Ustedes sacaron en mayo de este año una sentencia que declaraba “la existencia de un estado de cosas inconstitucional y ordénase el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad.” Esta sentencia se basó en gran parte en consecuencias fatales de salud que causa la sobrepoblación de más de 300% que reina en el sistema penitenciario.
La situación dramática en las bartolinas y los penales los llevó a ordenar “certificar esta resolución al Director de la PNC, al Director General de Centros Penales, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a la Asamblea Legislativa, al Fiscal General de la República, a la Ministra de Salud, así como a todos los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, quienes deben monitorear continuamente la situación de tales personas, según sus competencias.” No sé si alguna de estas instituciones ha debidamente informado a la honorable Sala de las medidas que han tomado para que el estado de los penales deje de ser inconstitucional.{Los que al leer esto reaccionan con el impulso de “y a mi qué me importa si estos malditos se mueren en las cárceles” les recomiendo dejar de leer el resto de esta carta, antes de que lleguen a alterarse por el hecho que el autor de la misma no esté preso por defender a pandilleros. Para los magistrados y para los lectores que no reaccionan de manera tan visceral, voy a seguir hablando de este tema, porque alguien lo tiene que hacer:}
Sería interesante saber si el ministro Mauricio Landaverde y el director general de centros penales Rodil Hernández ha informado a la Sala que contrario a lo ordenado en su sentencia y a raíz de las ‘medidas extraordinarias’ decretadas en los penales, el estado de hacinamiento y de crisis de salud ha empeorado en vez de mejorar.
Tal vez, estimados magistrados, ustedes deberían tomar acciones concretas para verificar el cumplimiento de sus sentencia y la situación en los penales, en vez de confiar que las instituciones responsables les informen.
Una primera medida podría ser que la Sala ordene al ministro de Seguridad y a la ministra de Salud que el Programa Nacional de Tuberculosis pueda retomar su trabajo en los penales. Sobre todo en el penal de Quezaltepeque, donde a raíz de las medidas extraordinarias se han multiplicado los casos de tuberculosis. Para los que no están familiarizados con esta enfermedad: la falta de exposición al sol y ventilación de aire multiplica los riesgos de que los problemas respiratorios se compliquen.
Y a los que siguen manteniendo que no les importa la salud y la vida de delincuentes hay que decir: los rebrotes de tuberculosis, si Centros Penales y Salud no toman acción, se van a coinvertir en un problema de salud pública mucho más allá de los muros de las cárceles.
Con la entrada en vigencia de sus ‘medidas extraordinarias’, el gobierno ha suspendido al 100% la entrada a los penales de personal profesional del Ministerio de Salud, del Programa Nacional de Tuberculosis y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta medida no tiene sentido, porque la debida atención a la salud no puede ser considerada un problema de seguridad. La Sala, en seguimiento a su sentencia, debería pedir a instituciones imparciales y profesionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a verificar las situación en los penales y hacer recomendaciones de cómo hacer cumplir la sentencia que declara inconstitucional el estado actual de hacinamiento. Y la Sala debería ordenar al gobierno no solamente de dar libre acceso a estos organismos, sino además de actuar sobre sus recomendaciones.
Si no hacen nada de esto, estimados señores magistrados, su sentencia quedará letra muerta. Saludos,
(MAS!/El Diario de Hoy)
