Columna transversal: Pobre la cultura...

Como siempre, nadie le pone mucha atención a la cultura, a menos que sea funcionario de cultura. Ni siquiera los artistas, y obviamente no los partidos, los políticos, los diputados y los medios…


Aprobaron una Ley de Cultura y pasó debajo del radar de todos. Es de estas leyes que uno sabe que el Frente las está promoviendo, y que tienen razón de ser, pero sin la excesiva carga ideológica que traen la: Ley de Agua, de Medios Públicos, de Cultura…

Leyendo como quedó aprobada, y comparándola con aquel manifiesto que nació en las entrañas ideológicas de la Comisión de Cultura del FMLN, queda evidente que en la Comisión parlamentaria se logró eliminar gran parte de la sobrecarga ideológica que llevaba. Ya no incluye estos sermones insoportables del la cultura como “fuerza transformadora de la sociedad”, y de su “función identitaria”, como los encontramos en muchos documentos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Si no lo creen, lean la Convocatoria de la Secretaría de Cultura sobre los “Fondos Concursables para impulsar la cultura como un derecho”. Aquí una pequeña prueba:

Un Punto de Cultura es un concepto de política pública que se traduce en organizaciones culturales de la sociedad civil fortalecidas, que ganan fuerzas y reconocimiento institucional al establecer una alianza, un pacto con el Estado, que reconoce y potencia la cultura viva comunitaria como una fuerza viva capaz de producir poderosas transformaciones en la sociedad en los niveles económicos, políticos, sociales, culturales y en las relaciones con la naturaleza…”

Los diputados de la oposición lograron eliminar de la ley estos sermones. Menos mal. Pero quitándole resulta que entonces no queda nada sustancial.

La iniciativa de ley del FMLN tuvo la intención de crear normas que permiten al Estado obligar a las radios comerciales a dedicar una cuota de su programación, definida por ley, a difundir “producción nacional” de música; y a los cines hacer lo mismo con “producción nacional” cinematográfica. O sea, la intención fue que el Estado regule los contenidos de radios y cines. Esto fue objeto de meses de discusión en la Comisión de Cultura – y al fin esta parte no logró consenso.

Entonces, quedó un párrafo absolutamente vacío:
“Programación de música nacional
Artículo 97.- Todas las estaciones de radio que ocupan el espectro radioeléctrico del país podrán (!) programar música nacional en programación regular.”
“Programación de obras cinematográficas
Artículo 101.- Los exhibidores privados y públicos podrán (!) obras cinematográficas nacionales en programación regular.”

Es como una ley que permite a los almacenes del país vender leche de producción nacional. ¿Para esto hacemos leyes?

Lo más irónico es esto: Resulta que ahora, luego de que el FMLN definiera como uno de los ejes centrales de su programa de gobierno que en 6 meses iba a crear el Ministerio de Cultura, ahora tenemos una Ley de Cultura tan vaga que ni siquiera define la institucionalidad. En la ley aprobada se repite, cientos de veces, el término “el Estado por medio de la institución que vela por la cultura en el país…”

Hace 4 años el objetivo primordial de la Ley de Cultura que presentó el FMLN fue la creación del Ministerio de Cultura. Fue a la vez una de las promesas centrales que el FMLN hizo a los artistas del país para involucrarlos en su campaña electoral. Y ahora surge una ley que habla de “la institución que vela por la cultura”. No jodan a los pobres artistas…

¿Qué hay detrás de esta traición a las promesas? Muy simple: Estando en el poder, al FMLN le encanta tener todo el aparato cultural del Estado a su plena disposición política, partidaria y electoral – en forma de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. No es secretaría del Estado. Es de la presidencia y sirve a los intereses propagandísticos y políticos del presidente.

Siempre he dicho que la “la institución que vela por la cultura” no debe ser ni secretaría de CAPRES ni ministerio, sino una institución autónoma. Pero verdaderamente autónoma, como según la constitución es la Universidad Nacional.

Pero la Ley de Cultura va en otra dirección: Deja la cultura al mando de la presidencia, y establece un “Fondo Nacional Concursable” para encargarse del financiamiento de los proyectos artísticos y culturales. Magnífico. Pero con un Consejo Directivo, en el cual 7 de sus 11 miembros son funcionarios del Ejecutivo. Otros 2 representan la academia, 1 a los municipios – y solamente uno la comunidad de artistas y trabajadores de cultura. Y esto, según la Ley de Cultura, es “una institución pública de carácter autónomo”. ¿Qué autonomía va a tener si 7 de 11 directivos son del gobierno de turno?