por la cultura”. No jodan a los pobres artistas…

¿Qué hay detrás de esta traición a las promesas? Muy simple: Estando en el poder, al FMLN le encanta tener todo el aparato cultural del Estado a su plena disposición política, partidaria y electoral – en forma de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. No es secretaría del Estado. Es de la presidencia y sirve a los intereses propagandísticos y políticos del presidente.

Siempre he dicho que la “la institución que vela por la cultura” no debe ser ni secretaría de CAPRES ni ministerio, sino una institución autónoma. Pero verdaderamente autónoma, como según la constitución es la Universidad Nacional.

Pero la Ley de Cultura va en otra dirección: Deja la cultura al mando de la presidencia, y establece un “Fondo Nacional Concursable” para encargarse del financiamiento de los proyectos artísticos y culturales. Magnífico. Pero con un Consejo Directivo, en el cual 7 de sus 11 miembros son funcionarios del Ejecutivo. Otros 2 representan la academia, 1 a los municipios – y solamente uno la comunidad de artistas y trabajadores de cultura. Y esto, según la Ley de Cultura, es “una institución pública de carácter autónomo”. ¿Qué autonomía va a tener si 7 de 11 directivos son del gobierno de turno?